Cuentas Alegres, pactos rotos

El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe sobre la estrategia internacional para el control de narcóticos (Internacional Narcotics Control Strategy Report, INCSR), correspondiente al 2015 y publicado en abril de 2016, precisa que “México ha sido profundamente afectado por el tráfico de drogas. Durante 2015 aumentaron los niveles de violencia, corrupción y abuso de drogas”.

El documento describe las políticas antidrogas de Estados Unidos en el mundo. Poco menciona sobre México al destinar sólo seis cuartillas, de manera superficial toca la creciente narcoviolencia en este país, ni tampoco sugiere una propuesta para enfrentar al crimen organizado.

Su idea básica para que México mejore su capacidad de combatir al narcotráfico es dotar a los cuerpos policiacos de “mejor equipo, entrenamiento y herramientas de investigación”, así como “reformas judiciales… para que los avances en cuanto a calidad sean consecuentes con la capacidad para aplicar la ley”.

En este contexto el gobierno de Donald Trump subraya y califica de excelente el trabajo realizado durante el gobierno de Vicente Enrique Peña Nieto, respecto al desmantelamiento de grandes organizaciones de traficantes de drogas, por extraditar a 63 fugitivos de las leyes estadunidenses, por erradicar cultivos de opio y marihuana, y por mantener procesos abiertos y darle seguimiento jurídico a delitos relacionados con el lavado de dinero, aunque esto no es suficiente y por ello la necesidad de construcción de un Muro fronterizo.

Se acota que “México es uno de los principales países de producción y tráfico de las drogas ilícitas que llegan a Estados Unidos, cerca del 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por México”.

Respecto a la evaluación sobre la policía mexicana, se menciona que las dependencias policíacas federales, así como el ejército y la marina se han convertido en el elemento central de los esfuerzos gubernamentales por generar instituciones de aplicación de ley más profesionales, honestas y eficaces”.

El Departamento de Estados Unidos apunta que en México ha ido en aumento el consumo de drogas, especialmente de marihuana, seguida por la cocaína y de enervantes en aerosol, como son la pintura y el pegamento.

La llamada “narcoviolencia”, de acuerdo con diversos analistas y reportes especializados, tiene origen y destino, por lo que consideran que es necesario observar este fenómeno como parte de las políticas del gobierno estadunidense en su esquema de lucha global contra el narcotráfico.

Por su violencia los conocerás

El informe especial de Laurie Freeman, Estado bajo asalto: La narcoviolencia y corrupción en México, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), revela que “la competencia cada vez más violenta entre los cárteles mexicanos tiene un solo objetivo: beneficiarse del mercado de la droga en Estados Unidos. El narcotráfico es lucrativo porque millones de estadounidenses consumen drogas”.

En el apartado “La Narco corrupción” la investigadora precisa que “al igual que la violencia, la corrupción asociada al narcotráfico se da como consecuencia de la existencia de un mercado negro. El negocio exige que los funcionarios de aplicación de ley y agentes judiciales sean sobornados e intimidados en ambos lados de la frontera”.

Se describe cómo “el crimen organizado no puede vivir sin la corrupción. Por eso el narcotráfico ha exacerbado la corrupción existente en México, un país donde las instituciones son débiles, carecen de transparencia o supervisión interna”.

Se menciona que, durante el gobierno de Vicente Fox, al aplicarse el programa de seguridad pública México Seguro, ocurrieron dos mil ejecuciones mensuales “al producirse una guerra contra las drogas que condujo a México a una profunda violencia en el 2005”.

Subraya que “el gobierno estadunidense, por una parte, prohíbe drogas como la marihuana, cocaína y heroína, y por otro lado fracasa en reducir sustancialmente la demanda en Estados Unidos de estas sustancias ilegales. Entonces esto no es un problema que México pueda solucionar por sí mismo.

“La prohibición de drogas alimenta la violencia de los productores y distribuidores de sustancias sicotrópicas por lograr posicionarse en el mercado de productos ilegales y entre los consumidores”.

Freeman señala que “la violencia es el árbitro del mercado negro y sus efectos secundarios son sumamente destructivos en México porque se alimentan de instituciones corruptas que tradicionalmente no han tenido la capacidad de hacer cumplir la ley o proporcionar seguridad pública, lo que hace que la violencia se salga de control”.

Sin metas

Para Valeriano Ramírez Medina, investigador en temas sobre el poder político y seguridad nacional, el aumento de la narcoviolencia tiene referentes políticos y de poder.

