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Edición 361

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VOCES DEL DIRECTOR

Mouris Salloum George

México en riesgo de una crisis humanitaria

A LA LUZ DE LOS CUATRO INDICADORES  fundamentales que miden el Desarrollo Social en México, el primer obstáculo para conocer la realidad real es la desconfianza en el sistema estadístico oficial, cuestionado por instituciones no gubernamentales que, con sus propias investigaciones científicas, corren el maquillaje de las cifras oficiales en esa materia.

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS de estudios no oficiales advierten el riesgo de una crisis humanitaria, cuyos signos se perciben ya en los estados con más alta exclusión social, particularmente los del sur de México, con alta densidad indígena.

Una tercera fuente suele contar con más credibilidad desde el enfoque fiscalizador del gasto destinado a las políticas públicas: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, cuya metodología contable se pretende ajena a criterios tendenciosos con fines político-electorales.

Los resultados de revisión de las Cuentas Públicas por la ASF pasan por una constante: La comprobación de sistemáticos subejercicios del Presupuesto de Egresos, desvíos de los recursos, operaciones fraudulentas en la contratación y pagos de obras y servicios, etcétera.

Por supuesto, de esas compulsas no sale ilesa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y dependencias concurrentes, acusadas de la manipulación ejercicio clientelar de sus partidas en los ciclos electorales.

Dada la complejidad de esa problemática, optamos por los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que opera sobre indicadores en materia de Educación, Atención Médica, Empleo e Ingreso.

La piedra de toque de esa medición es el concepto de movilidad igualadora; y su contraparte, la desigualadora; el eje regulador es el ingreso.

Tenemos en esa fotografía una causa-efecto que gira sobre el mercado laboral. De acuerdo con los análisis del PNUD, entre 2005 y 2015 el salario real en México se ha erosionado en 25 por ciento.

De la falta de generación de empleos estables y bien remunerados, la consecuencia es automática: 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se refugia en la economía informal -negra le llaman algunos expertos-, cuya primera negación es la Seguridad Social.

La regresión del ingreso se explica en el informe 2016 del PNUD por la falta de capacidad de los trabajadores para negociar en el mercado laboral.

No tiene el PNUD porque entrar en detalle, pero otra de las agencias de la propia ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia casi constantemente el desacato del gobierno de México de resoluciones que, como como Estado parte, está obligado a su escrupulosa observancia.

La incapacidad de negociación de obreros y empleados mexicanos no es fortuita. En los carriles del modelo neoliberal, el Estado mismo ha propiciado la desindicalización o bloqueado la formación de “inconvenientes” nuevos sindicatos de la clase trabajadora, ha aupado la contratación laboral triangulada y los contratos de mafiosa protección empresarial, los topes salariales y conculcado el derecho de huelga, etcétera.

La política contra-agraria aplicada a la par que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha convertido a los productores rurales en jornaleros (más de siete millones, carentes de las prestaciones mínimas prescritas por el artículo 123 constitucional) y la continua expulsión de campesinos e indígenas a las zonas metropolitanas del territorio nacional y hacia los Estados Unidos; proceso este último que desemboca en la desintegración familiar.

Insistimos en que sobre el ingreso laboral gravitan los derechos a la Educación y a la Salud, ambas prioridades teóricamente tuteladas por el Estado. En ambas asignaturas México, es reprobado por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Existe, sin embargo, una diferenciación de grado entre esos dos derechos. El de la Educación, depende del ciclo biológico de la población. El de la Salud, como imperativo doctrinario y constitucional, debe ejercerse desde la cuna. (En otro espacio de esta edición damos algunos elementos de información y análisis sobre esa cuestión).

En última lectura, Salud y Educación, como motores del desarrollo humano, dependen de la alimentación. Las investigaciones sobre esas dos políticas públicas coinciden en que la mayoría de los padecimientos de los mexicanos se origina en la desnutrición. La desnutrición, a la vez, tiene como factor la ingesta de comida chatarra, con la que se pretende suplir los alimentos que deben servirse por lo menos dos veces al día. Todo un círculo vicioso que se abre en los precarios ingresos de las familias.

En todo el abanico de las políticas públicas planea la corrupción: Desde la concepción de los presupuestos de egresos, hasta su deshonesta gestión. Ya parece tenerse como fatalidad inevitable el dato de que la corrupción pública cuesta a los mexicanos más de un billón de pesos anuales. Un ocho por ciento del Producto Interno Bruto.

¿Son suficientes los datos analizados para dar crédito a la advertencia sobre el riesgo de una crisis humanitaria? Nos parece que sí, pues se trata de omisiones y fallas estructurales del sistema político y económico mexicano; no meras contingencias.

La acción del Estado en materia de Desarrollo Social, recomienda la benemérita ONU, debe evolucionar hacia un enfoque de calidad más amplia que tenga como elemento central el acceso efectivos a los derechos sociales de todos los grupos de población.

Pero en México neoliberal, ¿quién escucha esa noble samaritana?



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