APUNTE

¿Y dónde están los fiscales?

Jorge Guillermo Cano

• Más periodistas asesinados, cero “avances”
• ¿Secrecía, negligencia o complicidad?
• Los socavones también son negocio
• Espionaje de todo tipo, imparable
• No pagar: la fortuna de los aseguradores

CULIACÁN DEL CAOS VIAL,los baches y los topes, Sinaloa. El pasado 24 de agosto se cumplieron seis años del asesinato de Humberto Millán Salazar; el 5 de septiembre pasado, diez desde que fue ultimado Oscar Rivera Inzunza, y ya va para cuatro meses del artero crimen del que fue víctima Javier Valdez Cárdenas. Los tres en Sinaloa y todo sigue en la más absoluta impunidad, sin que haya autoridad “competente” que dé la cara para una mínima explicación, siquiera.

NOS COMUNICAMOSa la oficina del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, para solicitar información sobre el estado de las investigaciones. Se nos dijo que recibiríamos una llamada del propio fiscal y a la fecha nada.

Hasta ahora hay cero avances en las investigaciones (al menos eso es lo que se concluye del hermetismo oficial) y permanece el reclamo de justicia entre los periodistas y la sociedad sinaloense en general.

Por su parte, el fiscal del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, ha venido siendo, en la práctica, un cero a la izquierda incapaz de generar información propia. Lo mismo que ha sucedido con quienes le han antecedido en el cargo.

Dos fiscalías, cero resultados

El pasado 19 de mayo tuvo lugar una reunión en la sede de la fiscalía estatal de Sinaloa, a la que acudimos representando al Club de Periodistas de México. Ahí, los dos fiscales informaron que, respecto al crimen de Valdez Cárdenas, hay dos carpetas de investigación: una, de la Fiscalía de Justicia estatal y otra más en poder de la PGR.

Sin embargo, más allá de indagatorias básicas (como el lugar en que ocurrió el homicidio, los 13 disparos efectuados en contra de Valdez, el despojo del carro en que viajaba, la huida de los agresores, la posición en que quedó el cuerpo y la recreación del incidente en el lugar del crimen) hay cero resultados. Nada nuevo que permita considerar la existencia de avances, mientras se aleja el esclarecimiento del caso.

Y, lisa y llanamente, esa es la situación que prevalece hasta ahora: cero resultados, secrecía absoluta si los hay, desinformación a la prensa y a la sociedad.

¿Secrecía o cero avances?

Desde el principio, las fiscalías argumentaron que no darían a conocer detalles de los avances de la indagatoria debido a la necesidad de conducirse con el nivel de secrecía que marca la ley, situación que se ha mantenido hasta el momento. Una “secrecía” que no les permite hablar siquiera del asunto.

En protesta ante la falta de resultados en las investigaciones, organismos de periodistas han realizado acciones simultáneas en Sinaloa y en todo el país. Entre esas acciones, clausuras simbólicas de las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Igual, nada mueve el silencio ¿cómplice? de las fiscalías.

En el caso de Valdez Cárdenas, comisiones de periodistas han estado pendientes desde el momento del crimen hasta la fecha pero, como ya se dijo, los resultados son nulos. De los casos anteriores, tampoco nada, absolutamente nada.

Y así van.

¿Mitote mata verdad?

No gusta al poderoso ser blanco de la crítica; menos entrar al terreno de la discusión abierta y desprejuiciada. Mejor encontrar “explicaciones” de las conductas ajenas y siempre habrá alguna razón, fuera de las culpas en el criticado, que lo “explique”.

Es un asunto de suyo complejo que nos remite a las inercias sociales, a las prácticas desviadas y a la burda manipulación en beneficio del interés privado. Cuenta, también, la ingenuidad de apoyadores que creen compartir un lugar de privilegio sólo porque ayudaron a hacerlo posible.

Con todo, no es una fatalidad y siempre habrá manera de salir al paso. Por ejemplo, no permitiendo que la subcultura del mitote ocupe el lugar de las razones; exigiendo claridad y responsabilidad cuando se produce una versión de parte.

Esto viene a cuento por lo que está sucediendo en varios espacios, incluidos aquellos de los que, por su naturaleza declarada, esperamos cosa distinta. El imperativo, desde luego y por ingrato que sea, es rebatir las trivialidades “argumentativas” y colocar las cosas en su justa dimensión.

Entre culpables

Los gobiernos de “los tres niveles” se la pasan declarando imaginaciones y elucubrando sobre posibles soluciones, o paliativos, al menos, del problema que representan la delincuencia organizada y las evidentes desviaciones sociales que se traducen en actos criminales.

Por una parte, es indispensable cambiar radicalmente, de a de veras, el esquema que permite la inserción de funcionarios y mandos policiacos en las redes delincuenciales, además del reclutamiento, de suyo fácil, de jóvenes (incluso de niños y adolescentes) que pasan a verse como un ejército activo y de reserva del crimen organizado.

El otro eje, quizás el de mayor importancia, evaluar el impacto que tiene una política económica inequitativa, que genera pobreza; que cancela oportunidades en la práctica y que impide acceder a una vida digna en los términos que establece nuestra Constitución.

