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Pasta de Conchos: La lucha sigue

JUAN RAMON JIMÉNEZ DE LEÓN.

De este trágico acontecimiento que toca a mi querida región carbonífera de Coahuila, los culpables por error, omisión, corrupción y represión son Humberto Moreira, gobernador con licencia, y los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Ellos siempre cargarán sobre sus espaldas este crimen industrial. Todos ellos decidieron apoyar a la empresa Industrial Minera México (IMMSA), y a los Larrea y los Rebolledo Gout,  quienes serán siempre los acusados  directos de este execrable homicidio para favorecer a ENRON. Grupo México era socia de la empresa texana que se declaró en quiebra fraudulenta el 3 de diciembre del 2003, y muy cercana a los intereses del ex presidente Bush, según lo muestra la Texas Public Information Act (Texas Government Code 552, Section 117) que exhibía la reunión de septiembre 4 de 1997, entre Bush y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jose Angel Gurria Treviño, de Tampico (plaza que se disputan los Zetas y el Cártel del Golfo, cercano a los intereses de Bush, pues Obama ha puesto en la cárcel a los tejanos Allen Stanford, del Fondo de Inversiones del mismo nombre, y a Tom De Lay, poderoso congresista federal; ambos acusados de lavar dinero del Cártel del Golfo). También en dicha reunión estuvo el director de ENRON, Kenneth Lay, y los subsecretarios de México, Javier Treviño, hoy en Cemex y profesor del ITESM, y Juan Rebolledo Gout, hoy  hombre clave de Grupo México, sospechoso de haber hecho una corrida criminal en la Bolsa de Nueva York, vendiendo stock options, a su precio más alto; esto 15 días entes del "accidente", y luego recomprándolos a su precio mas bajo 15 días después del tragico evento, ganando millones de dólares en esa corrida especulativa. Además, el Congreso mexicano en pleno, con sólo dos abstenciones del PRD, aprobó, el 9 de marzo del 2006, La Ley de Gas Asociado al Carbon Mineral en  beneficio al Grupo Mexico y AHMSA para generar energía eléctrica, cuyos excedentes serían vendidos a CFE.  Las condiciones prevalecen y se agudizan con el narco muy cerca en Muzquiz, a solo 20 kilómetros. En cerca de 100 kilómetros a la redonda se esta efectuando el mayor crimen ecológico nacional: Es la mayor concentración de maquinaria industrial por kilómetro cuadrado de México. El objetivo es sacar carbón mineral hasta de los panteones. Las concesiones se dan y se vuelven a vender al mejor postor. Es justo mencionar que quien fue nuestro apoyo en el Congreso, Rico Samaniego, senador del PAN, ya no está. Lo botaron, los panistas y los empresarios, precisamente por apoyar a los mineros y a los  microempresarios del carbón. Esto costó la vida de uno de mis mejores amigos, Alfredo Garza de la Garza.  La región es prácticamente el Wild, Wild, West. Los mineros mueren continuamente porque hay que sacar carbón para surtir a la industria acerera -Altos Hornos de Mexico, en Monclova; a la industria eléctrica, CFE de Piedras Negras (que se sospecha vende grandes cantidades de electricidad a San Antonio, Texas a la paraestatal Texas Public Utilities, administrada por Max Izaguirre, un anterior  alto funcionario de ENRON-Mexico, por lo que se cree que hay un delito moderno todavía no tipificado en México, "lavado energético". Su contraparte es el siempre corruptible director de CFE, Alfredo Elias Ayub; su hermano es yerno de Carlos Slim). También parte de ese carbón va para la cementera Cemex de Saltillo-Monterrey, de Lorenzo Zambrano, otra socia de ENRON (sus 4 empresas mexicanas y socias eran Vitro, Cemex, Peñoles y Grupo México). La demanda de carbón mineral es de 25 millones de toneladas y  la oferta es de 15 millones de toneladas. El déficit se suple con carbón de Wyoming, Colorado, y Pensilvania, lo que aumenta los costos de producción de energía eléctrica, acero y cemento y  esos costos aumentan la superexplotación obrera y la explotación despiadada del medio ambiente -entre ellos el hermoso Rio Sabinas, que casi destrozó el Huracán Alex, que terminó con la mitad de los milenarios sabinos que lo circundan en sus 150 kilómetros de recorrido- la superexplotación de los mineros (trabajo formal del sindicato minero y la subcontratación minera para evitar los aguinaldos y prestaciones sociales y en la escala infrahumana están los poceros gambusinos del carbón). Un minero del carbón saca 500 pesos semanales, dos mil al mes y 24 mil anuales o sean unos dos mil dólares al año, mientras los mineros del carbón en Pensilvania ganan 200 mil dólares al año o sea 100 veces más que su contra parte mexicana. No hay en el país una explotación tan brutal como la de Coahuila y su región carbonífera.

