AUNQUE TENEMOS en el decimonónico y ya obsoleto Himno Nacional una  estrofa que incita: Mexicanos al grito de guerra, ésta se limita cuando otra precisa: Más si osare un extraño enemigo/ profanar con su planta tu suelo… Para justificar la guerra de despojo del 47, la Casa Blanca polkista acusó a Antonio López de Santa Anna de “invadir Texas”. En el siglo XX, Pancho Villa tuvo la ocurrencia de lanzarse contra Columbus. Hasta ahí. Es decir, México tiene fama universal por ser un país pacifista por antonomasia. Ni siquiera en el histórico caso de Belice se pudo acusar a nuestro país de atentar contra otra soberanía territorial. No es casual, por eso, que México ostente el Premio Nobel de la Paz. De ahí que resulte extremadamente anómalo que, sin existir una situación de beligerancia revolucionaria -Marcos dijo que lo que brotó en Chiapas en 1994 fue una manifestación “de rebeldía”- veamos en nuestros lares un baño de sangre cotidiano.

Como expresión de la barbarie que ha creado estatus en México, hace unos días el Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República reveló que en nuestro país hay 300 mil jóvenes en la lista de espera para ser empleados por el crimen organizado. Ese es el destino que el neomercantilismo galopante ha reservado a la juventud mexicana cuando el presidente del empleo la ha dejado sin opciones ocupacionales honorables. Ese dato, por cierto, no está incluido en el texto del III informe presidencial sobre “el estado que guarda la administración pública” que, eso sí, propone un nuevo modelo de organización policial.

¿Barbarie? Sólo para ilustrar la escena: En Ciudad Juárez, en una sola y veloz operación tipo comando fueron asesinadas a balazos 18 personas -al menos otras cinco quedaron heridas- confinadas en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Sin hacer tremendismo, esa masacre podría tipificarse como genocidio, nada sorprendente cuando tenemos el expediente de Las muertas de Juárez. Más espeluznante es otro reporte: En Mazatlán, Sinaloa, fueron encontrados cadáveres decapitados acompañados de cabezas de cerdo. En uno de los hallazgos se localizó un frasco que contenía ojos humanos. La televisión de Monterrey, por esas horas, trasmitía, en vivo, en directo  y a todo color, las imágenes de soldados correteando y balaceando a policías civiles. La tracatera era inolvidable. La realidad siempre supera la ficción.

Para el martes 1 de septiembre pasado en que Felipe Calderón envió por escrito su tercer informe al Congreso de la Unión, la estadística procesada por varios medios de comunicación consignaba más de 13 mil muertos en la cruzada que en diciembre de 2006 emprendió el Presidente contra el crimen organizado. (En datos de una semana después ya sube a 14 mil el número de víctimas) Días antes, el propio mandatario había dado a la sociedad mexicana un dato “tranquilizante”: En México mueren violentamente cada día sólo doce personas por cada 100 mil habitantes. En Colombia, dijo, 38 y en Brasil 24. ¿A qué viene esa grosera comparación, si a los mexicanos lo que les importa es el antes y ahora en la protección de la integridad personal en su propia Patria? En todo caso, ¿por qué no comparar el crecimiento económico de Brasil, y aún de Colombia, respecto del hundimiento de la economía mexicana?

El combate al crimen organizado, es el nec plus ultra del actual gobierno panista, pero para nada se refiere a la economía criminal caracterizada por la delincuencia “de cuello blanco”. También recientemente se conoció una encuesta internacional sobre  corrupción, en la que México aparece en segundo sitio entre los países evaluados  por el descomunal número de fraudes en el que incurre gente tanto del sector privado como del público, generalmente en amorosa simbiosis, en perfecta combinación.

Tenemos pues, no sólo un Estado fallido, sino una sociedad enferma de maldad. El diagnóstico lo acredita particularmente la situación -lo sentimos mucho- de la zona metropolitana de la capital de Nuevo León. Hace 20 años, señoreaba la altivez regia el llamado Grupo Monterrey, conocido entonces, por su configuración mafiosa, como nostro grupo. Ahora, según registro de las autoridades policiales, operan en ese territorio más de un millar de pandillas, invariablemente formada por jóvenes marginados.

El anterior es un síndrome de patología social. Un ejercicio de memoria periodística nos remite a una exploración sociológica auspiciada por la arquidiócesis regiomontana que, desde entonces, advertía el estado de descomposición generado por los desmesurados privilegios clasistas que, en un momento determinado, indujeron a medios de comunicación estadunidenses -en un arrebato supuestamente simpático- a caracterizar a ciertas familias de aquella metrópoli como Los Rockefeller mexicanos. No por casualidad, en esa época el gobernador Jorge Martínez Treviño reconoció que las estructuras políticas, empresariales, policiales y militares en el estado estaban siendo contaminadas por el narcotráfico. Los cárteles de la droga -eso no lo dijo el mandatario- habían  tomado ya a Monterrey como centro de lavado de dinero. Ahora ahí se dirimen causas de dominio territorial.

No por azar señalamos a Monterrey. Aquí sentó sus reales una parasitaria pero arrogante plutocracia que, después de la Revolución, mantuvo  permanentemente en jaque al Estado mexicano al que, por sistema, exprimió donaciones de la banca de desarrollo, créditos fiscales, subsidios en productos y servicios públicos -electricidad e hidrocarburos-, etcétera. Ese estado de cosas ha sido tolerado por los regímenes priistas y ahora por los panistas. En el pecado llevan la penitencia, pero ésta la paga una sociedad que no ve en el gobierno voluntad verdadera para corregir el rumbo.

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