En este sentido explica cómo, “durante el largo control priísta, las bandas del crimen organizado lograron acuerdos no escritos para la definición de las fronteras de operación, esto era que los grupos delictivos no se metían a la política, ni los políticos se introducían en el crimen organizado. Este pacto fue roto por las policías cuando se convirtieron en aliados, cómplices y hasta miembros de las bandas criminales”.

Describe que el problema actual de violencia estalló en 1984 cuando el columnista Manuel Buendía fue asesinado porque tenía en su poder información que evidenciaba que las policías estaban al servicio del narco. “Un año después el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena se confirmaron públicamente esas sospechas “.

Resalta cómo aumentó el problema del narcotráfico desde hace 20 años en lugar de disminuir. “En estas dos décadas el asunto se agravó con las sospechas de que altos funcionarios y políticos apadrinan a bandas del crimen organizado”.

Según el catedrático, en México el fenómeno del narcotráfico toma cauces diferentes a partir de la década de 1980, con la generación de cuatro cárteles: el de Amado Carrillo (cártel de Juárez), los Arellano Félix en Tijuana, el cártel del Golfo con Juan García Abrego y el grupo de Rafael Caro Quintero en Sinaloa.

“A partir de la consolidación de estos grupos en la producción y envío de drogas hacia Estados Unidos, se dan nuevos vínculos que no son con gobiernos locales o federal sino con las policías federales y estatales, creando una acelerada descomposición en los órganos de seguridad, lo cual garantiza impunidad y protección a las zonas de producción y distribución”.

Para el doctor en ciencia política Francisco Javier Jiménez Ruiz, otro problema es que hasta 1990 México era considerado como “un país puente” o de paso de las drogas con rutas muy específicas y aparentemente se puede decir que existían mecanismos de respeto entre los grupos de narcotraficantes con respecto a sus plazas donde mantenían control social y poder político.

En la década de 1990 se desarrollan las peleas entre los cárteles sobre todo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari: no sólo son ya las rutas de exportación hacia Estados Unidos, sino se compite por los mercados internos, sobre todo en la zona norte y la zona del bajío, “donde regresan los emigrantes a sus lugares de origen que han adquirido adicciones a través de su vida en Estados Unidos y por tanto se generan mercados seguros de consumidores”, advierte.

Prosigue Jiménez Ruiz: “El problema es que el crimen organizado se había especializado en áreas específicas de la delincuencia como narcotráfico, fraude financiero, prostitución, secuestro, robo y otras más, pero con la diversificación de actividades, al ampliarse las redes delincuenciales, comienzan a coordinarse diversas actividades en redes más amplias vinculadas con diversos grupos, que van desde la industria inmobiliaria, minería, turismo, tiendas departamentales y sobre todo en las casas de bolsa ”.

Para el doctor en sociología Jerónimo Hernández Vaca, a finales de la década de 1990 las grandes cabezas de los cárteles habían tenido una organización interna muy segura, pero empiezan a tener rupturas que generan a su vez pequeños bastiones de poder locales o regionales y esto deriva en una competencia interna, lo que produce mayor violencia donde se enfrentan cárteles grandes con los pequeños.

Resalta que ahora los cárteles grandes, al sentirse traicionados por los grupos pequeños que se fracturaron de su estructura, “utilizan formas de prevención; por eso ha crecido la violencia y las ejecuciones. Entonces, el gobierno no tiene control sobre de ellos porque ha permitido el crecimiento de estos grupos y no ha actuado cuando ha tenido la posibilidad de hacerlo”.

De acuerdo con José Luis Piñeyro, el aumento de la violencia indica un reacomodo de grupos de poder, pero también el efecto natural del relevo de autoridades gubernamentales a nivel estatal y el arribo de nuevos jefes policíacos.

Resalta que esto revela la incomprensión del problema y por lo tanto “la certeza de que el crimen organizado se ha hecho del control social y político de algunas partes de la República y anda en busca de la redefinición de zonas francas”.

Con nueve mil 330 km de costa y tres mil 141 km de frontera con Estados Unidos, México se ha convertido en la puerta de entrada de mercancías ilícitas y migrantes a la economía más grande del mundo. El terreno montañoso del país, las fronteras poco vigiladas con sus vecinos centroamericanos, y las largas costas ofrecen numerosas rutas de contrabando de drogas ilegales, recursos naturales, armas y seres humanos a las redes criminales.

