Tomamos como núcleo de esta entrega, la letra de Antonio Gramsci: Si la clase dominante ha perdido el consenso; esto es, si ya no es “dirigente”, sino sólo dominante, ejerciendo únicamente la fuerza coercitiva, esto significa precisamente que las grandes masas se han distanciado de sus ideologías tradicionales y ya no creen en lo que solían creer previamente.

Pergeñamos estas notas el Día Internacional de la Libertad de Prensa… en México. Qué ironía.

Ese día, los medios mexicanos y extranjeros se desbordan con la noticia de que fue capturado El licenciado… “Entre abogados te veas”.

El Presidente de la República, en su hora Felipe Calderón Hinojosa, sobre una montaña de más de 70 mil cadáveres y el dato de más de 20 mil desaparecidos, declara: Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca. Las víctimas inocentes sólo son daños colaterales.

El Presidente de la República, en estos días Enrique Peña Nieto, declara: La crisis sólo está en la mente de algunos.

La mañana del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el procurador general de la República, Raúl Cervantes asegura que la corrupción en México, es un asunto de percepción.

 

El círculo virtuoso del poder en México

Cambio de página: Para trazar la geometría del poder en México, es preciso primero imaginar un círculo virtuoso.

Antes de continuar, subrayemos dos conceptos: El régimen mexicano, para todo efecto práctico, es presidencialista. La democracia mexicana, es representativa.

La representación -ya no funciona la intermediación política- opera, básicamente, al través de los partidos políticos con registro legal. Los partidos son codificados constitucionalmente como entidades de interés público. Su principal prerrogativa es el financiamiento público, cuyo origen son los impuestos de los contribuyentes cautivos.

Los partidos son la banda de trasmisión para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan… Eso dice el artículo 41 de la Constitución.

El lápiz para trazar el círculo virtuoso nos sitúa en el momento en que se inician los preparativos de elecciones generales. En ellas se eligen por sufragio universal, libre, secreto y directo (eso dicta la Constitución) Presidente de la República y miembros del Poder Legislativo.

Una vez que los partidos nombran a sus candidatos presidenciales, cada cual se encarga de palomear candidatos a senadores y diputados.

El candidato presidencial brinda seguridad de arribo al Congreso de la Unión a selectos correligionarios por la vía plurinominal (se les denomina de representación proporcional).

Esos candidatos plurinominales (200 diputados; 28 senadores) no reciben mandato electoral directo, pero son escogidos porque de la lista saldrán los futuros coordinadores de las cámaras federales y tendrán fáctica facultad de nombrar presidentes de las comisiones de dictamen.

 

Los consejeros y magistrados electorales

La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de designar a once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a cuyo cargo corre la administración de los procesos electorales tanto federales como, por convenio ahora, estatales.

Al Senado le corresponde, a propuesta del Presidente de la República, ratificar a once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los once ministros de la Corte Suprema les toca, por el sistema de terna, proponer siete candidatos al puesto de magistrado electoral, que deben ser ratificados por el Senado.

Esos siete magistrados integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las resoluciones del pleno de los magistrados electorales, son definitivas e inatacables.

Esos siete magistrados tendrán la facultad de realizar el cómputo final de la elección de presidente de la República y de declarar la validez de la elección, y autorizarán, casi invariablemente por unanimidad, al candidato que determinan triunfante a cruzarse la banda presidencial. La sentencia, repetimos, es definitiva e inatacable. De ahí, no hay más allá.

Tanto los consejeros como los magistrados electorales federales, actuarán ceñidos a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Eso dicta la Constitución.

 

270 individuos tienen la sartén por el mango

Para las elecciones generales de 2018, es posible que el Registro Federal de Electores, órgano del INE, tenga un padrón de unos 90 millones de mexicanos con derechos electorales a salvo.

En un conteo libre, tenemos que la democracia representativa “a la mexicana” queda en manos de unos 260 individuos.

Si toda la estructura y facultades descritas están definidas por el régimen constitucional, ¿por qué, desde hace por lo menos diez años, desde el exterior se ve al de México como un Estado fallido?

¿Por qué, desde en nuestro interior, se observa que México pasa por un peligroso periodo de ingobernabilidad?

Esos graves fenómenos políticos se remiten al diagnóstico sicológico: Son mera percepción. Sólo están en la mente de algunos.

