Destaca entre los primeros lugares. Como otro país en guerra, los periodistas han sido blanco de acoso y asesinatos durante los últimos años en México.

El derecho al ejercicio periodístico, por la libertad de expresión

Salvador González Briceño

*La necesidad de legislar, pasa por dar atribuciones al Congreso en la materia

NI LAS DENUNCIAS, ACOSOS, PERSECUCIONES, espionajes y crímenes han sido suficientes para evitarlo. El Estado mexicano ha sido incapaz de brindar seguridad a los practicantes —por profesión—, de la libertad de expresión. Han estado desprotegidos.

ES POR LA VIOLENCIA generalizada que azota al país desde finales del siglo pasado y lo que va del XXI. Especialmente desde que el narcotráfico comenzó a desbordarse. Cuando pasó del trasiego al país del norte desde Sudamérica, a los cultivos acelerados, el procesamiento, la diversificación de drogas y mercado; el crecimiento de cárteles y la disputa por las plazas.

Pero más aún cuando se declaró la guerra en diciembre de 2006. Fue la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, lo que alborotó el avispero y aceleró la dupla violencia-criminalidad. Todo eso trastocó la seguridad en el país.

La estrategia fallida, el libre mercado y la infiltración; la demanda creciente y ganancias millonarias, son abono para la descomposición social, el desgobierno y los visos de ingobernabilidad.

Lo anterior, sin olvidar el factor externo, particularmente del vecino del norte, los Estados Unidos de América, que tiene “intereses, no amigos”. De allá, de Washington, proceden las políticas económicas que se impusieron en México desde principios de los años 80, donde la prioridad son las ganancias de las trasnacionales y del sistema financiero en su conjunto, por encima del interés de los países. Caldo de cultivo con los presidentes ilegítimos, que resultan ser los aliados perfectos.

No se olvide que entre los grandes negocios de la globalización destacan, además del petróleo, la venta de armas y el tráfico de personas, las ganancias del narcotráfico. Es decir que, con EUA a la cabeza, México se encuentra entre los circuitos del mercado global de los grandes negocios, a más del poder de infiltración hacia todos los niveles de la escala económico-financiera, política y social, donde solo importan las ganancias.

Un marco a tomarse en cuenta

De este breve contexto, nacional e internacional, sobresalen los asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos, la violencia contra los ejercitantes de la libertad de expresión en México. Un marco al que le debemos sumar por lo menos lo siguiente:

Los vacíos en la propia Constitución, por la carencia de una legislación ex profeso;

La existente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no funciona, porque el “Mecanismo” que creó resulta claramente insuficiente. [1]

De lo anterior se deriva un ambiente que deteriora las cosas.

1.- Sin leyes reina el caos en todo el país. Si el Estado no puede brindar seguridad a la sociedad, tampoco lo consigue con el sector garante de la libertad de expresión e información, o los defensores; pero porque tampoco muestra voluntad política, al menos a los cinco o seis últimos presidentes.

2.- Con un sistema de justicia sorprendido “en transición”, por la reforma desde el esquema impositivo al penal acusatorio o de juicios orales, y en pleno reacomodo, tampoco los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno tienen claro su papel en la persecución del delito.

3.- La militarización de la seguridad pública no ha dado resultados en la disminución de la violencia, porque los soldados no están preparados para hacerla de policías, a cambio las instituciones militares que están para el resguardo de la seguridad nacional han sufrido desgaste. Pese a ello gozan de buena aceptación entre la sociedad.

4.- El poder de penetración de los carteles e integrantes del crimen organizado a las autoridades no es ignorado, sea por amenaza o colusión. La tentación se da a todos los niveles de la autoridad.

5.- Las denuncias por las amenazas a los periodistas no tienen seguimiento. No hay autoridad que responda. Todo lo contrario, el acoso aumenta cuando el reportero denuncia o simplemente da a conocer actos de mal gobierno, o actividades ilícitas que atentan contra la sociedad.

6.- La situación se vuelve mucho peor para los periodistas cuando se aprueba la reforma en materia de Derechos Humanos en junio de 2011, y los asesinatos crecen. Porque ciertamente no es cuestión de leyes, también de voluntad política, de organización del sector periodístico y medidas permanentes de prevención por parte del Estado. La prevención para atender la violencia en general, una situación que pasa por el replanteamiento de la estrategia contra las drogas, que deberá tener muchos vasos comunicantes entre los sectores económicos, políticos y con la sociedad organizada.

7.- La solución de la inseguridad vendrá de la mano de la atención a la seguridad pública, la seguridad interior (bajo otros principios), la seguridad nacional y la internacional; un asunto complejo, porque en juego está la geopolítica de las potencias por la hegemonía mundial, entre la sobrevivencia de la globalización vs el proteccionismo de estados nacionales como EUA con Donald Trump.

8.- Mientras tanto, hace falta como mínimo llevar el tema de la protección de los derechos periodistas a la Constitución, comenzando por la facultad expresa del Congreso para legislar en la materia. Pues como otros muchos asuntos no incluidos en el Artículo 73, no está incluido.

