De la histórica y rica veta humana de Michoacán, y particularmente de su capital, Morelia, se ha formado toda una pléyade de constructores de México, a la que no hacen honor algunos nuevos trepadores de la República, a la que hunden en las miasmas. De aquella veta, uno de los más brillantes y sólidos lingotes es don Antonio Martínez Báez, de estirpe maestro; de los verdaderos. No por otra cosa, la más prestigiada universidad de América Latina -la UNAM- consagra su memoria en la identificación de uno de sus auditorios, pero sus hondas huellas académicas deben rastrearse en sus bibliotecas, sobre todo en la  del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

  Custodios de la identidad nacional, a cuya solidificación contribuyeron con sus ávidas exploraciones en la cultura universal antigua y contemporánea, los tuvimos en el siglo XX. Pensaban -porque ese era uno de sus más elevados atributos: Pensaban, de ahí que fueran celosos de su autonomía intelectual, en la que fundaron su ética política. Por su talento y patriotismo, nunca fueron bien vistos por algunos engendros de las universidades gringas: Los tecnoburócratas que se hicieron del poder, gracias a la pusilanimidad de seres como Miguel de la Madrid Hurtado, él mismo pasado por los tenebrosos filtros de Harvard. De aquellos titanes del pensamiento nacionalista, nuestro primer impulso nos lleva a recordar a otro gran maestro, don Jesús Reyes Heroles. Lo hemos dicho públicamente en otra ocasiones, y hoy lo repetimos: Si esos hombres de excepción no hubieran muerto, los tecnoburócratas los hubieran asesinados. Tienen un expediente de perversidad que acredita su vocación criminal.

   Pero sobre don Antonio Martínez Báez (Morelia, 18-VII-1901) es este breve ejercicio memorioso: Lo observamos -decir que lo tratamos fue un placer buscado, pero inmerecido. dada la distancia generacional e intelectual-, cuando volvió a los recintos parlamentarios, esta vez como diputado confirmado a la controvertida LIV Legislatura federal. Era la primera decena de septiembre de 1988, y la nueva Cámara de Diputados estaba constituida en Colegio Electoral para revisar la elección presidencial del anterior 6 de julio, las del terremoto político (De la Madrid dixit).

   El Colegio era una auténtica y violenta Torre de Babel. Violenta, porque la facción más inescrupulosa del PRI, una manada en tropel encabezada por Guillermo Jiménez Morales, forzaba con las peores artes la aprobación del proyecto de declaración de Presidente electo en favor de Carlos Salinas de Gortari. Fue cuando al respetable y respetado diputado Martínez Báez le escuchamos la codificación: Golpe de Estado técnico. Así tipificó el acreditado constitucionalista michoacano el procedimiento por el que se hizo Presidente de México a Salinas de Gortari. Ese sólo argumento y su autor bastarían para dar por verosímil la hipótesis del fraude electoral, validado por el Partido Acción Nacional (PAN) cuando transó con el usurpador la legitimidad de gestión.

Llegó con el Ejército, con el Ejército tratará de “gobernar”

   Sobre otro michoacano, éste de ínfima talla, Felipe Calderón Hinojosa, es este apartado. Si la memoria nos falla, fue en mayo de 2007 cuando, en La Jornada, leímos una colaboración editorial de don Juventino Castro y Castro, ya ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citado, repetimos, de memoria, recordamos que, en lo esencial, después de retomar el vergonzoso episodio del 1 de diciembre de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el autor consideró que, si para protestar como jefe del Poder Ejecutivo, Calderón Hinojosa se apoyó en el Ejército, con el Ejército trataría de gobernar.

   En la retrospectiva, volvemos a las imágenes de septiembre de 1988: En las prolongada horas de tensión del Colegio Electoral, el Palacio Legislativo de San Lázaro estuvo bajo sitio. Es cierto que, en el interior de la sala de plenos, fueron pillados algunos militares vestidos de civil, pero el espanto estaba en las calles adyacentes, donde el cerco de tanquetas fue reforzado con cientos de efectivos, cuya columna más visible era la de contingentes policiales del gobierno del Distrito Federal, pero entre ellos se entremezclaban agentes federales de diversas corporaciones. Lo que queremos subrayar, es que la presencia castrense no fue ostensible.

   El punto, es la consideración hecha por el ministro Castro y Castro sobre el 1 de diciembre de 2006 en San Lázaro. Tomar la alta tribuna  de la Sesión de Congreso General -general, porque en este tipo de sesiones participa el órgano senatorial; esto es, uno de los poderes de la Unión en pleno-, para cumplir un precepto constitucional bajo resguardo de un cuerpo de alta oficialidad del Ejército, no considerado en el protocolo legislativo -que acaso admita la escolta de la Bandera y la banda de guerra- para cualquier especialista en Derecho Constitución equivale a la prefiguración de un Golpe de Estado.

