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La nueva invasión
HÉCTOR TENORIO
La cooperación de Estados Unidos y México en la lucha antidrogas no se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto por la jurisdicción de cada nación. Las autoridades mexicanas no quieren entender esta situación o quizá son incapaces de cambiarla. Desde una lógica militar, los estadounidenses aplican una táctica adecuada en la guerra que lleva a cabo el Estado mexicano contra el crimen organizado porque les permite vulnerar la soberanía de nuestra nación y avanzar en el proyecto de controlar nuestra frontera. Para ello resulta indispensable que el vecino del norte proteja a los peligrosos cárteles mexicanos de la droga facilitando el lavado de dinero a una industria criminal que cada año genera 320 mil millones de dólares.
Miles de muertos en este lustro demuestran lo difícil que es desafiar a las leyes del mercado, que dan a los estupefacientes un sobreprecio de 90 por ciento o más. Los últimos acontecimientos dejan en evidencia que durante años la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha trabajado con autoridades mexicanas para fomentar el lavado de dinero. Gracias a que los estadounidenses contaron con la complicidad de mandos corruptos mexicanos pudieron traficar cargamentos ilegales de dólares por la frontera, con la intención de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes. Esta versión difiere de sus propios informes donde aseveran que sus elementos están infiltrados en los cárteles mexicanos con la finalidad de conocer de cerca a los capos del narcotráfico.
La realidad es otra, la DEA contrabandeo millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de su plan de debilitar al Estado mexicano. Todo esto se hizo con el aval del Departamento de Justicia de EU, el problema es que la estructura administrativa del vecino del norte que se implementó para tal plan carece de salvaguardas operativas para prevenir la implementación de esquemas tan peligrosos. A esto se suma el agravante que las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad exclusiva en materia de procuración de justicia, no cumplieron con su deber
Queda claro que el gobierno de Estados Unidos no revelará los detalles operativos de las acciones de sus agentes en territorio nacional. A pesar de esto, en Washington los Republicanos y Demócratas usan el deplorable incidente con fines políticos. Al tiempo que evitan reformar las leyes para frenar el tráfico de armas a México. Por lo pronto, los demócratas han dado instrucciones para que esos métodos no se vuelvan a repetir
Las investigaciones continuarán sobre la operación Rápido y Furioso, que permitió la entrada de más de dos mil armas a México, y el operativo, Receptor Abierto, con el que se introdujeron 350 armas en 2006 y 2007. Ahora a estas pesquisas se incluirán las presuntas acciones de la DEA para lavar dinero de cárteles mexicanos. Las consecuencias han sido un desastre.
En la repartición de culpas le corresponde al Congresos de los Estados Unidos establecer medidas efectivas para regular la venta ilegal de armas de asalto, así como adoptar medidas drásticas para disminuir el flujo de dinero y el consumo de drogas. No obstante, mientras prevalezca esta situación entre ambos países será casi imposible detectar y desmantelar redes de lavado de dinero deteniendo los avances y detenciones importantes en cada país.
Por lo que concierne a la estrategia del presidente Felipe Calderón, presentó el año pasado, una iniciativa para combatir el lavado de dinero con la que pretendió golpear las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casas, autos, barcos, aviones, joyas y hasta las apuestas. Luce insuficiente ante la evidencia que los Estados Unidos solapan a los criminales mexicanos.
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