Curar cáncer con chochos

Tenorio Tagle advierte que la inseguridad y el narcotráfico durante el gobierno de Peña Nieto fue un serio problema a lo largo del sexenio, muy semejante a los tres gobiernos anteriores, donde las negociaciones y pactos de los entonces candidatos presidenciales para recibir ciertos apoyos se daban por debajo del agua; sin este aspecto no se entiende por qué el Chapo Guzmán estuvo fuera de la cárcel muchos años y operando en su detención dentro de las mismas”.

Menciona que el presidente de la República “no la tiene fácil, si consideramos que la inversión en materia de seguridad pública se ha ido a la basura en algunos segmentos, por ejemplo, todo lo que ha sido el ámbito de la Policía Federal, donde hay más desperdicios que resultados”.  

Valeriano Ramírez subraya que Peña Nieto y ahora López Obrador “está atacando el cáncer con aspirinas. El problema del narcotráfico no son los narcotraficantes, sino las causas que generan que grandes sectores de la población pauperizada en amplias regiones del país se vean obligados a ingresar, tolerar o formar parte del narcotráfico y del crimen es sus diferentes facetas”.

Según Hernández Vaca, el uso del Ejército y en un futuro cercano por la Guardia Nacional contra los grupos dedicados al narcotráfico por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene varios perfiles políticos. Por un lado, asegura, “los operativos contra el narcotráfico son mediáticos, no buscan realmente acabar con el crimen organizado, sino que tienen el objetivo primordial de confirmar la subordinación del gobierno mexicano a los objetivos continentales del gobierno estadunidense”.

Precisa que “la lucha mediática contra el narcotráfico busca brindar tranquilidad a los negocios estadounidenses establecidos en México para que no abandonen el país ante la ola de protestas populares contra el gobierno federal por las reformas a la ley del ISSSTE, los despidos en las dependencias públicas y los problemas locales como la CNTE en Oaxaca”.

La fuerza de la ley

En el reporte Estado bajo asalto, de Laurie Freeman, se describe cómo “en Estados Unidos investigaciones encubiertas del FBI revelaron que soldados estadunidenses, conspiraron para utilizar la protección que sus uniformes y vehículos militares con el fin de traficar drogas en el suroeste de ese país”.

Describe que “en las investigaciones del FBI también han detectado corrupción dentro de la Patrulla Fronteriza, pero existen indudablemente muchos ejemplos de corrupción en el lado estadunidense para permitir que las drogas ilegales continúen fluyendo”.

La investigadora indica, de acuerdo con las cifras del reporte bianual de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (Nacional Survey on Drug Use and Health), de 2009, cómo el consumo de cocaína y heroína ha aumentado drásticamente en EE.UU.

En el 2010 se tenía una población de cinco millones 228 mil personas que consumían cocaína todos los días, cifra que aumenta con 57 mil adolescentes y más de 94 mil adultos por año.

Este número de consumidores en el año 2019 podría alcanzar 20 millones 732 mil adictos, sin contar más de tres millones de “drogadictos ocasionales”, por lo tanto, la reducción de la adicción a las drogas beneficiaría en gran medida a Estados Unidos y a México.

En las propuestas que indica el reporte para reducir la narcoviolencia y narco corrupción, se plantea que Estados Unidos debe apoyar y cooperar en diversos rubros; reducir la demanda de drogas y establecer estrategias de prevención basadas en evidencia; incrementar el acceso a tratamientos de alta calidad con el objeto de eliminar el consumo de droga.

Otro punto indica fortalecer las regulaciones de las ventas de armas en Estados Unidos para dificultar que las armas vendidas en ese país caigan en manos de la delincuencia; Ayudar a México a restaurar el orden público y con ello proporcionar a sus ciudadanos seguridad pública, por medio de una profunda reforma de sus instituciones policiales y judiciales, garantizando un Estado de derecho exitoso que hasta la fecha no existe.

Finalmente apunta que el gobierno mexicano debe ser más exitoso a través del estado de derecho llevando a la delincuencia ante la justicia y no sólo demostrando su fuerza con una exhibición de potencia en las calles.

México potencia mundial en narco y corrupción

México alberga las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio. Estas organizaciones han surgido de su larga historia de contrabando y de su proximidad a Estados Unidos, la mayor economía del mundo, para convertirse en una amenaza regional.

