Jueves, 02 de Agosto de 2012 11:28 | 
Author: Mouris Salloum George | 
| Ediciòn 287 |
VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE
Y a ésto
le llaman política
Despues de conejo ido pedradas al matorral
PARTIENDO DEL SUPUESTO de que en México se cumplieron los dos objetivos de la transición democrática: Garantizar el pleno respeto al voto, erradicando el fraude electoral, y asegurar una auténtica competencia electoral en la que los ciudadanos, y sólo ellos, decidan quien gobierna y quienes ocupan puestos de representación popular, los académicos Lorenzo Córdova Vianello (hoy consejero electoral del IFE) Y Ciro Murayama Rendón (hoy funcionario del mismo organismo), trabajaron en el ensayo Transparencia y partidos políticos, de cuyo texto se pueden subrayar las siguientes líneas:
- La profunda transformación del sistema político mexicano en la recta final del siglo XX abrió una agenda de nuevos temas para el país, propios de la democracia. Entre ellos ocupa un lugar central el de la relación siempre conflictiva entre dinero y política; es decir, la manera en que se financian los partidos políticos y la forma en que son fiscalizados por la autoridad.
- El asunto es de la mayor importancia porque la probidad en las conductas financieras de esos actores políticos influye directamente sobre su credibilidad y el apoyo de la ciudadanía al sistema democrático y, al contrario, la percepción de corrupción en los partidos implica, casi en automático, desconfianza y descrédito en las instituciones y procedimientos democráticos.
Los autores enfocan su estudio hacia dos casos específicos derivados de la sucesión presidencial de 2000, centrando su narrativa en el Pemexgate y Amigos de Fox, casos que establecieron un precedente en el régimen de sanciones, habida cuenta que a los partidos involucrados y encontrados responsables: El PRI, en el primer caso, y el PAN y el PVEM, asociados en la Alianza por el Cambio, en el segundo, la autoridad electoral les impuso multas en conjunto por mil 500 millones de pesos.
El Pemexgate lo puso en agenda el secretario de la Función Pública del gabinete de Vicente Fox, Francisco Barrio Terrazas (vamos a freír pescados de regular tamaño), en enero de 2002, pero quien introdujo la denuncia ante el Instituto Federal Electoral, el 23 del mismo mes, fue el representante del PRD, Pablo Gómez Álvarez.
Amigos de Fox registró la primera señal el 21 de junio de 2000 (esto es, antes de la elección presidencial del 2 de julio), cuando el priista Enrique Jackson usó la Cámara de Diputados para plantear el tema, ratificado por el PRI ante el IFE dos días después.
Aunque en su indagatoria sobre el Pemexgate, el IFE se topó con la resistencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a dar información al respecto, escudándose en los secretos bancario, fiduciario y fiscal, la Procuraduría General de la República, al través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, actuó en forma excepcionalmente diligente en la averiguación que tuvo como protagonistas de primera línea a los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, secretario general y secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, respectivamente, en virtud de que fondos para la campaña del candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa, tuvieron su origen en un convenio obrero-patronal con Pemex, por el que la paraestatal liberó al sindicato 500 millones de pesos. El IFE no encontró elementos probatorios de cómo se gastaron esos recursos, pero sí de su procedencia.
El IFE multó al PRI con mil millones de pesos. El tricolor apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sentenció el 18 de marzo de 2003 la confirmación de la sanción.
En el caso de Amigos de Fox, el IFE no encontró la colaboración de la PGR. De su lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nuevamente; la Secretaría de Hacienda y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario negaron sistemáticamente información requerida por el órgano electoral. El 9 de agosto de 2001 el IFE se vio precisado a desechar la querella, lo que dio pie a que el PRI apelara ante el Tribunal Electoral el 15 del mismo mes.
Ese paso implicó uno de los casos más tortuosos en el que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discernir si la autoridad electoral estaba facultada en sus investigaciones para allanarse información de instancias que la consideran reservada en función de la secrecía bancaria, fiduciaria o fiscal. Finalmente, entre una montaña de recursos de amparo y su desistimiento por algunos actores, el 10 de octubre de 2003 el IFE pudo multar con 500 millones de pesos a los partidos de la coalición PAN-PVEM, confirmada más tarde por el Tribunal Electoral ante el que se apeló la sanción del IFE.
En su estudio, Córdova y Murayama, poniendo el tema una perspectiva correctiva, observan que el tema de las condiciones de la competencia electoral se ha vuelto cada vez más relevante en el desenlace de las elecciones y de la manera en que éstas son percibidas por la opinión pública. El gasto excesivo, la participación de terceros en las campañas –ya sea directamente o ejerciendo el gasto en favor o en contra de algunos candidatos o partidos- y el papel de los medios de comunicación, son los asuntos que ahora se dan en los diferendos electorales. Hasta aquí los autores citados.
Han transcurrido doce años de aquellos escándalos políticos, sancionados tardíamente por la autoridad electoral, sin que las posibilidades (imperativo, es la palabra) de que los usufructuarios de las violaciones penalizadas, sobre todo los que alcanzaron poder y fuero, vieran afectados sus privilegios. Por el contrario, los hay que blasonan la transgresión como si fuera una aportación a la democracia. Otros siguen siendo recompensados por sus partidos infractores con dietas legislativas ahí, en los palacios parlamentarios, donde la trampa sigue siendo el santo y seña del régimen electoral. Y todavía se alarman de que la seca pradera esté a punto de incendiarse. Todo sea por la oportunidad de saquear las tesorerías de la Nación. Y a eso le llaman política.
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