 

De cómo anda la credibilidad de los Poderes de la Unión

El segundo punto de esta entrega es, el siguiente: De acuerdo con recientes levantamientos demoscópicos, la confiablidad en los partidos políticos está en un nivel fluctuante entre 10 y 12 por ciento.

El nivel de reprobación popular de la gestión presidencial está por encima del 80 por ciento. La credibilidad en el Poder Legislativo federal ronda en un porcentaje similar.

El Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Constitucional (la Corte Suprema) y el Tribunal Electoral, con todo y sus códigos de Ética, sometidos al escrutinio popular, marchan en el mismo nivel de descrédito que los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Algunos de los propios integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocen que la confianza en los órganos electorales ha venido a la baja en la más reciente década.

La mayoría de los jóvenes le hace asco la política y en algunas investigaciones académicas sobre Constitución y Cultura Democrática en México, la conclusión es que la mayoría de los mexicanos ha perdido la fe en la democracia.

Algunas encuestas internacionales aseguran, incluso, que un significativo porcentaje de los ciudadanos mexicanos no estaría en desacuerdo con la implantación de una dictadura, que acepte abiertamente tal tipificación.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reporta con regularidad indicadores de confianza de consumidores y empresarios, que expresan cada vez con más recurrencia su pesimismo, sobre todo sobre el futuro de la economía. El Banco de México hace lo propio con grupos de hombres de negocios y el resultado no es más alentador.

 

Proscrita, la Comunicación Política

El origen de ese estado de incredulidad, de suspicacia y escepticismo populares, puede tener su fuente en una hipótesis que no requiere demostración científica, a saber:

Desde hace por lo menos cuatro sexenios, se ha abandonado la imprescindible  Comunicación Política entre los poderes instituidos y otros componentes del Estado. La interlocución  ha devenido puro monólogo de oráculos. 

La política de Comunicación Social de las presidencias de la República en los últimos tres sexenios ha tenido como instrumento, preferentemente, las cadenas televisivas estatales u oficiales, y las concesionadas.

Contra esa opción política y electoralmente utilitaria casi institucionalizada, operan ahora las redes sociales, la mayoría fuera del control estatal.

Agentes gubernamentales pretenden neutralizar el impacto de los mensajes de esas redes privadas, incursionando en algunas de sus modalidades con resultados más que frustráneos, pues atizan las réplicas que dejan el remedio peor que la enfermedad.

La falta de credibilidad de los medios electrónicos (con un indicador de confianza de  entre 16 y 18 por ciento) arrastra la credibilidad del gobierno de la República en turno.

 

Viraje en la producción de opinión pública

En ese fenómeno regresivo y políticamente inestable y disolvente incide el proceso de transferencia de la propiedad de los medios, tanto impresos como electrónicos, al sector empresarial privado; lo mismo si se trata de la propiedad social que caracterizó buena parte de los medios impresos de la capital del país; que los electrónicos, en los que el Estado se esforzó por mantener un equilibrio que a la postre le ha resultado catastrófico.

Los medios impresos tradicionales privilegiaron sus espacios de opinión para los periodistas de oficio forjados en sus propias redacciones, si bien los compartían eventualmente con cuadros de la academia, de la política y de la administración pública. Estos últimos actuaban como legitimadores de la obra del partido del y en el gobierno.

Hubo medios impresos que se acreditaron ante su público por la presencia editorial de destacados intelectuales mexicanos, alguno de los cuales, como Octavio Paz, mereció el Premio Nobel de Literatura. Los científicos acudieron a las columnas de esos medios para la divulgación de los hallazgos de la vieja Ciencia y de la nueva Tecnología.

 

Los nuevos “líderes de opinión”

La modernidad neoliberal, al son del cambio de propietarios o concesionarios, auspició el control simultáneo por las mismas firmas editoriales de los medios electrónicos y los impresos.

La nueva tendencia editorial se apoyó en el   reclutamiento de escritores de opinión externos, simpatizantes y en algunos casos militantes en el modelo neoliberal, egresados de los centros de educación superior privados; no pocos de ellos con posgrado en universidades extranjeras.

El uso hasta la segunda mitad del siglo pasado, identificaba a esos productores de opinión como intelectuales orgánicos. La malicia política, un tanto resentida por la veleidad de esos opinantes, decantó ese uso y les llamó intelectuales mutantes.

Ahora la nueva camada, a la que se le da la categoría de “líderes de opinión”, domina el espectro editorial en el que circulan entre la academia y casi en los mismos horarios en los diversos pisos televisivos y radiofónicos y, espaciados, tienen presencia adicional en los medios impresos.

