joomla visitor
AuditorŪa
Aquí está… El huevo de la serpiente
Voces Diario
Banner
Cert√°men XLVI
Banner
Voces del Periodista EnVivo
Banner
Radioteca
Club de Periodistas
Posada del Periodista
Banner
Buscar Autor o Artículo
ÔĽŅ
PULSE LA TECLA ENTER
355
Banner
354
Banner
353
Banner
352
Banner
English Arabic French German Japanese Portuguese Spanish

Ver Otros Artículos de Este Autor

Edición 357

06 mini

Tomamos como n√ļcleo de esta entrega, la letra de Antonio Gramsci: Si la clase dominante ha perdido el consenso; esto es, si ya no es ‚Äúdirigente‚ÄĚ, sino s√≥lo dominante, ejerciendo √ļnicamente la fuerza coercitiva, esto significa precisamente que las grandes masas se han distanciado de sus ideolog√≠as tradicionales y ya no creen en lo que sol√≠an creer previamente.

Perge√Īamos estas notas el D√≠a Internacional de la Libertad de Prensa‚Ķ en M√©xico. Qu√© iron√≠a.

Ese d√≠a, los medios mexicanos y extranjeros se desbordan con la noticia de que fue capturado El licenciado‚Ķ ‚ÄúEntre abogados te veas‚ÄĚ.

El Presidente de la Rep√ļblica, en su hora Felipe Calder√≥n Hinojosa, sobre una monta√Īa de m√°s de 70 mil cad√°veres y el dato de m√°s de 20 mil desaparecidos, declara: Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca. Las v√≠ctimas inocentes s√≥lo son da√Īos colaterales.

El Presidente de la Rep√ļblica, en estos d√≠as Enrique Pe√Īa Nieto, declara: La crisis s√≥lo est√° en la mente de algunos.

La ma√Īana del D√≠a Internacional de la Libertad de Prensa, el procurador general de la Rep√ļblica, Ra√ļl Cervantes asegura que la corrupci√≥n en M√©xico, es un asunto de percepci√≥n.

 

El círculo virtuoso del poder en México

Cambio de página: Para trazar la geometría del poder en México, es preciso primero imaginar un círculo virtuoso.

Antes de continuar, subrayemos dos conceptos: El régimen mexicano, para todo efecto práctico, es presidencialista. La democracia mexicana, es representativa.

La representaci√≥n -ya no funciona la intermediaci√≥n pol√≠tica- opera, b√°sicamente, al trav√©s de los partidos pol√≠ticos con registro legal. Los partidos son codificados constitucionalmente como entidades de inter√©s p√ļblico. Su principal prerrogativa es el financiamiento p√ļblico, cuyo origen son los impuestos de los contribuyentes cautivos.

Los partidos son la banda de trasmisi√≥n para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder p√ļblico, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan‚Ķ Eso dice el art√≠culo 41 de la Constituci√≥n.

El l√°piz para trazar el c√≠rculo virtuoso nos sit√ļa en el momento en que se inician los preparativos de elecciones generales. En ellas se eligen por sufragio universal, libre, secreto y directo (eso dicta la Constituci√≥n) Presidente de la Rep√ļblica y miembros del Poder Legislativo.

Una vez que los partidos nombran a sus candidatos presidenciales, cada cual se encarga de palomear candidatos a senadores y diputados.

El candidato presidencial brinda seguridad de arribo al Congreso de la Unión a selectos correligionarios por la vía plurinominal (se les denomina de representación proporcional).

Esos candidatos plurinominales (200 diputados; 28 senadores) no reciben mandato electoral directo, pero son escogidos porque de la lista saldr√°n los futuros coordinadores de las c√°maras federales y tendr√°n f√°ctica facultad de nombrar presidentes de las comisiones de dictamen.

 

Los consejeros y magistrados electorales

La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de designar a once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a cuyo cargo corre la administración de los procesos electorales tanto federales como, por convenio ahora, estatales.

