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Edición 358

02mini

Por la propia naturaleza de su oficio, el periodista es un practicante vulnerable, sobre todo aquél que acomete el trabajo de campo. Aquí es donde se genera el material de opinión en que el lector encuentra soporte a su criterio para la toma de decisiones.

Es cierto que el periodismo no es la √ļnica misi√≥n peligrosa, pero, a diferencia de otras actividades de alto riesgo, el periodista no tiene m√°s escudo que la palabra.

Alguien, con cierto tino, acu√Ī√≥ la proposici√≥n: Perro no come carne de perro. Atrevido el s√≠mil, sin embargo, era un pacto entre pares para no sumar en el gremio enemigos reales o potenciales que de por s√≠ tienen reporteros, columnistas y editorialistas.

El sistema de premios y castigos que el Estado ‚ÄĒdicho con m√°s propiedad, el gobierno‚ÄĒ instituy√≥ en M√©xico para regir sus relaciones con los medios de comunicaci√≥n, ha operado a tenor con la vieja t√°ctica de divide y vencer√°s.

En cierta época no lejana, desde la Secretaría de Gobernación, considerada operativamente como la coordinadora o jefatura del gabinete presidencial, con alguna malicia se convocaba a comentaristas para sugerirles línea sobre temas de interés oficial, con la siguiente recomendación: Hazlo como cosa tuya.

Se trataba de construir opini√≥n p√ļblica favorable en torno a acciones de gobierno y, mal que bien, el resultado se basaba en valores entendidos.

 

Durmiendo con el enemigo

Al reorientar el poder los modos y los fines de sus pol√≠ticas p√ļblicas, result√≥ m√°s dif√≠cil uniformar el criterio editorial en un espectro que incorporaba a nuevos jugadores y la competencia se fue sustentando en los hallazgos de tecnolog√≠a de punta y de un alto costo.

Las formas de disuasión perdieron también eficacia. En Los Pinos se tomó una decisión audaz: Habilitar a personal de la propia área de Comunicación para integrarlos a las plantillas de opinión en los medios que lo aceptaron, a fin de poner en tela de juicio a colaboradores institucionales que, por su disidencia, se volvieron incómodos. Un seudónimo que hizo fama fue el de Pedro Baroja.

Se recuerda ese inmoral expediente, porque precisamente en el sexenio en que se instituy√≥ esa t√°ctica, fue ejecutado hace 33 a√Īos el columnista Manuel Buend√≠a, el 30 de mayo de 1984.

En el siguiente sexenio las cosas se hicieron con menos discreci√≥n, pero con la misma insidia: Desde cub√≠culos centrales de la propia Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) se filtr√≥ a algunos medios, particularmente de los estados y en fecha dominical -de escasa producci√≥n de boletines oficiales- una perversa lista de narcoperiodistas; todos, activos en la Ciudad de M√©xico.

En ese mismo sexenio estuvo activo el políticamente poderoso que después pretendería descalificar y desprestigiar a los intelectuales orgánicos, colgándoles la etiqueta de mutantes.

 

Así se llegó a la autocensura

Al instalarse la alternancia partidista en Los Pinos, desde la misma residencia presidencial se dise√Ī√≥ El c√≠rculo rojo, donde se pretendi√≥ acorralar y silenciar las voces libres: No hubo el menor miramiento contra empresas editoriales que se resistieron a entrar en horma.

Hace poco m√°s de seis a√Īos, la faena se ejecut√≥ por lo alto: Se circul√≥ a firmas una carta por la cual m√°s de 600 empresas de medios y periodistas y comunicadores de todo el pa√≠s ‚Äúaceptaron‚ÄĚ la autocensura.

De lo ocurrido desde el asesinato de Buendía en mayo de 1984 hasta el de Javier Valdez Cárdenas el mes pasado, aunque resulte un ejercicio doloroso e indignante a la vez, en nuestras ediciones hemos venido documentado cada nueva y cada vez más espantosa felonía contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

Del an√°lisis de polit√≥logos y expertos en teor√≠a de la Comunicaci√≥n rescatamos una tesis: Cuando un Estado entra en crisis, la primera reacci√≥n de sus conductores es adoptar una estrategia de construcci√≥n de condiciones de opini√≥n p√ļblica, a fin de crear el clima pol√≠tico en el que se den por inminentes y hasta explicables los desenlaces de ciertas operaciones criminales.

Lo que García Márquez novelaría como La crónica de una muerte anunciada.

 

Contin√ļa el ba√Īo de sangre

Ese dictatorial y ruin m√©todo aplica en general para lo que la sociedad tipifica como cr√≠menes de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, ha tenido, tiene, en su agenda reportes-denuncia en que se se√Īala espec√≠ficamente que, en los atentados contra periodistas en M√©xico, un alto porcentaje ser√≠a imputable a agentes de Estado.

