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Edición 371

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ITINERARIO 2018

Potencial crisis de la sucesión presidencial

Abraham García Ibarra

UNA DELEGACIÓN del banco estadunidense Citibank, colocó una bomba de mecha corta sobre el territorio de la sucesión presidencial: Consultó al Instituto Nacional Electoral sobre las vías legales para que un candidato presidencial decline o pueda adherirse a otro solicitante de hospedaje en Los Pinos. Lo destacable de ese suceso, no precisamente accesorio, es que el consultante es un banco extranjero. Lo dejamos de ese tamaño. No es el caso especular si esa inquietud la comparte el resto de los socios de la Asociación de Bancos de México. Si conviene, en cambio, subrayar que la operación del sistema de banca y crédito es dominada por inversionistas extranjeros, a quienes tanto ama el actual grupo dominante en el país.

En busca de una salida de escape

En estricto rigor jurídico y político, y, desde una imperiosa perspectiva de racionalidad democrática, ¿tiene el régimen constitucional mexicano, secuestrado por una insolente e impune partidocracia, soluciones aceptables universalmente a una eventual crisis de elección presidencial?

Si a más de un siglo de azarosa vigencia de la Constitución de 1917, todavía se debate en los cenáculos del Derecho el imperativo de legislar y aplicar el control constitucional sobre el Poder Ejecutivo, y nada se ha avanzado en ese sentido con una auténtica reforma del gobierno, ¿hay respuestas no discrecionales o de facto para una contingencia de esa magnitud? De soluciones hablamos, no de salidas por la puerta falsa.

Partamos de dos experiencias relativamente recientes: El asesinato en campaña en 1994, del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y la súbita internación hospitalaria del presidente Vicente Fox, supuestamente para someterlo a una intervención quirúrgica de la columna vertebral.

Aunque la suplencia del candidato Colosio quedó sujeta al régimen interno del PRI, se invocó la Constitución aplicable a un secretario encargado del despacho, Pedro Aspe Armella, impedido por el plazo de ley para separarse de su encargo. El remedio salió peor que la enfermedad.

En el caso de Fox, se debatió en el ámbito legislativo el tema de la sustitución de presidente ante un eventual desenlace involuntario que origine su ausencia. Fox estaba confinado en el Hospital Militar.

La eventualidad fue desquiciada por la pretensión del Partido Acción Nacional (PAN), de delegar en automático el relevo en un militante de dicho partido, obviamente impugnada por bancadas parlamentarias de la oposición.

El galimatías de la reforma constitucional de 2012

En la reforma constitucional de agosto de 2012, ya en la transición presidencial, se estableció que “en caso de falta absoluta” del presidente, en tanto el Congreso nombra sustituto en un plazo no mayor a 60 días, asumirá “provisionalmente” el cargo el secretario de Gobernación.

Para entonces, dos titulares de Gobernación habían muerto en accidentes aéreos y uno defenestrado por el jefe del Ejecutivo.

Es de observarse que, en esa reforma, por razones que sólo entendieron —si es que la entendieron de veras— los legisladores que dictaminaron la iniciativa suprimieron tres candados: Tener 35 años cumplidos, haber residido en el país todo el año anterior al día de su designación (el texto dice elección), y no ser secretario de Estado. Con esto último se obvió el nombramiento del de gobernación. Todo quedaría entre familia.

No estamos hablando de la sustitución del presidente en funciones. Tratamos de la posibilidad de una crisis de la elección presidencial antes del 1 de julio y a cinco meses de que el actual titular del Ejecutivo agote el término constitucional para el que fue electo.

¿Es temerario plantear ese riesgo? A la luz de conflictos palmarios que se dan en las actuales campañas presidenciales, la temeridad queda de lado.

La ilegalidad prima ya el proceso de sucesión presidencial

En la contienda presidencial en marcha, fueron metidos “con calzador” en las boletas de elección presidencial dos candidatos independientes, con demostradas y descomunales transgresiones al régimen electoral que quedaron impunes. La ilegalidad prima desde ahora el proceso.

Los candidatos formales de los frentes partidistas y sus coordinadores de campaña, se han alejado de todo principio de una contienda cívica que exige civilidad democrática.

Mandata la Constitución que, en la propaganda política y electoral que difundan los partidos, “deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o calumnien a las personas”. A los partidos, “les vale”.