Las redes del crimen organizado se extienden desde Argentina hasta Canadá e incluso Europa. Trafican con drogas ilegales, contrabando, armas y personas, y lavan sus ganancias a través de cambistas, bancos regionales y locales y proyectos económicos. Su armamento, entrenamiento y táctica se han vuelto más sofisticados con la intensificación de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatirlos.

El aumento de la presión respecto a la seguridad ha causado un cambio dramático en el hampa mexicana, pues la caída de numerosos jefes de la droga ha precipitado la fragmentación de carteles monolíticos en gran número de grupos escindidos. Estos grupos tienen un alcance más local que sus antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos.

En los años sesenta, las drogas ilícitas como la marihuana y luego la heroína empezaron a producirse en México, sobre todo en el estado de Sinaloa en la costa occidental, y se introducían a Estados Unidos por el suroeste. Estos patrones se repitieron en una escala mayor cuando los narcotraficantes de Colombia trasladaron sus rutas desde el Caribe hacia México en la década de 1980.

Las “grandes” del narco

El cambio abrió el camino para las primeras grandes organizaciones de narcotraficantes de México. El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, por ejemplo, dividía su tiempo entre Honduras, Colombia y México, ofreciendo un puente entre El Cartel de Medellín y lo que se convertiría en El Cartel de Guadalajara. Este se componía de un grupo muy unido de traficantes del estado de Sinaloa. Muchos tenían parentesco por matrimonio u otro, o se conocían de pequeños pueblos agricultores, donde se cultivaba marihuana y amapola. Bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, el cartel floreció a comienzos de la década de 1980, sentando las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas. Por la misma época, José García Abrego, uno de los pocos jefes criminales que no proviene de Sinaloa, estableció sus operaciones en el estado de Tamaulipas en la Costa del Golfo. García Abrego trabajó de cerca con El Cartel de Cali, rivales del Cartel de Medellín. También desarrolló poderosos aliados políticos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del que más adelante sería presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La manera imprudente como operaban estas organizaciones de narcotráfico contribuyó a su posterior caída. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus iniciales en inglés) se infiltró en la organización de Abrego, y las grabaciones de audio que logró hacer jugarían un papel importante en la convicción de Abrego años más tarde en una corte de Houston. En febrero de 1985, miembros del Cartel de Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena, agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), para luego torturarlo y matarlo. Estados Unidos presionó a México para que actuara con rapidez, y los traficantes se dieron a la fuga. Durante los años que siguieron, muchos de ellos fueron arrestados, entre ellos, el entonces líder nominal Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Casi exactamente cuatro años después, las autoridades mexicanas capturaron a la cabeza del Cartel de Guadalajara, Félix Gallardo.

Desde la cárcel, Félix Gallardo trató de repartir el territorio. Había tres grandes grupos: el clan de Arellano Félix, con sede en Tijuana; el de Carrillo Fuentes, que operaba en Juárez, y el grupo de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y su socio Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero”. La competencia entre ellos desató un conflicto casi de inmediato. El clan Arellano Félix y El Cartel de Sinaloa comenzaron una guerra, que incluyó una masacre en una discoteca de Puerto Vallarta y la muerte de un arzobispo mexicano a quien supuestamente se le había confundido con Guzmán. Guzmán fue detenido poco después, en 1993, y la operación de los Arellano Félix floreció.

No obstante, el grupo más lucrativo y de mayor influencia era El Cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”. Llamado así por su uso de aviones para mover droga a Estados Unidos, su imperio rivalizó con el de su antiguo socio, Pablo Escobar, del Cartel de Medellín. Durante un tiempo, Carrillo Fuentes pudo crear una “federación”, que evitó luchas entre la mayoría de las facciones. Pero su muerte en julio de 1997, después de una cirugía plástica, abrió el camino para que muchos de sus asociados se independizaran, incluyendo el clan Beltrán Leyva, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”; y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”. Lo que sobrevino fue un baño de sangre que se ha mantenido mientras las organizaciones grandes se posicionan y reacomodan, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

En medio de la mayor parte de estas batallas está El Cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “el chapo” Guzmán. El poder del cartel se debe a su control sobre los cultivos de marihuana y amapola, así como la producción de drogas sintéticas en el llamado Triángulo de Oro, que incluye los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ese poder también nace del ingenio del cartel y de su carácter multinacional.