 

Profetas de la “transición democrática”

Desde 1988 y con más visibilidad entre 1997 y 2000, los nuevos “líderes de opinión” -entonces se codificaba a algunos de ellos como antisistémicos-, se gratificaron con lo se publicitó como transición democrática y hasta anunciaron su fase superior: La metapolítica.

Cruzaron ese periodo, hasta 2102, dos usurpaciones del poder presidencial y dos alternancias en Los Pinos.

Aquí aventuramos una evaluación de ese cambio en el modelo de comunicación social y de formación de opinión pública: Desde sus trincheras orales o impresas, esos “líderes de opinión” se expresan asiduamente a lomo de coyunturas noticiosas; emiten sus juicios de valor sobre los sucesos más escandalosos de ocasión, de preferencia si los protagonistas están fuera del “sistema” o si pertenecen a partidos que pugnan por el poder contra el partido en el gobierno.

En las últimas tres décadas, dos partidos predominantes han compartido el poder y la fuerza del Estado; un tercero, sobre todo con la firma del fáctico Pacto por México, se ha sumado al reparto, así haya sido requerido sólo para construir mayorías artificiales en el Poder Legislativo a fin de sacar reformas constitucionales que exigen mayoría calificada, o leyes reglamentarias ordinarias, que pasan por mayoría absoluta, y hasta relativa, según convenga al Ejecutivo en funciones.

Como quedó consignado líneas antes, la materia del combate editorial y político de los “líderes de opinión”, es recogida de episodios de escándalo que, en buen criterio académico y periodístico, apenas darían para la simple picaresca o pasto de columnas y secciones de farándula.

En las tres décadas que tomamos como marco de referencia, el poder autocrático, agente del modelo neoliberal, con independencia de siglas o colores partidistas, ha instrumentado y ejecutado radicales reformas estructurales.

 

Los anuncios de Carlos Salinas de Gortari

Esa iniciativa-coartada, tal como la expresó en agosto de 1987 el priista Carlos Salinas de Gortari, “respondió” a que el “mexicano de hoy plantea la renovación de sus costumbres y va estableciendo nuevos hábitos, privilegiando los valores de la moralidad, de la familia, del respeto y la solidaridad. Hay un México nuevo por delante: Es el que estamos construyendo”.

A partir de 1988, ya con el poder presidencial usurpado, Salinas de Gortari  fue puntualmente congruente con su visión expuesta en la pasarela tricolor del 87: “Cerrarse al cambio mundial, por ignorancia o temor, sería condenar a la nación a perpetuar viejos rezagos y permitir nuevas formas de dependencia.

“El desafío es ubicarse en su dinámica (del cambio mundial: La globalización) con estrategia definida y voluntad propia. Es la única manera de acrecentar nuestra presencia como nación soberana, con voz digna y capacidad reconocida en el complejo, tenso, escenario internacional”.

 

Después del “golpe de Estado técnico”

El arribo de Salinas de Gortari a Los Pinos, fue producto de lo que el constitucionalista michoacano y diputado por el PRI a la LIV Legislatura federal, don Antonio Martínez Báez, tipificó como Golpe de Estado técnico.

La “estrategia definida” de la que habló el precandidato priista Salinas de Gortari en el 87, no fue más que la ruta de navegación hacia una sociedad de servidumbre por la vía de la anexión de México a la economía de los Estados Unidos.

El “priista” Ernesto Zedillo llegó a Los Pinos como suplente del candidato priista asesinado Luis Donaldo Colosio; el panista Vicente Fox, lo sucedió envuelto en la crisis político-judicial de los Amigos de Fox; el también panista Felipe Calderón escaló mediante una usurpación rigurosamente avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia jurisdiccional por la que pasó airoso, previo al 2012, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña “construyeron” y transitaron el camino correcto que ha dejado en poco menos que trizas la soberanía nacional de México; humillado ahora por la insolencia del republicano Donald Trump; y una sociedad polarizada al límite de la subversión y la ruptura institucional.

 

Lo que no se cuestiona: La legitimidad del poder  

Los “líderes de opinión” que hoy se desgarran la toga y se dan baños de ceniza por la galopante corrupción que pudre en criminal simbiosis al gobierno y al sector privado, salvo algunas excepciones, han procurado no meterse en camisa de once varas cuestionando la legitimidad del Presidente en turno; del partido que lo llevó al poder; del sistema en su conjunto, del establishment y su red de poderes fácticos, incluyendo el del crimen organizado.