Al Senado le corresponde, a propuesta del Presidente de la Rep√ļblica, ratificar a once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n.

A los once ministros de la Corte Suprema les toca, por el sistema de terna, proponer siete candidatos al puesto de magistrado electoral, que deben ser ratificados por el Senado.

Esos siete magistrados integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las resoluciones del pleno de los magistrados electorales, son definitivas e inatacables.

Esos siete magistrados tendr√°n la facultad de realizar el c√≥mputo final de la elecci√≥n de presidente de la Rep√ļblica y de declarar la validez de la elecci√≥n, y autorizar√°n, casi invariablemente por unanimidad, al candidato que determinan triunfante a cruzarse la banda presidencial. La sentencia, repetimos, es definitiva e inatacable. De ah√≠, no hay m√°s all√°.

Tanto los consejeros como los magistrados electorales federales, actuar√°n ce√Īidos a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, m√°xima publicidad y objetividad. Eso dicta la Constituci√≥n.

 

270 individuos tienen la sartén por el mango

Para las elecciones generales de 2018, es posible que el Registro Federal de Electores, órgano del INE, tenga un padrón de unos 90 millones de mexicanos con derechos electorales a salvo.

En un conteo libre, tenemos que la democracia representativa ‚Äúa la mexicana‚ÄĚ queda en manos de unos 260 individuos.

Si toda la estructura y facultades descritas est√°n definidas por el r√©gimen constitucional, ¬Ņpor qu√©, desde hace por lo menos diez a√Īos, desde el exterior se ve al de M√©xico como un Estado fallido?

¬ŅPor qu√©, desde en nuestro interior, se observa que M√©xico pasa por un peligroso periodo de ingobernabilidad?

Esos graves fenómenos políticos se remiten al diagnóstico sicológico: Son mera percepción. Sólo están en la mente de algunos.

 

De cómo anda la credibilidad de los Poderes de la Unión

El segundo punto de esta entrega es, el siguiente: De acuerdo con recientes levantamientos demoscópicos, la confiablidad en los partidos políticos está en un nivel fluctuante entre 10 y 12 por ciento.

El nivel de reprobación popular de la gestión presidencial está por encima del 80 por ciento. La credibilidad en el Poder Legislativo federal ronda en un porcentaje similar.

El Poder Judicial de la Federaci√≥n, el Tribunal Constitucional (la Corte Suprema) y el Tribunal Electoral, con todo y sus c√≥digos de √Čtica, sometidos al escrutinio popular, marchan en el mismo nivel de descr√©dito que los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Algunos de los propios integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocen que la confianza en los órganos electorales ha venido a la baja en la más reciente década.

La mayoría de los jóvenes le hace asco la política y en algunas investigaciones académicas sobre Constitución y Cultura Democrática en México, la conclusión es que la mayoría de los mexicanos ha perdido la fe en la democracia.

Algunas encuestas internacionales aseguran, incluso, que un significativo porcentaje de los ciudadanos mexicanos no estaría en desacuerdo con la implantación de una dictadura, que acepte abiertamente tal tipificación.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reporta con regularidad indicadores de confianza de consumidores y empresarios, que expresan cada vez con más recurrencia su pesimismo, sobre todo sobre el futuro de la economía. El Banco de México hace lo propio con grupos de hombres de negocios y el resultado no es más alentador.

 

Proscrita, la Comunicación Política

El origen de ese estado de incredulidad, de suspicacia y escepticismo populares, puede tener su fuente en una hipótesis que no requiere demostración científica, a saber:

Desde hace por lo menos cuatro sexenios, se ha abandonado la imprescindible  Comunicaci√≥n Pol√≠tica entre los poderes instituidos y otros componentes del Estado. La interlocuci√≥n  ha devenido puro mon√≥logo de or√°culos. 

