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La farsa del Centenario de la Revolución

De cómo el PAN puja por

un régimen totalitario

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

 

A los muertos de ayer y de hoy

 

El pasado 18 de noviembre, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria reconoció que sólo 10 por ciento de la fuerza policial en México ha cumplido con los procedimientos de control de confianza. Dado el encargo que cumple dicho funcionario, parece normal que el incumplimiento mayoritario de esas normas lo reduzca únicamente a la fuerza policial. No obsta esa discriminación para que la observancia del control de confianza se exija  a toda la administración pública federal y, obviamente, a las de escalas descendientes. A todos coludos, o todos rabones.

 

Bajo el sugerente título De la esquizofrenia a un verdadero Estado de derecho, hace trece años -mucho antes de que se convertiera en zar policiaco-, el propio Juan Miguel Alcántara Soria nos trasmitió algunas bien pensadas proposiciones: El reto posible de asumir, implica pensar que en México podemos adoptar una mentalidad moral común para los asuntos públicos (…) el logro de este consenso ético fundamental es amenazado, además del trastorno que padecemos, por la intolerancia y los fanatismos de diversa índole que padece la plural cultura nacional y “por el escepticismo y las mentalidades harto difundidas que piensan que en la política todo se vale”. Preguntamos nosotros: ¿Hasta la usurpación de la Presidencia de México haiga sido como haiga sido, y desde ahí preparar, como jefe del partido con el poder, la propia sucesión?

 

Presidencialismo

metaconstitucional

 

Los procedimientos que permiten la vigencia de una mentalidad moral común, se rigen por un conjunto de principios jurídicos que en nuestro país están amenazados, dice Alcántara Soria, y acusa:

 

a)… el Presidente Zedillo ha reconocido públicamente que presionó al grupo mayoritario en el Congreso de la Unión para que aprobara una iniciativa legal de reforma electoral que viola disposiciones de la ley fundamental del país, bajo el argumento de que existían “razones de Estado” para violentar los acuerdos políticos preliminarmente suscritos con las principales fuerzas partiditas del país. Ahora se esconden detrás de las razones de Estado visiones personalísimas y pusilánimes de una deficiente conducción del Estado mexicano que podrían ser previsiones de un mayor autoritarismo presidencialista, propias o ajenas.

d)… es lugar común afirmar que el agente conservador del trastorno esquizofrénico y causante de los mayores males públicos de México ha sido el eufemísticamente llamado presidencialismo metaconstitucional mexicano. Los acontecimientos de 1994, como los de ahora, confirman que el inmenso poder puesto en un solo hombre que desempeña al múltiple rol de jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe del Ejército y de las Fuerzas Armadas, jefe del partido dominante y jefe de Televisa (además de otras sumisiones incondicionales) es capaz de corromper al hombre, al poder y al país.

 

 

 

g)… medios de información y de formación de la opinión pública que con libertad y con responsabilidad conformen y canalicen dicha opinión y construyan un ambiente de constante vigilancia de los actos de los poderes públicos y de censura de las arbitrariedades se han venido estableciendo desde 1988, destacadamente los radiofónicos y algunos periódicos impresos. Lamentablemente, al mismo tiempo ha aparecido una competencia feroz entre las televisoras para garantizar los niveles de mercado a sus anunciantes, para lo cual han  adoptado la estrategia de programar la mayor violencia de imágenes visuales que, comprobadamente, genera mayor audición o auditorio cautivo al canal televisivo correspondiente (…) Nuestro Estado de Derecho exige superar la esquizofrenia y la paranoia de ciertos medios de comunicación.

 

Justicia social

incumplida

 

i)… la tercera condición de posibilidad de un Estado de Derecho solidario y humanizador consiste en señalar y exigir al Estado una tarea positiva de servicio. El régimen de justicia social es una función del Estado que el mexicano no ha cumplido. Desde la identidad del Humanismo Político (con mayúsculas del autor), bien sabemos que es el Estado para las personas y no a la inversa: Que debe apoyar los valores fundamentales de la persona humana y del bien  público temporal.