En tiempos políticos idos, era común que los cínicos exégetas del viejo sistema electoral defendieran los triunfos del “partido casi único” obtenidos, decían, a la legalona.

Los detractores de esas prácticas -algunos teóricos llegaron a codificarlas como centralismo democrático, al estilo soviético-, denunciaron esas victorias electorales a la legalona (hasta 1994 doce elecciones presidenciales, 24 de legisladores federales y 360 de gobernadores, etcétera) y siempre fueron puntillosos en subrayar la ilegitimidad del ejercicio del poder suplantado, vía usurpación de la voluntad popular.

Legitimidad es el verbo. La noción jurídica la identifica como cualidad de ser conforme un mandato legal. La Ciencia Política la aplica a la operación que se aparta de la coacción. Un Estado legítimo, sería aquel que se funda en el consenso entre los miembros de la comunidad política.

La “cultura” del subdesarrollo político, el de los “usos y costumbres”,  que habla de “a la legalona”, nos informa que en el esquema de la práctica parlamentaria, el que hace la ley, hace la trampa.

 

Las normas que “nos dio el legislador”

No es, eso, mero folclor: Los maestros y doctores que despachan en el INE y en el TEPJF, siempre tienen a la mano la excusa: Estas son las normas que nos dio el legislador. El fraude electoral, bajo esta óptica, es “legal”. Ergo, los gobernantes encumbrados por el fraude electoral, son “legítimos”. Lo tragas o lo vomitas.

Retornamos a lo dicho en los colegios electorales de 1988, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por el respetable constitucionalista priista don Antonio Martínez Báez: La declaración de Presidente electo en favor de Salinas de Gortari fue un Golpe de Estado técnico.

Ca-sual-men-te, ocho meses después -el 5 de mayo de 1989, se cumplen ya 28 años-,  aquel palacio fue envuelto en llamas. Los sospechosistas insinuaron que fue una operación para que se convirtieran en cenizas los paquetes electorales del 88. Los paquetes electorales “la libraron”; de todas maneras, fueron quemados en 1991.

Dos perversas consecuencias de la usurpación del 88

Dos consecuencias derivaron de aquel golpe de Estado técnico: El 1 de diciembre de 1988, se instaló en Los Pinos Carlos Salinas de Gortari. Al día siguiente, en la residencia presidencial, el Partido Acción Nacional (PAN) firmó con su convocante la Alianza estratégica. La permuta: “Legitimidad” de gestión a cambio de concertacesiones electorales.

Y así se presentó la neoliberal Generación del cambio. Del tronco común - en el directorio onomástico omitimos a los muertos y sólo citamos a los que han permanecido o permanecen en activo-, con independencia de partidos y de su presencia en los Poderes de la Unión.

Son personajes como Ángel Heladio Aguirre Rivero; ex gobernador de Guerrero que terminó defenestrado.

Carlos Almada López, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000; recientemente removido de la Embajada de México en Japón.

Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, operador de la reprivatización del sistema de banca y crédito. Después asesor financiero desde el sector privado de varios gobiernos de los estados.

Mariano Azuela Gúitrón, más tarde ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, involucrado en la conspiración pinolera de 2005 para el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, en su momento senador y gestor legislativo de la primera Reforma Energética de Felipe Calderón Hinojosa en 2008. Precandidato presidencial en 2011 y hace poco cesado en la dirigencia nacional del PRI.

Herminio Blanco Mendoza, del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Luis Felipe Bravo Mena, ex coordinador de la campaña presidencial de Miguel de la  Madrid en el Estado de México; hoy comisionado anticorrupción del PAN.

Felipe Calderón Hinojosa, entonces representante a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien en  2006 se instaló en Los Pinos, aiga sido como aiga sido.

Manuel Cavazos Lerma, diputado “facilitador” de la reprivatización bancaria; ex gobernador de Tamaulipas nombrado en una alerta de 2012 de la Procuraduría General de la República a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hoy de nuevo miembro de la bancada priista en el Senado.

José María Córdoba Montoya, jefe entonces de la Oficina de la Presidencia de la República, muchas veces citado en el expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Dante Alfonso Delgado Rennauro, después gobernador interino de Veracruz; hoy usufructuario de la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano.