La pol√≠tica de Comunicaci√≥n Social de las presidencias de la Rep√ļblica en los √ļltimos tres sexenios ha tenido como instrumento, preferentemente, las cadenas televisivas estatales u oficiales, y las concesionadas.

Contra esa opción política y electoralmente utilitaria casi institucionalizada, operan ahora las redes sociales, la mayoría fuera del control estatal.

Agentes gubernamentales pretenden neutralizar el impacto de los mensajes de esas redes privadas, incursionando en algunas de sus modalidades con resultados más que frustráneos, pues atizan las réplicas que dejan el remedio peor que la enfermedad.

La falta de credibilidad de los medios electr√≥nicos (con un indicador de confianza de  entre 16 y 18 por ciento) arrastra la credibilidad del gobierno de la Rep√ļblica en turno.

 

Viraje en la producci√≥n de opini√≥n p√ļblica

En ese fenómeno regresivo y políticamente inestable y disolvente incide el proceso de transferencia de la propiedad de los medios, tanto impresos como electrónicos, al sector empresarial privado; lo mismo si se trata de la propiedad social que caracterizó buena parte de los medios impresos de la capital del país; que los electrónicos, en los que el Estado se esforzó por mantener un equilibrio que a la postre le ha resultado catastrófico.

Los medios impresos tradicionales privilegiaron sus espacios de opini√≥n para los periodistas de oficio forjados en sus propias redacciones, si bien los compart√≠an eventualmente con cuadros de la academia, de la pol√≠tica y de la administraci√≥n p√ļblica. Estos √ļltimos actuaban como legitimadores de la obra del partido del y en el gobierno.

Hubo medios impresos que se acreditaron ante su p√ļblico por la presencia editorial de destacados intelectuales mexicanos, alguno de los cuales, como Octavio Paz, mereci√≥ el Premio Nobel de Literatura. Los cient√≠ficos acudieron a las columnas de esos medios para la divulgaci√≥n de los hallazgos de la vieja Ciencia y de la nueva Tecnolog√≠a.

 

Los nuevos ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ

La modernidad neoliberal, al son del cambio de propietarios o concesionarios, auspició el control simultáneo por las mismas firmas editoriales de los medios electrónicos y los impresos.

La nueva tendencia editorial se apoy√≥ en el   reclutamiento de escritores de opini√≥n externos, simpatizantes y en algunos casos militantes en el modelo neoliberal, egresados de los centros de educaci√≥n superior privados; no pocos de ellos con posgrado en universidades extranjeras.

El uso hasta la segunda mitad del siglo pasado, identificaba a esos productores de opinión como intelectuales orgánicos. La malicia política, un tanto resentida por la veleidad de esos opinantes, decantó ese uso y les llamó intelectuales mutantes.

Ahora la nueva camada, a la que se le da la categor√≠a de ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ, domina el espectro editorial en el que circulan entre la academia y casi en los mismos horarios en los diversos pisos televisivos y radiof√≥nicos y, espaciados, tienen presencia adicional en los medios impresos.

 

Profetas de la ‚Äútransici√≥n democr√°tica‚ÄĚ

Desde 1988 y con m√°s visibilidad entre 1997 y 2000, los nuevos ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ -entonces se codificaba a algunos de ellos como antisist√©micos-, se gratificaron con lo se publicit√≥ como transici√≥n democr√°tica y hasta anunciaron su fase superior: La metapol√≠tica.

Cruzaron ese periodo, hasta 2102, dos usurpaciones del poder presidencial y dos alternancias en Los Pinos.

Aqu√≠ aventuramos una evaluaci√≥n de ese cambio en el modelo de comunicaci√≥n social y de formaci√≥n de opini√≥n p√ļblica: Desde sus trincheras orales o impresas, esos ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ se expresan asiduamente a lomo de coyunturas noticiosas; emiten sus juicios de valor sobre los sucesos m√°s escandalosos de ocasi√≥n, de preferencia si los protagonistas est√°n fuera del ‚Äúsistema‚ÄĚ o si pertenecen a partidos que pugnan por el poder contra el partido en el gobierno.