La violencia devasta al país. Cada día cobra más muertes que afectan por igual al ciudadano de a pie que a los gremios, a las organizaciones sociales, a las instituciones -civiles y castrenses-, así como a los delincuentes y a los sicarios. Ante este contexto de muerte, Editorial Debate convocó a 14 cronistas para que narraran sus experiencias en torno a esta realidad brutal. Los trabajos quedaron plasmados en el libro País de muertos, de Arturo Rodríguez, de inminente aparición.

Pasta de Conchos: Morir bajo tierra

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

(Proceso) / México, DF.- El turno inició a las 11 de la noche aquel 18 de febrero de 2006. Bajaron con prisa a la “plancha”, la plataforma de distribución a los túneles a 150 metros de profundidad, azuzados por los supervisores, que blandían productividad.

El cable de telesillas, por el que se internaban, falló. Mal presagio. Por la presión en los oídos, el dolor de cabeza y la sensación de asfixia, estaban convencidos de que el gas inundaba la mina. Temían que las decenas de desperfectos eléctricos y el uso de equipos de soldadura inadecuados provocaran un chispazo.

Pero así son las cosas en las minas de carbón, me lo explicó días después Domingo Martínez, un viejo minero, cuando supo que su hijo Julián había muerto. (…) “Esto es lo que nos pasa, que nos tienen con los pies en el pescuezo. Al bajar a la mina, los mineros siempre decimos ‘en el nombre sea de Dios’ y ¡vámonos pa’ abajo!”.

(…) La noche del 18 de febrero, mientras se internaban a pie en los cañones y en las galerías de la mina, los mineros discutieron. Arrastrando sus mulas, cargando la herramienta con escasa iluminación, acordaron suspender el trabajo a las 4 de la mañana, a manera de protesta, según Ervey Flores y Marco Antonio Contreras, dos de los sobrevivientes.

No regresaron. Alrededor de las 2 de la madrugada un estruendo precedió al derrumbe, que en segundos arrasó con los ademes, sus vigas y sus pilotes. Fue una reacción en cadena, una onda de calor –la encandilante luz blanca que recuerda Ervey– que atestó los tres cañones principales y algunos túneles diagonales, expulsando su furia de fuego y negros escombros por la bocamina.

Ervey y 12 compañeros lograron salir a rastras con heridas incurables, órganos muertos. Los otros 65 quedaron dentro. Fue hasta dos horas después cuando el silbato de alarma anunció el accidente. Fue el tiempo máximo de oxígeno de los equipos de salvamento. Y el necesario para que en las oficinas desaparecieran bitácoras, planos, estudios geológicos, registros de mediciones de gas…

(…) Fue el lunes 20 de febrero por la noche, cuando Francisco Xavier Salazar hizo su entrada a las oficinas de Pasta de Conchos. En uno de los patios conversaba con Xavier García de Quevedo, presidente de Industrial Minera México (IMMSA), subsidiaria de Grupo México. Me enteraría después que Salazar pernoctó en una casa de visitas de la empresa.

–¿Tienen alguna hipótesis de lo ocurrido? -les pregunté.

–Creemos que golpearon una bolsa de gas… También pudo ser un error humano –dijo Salazar y me prometió un acta de inspección.

(…) Los propios mineros se capacitan para integrar cuadrillas de rescate. Fueron ellos los que, al mostrarles el resultado de la verificación del 7 de febrero que me entregó Salazar Sáenz, se explicaron todas las deficiencias que había en Pasta de Conchos. Fue con ellos cuando supe por primera vez el motivo de su convicción por la viabilidad del rescate: en el interior estaba Juan Antonio Cruz García, a quien apodaban “El Capi”, y varios mineros rescatistas.

