Caso Cienfuegos: el interés público por encima de todo

Mouris Salloum George

EL interés público está por encima de toda consideración personal y grupal. Es el mandato constitucional: la independencia nacional, la soberanía, el resguardo de las instituciones, la justicia social, la seguridad nacional, la paz y la educación.

También el desarrollo económico, la cultura general, el bienestar de la población y todos los asuntos que nos compete resguardar, cuando está de por medio el constante mejoramiento de nuestro país como estilo de vida democrático. De interés público es también el decoro y la dignidad nacional.

Respetar las modalidades que el Estado impone a la propiedad privada, las leyes del Congreso, las ordenanzas municipales y estatales, para eso vivimos en una República, para eso se organizó esta sociedad.

En todas las constituciones del mundo occidental se ordena proteger a las clases mayoritarias. México no puede ser la excepción. En todas se considera que el interés público es el supuesto máximo de las leyes supremas, secundarias y reglamentarias. Nosotros lo decimos en todos los discursos y lo metemos bajo la alfombra cuando de aplicarlo se trata.

En todas las constituciones del mundo se considera la posibilidad de aplicar las leyes, y los principios generales del derecho no tiene límites cuando de resarcir el interés público se trata. Es una cuestión de simple lógica, sin ella no se puede levantar ni reconstruir una Nación.

La batalla contra las pandillas del narcotráfico mexicano no puede ser ajena al concepto del interés público, y de seguridad nacional, como expresión del supremo reclamo de la sociedad organizada. Más de medio millón de cadáveres civiles son los que dan cuenta de la importancia que tiene para cualquier Estado como el nuestro, atacar a fondo esa lacra.

Por eso, la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, reconocido por la academia y la milicia norteamericana, es tan especial que no puede analizarse a la luz de otras detenciones de su género, que han afectado a no pocos funcionarios del sector público involucrados en las actividades como el trasiego.

En opinión de Anabel Hernández —la reconocida periodista que también ha sido laureada en nuestra casa, el Club de Periodistas de México—, la detención del general de cuatro estrellas y el proceso en Brooklyn, por los mismos fiscales y jueces que han llevado al banquillo a diversos narcos y funcionarios mexicanos, tiene una significación que rebasa los parámetros de la justicia a secas.

Es el juicio histórico —dice Anabel— al sistema mexicano de seguridad. No sólo a la descomposición neoliberal, sino a todas las pandillas que, en los ámbitos federales y locales, se han involucrado; es un juicio contra la corrupción de funcionarios coludidos con el narcotráfico a nivel nacional.

Habrá que seguir con sumo cuidado la repercusión que tenga tanto entre los militares del pasado que hoy ostentan altos cargos del Ejército, como en la moral y la disposición de la familia castrense hoy dividida por los últimos acontecimientos.

El gobierno en su conjunto deberá velar por el respeto al interés público, y por el eficaz desempeño de la lucha contra la delincuencia organizada. No es un asunto de borrón y cuenta nueva, es algo que requiere de voluntad y entrega.

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