En las √ļltimas tres d√©cadas, dos partidos predominantes han compartido el poder y la fuerza del Estado; un tercero, sobre todo con la firma del f√°ctico Pacto por M√©xico, se ha sumado al reparto, as√≠ haya sido requerido s√≥lo para construir mayor√≠as artificiales en el Poder Legislativo a fin de sacar reformas constitucionales que exigen mayor√≠a calificada, o leyes reglamentarias ordinarias, que pasan por mayor√≠a absoluta, y hasta relativa, seg√ļn convenga al Ejecutivo en funciones.

Como qued√≥ consignado l√≠neas antes, la materia del combate editorial y pol√≠tico de los ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ, es recogida de episodios de esc√°ndalo que, en buen criterio acad√©mico y period√≠stico, apenas dar√≠an para la simple picaresca o pasto de columnas y secciones de far√°ndula.

En las tres décadas que tomamos como marco de referencia, el poder autocrático, agente del modelo neoliberal, con independencia de siglas o colores partidistas, ha instrumentado y ejecutado radicales reformas estructurales.

 

Los anuncios de Carlos Salinas de Gortari

Esa iniciativa-coartada, tal como la expres√≥ en agosto de 1987 el priista Carlos Salinas de Gortari, ‚Äúrespondi√≥‚ÄĚ a que el ‚Äúmexicano de hoy plantea la renovaci√≥n de sus costumbres y va estableciendo nuevos h√°bitos, privilegiando los valores de la moralidad, de la familia, del respeto y la solidaridad. Hay un M√©xico nuevo por delante: Es el que estamos construyendo‚ÄĚ.

A partir de 1988, ya con el poder presidencial usurpado, Salinas de Gortari  fue puntualmente congruente con su visi√≥n expuesta en la pasarela tricolor del 87: ‚ÄúCerrarse al cambio mundial, por ignorancia o temor, ser√≠a condenar a la naci√≥n a perpetuar viejos rezagos y permitir nuevas formas de dependencia.

‚ÄúEl desaf√≠o es ubicarse en su din√°mica (del cambio mundial: La globalizaci√≥n) con estrategia definida y voluntad propia. Es la √ļnica manera de acrecentar nuestra presencia como naci√≥n soberana, con voz digna y capacidad reconocida en el complejo, tenso, escenario internacional‚ÄĚ.

 

Despu√©s del ‚Äúgolpe de Estado t√©cnico‚ÄĚ

El arribo de Salinas de Gortari a Los Pinos, fue producto de lo que el constitucionalista michoacano y diputado por el PRI a la LIV Legislatura federal, don Antonio Martínez Báez, tipificó como Golpe de Estado técnico.

La ‚Äúestrategia definida‚ÄĚ de la que habl√≥ el precandidato priista Salinas de Gortari en el 87, no fue m√°s que la ruta de navegaci√≥n hacia una sociedad de servidumbre por la v√≠a de la anexi√≥n de M√©xico a la econom√≠a de los Estados Unidos.

El ‚Äúpriista‚ÄĚ Ernesto Zedillo lleg√≥ a Los Pinos como suplente del candidato priista asesinado Luis Donaldo Colosio; el panista Vicente Fox, lo sucedi√≥ envuelto en la crisis pol√≠tico-judicial de los Amigos de Fox; el tambi√©n panista Felipe Calder√≥n escal√≥ mediante una usurpaci√≥n rigurosamente avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci√≥n, instancia jurisdiccional por la que pas√≥ airoso, previo al 2012, el gobernador del Estado de M√©xico, Enrique Pe√Īa Nieto.