La responsabilidad de la clase empresarial, de la patronal, es indiscutible y no se le pone la atención debida. Las condiciones en que se da la relación laboral, los márgenes de ganancia y el incumplimiento de prestaciones básicas, son aspectos que deben ser evaluados, corrigiendo los dramáticos desfases que se siguen arrastrando.

Mientras así no se proceda, la delincuencia seguirá en campo fértil, mientras siga el deterioro de las condiciones de vida y la desintegración social que se vive en el país.

El socavón permanente

La obra pública casi siempre, por no decir siempre, ha sido un desastre: pésima calidad, vida útil por debajo del estándar, precios inflados, casi nulo mantenimiento adecuado, deficiente o ausente planeación previa, obsolescencia en periodos cortos y más.

Como se sabe, hace unas semanas hubo dos muertos en un socavón que se abrió en el libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés, y en la Ciudad de México siguen apareciendo otros en donde menos se piensa.

Las evidencias de negligencia y de negocios turbios, que rondan la irresponsabilidad criminal, en las obras que, a cargo de firmas de constructores privados (que de común resultan relacionados con funcionarios) realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) apuntan a una corrupción ya insostenible pero que sigue notoriamente presente.

La obra pública tiene que ser fiscalizada con gran cuidado y la participación ciudadana en esa revisión, hasta ahora inexistente, es necesaria.

Los espías de siempre

El espionaje y la intervención telefónica a periodistas, y a cualquier hijo de vecino si se le dan la gana a quienes disponen de las herramientas necesarias, hace mucho que opera en nuestro medio. Pero en este mar de impunidad y corrupción es una tarea prácticamente imposible poner remedio y castigar a responsables.

Es importante, sin duda, que expertos en derechos humanos de la ONU hayan pedido al gobierno de México “cesar inmediatamente la vigilancia” sobre activistas y periodistas y realizar una completa investigación imparcial sobre el espionaje ilegal, pero muy difícil que en realidad eso se atienda.

El espionaje es considerado necesario por la cúpula en el poder y para ello cuenta con muchos y diversos mecanismos. Y a ver hasta cuándo.

No pagar, es el negocio

LaComisión Nacional para la Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) delegación Sinaloa, falló en contra de la Aseguradora del Grupo Nacional Provincial (GNP), y le ordenó pagar en su totalidad los daños originados por el siniestro número 62992342, ocurrido el 19 de agosto de 2016.

Sin embargo, la empresa en cuestión no ha hecho caso al veredicto (al parecer, la Condusef le vale) y se concentra en dar largas al asunto, por lo que hay una demanda en curso por incumplimiento de contrato.

GNP ha sido objeto de múltiples quejas por parte de usuarios que la acusan de incumplir los contratos de aseguramiento celebrados con los clientes, y su estrategia principal es no pagar los daños ocasionados.

Para evadir sus responsabilidades, cuenta con un equipo de abogados en diversas partes de la república, quienes le asesoran sobre la forma de incumplir lo convenido en las pólizas, además de talleres donde las unidades que han sido chocadas permanecen “prácticamente en la basura”, dice la licenciada Margarita Torres, al referirse a las tácticas dilatorias practicadas por la empresa en cuestión.

Dilación para no pagar

GNP, como muchas otras aseguradoras en México, se maneja con una táctica dilatoria, dando muchas largas al asunto y provocando con ello el cansancio de sus clientes por andar ‘vueltas y vueltas’ hasta que, por cansancio, terminan desistiendo en su justo reclamo de que se les cumpla lo establecido en el contrato.

Según la información que se nos ha hecho llegar, correspondiente al siniestro 62992342, uno de los muchos documentados, el usuario del seguro chocó su auto y un ajustador calculó los daños (en unos minutos, a simple vista y sin revisar a fondo) en 19 mil pesos; la aseguradora declaró pérdida total del vehículo (que funcionaba) y pretendió pagar tres mil pesos y quedarse con un auto que tiene un valor de mercado superior a los 40 mil pesos.

El usuario no aceptó ese “trato” a todas luces abusivo, que raya en el fraude, y después de casi seis meses optó por recoger su auto, con fe notarial, y repararlo por su cuenta.

Nueve meses después, en mayo de 2017, la Condusef, ante las evidencias presentadas, falló a favor del cliente, pero GNP continúa dando largas al asunto, sin pagar un solo peso de los gastos de la citada reparación.

Los dueños de GNP se cuentan entre los más ricos de México. No se va lejos por la razón.

Tamborazos

-Trump no salió de la nada. Están sus cómplices en las cúpulas políticas y económicas de ese país, que también son responsables. Que ya no hallan la puerta, en efecto. Y es más penoso ver y escuchar a los defensores de Trump, que al propio especulador.

-En Jalisco, las autoridades descubrieron que narcotraficantes publicaban anuncios en el Facebook ofreciendo trabajo como encuestadores, escoltas, guardias de seguridad o policías locales. Una vez reclutados, les entrenaban para ser sicarios. La Fiscalía encontró cinco campamentos.

-No tienen límite los abusos de bancos y aseguradoras (la inefable GNP, de los Bailleres) entre otros, sin que autoridad alguna les ponga freno. La otra cara de la corrupción galopante. Su correspondencia: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

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