Las indagatorias se desvanecen

La situación de los periodistas lo exige. Las denuncias y las amenazas, el destierro y la persecución, de la mano de la impunidad por los asesinatos de los periodistas deben terminar. Se requiere porque ahora las investigaciones no llegan hasta las últimas consecuencias; no se castiga a los asesinos materiales ni a los intelectuales, no se investiga y menos se procesa. Las indagatorias se desvanecen en la opacidad de un entorno policiaco-judicial, sea municipal, estatal o las autoridades federales.

Baste el siguiente ejemplo. La referencia al “periodista” en la Constitución solo está una vez, en el Artículo 73. El vacío consta en que no se faculta al Congreso para legislar sobre los derechos de los periodistas. Y como explica el jurista Sergio García Ramírez: “No es conveniente que algunos progresos del sistema jurídico nacional se hallen desprovistos de cauce legal, como ha ocurrido en otras materias: así, jurisdicción para menores en conflicto con la ley penal, jurisdicción para la ejecución de penas, por ejemplo”.[2]

Cabe recordar ahora que en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el diputado Armando Luna Canales del PRI presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar “un inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución…”[3]

La finalidad era “dotar al Poder Legislativo federal de la facultad de expedir leyes generales en materia de derechos humanos”, entre los cuales propuso la “Protección de la libertad de expresión y periodistas”. Dicha iniciativa no pasó y la Constitución no se reformó en el sentido propuesto.

Salvador González Briceño, como asesor en la misma legislatura, en atención a la problemática de los periodistas y revisando el Artículo 73, donde se enlistan las materias expresas sobre las cuales puede legislar el Congreso, igualmente presentó el 19 de septiembre de 2017 una iniciativa en el mismo sentido.

Ahí se dice, entre otras cosas que:

1. 1.“México se ubica entrelos países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado y de las autoridades son hechos públicos, pero que no se denuncian, ya que se ha sembrado y generalizado un clima de miedo y temor tal, que contribuye a incrementar la impunidad prevaleciente, lo que restringe el respeto a la vida, a los derechos humanos y a la libertad de las y los informadores.”

1. Siguiendo la Recomendación General número 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre “la libertad de expresión en México”, que a letra dice: “Resulta imprescindible que se adopte, además de una estrategia de protección, una política pública general de prevención. La Organización de las Naciones Unidas publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la impunidad, donde prevé que ‘la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por lo contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas’”.

1. Que es precisamente la falta de resultados de las autoridades del sistema de justicia de los tres órdenes de gobierno, lo que genera el clima de impunidad que a su vez alienta los crímenes contra periodistas. Para Artículo 19, “el (que haya un) 99.75% de impunidad en casos de (asesinatos contra) periodistas es un claro incentivo para que estos crímenes sigan sucediendo”.

Queda claro que reformar el Artículo 73 no será suficiente, pero se sentarán las bases para iniciar leyes, porque lo existente es altamente cuestionado.

Incapacidades

Es el caso del Mecanismo, por ejemplo, donde los afectados consideran que éste ha sido incapaz de salvaguardar la integridad física de las y los defensores de derechos humanos y los periodistas. Por ejemplo:

A) Le falta el compromiso de las autoridades para evitar que las amenazas se concreten; B) Por ser instancia gubernamental y no autónoma genera desconfianza en el medio periodístico; C) La PGR no atrae los casos luego de saber de una amenaza; D) No hay disuasión al agresor porque no se le encierra en la cárcel; E) No se le asignan los recursos suficientes, sólo en 2017 la Cámara de Diputados lo dejó sin dinero para su funcionamiento y operatividad en la consecución de sus fines; F) No hay reparación del daño, como tampoco atención psicológica para las familias.

Otras críticas de fondo son omitidas aquí por falta de espacio.[4]

Ya en 2015, instancias como Artículo 19 expresaron sobre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas son instancias “ineficaces”, que por inacción, omisión y falta de voluntad abonan a la impunidad y la consecuente repetición de violaciones a derechos humanos.”

Es por lo anterior que se requiere ir más allá del citado Mecanismo. Que el poder legislativo realice sus aportaciones con una Ley General de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Nuestra propuesta no pasó. Pero no carece de sentido. Mas si el Congreso no legisla es porque tampoco el Artículo 73 le otorga las facultades para hacerlo. Urge, tanto por el contexto de los derechos humanos como por los crímenes, resolver los atentados a la libertad de expresión. Claro, que la mejor estrategia será acompañando a la sociedad recuperando su propia seguridad; es decir, el reto no es menor.

Ciudad de México 17 de octubre de 2018.

Por Decreto Presidencial de Felipe Calderón. Ley publicada el 25 de junio de 2012 que creó el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.

[2] García Ramírez, Sergio, “El control jurídico interno de convencionalidad”, IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 2011.

[3] La misma puede verse en: http://tinyurl.com/yd9p5pb3

[4] Pero se trata de un diagnóstico elaborado por las siguientes organizaciones: Casa de Periodistas, Propuesta Cívica, Artículo 19, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Misión para el Migrante, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas. Mismo que fue entregado en junio de 2013 a la entonces titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón. Nota de 2014, consulta electrónica en: http://bit.ly/2osXumn.

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