Salinas, Zedillo, Fox, Calder√≥n y Pe√Īa ‚Äúconstruyeron‚ÄĚ y transitaron el camino correcto que ha dejado en poco menos que trizas la soberan√≠a nacional de M√©xico; humillado ahora por la insolencia del republicano Donald Trump; y una sociedad polarizada al l√≠mite de la subversi√≥n y la ruptura institucional.

 

Lo que no se cuestiona: La legitimidad del poder  

Los ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ que hoy se desgarran la toga y se dan ba√Īos de ceniza por la galopante corrupci√≥n que pudre en criminal simbiosis al gobierno y al sector privado, salvo algunas excepciones, han procurado no meterse en camisa de once varas cuestionando la legitimidad del Presidente en turno; del partido que lo llev√≥ al poder; del sistema en su conjunto, del establishment y su red de poderes f√°cticos, incluyendo el del crimen organizado.

En tiempos pol√≠ticos idos, era com√ļn que los c√≠nicos ex√©getas del viejo sistema electoral defendieran los triunfos del ‚Äúpartido casi √ļnico‚ÄĚ obtenidos, dec√≠an, a la legalona.

Los detractores de esas prácticas -algunos teóricos llegaron a codificarlas como centralismo democrático, al estilo soviético-, denunciaron esas victorias electorales a la legalona (hasta 1994 doce elecciones presidenciales, 24 de legisladores federales y 360 de gobernadores, etcétera) y siempre fueron puntillosos en subrayar la ilegitimidad del ejercicio del poder suplantado, vía usurpación de la voluntad popular.

Legitimidad es el verbo. La noción jurídica la identifica como cualidad de ser conforme un mandato legal. La Ciencia Política la aplica a la operación que se aparta de la coacción. Un Estado legítimo, sería aquel que se funda en el consenso entre los miembros de la comunidad política.

La ‚Äúcultura‚ÄĚ del subdesarrollo pol√≠tico, el de los ‚Äúusos y costumbres‚ÄĚ,  que habla de ‚Äúa la legalona‚ÄĚ, nos informa que en el esquema de la pr√°ctica parlamentaria, el que hace la ley, hace la trampa.

 

Las normas que ‚Äúnos dio el legislador‚ÄĚ

No es, eso, mero folclor: Los maestros y doctores que despachan en el INE y en el TEPJF, siempre tienen a la mano la excusa: Estas son las normas que nos dio el legislador. El fraude electoral, bajo esta √≥ptica, es ‚Äúlegal‚ÄĚ. Ergo, los gobernantes encumbrados por el fraude electoral, son ‚Äúleg√≠timos‚ÄĚ. Lo tragas o lo vomitas.

Retornamos a lo dicho en los colegios electorales de 1988, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por el respetable constitucionalista priista don Antonio Martínez Báez: La declaración de Presidente electo en favor de Salinas de Gortari fue un Golpe de Estado técnico.

Ca-sual-men-te, ocho meses despu√©s -el 5 de mayo de 1989, se cumplen ya 28 a√Īos-,  aquel palacio fue envuelto en llamas. Los sospechosistas insinuaron que fue una operaci√≥n para que se convirtieran en cenizas los paquetes electorales del 88. Los paquetes electorales ‚Äúla libraron‚ÄĚ; de todas maneras, fueron quemados en 1991.

06 Salinas y Pedro Aspe

Dos perversas consecuencias de la usurpación del 88

Dos consecuencias derivaron de aquel golpe de Estado t√©cnico: El 1 de diciembre de 1988, se instal√≥ en Los Pinos Carlos Salinas de Gortari. Al d√≠a siguiente, en la residencia presidencial, el Partido Acci√≥n Nacional (PAN) firm√≥ con su convocante la Alianza estrat√©gica. La permuta: ‚ÄúLegitimidad‚ÄĚ de gesti√≥n a cambio de concertacesiones electorales.

Y as√≠ se present√≥ la neoliberal Generaci√≥n del cambio. Del tronco com√ļn - en el directorio onom√°stico omitimos a los muertos y s√≥lo citamos a los que han permanecido o permanecen en activo-, con independencia de partidos y de su presencia en los Poderes de la Uni√≥n.