Guzmán, por ejemplo, se hizo a un hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México para servir a sus intereses e hizo construir largos túneles que atravesaban la frontera desde México hasta Estados Unidos para llevar su producto al mercado. Aunque su arresto desaceleró su acenso, siguió manejando el poder aun tras las rejas. Su hermano, asesinado durante su encierro Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, tomó el control de las operaciones.

Sus compañeros, en particular Mayo Zambada, el clan de los Beltrán Leyva, y Esparragoza lo mantuvieron con los bolsillos llenos. Y cuando parecía que Guzmán iba a ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, estos aliados se ingeniaron su fuga de una prisión de alta seguridad en 2015.

Por su parte, El Cartel del Golfo había vivido una transformación desde el momento de la detención de Abrego. El nuevo líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, había reforzado su seguridad personal, atrayendo a los 31 miembros de las fuerzas especiales de México a su grupo a finales de 1990.

        El nuevo grupo paramilitar tomó el nombre de Los Zetas, una referencia al nombre con el que se identificaban por radio cuando formaban parte de las fuerzas del gobierno, y rápidamente se extendió el alcance del cartel utilizando tácticas militares y macabras exhibiciones de fuerza, que incluyeron decapitaciones de miembros de las familias rivales del cartel.

Los Zetas también entrenaron a un grupo de traficantes nuevos en el estado de Michoacán en la costa este, un depósito de cocaína y un importante centro de producción de metanfetaminas que estuvo por mucho tiempo bajo el control de una organización conocida como el Grupo Milenio. El nuevo grupo entrenado por Los Zetas pronto sobrepasó tanto a la organización Milenio como a sus progenitores de Los Zetas, y hoy se hace llamar La Familia Michoacana. La referencia a “familia” tiene que ver con la filosofía pseudorreligiosa defendida por sus líderes. El debut de La Familia fue rodar varias cabezas cortadas en un club nocturno lleno de gente en 2006. Posteriormente con un abrupto rompimiento nació el grupo Caballeros Templarios.

Terror en la expansión

El rompimiento del “código” de los narcotraficantes cambió la lucha, y se agravó la guerra entre ellos. El Cartel de Sinaloa respondió con su propia marca de grupo paramilitar. Bajo la dirección de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Jefe de Jefes”, Sinaloa formó pandillas y “fuerzas especiales” que le dieron la pelea a Los Zetas. Inevitablemente, el terror se extendió al ritmo de la expansión de los intereses de los narcotraficantes. Pronto, tanto Los Zetas como La Familia Michoacana tendrían intereses en otros negocios ilícitos, como el secuestro, la extorsión y la piratería.

Los carteles tradicionales también se fracturaron. Cuando las autoridades arrestaron a los más jóvenes del clan de los Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en enero de 2008, el hermano mayor de Alfredo, Arturo, acusó a Guzmán de haberlo delatado. La Organización de los Beltrán Leyva (OBL) comenzó una lucha sin cuartel contra Guzmán, Zambada y Esparragoza, que ha dejado cientos de muertos en todo el país. La OBL también se alió con sus antiguos rivales, Los Zetas, que rompieron con sus antiguos jefes, el Cartel del Golfo. La división llegó a tal punto en 2010, cuando el Cartel del Golfo mató a un miembro de Los Zetas y se negó a entregar al comandante que había llevado a cabo el atentado. Las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de Tamaulipas y Nuevo León continuaron. Tijuana también se vio afectada por la violencia cuando el clan de los Arellano Félix comenzó a luchar contra su exsicario principal, Teodoro García Simental, alias “El Teo”.

Desde 2002, el gobierno mexicano ha detenido o dado de baja a varios narcotraficantes importantes, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos; Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado por los infantes de marina mexicanos en diciembre de 2009; Teodoro García Simental, arrestado en enero de 2010; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, detenido en septiembre de 2012; Heriberto Lazcano, dado de baja en octubre de 2012; y el mismo Guzmán, capturado en febrero 2014. El gobierno mexicano pasó por episodio bochornoso después de que El Chapo Guzmán se escapara por segunda vez de un penal de máxima seguridad en julio 2015. Fue recapturado en Sinaloa seis meses después.

Las organizaciones criminales mexicanas se han adaptado en respuesta a la mayor presión por la seguridad. Se han posicionado en la región andina para aprovecharse de una reorganización en la cadena de distribución. En Colombia, las organizaciones mexicanas están negociando directamente con proveedores colombianos de clorhidrato de cocaína (HCl), como Los Rastrojos.