Dos a√Īos despu√©s de haber llegado ese tipo de recursos a la CIDH, el ba√Īo de sangre contin√ļa en M√©xico.

No podemos, no debemos concluir esta entrega sin subrayar un factor que incide en la impunidad y la continuación de esos crímenes:

En meses recientes, cada vez con m√°s frecuencia han llegado a instancias jurisdiccionales mexicanas demandas de pol√≠ticos e individuos de los poderes f√°cticos contra periodistas a los que acusan de mancillar su figura p√ļblica, su honra, su honor, etc√©tera. No pocas sentencias resultan condenatorias contra esos justiciables.

Ocurre algo m√°s grave, no obstante: Sin fabricar nuevos Pedro Baroja, est√° resultando moneda corriente que algunos firmantes ‚Äúde opini√≥n‚ÄĚ conviertan sus espacios en tribunas de delaci√≥n contra empresas de medios y periodistas en particular, por la sencilla sinraz√≥n de que no son gratos al r√©gimen.

Preciso es ilustrar ese fenómeno con dos casos: El del semanario Proceso y, con más recurrencia, el de La Jornada. De este medio son los dos periodistas ejecutados recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Culiacán, Sinaloa.

Las operaciones de exterminio directo se han ensa√Īado, como en esos dos casos, contra periodistas que ejercen su oficio en los estados.

 

Los inconstitucionales regímenes de excepción

En sentido contrario tenemos, por ejemplo, que a finales de abril el pleno de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció en favor de que los partidos políticos repartan discrecionalmente los espacios y tiempos disponibles en radio y televisión para difundir lo que a su interés convenga; el electoral, en primer orden.

Antes de concluir el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados votó en afirmativo una iniciativa que, desde su presentación, se conoció como una segunda edición de la Ley Televisa que, para apuntar sólo uno de sus elementos negativos, dejan indefensas a las audiencias de los medios electrónicos.

Lo que resulta de todo lo anteriormente expuesto es que, sobre toda la monta√Īa de promesas coyunturales, el Estado y concretamente el gobierno, permanece insensible a la exigencia de que la Libertad de Expresi√≥n y el Derecho a la Informaci√≥n sean prerrogativas universales y no s√≥lo privilegios de la oligarqu√≠a pol√≠tica y la plutocracia del dinero.

 

Eso es moral y √©ticamente inadmisible en un r√©gimen que blasona de democr√°tico. 

Por la propia naturaleza de su oficio, el periodista es un practicante vulnerable, sobre todo aquél que acomete el trabajo de campo. Aquí es donde se genera el material de opinión en que el lector encuentra soporte a su criterio para la toma de decisiones.

Es cierto que el periodismo no es la √ļnica misi√≥n peligrosa, pero, a diferencia de otras actividades de alto riesgo, el periodista no tiene m√°s escudo que la palabra.

Alguien, con cierto tino, acu√Ī√≥ la proposici√≥n: Perro no come carne de perro. Atrevido el s√≠mil, sin embargo, era un pacto entre pares para no sumar en el gremio enemigos reales o potenciales que de por s√≠ tienen reporteros, columnistas y editorialistas.

El sistema de premios y castigos que el Estado ‚ÄĒdicho con m√°s propiedad, el gobierno‚ÄĒ instituy√≥ en M√©xico para regir sus relaciones con los medios de comunicaci√≥n, ha operado a tenor con la vieja t√°ctica de divide y vencer√°s.

En cierta época no lejana, desde la Secretaría de Gobernación, considerada operativamente como la coordinadora o jefatura del gabinete presidencial, con alguna malicia se convocaba a comentaristas para sugerirles línea sobre temas de interés oficial, con la siguiente recomendación: Hazlo como cosa tuya.

Se trataba de construir opini√≥n p√ļblica favorable en torno a acciones de gobierno y, mal que bien, el resultado se basaba en valores entendidos.

 

Durmiendo con el enemigo

Al reorientar el poder los modos y los fines de sus pol√≠ticas p√ļblicas, result√≥ m√°s dif√≠cil uniformar el criterio editorial en un espectro que incorporaba a nuevos jugadores y la competencia se fue sustentando en los hallazgos de tecnolog√≠a de punta y de un alto costo.

Las formas de disuasión perdieron también eficacia. En Los Pinos se tomó una decisión audaz: Habilitar a personal de la propia área de Comunicación para integrarlos a las plantillas de opinión en los medios que lo aceptaron, a fin de poner en tela de juicio a colaboradores institucionales que, por su disidencia, se volvieron incómodos. Un seudónimo que hizo fama fue el de Pedro Baroja.

Se recuerda ese inmoral expediente, porque precisamente en el sexenio en que se instituy√≥ esa t√°ctica, fue ejecutado hace 33 a√Īos el columnista Manuel Buend√≠a, el 30 de mayo de 1984.