Son personajes como √Āngel Heladio Aguirre Rivero; ex gobernador de Guerrero que termin√≥ defenestrado.

Carlos Almada López, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000; recientemente removido de la Embajada de México en Japón.

Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, operador de la reprivatización del sistema de banca y crédito. Después asesor financiero desde el sector privado de varios gobiernos de los estados.

Mariano Azuela G√ļitr√≥n, m√°s tarde ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n, involucrado en la conspiraci√≥n pinolera de 2005 para el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, en su momento senador y gestor legislativo de la primera Reforma Energética de Felipe Calderón Hinojosa en 2008. Precandidato presidencial en 2011 y hace poco cesado en la dirigencia nacional del PRI.

Herminio Blanco Mendoza, del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Luis Felipe Bravo Mena, ex coordinador de la campa√Īa presidencial de Miguel de la  Madrid en el Estado de M√©xico; hoy comisionado anticorrupci√≥n del PAN.

Felipe Calder√≥n Hinojosa, entonces representante a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien en  2006 se instal√≥ en Los Pinos, aiga sido como aiga sido.

Manuel Cavazos Lerma, diputado ‚Äúfacilitador‚ÄĚ de la reprivatizaci√≥n bancaria; ex gobernador de Tamaulipas nombrado en una alerta de 2012 de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica a la Secretar√≠a de Comunicaciones y Transportes; hoy de nuevo miembro de la bancada priista en el Senado.

Jos√© Mar√≠a C√≥rdoba Montoya, jefe entonces de la Oficina de la Presidencia de la Rep√ļblica, muchas veces citado en el expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Dante Alfonso Delgado Rennauro, después gobernador interino de Veracruz; hoy usufructuario de la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano.

Diego Fernández de Cevallos, diputado a la LV Legislatura federal, la que quemó los paquetes electorales de 1988. Después candidato presidencial del PAN en 1994.

Juan Francisco Frías Castro, después diputado federal en la Subcomisión Instructora que instrumentó el desafuero de López Obrador.

Emilio Gamboa Patr√≥n, cuyo nombre apareci√≥ en 1994 en las cr√≥nicas sobre persecuci√≥n del empresario y banquero tabasque√Īo Carlos Cabal Peniche. Actualmente, senador por segunda vez.

Domiro Roberto García Reyes, comisionado del Estado Mayor Presidencial para la seguridad de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Jos√© √Āngel Gurr√≠a Trevi√Īo, del establo de la Secretar√≠a de Hacienda para la negociaci√≥n de la deuda externa; hoy secretario general de la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE), en la que M√©xico fue dado de alta despu√©s del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Fidel Herrera Beltr√°n, despu√©s gobernador de Veracruz y padrino pol√≠tico de su sucesor  Javier Duarte de Ochoa.

Pedro Joaqu√≠n Coldwell, hoy uno de los responsables de la instrumentaci√≥n de la segunda Reforma Energ√©tica; la de Enrique Pe√Īa Nieto.

Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, candidato derrotado en las presidenciales de 2000 y presidente de la Comisión de Energía del Senado que plancho la Reforma Energética calderoniana de 2008.

Emilio Lozoya Thalman, padre del reciente ex director general de Pemex, Lozoya Austin, hace unos días exonerado en una solicitud de juicio político.

Alejandro Luna Ramos, al tiempo magistrado  del Tribunal Electoral federal por el que pas√≥ la designaci√≥n de Calder√≥n Hinojosa en 2006.

Roberto Madrazo Pintado, despu√©s presidente nacional del PRI en la f√≥rmula en la que lo acompa√Ī√≥ Elba Esther Gordillo Morales (hoy prisionera) y candidato presidencial tricolor en las presidenciales de 2006.