La ecuación económica es sencilla: una participación del 20 al 30 por ciento para el transporte de la cocaína de México a Estados Unidos se convierte en una participación del 70 al 80 al obtenerla en la fuente. También están estableciendo bases permanentes en Centroamérica, lo que socava los gobiernos de los países más pequeños y menos estables. Por último, se están moviendo hacia nuevos negocios como la producción masiva de drogas sintéticas, la trata de personas y el secuestro para compensar la pérdida de ingresos. Sin embargo, la lucha interna continúa. Y las nuevas alianzas —la de Sinaloa-Golfo-Familia (y posiblemente Tijuana) frente a OBL-Zetas-Juárez— parecen tan inestables como las antiguas.

Grupos criminales

Muchos de los otros grandes y poderosos carteles de la droga que dominaron el hampa en México ahora son sólo sombras de ese pasado. El Cartel del Golfo, La Organización Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana y Los Caballeros Templarios; sus principales líderes han sido asesinados o detenidos en los últimos años, dejando a sus organizaciones en diversos estados de deterioro. La excepción a esta tendencia es el Cartel de Sinaloa, que a pesar de la recaptura del Chapo Guzmán sigue siendo la organización de tráfico de drogas más prolífica en el hemisferio occidental, por la mayoría de cuentas.

Hay varias organizaciones criminales más pequeñas que han adquirido importancia como consecuencia de la caída de los carteles más grandes, más notablemente el Cartel Jalisco –Nueva Generación (CJNG). Estos grupos criminales más pequeños dependen de una gama más amplia de actividades delictivas para compensar parte de las pérdidas del tráfico internacional de drogas. Además de las actividades de “depredadoras” como la extorsión y el secuestro, incluyen el tráfico de contrabando, armas, seres humanos y otras mercancías ilegales a través de las fronteras del país. Estos grupos operan con la complicidad de, y a menudo en combinación, con funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad.

Fuerzas de Seguridad

México tiene alrededor de 80.000 efectivos en las fuerzas armadas y otros 370.000 miembros de la policía, divididos en federales, policía fronteriza, del tráfico, estatales y municipales, aunque el ex presidente Enrique Peña Nieto poco a poco dibujó un plan para unificar a las dos últimas bajo un mando único y crear una Gendarmería Nacional que será materializada en el presente gobierno federal COMO Guardia Nacional.

La policía divide sus funciones entre preventivos y de investigación. México ha incrementado sus vínculos con Estados Unidos, aunque los funcionarios de la agencia estadounidense de drogas, aduanas e inteligencia tienen una capacidad limitada para operar en el país vecino. El gobierno tiene un presupuesto de EE.UU. de 10 mil millones anuales en seguridad.

El sistema de tribunales federales de México está encabezado por la Suprema Corte de Justicia y por un Tribunal Electoral, así como juzgados de circuito y de distrito. El sistema de justicia penal ha estado marcado por la corrupción, los altos índices de impunidad y una cantidad significativa de casos acumulados.

En un intento de aumentar la transparencia y ampliar los derechos de los acusados, el Congreso aprobó en 2008 una enmienda que obliga a los tribunales a pasar de un sistema acusatorio escrito a un sistema procesal oral a mediados de 2016. Durante su discurso a la nación en septiembre de 2015, Peña Nieto afirmó que el sistema procesal oral se ha implementado plenamente en seis estados y parcialmente en otros 25.

Una característica notable de la tradición jurídica mexicana es el “amparo”, que es similar a una orden judicial en Estados Unidos. Muchos narcotraficantes han presentado amparos con el fin de retrasar su proceso de extradición, a menudo durante largos períodos de tiempo.

Prisiones

Las prisiones de México están generalmente sobrepobladas y poseen escaso personal, lo que genera condiciones de vida precarias, estallidos de violencia periódicos y corrupción generalizada como es el reciente caso del penal en Topo Chico, Nuevo León. Aunque, los guardias de las prisiones son los más vulnerables, en parte debido a sus bajos salarios, la fuga del Chapo en el 2015 destaca cómo incluso los funcionarios penitenciarios de alto nivel son propensos a la corrupción.