Los árbitros electorales andan agarrados de la greña

En el centro de gravedad del conflicto y de la incertidumbre, están los propios árbitros electorales federales —consejeros y magistrado—, que se han trenzado en un público “choque de trenes”, poniendo recíprocamente en entredicho la certeza y la legalidad de sus actuaciones y, sobre todo, el principio de imparcialidad; tres condiciones que deben acreditar la electoral como función de Estado.

El cuadro descrito vulnera la credibilidad de los actores políticos y de los agentes de Estado responsables de la formación de los futuros poderes públicos.

No hay signos de que esos coléricos beligerantes se compadezcan del estado de ingobernabilidad que desvertebra y agobia a la República, y horroriza a la sociedad.

Para apelar al lugar común, el México bronco ha sentado sus reales en el mero corazón de la sucesión presidencial.

Sucumben piezas menores, ¿los peces gordos están a salvo?

Ya no se trata meramente del ajuste de cuentas entre las facciones del crimen organizado: La acción homicida, en su tipificación de dolosa, ha cobrado entre sus víctimas a numerosos militantes políticos, sobre todo a alcaldes municipales y diputados o en vías de serlo.

Nada garantiza objetivamente que los cañones de las armas de fuego no levanten la mira hacia otros objetivos más sensibles.

La espiral de la violencia exhibe la impotencia del Estado, si no para contener la escalada, al menos atemperarla. Ni los órganos de seguridad Pública y Nacional, ni las instituciones de procuración y administración de la justicia están a la altura del monstruoso desafío a los poderes constitucionales.

Trump ya tiene apostados más activos militares en la frontera

Para poner la ingobernable situación interior en el más de los indeseables e inadmisibles de los extremos, está la incesante amenaza del imperio vecino.

El demencial inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, no cesa sus hostilidades contra México, que no se quedan en la simple retorica: Los ataques directos a la economía nacional, de por sí resquebrajada ya en sus variables fundamentales, no son cuestión de poca monta.

Lo grave, de veras grave, y en términos logísticos incontestable, aquí donde la diplomacia ha perdido su eficacia, es que el que manda en Washington está obcecado en mentar la soga en casa del ahorcado.

Lo hace, con terquedad vesánica: Ya ha apostado a unos metros de la frontera con México contingentes militares adicionales, con capacidad tecnológica y de fuego, que no se corresponden proporcionalmente con la precaria capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El aparato civil que tiene a su cargo la organización y la calificación de las elecciones presidenciales, está desacreditado por sus propios depositarios.

El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, metidos en inconstitucionales funciones de Seguridad Pública, no se dan abasto para aplacar a las fuerzas armadas financiadas y operadas por los poderes fácticos en pugna por el control de todas las actividades criminales, que extienden ya su acción al exterminio de la clase política.

Las Cámaras del Congreso de la Unión, están repletas de suplentes porque la mayoría de los legisladores titulares abandonaron curules y escaños para buscar otras posiciones donde seguir medrando a placer.

Está activa la sociedad civil, ¿quién la pela?

Hay, es cierto, la incesante y multitudinaria movilización de la sociedad civil, que exige freno a la corrupción pública, castigo a los corruptos, y justicia para aquellos que han sido exterminados en la guerra entre los cárteles y las operaciones de la delincuencia común, pero su clamor no es escuchado por aquellos que el 1 de diciembre de 2012 prometieron a los compatriotas en México en paz.

¡Votos sí, balas no! Respuesta, “ni los veo ni los oigo”

Desde la sucesión presidencial de 1988, una consigna recorre el territorio nacional: ¡Votos sí! ¡Balas no! Treinta años después, nadie la ha escuchado, porque los del poder político responden con la técnica de la arrogancia: “Ni los veo, ni los oigo”.

Todo lo aquí escrito, prefigura un perverso escenario que autoriza la hipótesis de una crisis de la sucesión presidencial de 2018. Si el proceso pasara ileso la prueba del acido (literalmente de ácido) el 1 de julio, ¿quién descarta que los remesones no lleven el tsunami de la indignación y la violencia hasta el 1 de diciembre a todas las moradas del poder?

Ya no queda a los mexicanos ni el consuelo de la cristiana resignación: “El que sepa rezar que rece. El que no, pues no”.

Las plegarias no son atendidas por el altísimo y sus vicarios aquí están sordos y ciegos. ¡Perdóneseles, porque se hacen que no saben lo que hacen! Saben, sí, lo que la impunidad, porque la practican cotidianamente y con su itinerario. Es cuanto.

                        



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