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Edición 359

 

En medio del hondo drama que vive la sociedad mexicana, no es permisible abordar el tema de la violencia criminal y de la violencia institucional al margen de la debida seriedad.

No lo hacemos, ni lo haremos. Pero, frente a la frivolidad con la que algunos responsables de la conducción del Estado actúan de cara al legítimo clamor social, es válido preguntarse si en México se reproduce La Divina Comedia, de Dante, que nos hace transitar de uno a otro de sus círculos infernales.

Es al menos desconcertante una declaración del procurador general de la República, doctor Raúl Cervantes, que aventura la conclusión de que el crimen organizado ha pasado de ser un problema de Seguridad Nacional a “un asunto de seguridad pública”.

Lo que de entrada implica el sentido de esa hipótesis, es una regresión que vuelve a poner en manos de los gobernadores y los gobiernos municipales una responsabilidad que les es denegada por la Constitución federal en materia de delincuencia organizada, al remitirla al casillero de la seguridad pública, que si es función de los gobiernos estatales.

No es, ese, un motivo de preocupación casual, ni gratuito: La Procuraduría General de la República es cabeza de sector de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, en la que están radicados cientos de expedientes sobre asesinatos de periodistas y crímenes contra  empresas de medios, que no han tenido hasta ahora una respuesta satisfactoria.

Que los compromisos de Estado se cumplan

La referencia es obligada: Abundan investigaciones, consignadas algunas por sus autores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las que se denuncia que en crímenes contra periodistas y comunicadores en México,  están metidas manos de “agentes del Estado”.

Hemos tomado de buena fe compromisos asumidos por diversos funcionarios del gobierno federal para romper el círculo agresión-impunidad que circunda el ataque contra el periodismo libre, refrendados en los últimos días por dichos voceros gubernamentales como casuística reacción a las movilizaciones sociales por los asesinatos de periodistas perpetrados en lo que va de 2017.

Sin embargo, al catálogo de atentados no resueltos, se suma un nuevo método de represión: The New York Times reveló hace unos días que periodistas y activistas mexicanos son sometidos a espionaje por medio de un programa de patente israelí (Pegasus NSA Group), para detectar operaciones de terroristas adquirido, según la versión del diario neoyorquino, por el gobierno de México.

Como corresponde a la lógica de reacción inmediata, áreas de Comunicación del gobierno mexicano rechazaron lo publicado por Times y exhortaron a eventuales víctimas a denunciar esas acciones. ¿En dónde? En  la Procuraduría General de la República.

El Club de Periodistas de México asume su responsabilidad

El Club de Periodistas de México, congruente con su representación gremial, ha sido persistente en el llamado de atención al Estado sobre esos ataques sin solución de continuidad.

Saliendo al paso a la grosera coartada, “ya basta quejas, propongan soluciones”, el Club de Periodistas de México, con vocación propositiva, ha formulado un proyecto sobre el tema, recibido ya en la presidencia de la República, y acogido en la Cámara de Diputados federal con la voluntad de introducir una iniciativa de ley que eventualmente se analizaría en San  Lázaro al iniciarse en septiembre el próximo periodo ordinario de sesiones.

La exposición de motivos de ese proyecto de nuestro Club, retoma el ya endémico estado de violencia que hace presas a periodistas y sus familias, y convoca a la sociedad civil, gobierno, colegas y empresas informativas “a pasar del justo reclamo a la acción trascendente”, considerando indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionistas de la información.

El núcleo de nuestra iniciativa es crear una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas. Se plantea, asimismo, legislar para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, atraiga de oficio los casos de agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de empresas informativas, para ponerle fin a la discrecionalidad que ha caracterizado a esa dependencia hasta ahora.

Periodistas, profesionales de conciencia

En principio, se exige que los periodistas no sean vistos ni tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y reportajes, sino como profesionales de conciencia que deben tener bajo salvaguarda su integridad personal y laboral, y garantizados sus derechos a la seguridad social, a la confidencialidad en sus investigaciones y bonos de riesgo cuando, como ocurre en México, laboran en condiciones de peligro.

En esta edición se publica el texto íntegro de esa iniciativa, en la que se detallan las condiciones mínimas para el ejercicio de la Libre Expresión y el Derecho a la Información, y las estructuras, funciones, facultades y recursos públicos de los que debe de dotarse, por ley,  a los órganos garantes de una racional y civilizada política de Comunicación Social.

Si, como lo dicta el imperativo de un auténtico Estado de Derecho, la democracia no es tal si la libre circulación de información y pensamiento está sometida a restricciones y represiones, impidiendo o suprimiendo contrapesos al poder establecido, es llegada la hora de que México entre a la fase de perfeccionamiento de su entramado institucional, del que no puede ser excluido el ejercicio periodístico, concebido como un servicio a la sociedad civil, así como la sociedad política dispone a discreción de su propio régimen en el que basa su continuidad y no pocas veces sus excesos.




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