 

Era 1997, año del centenario natal del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, sobre quien Víctor Alarcón Olguín hace una emocionada semblanza de la que rescatamos estas líneas: “Gómez Morín manifiesta con crudeza la descomposición que se vive en los años del callismo, movimiento fundador del México contemporáneo, al mismo tiempo que lo contradice en la supuesta institucionalización del sistema político: ‘… pasado el fervor de la primera lucha, al desenfreno incalculado, irresponsable, natural de la masa, ha sucedido la verdadera corrupción moral. Al homicidio, el asesinato; al saqueo, el peculado; a la ignorancia, la mistificación. Del crimen de exceso, pasamos al (crimen) de efecto’”.

 

Las citas de esos dos autores están tomadas de la revista Propuesta, publicación semestral de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del Partido Acción Nacional, (No. 4, febrero de 1997), en la que aparece también un ensayo de John Bailey, Crimen organizado y gobernabilidad democrática, en el que este investigador aborda el tema de la transición democrática y afirma que la profundidad y prontitud de la apertura económica de México han producido severos estremecimientos en los sistemas económico, político y social del país, exacerbando tensiones estructurales de largo tiempo, tales como la mala distribución extrema de la riqueza. Sergio Zermeño, dice Bailey, resalta los impactos pulverizantes y pauperizantes de la globalización, acelerados por las reformas neoliberales, para crear las condiciones de un desorden social extensivo.

 

 

Juan Miguel Alcántara

 

Conocer al

enemigo

 

Respecto del crimen organizado, advierte desde entonces Bailey, es clara la noción intuitiva. Estamos interesados en las organizaciones criminales que trascienden un umbral de importancia para conseguir la capacidad de amenazar factores centrales de la gobernación democrática, incluyendo los procesos de transición desde el autoritarismo hacia la democracia. “Siguiendo a Goldon y Olson”, escribe, “los rasgos claves de las organizaciones criminales son que éstas: * Poseen una estructura identificable y liderazgo; * operan en el tiempo y no sólo por propósitos efímeros: * operan para hacer dinero de actividades ilegales; * usan la violencia y la corrupción para frustrar los esfuerzos de cumplimiento de la ley; * tienen en la mayoría de los casos una base comunitaria, familiar o étnica”.

 

La advertencia de Bailey va más allá: Involucrar a los militares en labores policiacas, especialmente en actividades antidrogas, implica ciertos riesgos. El más obvio, es el riego de penetración y corrupción entre los militares por los traficantes de drogas; pero también son importantes las tensiones entre los militares y las fuerzas policiacas, las autoridades políticas y gobiernos en varios niveles, y los conflictos surgidos por las acciones de tipo policiaco en contra de los traficantes que se desbordan e infligen ‘daño colateral’ sobre civiles inocentes Aunque dichos riesgos son importantes en los Estados Unidos, estos son más significativos en México, debido al tenso ambiente de una transición política que ha sido seriamente exacerbada por una crisis económica.

 

En el consejo editorial del numero de Propuesta citado, aparecen en primer lugar Carlos Castillo Peraza; al último, Felipe Calderón Hinojosa. Al año siguiente de la publicación, Calderón Hinojosa se instaló como jefe nacional del PAN. Sólo de las citas reproducidas, se pueden derivar las siguientes observaciones:

 

1)   Como lo prevenía Alcántara Soria -empleo de “razones de Estado” para tratar de justificar el autoritarismo-, el presidencialismo metaconstitucional ha sido capaz de corromper al hombre, al poder y al país. El Humanismo Político (con mayúsculas) postulado por el PAN, devino quimera; 2) las conclusiones de Gómez Morín, en el texto de Alarcón Olguín, cobran vigencia en 2010: al desenfreno irresponsable de la masa, ha sucedido la verdadera corrupción moral. Del crimen de exceso, pasamos al crimen de efecto. y 3) del texto de Bailey, se colige que Calderón Hinojosa, o no leyó el ensayo o, habiéndolo leído, atizó deliberadamente la guerra narca sin calcular el poder de respuesta  del enemigo, y sin compadecerse de las atroces consecuencias socioeconómicas.