De acuerdo con las estadísticas más recientes del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, el sistema carcelario de México opera al 125 por ciento de su capacidad máxima. Este hacinamiento ha sido provocado en parte por una práctica conocida como “arraigo”, en la que los sospechosos pueden ser detenidos hasta 40 días sin cargos, con una posible extensión de 40 días si son sospechosos del crimen organizado. Se estima que alrededor del 40 por ciento del total de los presos en México se encuentran en detención preventiva.

Homicidios al alza

Sólo en enero, febrero y marzo de este año, ya con la Cuarta Transformación en los controles, se acumularon seis mil 826 homicidios registrados, esto es el máximo histórico del que el Secretariado Ejecutivo tiene registros, remontándose hasta 1997.

Esto no es un hecho aislado, el incremento anual en homicidios la mayoría relacionados con el crimen organizado, ajustes de cuentas y cobros de piso se muestra una tendencia que se remonta desde 2015. Durante la administración de Enrique Peña Nieto cuando reportaban mil 345 ejecuciones mensuales.

Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en diciembre de 2018 (primer mes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) se registraron dos mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 de feminicidio. En total dos mil 916 personas asesinadas. En total, los homicidios dolosos repuntaron el año pasado en 24 de las 32 entidades federativas.

Lo anterior significa que en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74 por ciento; para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas anualmente (siempre de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.

En cuanto al caso específico de los feminicidios, delito del que hay datos estadísticos de 2015 a la fecha, el número de víctimas registradas en 2018 asciende a 861 mujeres. En comparación con 2017, en el que se registraron 759 víctimas, es un incremento del 13 por ciento. La tasa pasó de 1.1 a 1.3 casos por cada cien mil mujeres.

Desde hace varias semanas el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a publicar una nueva estadística sobre víctimas de homicidio doloso generado por lo que ellos denominan un “equipo interdisciplinario” generado por distintas dependencias federales.

A diferencia de los datos del SENSP esta es una estadística que se publica diariamente, sin embargo, como el gobierno aclara en la nota metodológica, se trata de información con fines estratégicos, pero no de datos oficiales pues esos corresponden al SESNSP.

Como los números comenzaron a publicarse desde el 5 de diciembre no es posible hacer una comparación mensual, sin embargo, el informe del gobierno reporta un promedio diario de 79.7 víctimas de homicidio doloso en diciembre.

Los datos oficiales del SESNSP muestran, por el contrario, que en diciembre se registraron dos mil 842 víctimas, que equivalen a un promedio diario de 91.6 personas asesinadas. Esto es casi 15 por ciento arriba de los casos que informa el gobierno federal en su propio conteo.

Durante el mes de enero de 2019 se rompió récord en homicidios dolosos con un total de 2,853 víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según los registros del SESNSP, en los últimos tres años la cifra de homicidios dolosos en enero no había superado los 2,600 casos:

La región de América Latina es una de las más peligrosas del mundo. Así se desprende del último informe del Think Tank sobre Latinoamérica Igarapé Institute sobre la seguridad ciudadana. La tasa de homicidios en la región es de 21,5 por cada 100.000 personas, muy por encima de la tasa global, que se sitúa en siete por cada 100.000. Uno de cada cuatro asesinatos en el mundo en 2018 se produjo en América Latina, en concreto en cuatro países: Brasil, México, Venezuela y Colombia, explica el informe publicado este mes.

Según datos de 2017 de Igarapé Institute, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio en el mundo están situadas en América Latina. La más peligrosa es San Salvador (El Salvador), con una tasa de 136,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Acapulco de Juárez (México) con 108,1 asesinatos por cada 100.000 personas en 2016 y San Pedro Sula (Honduras), donde la tasa se sitúa en 104,3 muertes por cada 100 mil habitantes.

El papel de México en el crimen organizado ha sido definido por el estado de su vecino del norte, la economía de consumo más poderosa del mundo. La frontera de tres mil 141 km con Estados Unidos siempre ha constituido una de las rutas de contrabando más activas del mundo. Desde hace dos siglos, los contrabandistas han movido mercancía a través de los vastos territorios fronterizos, en su mayoría sin presencia del gobierno. Los migrantes siempre han cruzado la frontera y muchos permanecen en lugares como California, Idaho, Utah y Texas donde el trabajo agrícola se ha mantenido estable.

Para José Luis Piñeyro los grupos criminales también han establecido prácticas mediáticas que les han funcionado, como “sembrar cuerpos mutilados, amenazas directas, cabezas cercenadas y una imagen de ingobernabilidad y terror basado en una ofensiva que ya tuvo una contundente respuesta”.

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