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Edición 370

 p1370

VOCES DEL DIRECTOR

Respeto a libertades y derechos políticos, deuda insoluta.

Mouris Salloum George

 

Desde la perspectiva de una cultura democrática, resulta harto deprimente que derechos políticos y libertades civiles, ya elevados a rango constitucional y por tanto de observancia universal, queden expuestos a la voluntad discrecional de futuros gobernantes.

 

Esa es una de las graves deformaciones del sistema presidencialista mexicano, agravada por lo que los expertos en ciencias jurídicas tipifican como facultades metaconstitucionales del presidente, de las que hace uso y abuso el jefe del Ejecutivo en turno.

 

El fenómeno se agiganta cuando el partido en y del gobierno se obceca en un rezagante -congelante, por decir lo menos- continuismo en el poder, en una             operación que sus detractores suelen denunciar como más de lo mismo.

 

Porque “el cuero duele más que la camisa”, el tema que nos ocupa y nos preocupa como oficiantes del periodismo independiente, no es el régimen en estricto rigor, sino su praxis, en materia de relaciones Estado-Medios de Comunicación.

 

Desde los albores del México independiente, la Libertad de Prensa ha permanecido en la constante de la defensa del pensamiento libre, en un ciclo que arranca en el siglo XIX y no logra cerrarse en pleno siglo XXI.

 

Durante el siglo XX el ejercicio del periodismo estuvo sujeto absurdamente a una Ley de Imprenta que, por añadidura, se promulgó antes que la Constitución de 1917, de manera que la reglamentación no se actualizó ni se concilió en la misma dirección y magnitud de otros Derechos Sociales.

 

Con la Gran Reforma Política 1977-1978, en diez palabras se condensaron anhelos y esperanzas de los practicantes del periodismo: El Derecho a la Información será garantizado por el Estado.

 

Otras promisorias prescripciones incorporadas al texto constitucional hace cuatro décadas, como derechos del ciudadano y de su representación e intermediación políticas, se sustanciaron simultáneamente en leyes secundarias, cuya aplicación fue inmediata.

 

No fue el caso del Derecho a la Información. Poderes fácticos se declararon en resistencia durante cuatro sexenios y sólo hasta principios del siglo que corre se acometieron desde el Estado iniciativas para reglamentarlo.

 

La cuestión puede documentarse con una marcada contraposición: Los partidos representados en las cámaras legislativas federales, en nombre de la ampliación de la vida democrática, legislaron a pasto para darse a si mismos nuevos derechos y prerrogativas electorales, rayanos en inadmisibles privilegios.

 

Aun en materia electoral, la delegación de facultades constitucionales en los árbitros electorales para, verbigracia, regular la publicidad en campañas ha sido, hasta la fecha, materia de conflicto que suele culminar en la instancia jurisdiccional cuyas sentencias, sin embargo, no allanan las exigencias de una sociedad que quiere estar mejor informada a la hora de intervenir en la formación de los poderes públicos.

 

El desapego o franco desacato de la Constitución y las leyes derivadas, tiene como santo y seña la impunidad. Lo que nos remite al centro de las preocupaciones del momento.

 

La impunidad ha sido el más innoble e irracional estímulo para la incesante perpetración crímenes contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, imperativos vinculados en línea directa con los principios de transparencia y rendición de cuentas, cuyos primeros sujetos obligados son las instituciones del Estado.

 

En las ediciones de Voces del Periodista que hoy ponemos a la vista del lector, presentamos la galería del horror en la que se retratan asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos de periodistas y comunicadores, y atentados contra instalaciones de empresas editoriales que se niegan a someterse a la criminal censura.

 

Expuesto en otras páginas el abominable cuadro del drama periodístico retomado en ocasión de la entrega de reconocimientos instituidos por el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, menester es explorar y denunciar el disimulo,   la negligencia, cuando no la complicidad de los hombres de Estado, en esos ataques de Lesa Libertad.

 

Porque resentimos en carne propia, y no sólo por vocación solidaria con las víctimas, porfiamos en el señalamiento de que el desbordamientos de los instintos represivos de quienes tienen a su servicio la satánica Ley de plata o plomo, no fuera posible si la autoridad responsable de prevenir, investigar y castigar esos crímenes ejercieran su responsabilidad.

 

No se pide un imposible: Sólo que los responsables de la procuración y la administración de Justicia cumplan lo que juran al tomar posesión de su encargo: Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Hacerlo, además, leal y patrióticamente.

 

Porque en la agobiante y lacerante realidad que viven los mexicanos no se da ese supuesto, es autorizado afirmar que el ejercicio del poder en nuestro país está estigmatizado por la simulación, la hipocresía, la complicidad y el amparo a quienes, de palabra y de hecho, se han declarado fuera de la Constitución y del Derecho de gentes, ahí donde el Estado mexicano es parte de tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

 

Dejar, como planteamos a la entrada de este tema, en manos de gobernantes que vienen, la suerte de derechos políticos y libertades civiles ya constitucionalizados, es como arrojar una piedra en mar embravecido: Los beligerantes por la presidencia, vista la batalla de lodo en la que están chapoteando, buscan el poder por el poder mismo, no como imperativo al servicio del bien común. Y a “eso” le llaman democracia.

 



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