“El Capi” había participado en el rescate de La Morita, en 2001, cuando murieron 12 mineros. Sus compañeros recordaban en especial el accidente de La Espuelita, donde hizo prodigios de valor. Aquella vez le dijo a Elizabeth, su esposa:

“Suerte la de nosotros en las minas de arrastre; esas gentes de los pocitos no tienen nada de seguridad”. Cuando llegó a trabajar a Pasta de Conchos ni siquiera había cuadrilla de rescate y convenció a los directivos de integrarla. “El Capi” se pondría al frente de los trabajadores, hasta encontrar los barrenos para tomar oxígeno; había agua por las filtraciones y las mulas podían servir de alimento.

Sin registros

Ese día, “expertos” traídos de Virginia -pertenecientes a empresas sobre las que The New York Times jamás encontró registros- sellaron los barrenos con gota de agua para medir la presencia de gas. Cuando lo comenté con los rescatistas, voltearon a verse entre ellos.

–Ya los mataron –me dijo el mayor de los tres. Ya ni la esperanza del “Capi” quedaba. La posibilidad de que hubieran muerto en el rescate y no en el accidente jamás se exploró.

(…) Para el 23 de febrero de 2006 –cuatro días después de la explosión -la iniciativa (de Ley de Gas Asociado al Carbón) fue enviada a la Comisión de Energía para que dictaminara, y finalmente, el 9 de marzo, la Cámara de Diputados la aprobó con 334 votos a favor. El decreto se aprobó también en el Senado.

El 2 de marzo de 2006, durante un evento de “reconocimiento” a los rescatistas que participaron en el dudoso rescate de Pasta de Conchos, Alonso Ancira, presidente del GAN encabezó el acto al que asistieron los rescatistas, algunos funcionarios públicos y directivos mineros.

Durante su mensaje enumeró las bondades de la reforma pues, dijo: “Se podrían crear 6 mil empleos en la región, que México deje de importar gas y no habría riesgo de explosión. Sería injusto hoy el sacrificio de estas 65 gentes si los senadores y los congresistas no pasan esta ley”.

En entrevista, Ancira dijo que obtendría ganancias por 200 millones de dólares si se aprobaba la reforma y admitió que no gastaba más en la extracción de gas en las minas de carbón porque implicaría invertir 10 años antes en desgasificación sin que hubiera ganancias. De manera implícita reconocía que la seguridad de los trabajadores es mal negocio.

Son responsables

“¿Cómo es posible que esto no lo aprueben en el Congreso mañana?”, se preguntó, para luego sentenciar: “Si los congresistas no aprueban esto pronto, son responsables de las siguientes muertes”.

Minutos antes Arturo Bermea, director operativo de IMMSA se había pronunciado también a favor. “Esta iniciativa permitiría que se aproveche el gas para producir electricidad. No estamos aprovechando la coyuntura, pero con esta situación (Pasta de Conchos) más premura debe haber para modificar esa legislación.”

(…) En la Sener primero, y en el Servicio Geológico Mexicano (SGM) después, Rafael Alexandri Rionda afinó la reforma petrolera que vio la luz en 2008.

Ahí hizo el inventario de reservas de hidrocarburos y minerales fósiles que, con la reforma, se puede traducir en contratos por bloques para exploración y explotación para inversionistas privados. Alexandri no sólo cuantificó el potencial energético mexicano, sino que operó la delimitación para tener listos los llamados contratos por bloques.

Cuando Calderón lo puso al frente del SGM, Alexandri comenzó la delimitación territorial que, a través de cuatro asignaciones mineras, permitió la cuantificación de minerales fósiles (medidos por Pemex como equivalentes del petróleo) en 60% del territorio nacional, incluida la línea de costa y las aguas territoriales.

Ese trabajo fue el que le dio a Felipe Calderón el argumento aquel del “tesoro” que México tiene en aguas profundas con el que se consiguió la reforma petrolera.

A partir de la aprobación del dictamen de reforma petrolera en 2008, Andrés Manuel López Obrador denunció la eliminación del predictamen de las fracciones VII y VIII del Artículo 61. En la fracción VII se estipulaba: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista”. En tanto que la fracción VIII prohibía que un mismo contratista explorara y produjera en un mismo sitio. Esas fracciones desaparecieron de las reformas aprobadas el martes 28 de octubre de 2008 en la Cámara de Diputados. El senador Pablo Gómez advirtió que al borrar esas fracciones, parecía que querían cuadricular el Golfo de México y repartirlo entre trasnacionales.