En el siguiente sexenio las cosas se hicieron con menos discreci√≥n, pero con la misma insidia: Desde cub√≠culos centrales de la propia Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) se filtr√≥ a algunos medios, particularmente de los estados y en fecha dominical -de escasa producci√≥n de boletines oficiales- una perversa lista de narcoperiodistas; todos, activos en la Ciudad de M√©xico.

En ese mismo sexenio estuvo activo el políticamente poderoso que después pretendería descalificar y desprestigiar a los intelectuales orgánicos, colgándoles la etiqueta de mutantes.

 

Así se llegó a la autocensura

Al instalarse la alternancia partidista en Los Pinos, desde la misma residencia presidencial se dise√Ī√≥ El c√≠rculo rojo, donde se pretendi√≥ acorralar y silenciar las voces libres: No hubo el menor miramiento contra empresas editoriales que se resistieron a entrar en horma.

Hace poco m√°s de seis a√Īos, la faena se ejecut√≥ por lo alto: Se circul√≥ a firmas una carta por la cual m√°s de 600 empresas de medios y periodistas y comunicadores de todo el pa√≠s ‚Äúaceptaron‚ÄĚ la autocensura.

De lo ocurrido desde el asesinato de Buendía en mayo de 1984 hasta el de Javier Valdez Cárdenas el mes pasado, aunque resulte un ejercicio doloroso e indignante a la vez, en nuestras ediciones hemos venido documentado cada nueva y cada vez más espantosa felonía contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

Del an√°lisis de polit√≥logos y expertos en teor√≠a de la Comunicaci√≥n rescatamos una tesis: Cuando un Estado entra en crisis, la primera reacci√≥n de sus conductores es adoptar una estrategia de construcci√≥n de condiciones de opini√≥n p√ļblica, a fin de crear el clima pol√≠tico en el que se den por inminentes y hasta explicables los desenlaces de ciertas operaciones criminales.

Lo que García Márquez novelaría como La crónica de una muerte anunciada.

 

Contin√ļa el ba√Īo de sangre

Ese dictatorial y ruin m√©todo aplica en general para lo que la sociedad tipifica como cr√≠menes de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, ha tenido, tiene, en su agenda reportes-denuncia en que se se√Īala espec√≠ficamente que, en los atentados contra periodistas en M√©xico, un alto porcentaje ser√≠a imputable a agentes de Estado.

Dos a√Īos despu√©s de haber llegado ese tipo de recursos a la CIDH, el ba√Īo de sangre contin√ļa en M√©xico.

No podemos, no debemos concluir esta entrega sin subrayar un factor que incide en la impunidad y la continuación de esos crímenes:

En meses recientes, cada vez con m√°s frecuencia han llegado a instancias jurisdiccionales mexicanas demandas de pol√≠ticos e individuos de los poderes f√°cticos contra periodistas a los que acusan de mancillar su figura p√ļblica, su honra, su honor, etc√©tera. No pocas sentencias resultan condenatorias contra esos justiciables.

Ocurre algo m√°s grave, no obstante: Sin fabricar nuevos Pedro Baroja, est√° resultando moneda corriente que algunos firmantes ‚Äúde opini√≥n‚ÄĚ conviertan sus espacios en tribunas de delaci√≥n contra empresas de medios y periodistas en particular, por la sencilla sinraz√≥n de que no son gratos al r√©gimen.

Preciso es ilustrar ese fenómeno con dos casos: El del semanario Proceso y, con más recurrencia, el de La Jornada. De este medio son los dos periodistas ejecutados recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Culiacán, Sinaloa.

Las operaciones de exterminio directo se han ensa√Īado, como en esos dos casos, contra periodistas que ejercen su oficio en los estados.

 

Los inconstitucionales regímenes de excepción

En sentido contrario tenemos, por ejemplo, que a finales de abril el pleno de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció en favor de que los partidos políticos repartan discrecionalmente los espacios y tiempos disponibles en radio y televisión para difundir lo que a su interés convenga; el electoral, en primer orden.

Antes de concluir el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados votó en afirmativo una iniciativa que, desde su presentación, se conoció como una segunda edición de la Ley Televisa que, para apuntar sólo uno de sus elementos negativos, dejan indefensas a las audiencias de los medios electrónicos.

Lo que resulta de todo lo anteriormente expuesto es que, sobre toda la monta√Īa de promesas coyunturales, el Estado y concretamente el gobierno, permanece insensible a la exigencia de que la Libertad de Expresi√≥n y el Derecho a la Informaci√≥n sean prerrogativas universales y no s√≥lo privilegios de la oligarqu√≠a pol√≠tica y la plutocracia del dinero.

Eso es moral y √©ticamente inadmisible en un r√©gimen que blasona de democr√°tico. 



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