Esteban Moctezuma Barragán, en 1999 secretario de Gobernación.

Rogelio Montemayor Seguy, entonces diputado operador legislativo de la desnacionalización de la banca, luego gobernador de Coahuila y más tarde director general de Pemex, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000.

Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de M√©xico y precandidato fallido a la Presidencia de la Rep√ļblica.

Manuel Mu√Īoz Rocha, involucrado en el asesinato de Jos√© Francisco Ruiz Massieu en 1994; de nuevo avecindado del estado de Tamaulipas.

Jes√ļs Murillo Karam, despu√©s gobernador de Hidalgo y procurador federal en este sexenio, autor de la ‚Äúverdad hist√≥rica‚ÄĚ de La noche de Iguala en 2014.

José Narro Robles, después rector de la UNAM y ahora secretario de Salud.

Arturo N√ļ√Īez Jim√©nez, ex subsecretario priista de Gobierno y Desarrollo Pol√≠tico de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n; hoy gobernador perredista de Tabasco.

Guillermo Ortiz Martínez, otro actor y publicista de la desnacionalización bancaria, mencionado en el Error de diciembre de 1994; después gobernador del Banco de México y ejecutivo reciente de un banco privado-

José Andrés de Oteiza Fernández, asesor ahora de empresas contratistas extranjeras, envueltas en escándalos de corrupción-

Gustavo Petricioli Iturbe, patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México, secretario de Hacienda cuando el pavoroso crack de la Bolsa Mexicana de Valores en 1987; después embajador de México en los Estados Unidos.

Jacques Rogozinski Schultman, coordinador entonces de la Unidad de Desincorporaci√≥n de la SHCP para la privatizaci√≥n de entes p√ļblicos.

Francisco Rojas Guti√©rrez, director general de Pemex; despu√©s denunciante de la Reforma Energ√©tica de Calder√≥n Hinojosa; con Pe√Īa Nieto, director de la Comisi√≥n Federal de Electricidad (CFE), relevado por el actual presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Carlos Romero Deschamps, implicado en el Pemexgate tricolor de 2000; hoy senador.

Humberto Roque Villanueva, ex dirigente nacional del PRI, hoy subsecretario de Gobernación.

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador concertacesionado de Baja California, hoy senador por el PAN y tirador a la candidatura presidencial panista para 2018.

José Jaime Serra Puche, ex secretario de Industria y Comercio, negociador y defensor ahora del TLCAN; hoy vendedor de asesorías desde el sector privado.

Luis Téllez Kuenzler, jefe de la Oficina de la Presidencia de Zedillo, agente en México del grupo Carlyle, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y consejero de Pemex.

Tomás Yarrington Ruvalcaba es, con Javier Duarte de Ochoa, hombre del día retenido en Italia con causas en cortes penales de los Estados Unidos y México relacionadas con el narco y lavado de dinero.

El tamaulipeco, con su paisano Manuel Cavazos Lerma, tuvo su plataforma de despegue en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto. Su jefe era el director general de Política Económica y Social, Carlos Salinas de Gortari.

Una nómina de mandarines para recordar, en la ruta del neoliberalismo depredador, desde donde amigo vengo. Es cuanto por hoy.

06 José María Córdoba Montoya

 



More articles by this author

Se apagaron los motores del barco de gran caladoSe apagaron los motores del barco de gran calado
Algunos compases de la danza de los apóstatas En 1864, el...
Sucesión presidencial: Lucha entre epilépticos y paralíticosSucesión presidencial: Lucha entre epilépticos y paralíticos
Porque es de nuestras más sentidas y provocadoras motivaciones periodísticas,...
¬ŅQui√©n est√° en l√≠nea?
Tenemos 236 invitados conectado(s)
Tenemos visitas de:

224
Banner
273 Suplemento
Banner
Ediciones Anteriores
351
Banner
350
Banner
349
Banner
348
Banner
347
Banner
346
Banner
345
Banner