En un documento titulado “Prospectiva de Hidrocarburos 2007-2012 en México, elaborado por Alexandri cuando aún era funcionario de la Sener, se determinó que los recursos petroleros (y sus equivalentes) estimados en aguas son por el orden de 55% de las reservas cuantificadas y 45% se ubica en tierra.

Siguen los accidentes

Desde el accidente en Pasta de Conchos, a enero de 2009, en la Región Carbonífera, donde operan casi 600 minas de carbón, sólo hay seis inspectores de la STPS que además deben atender el resto de los ramos productivos.

Por eso, y por las complicidades, los accidentes han continuado. En un principio la información es escueta, pero el ENPL (Equipo Nacional de Pastoral Laboral) se ha dedicado a dar seguimiento a cada caso hasta llegar a las mismas conclusiones: ausencia de medidas elementales de seguridad, connivencia con inspectores de la STPS y poderosos empresarios detrás de cada siniestro minero.

Sólo en 2006 hubo accidentes en la mina La Luz, de la compañía minera San Patricio, donde murió un trabajador y hubo cuatro lesionados. En Pasta de Conchos murió un rescatista. En un pozo de la empresa Durmak, S.A. de C.V., murió otro trabajador y cuatro resultaron lesionados. Falleció otro minero en una volcadura debido a las malas condiciones mecánicas de un camión de transporte de personal de Minerales Monclova.

Si Pasta de Conchos es un caso emblemático, el esquema de encubrimiento se ha presentado en otros, como el de la mina Lulú, el 6 de agosto de 2009, donde murieron dos trabajadores. La labor del ENPL permitió saber que ahí las medidas de seguridad eran igual de deficientes que en Pasta de Conchos, que los inspectores de la STPS habían verificado días antes la mina, que los trabajadores estaban registrados en el IMSS por una tercera parte de su sueldo real. Así como en Pasta de Conchos se dijo que la explosión fue por golpear una bolsa de gas, sin mayor sustento técnico, en la mina Lulú se aseguró que había sido un efecto de aire comprimido. Lo mismo: en las minas las bolsas de carbón no provocan explosiones de por sí, y en ninguna hay “efectos de aire comprimido”.

La mina Lulú es propiedad de Salvador Kamar Apud, un influyente empresario de la Región Centro, dueño también del periódico “La Voz”, con sucursales en Monclova y Piedras Negras. Naturalmente, el informe del ENPL ni siquiera apareció en medios locales.

Siguió el pozo Ferber, el 11 de septiembre de 2009. Propiedad de Fernando Barrera, su operación estaba clausurada por una inspección de la STPS. De nada sirvió. Ahí murió un trabajador cuando al registrarse un derrumbe el personal no tuvo manera de pedir auxilio, por lo que fue trasladado por varios kilómetros hasta la carretera para pedir un aventón al IMSS de Nueva Rosita, a donde llegó a morir por fractura de cráneo.

Pasta de Conchos dejó 64 viudas y 160 huérfanos, la mayoría menores de edad. Imposible determinar el número de padres, hermanos, amigos. En la búsqueda de justicia, esas familias han soportado el acoso, la falta de acceso a la justicia, la agresión verbal y aun física.

(…) A la orilla del camino a Pasta de Conchos, el polvo negro del carbón es una alfombra indeleble. La noche de cada 18 de febrero el obispo Raúl Vera, el jesuita Carlos Rodríguez y la activista Cristina Auerbach, esperarán con cientos de deudos a que el reloj marque las 2:00 horas del 19 de febrero.

(…) Así, con dos toldos desvencijados, realizan su Memorial por los Mineros. A una temperatura promedio de cero grados, como a la 1 de la madrugada, Raúl Vera celebra su misa al lado de Carlos Rodríguez, Alejandro Castillo y párrocos rebeldes de la región.

(…) Vera López siempre arremete contra la irresponsabilidad del Gobierno, por la negligencia homicida de Grupo México y de quienes se enriquecen con base en la explotación laboral. Se desgañita denunciando a los responsables que, dice, son muchos.

