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Edición 381

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Con razón se levantó una ola de quejas desde Conacyt cuando se tuvo noticia de que una funcionaria ocupaba un importante cargo con un perfil profesional muy distinto del que se requería.

La profesionalización de la burocracia es una demanda ciudadana

En AMLO miramos la paja en el ojo ajeno

                                                                                     Feliciano Hernández*

NO es un asunto menor porque en el sistema político y en la idiosincrasia del mexicano, el caso aludido es ejemplo de un problema generalizado que debe ser corregido por el nuevo gobierno en su pretensión de un cambio verdadero.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a tiempo y aplicó el control de daños, aunque los interesados en causarle desorden aprovecharon el momento.

Cd. de México. - EN LA administración pública nacional malamente se privilegia la confianza y la lealtad antes que la capacidad profesional y la ética. El caso del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano -cuyo titular fue propuesto y asumió el cargo sin cumplir los requisitos-, sólo forma parte del anecdotario. Días antes en Conacyt también surgió el mismo problema –dos funcionarios ocuparon cargos sin cubrir el perfil requerido.

Ni siquiera pueden mencionarse tales casos entre los más sonados ejemplos del mismo problema. No fueron los primeros ni serán los últimos en la entrante administración del partido Morena. Sin pretender justificar el hecho, es justo mencionar que ese proceder ha sido lo común desde la cúpula hasta el suelo y desde tiempos inmemoriales, y lo que debe ocupar a la crítica objetiva es que no se repita más.

En apoyo de lo dicho, baste mencionar que en el sexenio del muy cuestionado Ernesto Zedillo, se armó un escándalo cuando se supo que el titular de la SEP, Fausto Alzati, ostentaba un grado de doctor sin haberlo acreditado. El funcionario tuvo que renunciar –en su favor, hay que señalar que años después el vilipendiado ex secretario exhibió su logro académico por el que fue duramente cuestionado. Cabe agregar que, en el fragor de las campañas por la gubernatura del Estado de México, en 2017, donde competía la panista, ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, se dio a conocer que su hermana, con título de diseñadora gráfica, ostentaba un alto cargo en PGR para el cual se requería una licenciatura en derecho.

En estas líneas y con tales referencias lo que importa subrayar es que la administración pública mexicana está plagada de vicios, entre los que destaca el de las designaciones a los cargos públicos al margen de la ley y sus reglamentos.

Sin ir muy lejos, a AMLO sus críticos le reprocharon fuertemente algunos nombramientos en su mismo gabinete, el mayor quizás fue el de haber designado en la dirección de Pemex a un ingeniero agrónomo. Si bien, se aceptó que el aludido poseía ciertas capacidades, lo que se le reprochó desde los partidos opositores es que no tuviera experiencia directa en la materia propia del importante cargo.

Un caso muy sonado en la administración de Enrique Peña Nieto, fue el nombramiento del tecnócrata Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, cuando su trayectoria estaba en las finanzas; el mismo funcionario subrayó el hecho al decir en un gesto de humildad y sinceridad: “Vengo a aprender”, aunque insuficiente el posicionamiento para justificar la designación.

Deliberadamente se omiten aquí los nombres de los afectados, por considerar que resulta inútil exhibirlos o sumarse al escarnio público contra ellos, puesto que como ya se advirtió, lo que se busca con estos párrafos es trascender la crítica facilona y superficial y advertir que como sociedad México padece este vicio en su política doméstica de privilegiar los compromisos partidarios y familiares o de simple amistad sobre los requerimientos profesionales para ocupar los cargos como requisito para un mejor desempeño en sus puestos.

Es ilegal e inmoral

LOS NOMBRAMIENTOS de funcionarios por compromiso y al margen de la ética y de las leyes ya habían despertado las críticas, en el entendido –sobra decirlo-, de que una buena administración difícilmente podrá lograrse con servidores públicos sin las competencias profesionales –no es el caso de todos, por supuesto. Las leyes y reglamentos correspondientes, especifican que los titulares de las áreas tienen que reunir ciertos requisitos. Para los altos cargos, como mínimo el título universitario propio de la materia que corresponda a sus funciones. Pero, ¿qué creen? Exacto, es ampliamente aceptado que las leyes están para ser ignoradas cuando no violadas –muy mal, por cierto, pero lo dicen algunos, con naturalidad o con descaro—, por quienes se saben protegidos por el manto de la impunidad-.

Atención, Morena: México no debe seguir por ese camino; el presidente AMLO debe adoptar el punto como una de sus prioridades. Ya se ha señalado desde estas páginas de Voces del Periodista que uno de los más fuertes desafíos del nuevo gobierno es el cambio de la idiosincrasia de los mexicanos en sus aspectos mas negativos, que no son pocos, y uno de los principales es la falta de respeto a las leyes.

Finalmente, es un exceso de ciertos críticos y de algunos medios ensañarse con funcionarios de segundo nivel, como los aludidos en estas líneas, por haber aceptado los nombramientos y haber forzado las renuncias. Hay que pensar que quizás tenían urgencia de un trabajo, igual que muchos otros mexicanos, y que el mal ejemplo ya existía y desde los más altos niveles y en los tres ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal.

A todos nos debe quedar claro, a los funcionarios y a la sociedad toda: resulta ofensivo para los subordinados, para los gobernados, para los profesionistas, y para todos, que los jefes de las áreas carezcan de los títulos profesionales y competencias que los respaldan. Es una negación de nuestro sistema universitario y de educación superior en general.

Lo que sigue, para conveniencia de todos y de México es que el presidente establezca, siguiendo los procedimientos jurídicos, por decreto o por intervención del Legislativo, que sin excepción todos los cargos públicos de primer, segundo, y tercer nivel, al menos, tienen que acreditar un título en la especialidad que les corresponda.

El hecho de que Felipe Calderón en Los Pinos haya designado como su coordinador de comunicación social a un ex roquero, meramente por cercanía e identificación de intereses con el aludido y sin los méritos profesionales requeridos para el puesto, aparte de ser una ofensa para esa categoría de profesionistas y una falta de respeto para la ciudadanía, se probó en los hechos que no sólo se requiere buena voluntad y cierta inteligencia sino conocimientos concretos en la materia.

Es tiempo de trascender el siglo pasado, en su primera mitad, cuando México carecía de un buen sistema de educación superior –que ya no es el caso- y reformar la misma Constitución para que incluso en el Legislativo –hasta ahora el gran exento- se establezca que para aspirar a las categorías de diputados y senadores se exija un mínimo de nivel licenciatura, porque ya ha resultado muy negativo para la nación que lleguen a tan alta representación personas de insuficientes capacidades, pero que están ahí por convenir a ciertos intereses, éstos no siempre los mejores para el país.

Por último, pero no menos importante

NO SOBRA APUNTAR que si los Constituyentes de 1917 omitieron tan elemental consideración fue porque en los difíciles momentos que vivieron, ni siquiera había universidades; el conocimiento y las dotes se ganaban en forma autodidacta y en la práctica diaria. Ya no es el caso.

La eficiencia y los logros en la administración pública cuestan, pero cuesta más y se paga caro desatender la mínima lógica. AMLO y los dirigentes de Morena deben tenerlo muy presente y ahorrarse malos momentos.

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