Diego Fernández de Cevallos, diputado a la LV Legislatura federal, la que quemó los paquetes electorales de 1988. Después candidato presidencial del PAN en 1994.

Juan Francisco Frías Castro, después diputado federal en la Subcomisión Instructora que instrumentó el desafuero de López Obrador.

Emilio Gamboa Patrón, cuyo nombre apareció en 1994 en las crónicas sobre persecución del empresario y banquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche. Actualmente, senador por segunda vez.

Domiro Roberto García Reyes, comisionado del Estado Mayor Presidencial para la seguridad de Luis Donaldo Colosio en 1994.

José Ángel Gurría Treviño, del establo de la Secretaría de Hacienda para la negociación de la deuda externa; hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que México fue dado de alta después del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Fidel Herrera Beltrán, después gobernador de Veracruz y padrino político de su sucesor  Javier Duarte de Ochoa.

Pedro Joaquín Coldwell, hoy uno de los responsables de la instrumentación de la segunda Reforma Energética; la de Enrique Peña Nieto.

Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, candidato derrotado en las presidenciales de 2000 y presidente de la Comisión de Energía del Senado que plancho la Reforma Energética calderoniana de 2008.

Emilio Lozoya Thalman, padre del reciente ex director general de Pemex, Lozoya Austin, hace unos días exonerado en una solicitud de juicio político.

Alejandro Luna Ramos, al tiempo magistrado  del Tribunal Electoral federal por el que pasó la designación de Calderón Hinojosa en 2006.

Roberto Madrazo Pintado, después presidente nacional del PRI en la fórmula en la que lo acompañó Elba Esther Gordillo Morales (hoy prisionera) y candidato presidencial tricolor en las presidenciales de 2006.

Esteban Moctezuma Barragán, en 1999 secretario de Gobernación.

Rogelio Montemayor Seguy, entonces diputado operador legislativo de la desnacionalización de la banca, luego gobernador de Coahuila y más tarde director general de Pemex, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000.

Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de México y precandidato fallido a la Presidencia de la República.

Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en 1994; de nuevo avecindado del estado de Tamaulipas.

Jesús Murillo Karam, después gobernador de Hidalgo y procurador federal en este sexenio, autor de la “verdad histórica” de La noche de Iguala en 2014.

José Narro Robles, después rector de la UNAM y ahora secretario de Salud.

Arturo Núñez Jiménez, ex subsecretario priista de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación; hoy gobernador perredista de Tabasco.

Guillermo Ortiz Martínez, otro actor y publicista de la desnacionalización bancaria, mencionado en el Error de diciembre de 1994; después gobernador del Banco de México y ejecutivo reciente de un banco privado-

José Andrés de Oteiza Fernández, asesor ahora de empresas contratistas extranjeras, envueltas en escándalos de corrupción-

Gustavo Petricioli Iturbe, patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México, secretario de Hacienda cuando el pavoroso crack de la Bolsa Mexicana de Valores en 1987; después embajador de México en los Estados Unidos.

Jacques Rogozinski Schultman, coordinador entonces de la Unidad de Desincorporación de la SHCP para la privatización de entes públicos.

Francisco Rojas Gutiérrez, director general de Pemex; después denunciante de la Reforma Energética de Calderón Hinojosa; con Peña Nieto, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relevado por el actual presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Carlos Romero Deschamps, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000; hoy senador.

Humberto Roque Villanueva, ex dirigente nacional del PRI, hoy subsecretario de Gobernación.

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador concertacesionado de Baja California, hoy senador por el PAN y tirador a la candidatura presidencial panista para 2018.

José Jaime Serra Puche, ex secretario de Industria y Comercio, negociador y defensor ahora del TLCAN; hoy vendedor de asesorías desde el sector privado.

Luis Téllez Kuenzler, jefe de la Oficina de la Presidencia de Zedillo, agente en México del grupo Carlyle, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y consejero de Pemex.

Tomás Yarrington Ruvalcaba es, con Javier Duarte de Ochoa, hombre del día retenido en Italia con causas en cortes penales de los Estados Unidos y México relacionadas con el narco y lavado de dinero.

El tamaulipeco, con su paisano Manuel Cavazos Lerma, tuvo su plataforma de despegue en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto. Su jefe era el director general de Política Económica y Social, Carlos Salinas de Gortari.

Una nómina de mandarines para recordar, en la ruta del neoliberalismo depredador, desde donde amigo vengo. Es cuanto por hoy.

 

Abraham García Ibarra -

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