 

 

No calcularon el poder de respuesta

 

Abusos y

extralimitaciones

 

Alcántara Soria sostuvo en 1997 que la división y el equilibrio fundamental de los poderes públicos con un sistema de frenos y contrapesos todavía espera la oportunidad de demostrar su eficacia para evitar los abusos y extralimitaciones. “Estamos ante el reto más determinante para la organización política de nuestro país: Lograr que el Poder Legislativo delimite al Poder Ejecutivo, desde dentro, por la organización institucional del Estado mexicano, y no desde afuera y hostilmente, por factores reales de poder económico o político, o por pantomimas de guerrilleros encapuchados que antes desconocieron la ley fundamental, los derechos humanos de las autoridades y el sistema electoral”.

 

A la luz de los hechos actuales, el poder público “sigue en espera” de la oportunidad de demostrar su eficacia para evitar los abusos y extralimitaciones. Veamos un enfoque: Desde las troneras de la oposición, el PAN fue un contumaz acusador del régimen priista, sobre todo por sus políticas económicas, lo mismo si fueron del desarrollo estabilizador, del desarrollo compartido, o las adoptadas por la tecnoburocracia tricolor. En sus denuncias de la corrupción -bandera con la que se alzó con el poder presidencial en 2000-, se refociló con los términos de empleomanía, chambismo, parasitocracia, etcétera, que le sirvieron para definir al PRI como una “agencia de colocaciones”.

 

 

Manuel Gónez Morín.

 

Una burocracia

Bien aceitada

 

En los comerciales televisivos que el gobierno del presidente designado Calderón Hinojosa elaboró sobre el centenario de la Revolución mexicana, se tomó la ocurrencia de reproducir portadas facsimilares de periódicos de hace casi un siglo, uno de los cuales tiene como “cabeza” principal: El trabajador totalmente garantizado por la nueva Constitución. Otro presenta el anuncio del primer decreto de Reforma Agraria, también en términos laudatorios. Pero… en el México del centenario, el salario mínimo de un obrero, jornalero o empleado es de 57 pesos 46 centavos diarios. Calculando que se le paguen los 365 días del año, su alcance sería de unos 20 mil 772 pesos.

 

Pues bien, en sus Indicadores macroeconómicos del Sector Público 2005-2009 -en el que se incluyen instituciones de Seguridad Social y empresas públicas-, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta que la nómina gubernamental- para Vivir Mejor- se ha incrementado en el periodo 0.9 por ciento, dando hasta el año pasado un total de cuatro millones 553 mil 404 burócratas, de los que 22.8 por ciento corresponde al sector central federal.

 

En términos generales, el promedio de remuneraciones- para Vivir Mejor- alcanza 269 mi 787 pesos al año por burócrata, pero en las empresas públicas ese promedio es de 378 mil 329 pesos por burócrata. Visto de un modo más simplificado, el ingreso mensual promedio de cada burócrata, es de 23 mil 456 pesos. El de un obrero o empleado, es de apenas unos mil 700 pesos mensuales. Aun con la simplificación, la columna de retribución total a la burocracia de los tres niveles  se desborda con cifras billonarias, en las que palidecen las del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, que alcanza los tres billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos, con destino preferente al gasto corriente.

 

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia

 

En otra correlación laboral entre élites, una encuesta de sueldos 2009 de la American Chamber reporta que el ingreso mensual promedio de un director general en el sector privado es de 89 mil 808 pesos antes de impuestos: 3.4 veces menos que el de un “servidor público”.

 

Entre los alcances del salario mínimo de un obrero y el de un burócrata (que implica poder adquisitivo), se disuelve la fantasía del producto per cápita (Ppc) anual, que estandariza a parias y a plutócratas. Verbigracia: el Ppc burocrático sería de unos 26 mil dólares anuales. El ingreso per capita, por ejemplo, en Nuevo León, en 2009 se estimó en 15 mil 297 dólares. ¿Cómo conciliar esos dos datos con los menos de mil 700 dólares de ingreso anual por concepto de salario mínimo? Conservando ese indicador, que pretende ocultar las estructuras de la desigualdad, de todas maneras se presenta una comparación irritante: En Chile, el promedio de ingreso per capita anual es de 14 mil 299 dólares y en Argentina  de 14 mil 125 dólares anuales. La fuente consultada sobre ese mito genial estima para México ocho mil 142 dólares anuales.