Con todo y el Ejército, la constitucionalidad en entredicho

   Desde esa perspectiva, se confirma uno de los ángulos de la observación del ministro Castro y Castro. El segundo ángulo: el que indicaba que Calderón Hinojosa caería en la tentación de tratar de gobernar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se evidenció desde que, en el primer mes de su sexenio, el presidente designado, con la coartada del operativo conjunto, inició en Michoacán su hasta ahora fallido combate al crimen organizado. A propósito de operativo “conjunto”, lo de conjunto se acomodó a la necesidad de difundir la impresión de que el gobierno del estado fue tomado en cuenta por la presidencia -y aquél aceptó-, para simular institucionalidad en ese genero de operaciones. ¿Por qué -es la cuestión-, si en 2006 el gobierno de Michoacán era confiable para ejecutar operativos conjuntos, en mayo de 2009 dejó de serlo?

   Esa interrogante contiene una deliberada dosis de sospechosismo: En la década pasada, Calderón Hinojosa pretendió ser, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), gobernador de Michoacán. Los electores michoacanos le negaron el voto. El actual gobernador del estado es Leonel Godoy Rangel, emanado de elecciones constitucionales en las que participó como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

   El pasado 26 de mayo, Michoacán fue colocado en los primeros planos informativos del mundo desde el momento en que Calderón Hinojosa, unilateralmente, asestó a la entidad una razzia federal en la que se capturó, bajo la deleznable figura de “presentación”,  a un grupo de presidentes municipales y a algunos funcionarios estatales. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tratando de justificar la arbitrariedad, apeló al secreto, supuestamente para evitar que la información de filtrara. El gobernador constitucional de Michoacán aludiría tímidamente el principio de soberanía de los estados federados, consagrado por la Constitución de la República. Y ya. ¿Por qué Michoacán y no Baja California, Jalisco, Guanajuato, Querétaro o Aguascalientes, estados gobernados por el PAN?. Se dirá Morelos, también panista. Pero aquí no se llegó a los excesos de Michoacán.

Para meter en Derecho las acciones de facto

   Si no estamos mal informados -valga la prevención, porque estamos inmersos en un proceso de caos, en la que todos los mexicanos nos hallamos expuestos a las técnicas de desinformación fascista-, el 20 de abril pasado Calderón Hinojosa envió al Congreso de la Unión, con el Senado como cámara de origen, una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, cuyas primeras palabras de introducción dicen: La consolidación definitiva de la democracia mexicana requiere de la reconstrucción del Estado de Derecho. (Aplausos por lo de consolidación definitiva y reconstrucción.)

   En otra ocasión nos referiremos a ese espeluznante documento. Por hoy, lo que creemos necesario reservar, es el siguiente dato: En el cuerpo de la exposición de motivos (recuérdese que, en términos de esta entrega, las reformas están en situación de iniciativa), para tratar de legitimar a toro pasado los actos de autoridad ya consumados, sin mencionar origen y causa del recurso, aunque se denomine éste, el autor de la exposición afirma sumariamente que el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas está sustentado, para decirlo pronto, en la legalidad y la constitucionalidad. Se retoma, para darle fuerza a esta aseveración, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abril de 2000, con referencia en la tesis P./J.38/2000 y el tema abierto en marzo de 1996. Efectivamente, los extractos de la jurisprudencia, cuidadosamente seleccionados, así lo señalan, con base algunos contenidos del anticuado de la Constitución. La sentencia, incluso, exenta al Ejecutivo federal de la invocación al artículo 29 constitucional, que establece las condiciones para declarar el Estado de excepción, en cuyo caso tal declaración debe pasar por el Congreso de la Unión.

Tres datos finales, por hoy:

1)    El ministro ponente en ese asunto, fue Mariano Azuela Güitrón, reputado como uno de los ministros de la derecha, quien al tiempo llegaría a ocupar el cargo de Presidente de la Corte, Con este cargo, Azuela Güitrón asistió a Los Pinos a un encuentro con el entonces presidente Vicente Fox Quesada, en una reunión de cuyo acuerdo derivó el proceso de desafuero  contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para impedirle participar como candidato en las elecciones presidenciales de 2006.
2)    El asunto sentenciado, fue un recurso de Acción de Inconstitucionalidad, promovido por Leonel Godoy Rangel, de cuya personalidad (un ciudadano común no tiene derecho a ese tipo de recursos) y motivo del recurso se hace abstracción en los extractos  del texto de la sentencia reproducidos en la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué hubiera ocurrido si, como gobernador de Michoacán, por los hechos del 26 de mayo de 2009 Godoy Rangel promueve un recurso, ahora de Controversia Constitucional?
3)    Una noche de la semana pasada, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont apareció ocupando a todo lo ancho y alto las pantallas de televisión. Entre otros temas, expuso su visión de lo que llamó la transición política mexicana. Si mal no entendimos, declaró que estamos en la etapa de consolidación del respeto al ¡PRINCIPIO DE AUTORIDAD! Hora de las brujas en la que padecimos esa pesadilla, nos pareció ver en lontananza un sonriente espectro de Gustavo Díaz Ordaz.

Abraham García Ibarra -

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