 

Ingreso de

canallas

 

“Para ilustrar nuestro optimismo”, los analistas del gasto federal para 2011 encuentran que -para Vivir Mejor- el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene asignados ingresos por cinco millones 889 mil 489 pesos. El presidente de la República, dos millones 502 mil pesos. A éste se le dota de 813 mil pesos de pago extraordinario por concepto “de riesgos”. ¿Cuánto se le asigna a las enfermeras de la Secretaría de Salud por el mismo concepto, ahí donde están expuestas cotidianamente al contagio de enfermedades infecciosas, cada vez más mortales?

 

 

El presidente designado

 

Año del bicentenario de la Revolución, en términos calderonianos 2010 es también el de la recuperación económica. Para demostrarlo, el presidente designado dio una prueba irrefutable: El anuncio, el pasado 22 de noviembre, de una cuantiosa inversión industrial en Nuevo León de… una empresa de Brasil (Embraco). Eso, dijo, comprueba que México ha dejado atrás la crisis económica. Pero, como en el caso de la guerra narca “que se va ganando, aunque la gente no lo perciba”, tampoco, según dijo el mandatario, las familias mexicanas perciben en sus bolsillos tan colosal hazaña que les permite Vivir Mejor.

 

El asesinato de

la esperanza

Lo que pasa es que el macropresidente (Alcántara Soria dixit) sólo ve a este maravilloso México al través de la antiparras macroeconómicas, cuyos indicadores no se perciben en el llano. Tampoco los perciben el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ni el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), que recientemente presentaron un estudio -La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis: el caso México-, en el que se afirma  que, incluso antes de la crisis económica, ese rango de población se encontraba en una situación desfavorable respecto de otros grupos en condición de pobreza a invulnerabilidad.

 

Para Vivir Mejor -slogan acuñado en la Presidencia de la República con vistas a las elecciones de 2009- no pasa la prueba del ácido precisamente en 2009, en que se formuló el estudio comentado. Para éste año, el documento da como resultado que el porcentaje de hogares mexicanos que experimentaron inseguridad alimentaria severa pasó de ocho a 17 por ciento. En términos relativos, ese segmento se incrementó más de 100 por ciento. Peor aún: Según la encuesta que dio soporte a las conclusiones,  el porcentaje de los hogares donde un menor de edad se acostó con hambre se elevó de 14 a 26 por ciento; es decir, el número se disparó 86 por ciento. En 2008, siete por ciento de los hogares informó que un niño o adolescente padeció hambre. En 2009, el porcentaje llegó a 18 por ciento; esto es, 157 por ciento más.

 

El estudio advierte: “Estos resultados constituyen un llamado de atención a los tomadores de decisiones para iniciar acciones correctivas a fin de mitigar los efectos de la crisis económica, pues las limitaciones nutricionales en las etapas tempranas pueden tener consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, motriz y emocional de las personas que las padecen. Postergar la respuesta ante los impactos de la crisis y no actuar para revertir a la brevedad posible la vulneración de los derechos de la niñez puede tener elevados costos sociales y comprometer negativamente el desarrollo social y económico del país en el mediano y largo plazo”.

 

El Cordero

de la pasión

 

¿Cómo responde el gobierno del Humanismo Político (con mayúsculas) a tan juiciosa excitativa? El presidenciable panista Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público, para más señas declara: “Hay que entender que estamos construyendo instituciones democráticas y republicanas y esa construcción tiene sus costos. Mantener la democracia en México, y una democracia funcional de a de veras cuesta”.

 

¿Se refiere el hacendista Cordero Arroyo a la construcción de instituciones democráticas que atiendan el hambre de los niños como prioridad del imperativo de justicia social, habida cuenta que, según la vieja doctrina panista, el Estado es para las personas y no las personas para el Estado? No. No se refiere a eso el titular de Hacienda. Defiende los altos ingresos  de la burocracia del Instituto Federal Electoral (IFE). “Tener funcionarios  que respondan  básicamente a los intereses de su conciencia y, efectivamente, velen por el juego democrático es muy valioso. Los sueldos que perciben (éstos si perciben), son nada comparados con los servicios que dan a la sociedad”. Y sobre los ingresos de los ministros de la Suprema Corte: “Igual para los ministros de la Corte. Garantizar su independencia y su autonomía pasa porque sean servidores públicos que están satisfechos con su trabajo. Creo que son costos muy pequeños comparados con el provecho que dan a la sociedad”. Los sueldos de esos pobres y abnegados funcionarios han caído 40 por ciento desde 2003, dijo el compadecido secretario.

 

Provecho, dice Cordero Arroyo, que los ministros de la Corte dan a la sociedad. A propósito de jueces: “Necesitamos evitar la impunidad de quienes cometen acciones de violencia contra niños y adolescentes. En tanto el homicidio de adolescentes quede sin justicia, estaremos estimulando la impunidad, y la impunidad es un mecanismo peligro para la sociedad”. Lo dijo hace unos días el director de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martínez Pérez García, quien documentó que, entre 2005 y 2008, se registraron dos mil 305 homicidios contra adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. Sólo en la región noreste de México, esos crímenes pasaron de 6.5 a 14.3 por cada 100 mil.

 

De los ensayos citados en la entrada de estas notas, leídos en uno de los órganos teóricos  del PAN, Propuesta, en el de John Bailey éste concluye: “El crimen organizado es de tal significado que su comprensión y tratamiento debe trascender el cumplimiento de la ley. Las cuestiones deben ser cubiertas en los contextos más amplios de la política y la economía”. Prédicas en el desierto que se estrellan en la insensibilidad de la tecnoburocracia panista -exenta de control de confianza-, que mandó al diablo el Humanismo político.

 

Responsabilidad

de los funcionarios

Imposible salir del tema, si no agregamos una cita más. Ésta, del itamita -identidad de los egresados del Instituto Autónomo de México, ITAM, por el que pasó Calderón Hinojosa) Rodolfo Vázquez, El Estado de Derecho y su justificación: “La mera existencia empírica de un ordenamiento jurídico no garantiza ipso facto un Estado de Derecho. Para que éste sea posible, se deben satisfacer cuatro condiciones internas que resumiría en las siguientes: 1) primacía de la ley, 2) respeto y promoción de los derechos fundamentales; 3) Control judicial de la constitucionalidad; y 4) responsabilidad de los funcionarios.

 

“Responsabilidad de los funcionarios y principio de publicidad. … No es suficiente con la objetividad, sino que también se requiere que los hombres de acción -legisladores, jueces, gobernantes en general- sepan adecuar sus actos a los principios; es decir, que actúen con coherencia y que sus acciones sean conocidas por la comunidad. En otros términos, no pueden existir responsabilidad ni compromisos reales si los principios normativos y las decisiones no terminan siendo públicas (…) La caracterización de la publicidad de los actos de gobierno en un Estado de Derecho es una de sus exigencias internas más relevantes. La delimitación pública de lo justo y lo injusto, de lo permitido y lo prohibido, es el fundamento de la misma seguridad jurídica, ya que es ella la que permite a los ciudadanos prever las consecuencias deónticas de sus acciones. Como señala Ernesto Garzón Valdés: ‘nada más peligroso para la existencia del Estado de Derecho que la reducción de la publicidad de las medias gubernamentales, sea dificultando el acceso a la información, sea mediante la práctica de la sanción de medidas secretas o de conocimiento reservado a un grupo de iniciados, tal como suele suceder en los regímenes totalitarios’. Por ello, en un Estado liberal igualitario de Derecho, todo ciudadano debe tener acceso a la información que le permita ejercer el derecho de control de los funcionarios públicos y participar como verdadero elector en el gobierno. Justamente porque la publicidad es un principio normativo, puede servir de criterio para juzgar acerca de la calidad democrática de un sistema político: cuando está presente se habla de razón de derecho, cuando está ausente, de razón de Estado”

 

Es de sospecharse que los egresados de la Escuela Libre de Derecho que hoy detentan el PAN-Gobierno, no recibieron en sus aulas ese tipo de sabiduría jurídica. O de plano, como sostiene  Garzón Valdés, se sienten socios de un grupo de iniciados intocables, tal como suele suceder en los regímenes totalitarios. Vale.

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