Termina la misa y la gente permanece en su sitio. Como a las 2:10 de la madrugada, casi la hora oficial en que se registró el estallido fatal, las mujeres sueltan 65 globos blancos en recuerdo de sus 65 mineros. Los 13 sobrevivientes del estallido entregan a la Iglesia sus ofrendas: overol, botas, casco, respirador, lámpara y equipo de autosalvamento.

Entre las sombras empiezan a sonar los silbatos, que simbolizan el estruendo de las contingencias mineras; pequeñas campanas se percuten como en llamada de emergencia y de la oscuridad de los llanos surge el llanto atormentado de las sirenas de la Cruz Roja. El reloj marca las 2:15 horas cuando se rehace la calma y una voz femenina pronuncia el nombre real de los muertos, que fueron padres, hijos y hermanos, sin apellido de mina. Hasta aquí la crónica de Proceso

Variaciones sobre el tema

MARÍA EUGENIA ARRIAGA SALOMÓN

Pastoral de la Comunicación. Diócesis de Saltillo

Dime desde allá abajo..."

Campaña “Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias”

¿Si en Chile se pudo!  ¿por qué en México no?

Desde lo acontecido en Chile en octubre pasado (el rescate de los “33 mineros de Atacama”), se abrió una nueva posibilidad de exigencia para que el Estado mexicano emprenda las labores paralizadas del rescate de los restos mortales de nuestros seres queridos, repare el daño y reivindique nuestro derecho humanitario a enterrar a nuestros muertos. La operación es técnicamente posible, no necesariamente trágica, y moralmente urgente para cesar un sufrimiento prolongado que comenzó con una explosión fruto de la negligencia corresponsable de Industrial Minera México, presidida por Francisco Javier García de Quevedo, de Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, y del Estado mexicano por la omisión de los inspectores de la STPS, a cargo entonces, del hoy diputado federal Francisco Javier Salazar Sáenz. Insistimos en que tanto antes del 2006, año del siniestro, como después, a todos los siniestrados se les ha rescatado (alrededor de 1,347), vivos o muertos, pero todos han sido recuperados.

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana

En la explosión murieron 65 de nuestros compañeros y 63 cuerpos de ellos siguen abandonados en el interior de la mina sin que se les haya dado digna sepultura y sin que la empresa haya otorgado adecuadas indemnizaciones a las viudas y familiares, ni el gobierno haya hecho absolutamente nada para castigar a los responsables del siniestro, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de esa empresa, Xavier García de Quevedo, sus directivos, vicepresidentes y accionistas.

El mundo entero ha constatado cómo en Chile el año pasado se logró el rescate de 33 mineros vivos a más de 2 meses de ocurrido un derrumbe en la mina San José de Copiapó, por la acción solidaria del gobierno de ese país, los sindicatos, la empresa y los trabajadores.  Por el contrario, en México, en una actitud vergonzosa, inhumana e insensible, el entonces presidente Vicente Fox, la empresa Grupo México y el detestable titular de la STPS, Francisco Javier Salazar, cerraron la mina de Pasta de Conchos sólo 5 días después de la explosión, en la que desde el primer día del percance estuvieron presentes el compañero Napoleón Gómez Urrutia y su familia. Con esa decisión inhumana condenaron a la muerte a los 65 trabajadores allí atrapados, a pesar de las insistentes demandas directas del compañero Gómez Urrutia para que se realizara el rescate de los mineros.

Ni Fox ni Larrea tuvieron la decencia de presentarse en el lugar para organizar el rescate de los cuerpos y llevar aliento y apoyo a las viudas y deudos de los mineros muertos. En Pasta de Conchos la explosión ocurrió a sólo 120 metros de profundidad y en terreno plano y suave, en tanto que en Chile el percance sucedió a 750 metros de profundidad en terreno rocoso y montañoso. No hay justificación alguna ante esta vergüenza histórica de México, ya que la causa por la que no quisieron rescatar a los mineros mexicanos atrapados, fue para ocultar las inhumanas condiciones de seguridad industrial que allí había, y esta conducta indigna se dio en el gobierno de Fox pero la ha proseguido el de Calderón.

A esta vergüenza nacional de la impunidad con que se mantienen los responsables de la tragedia, se suma que en ese momento, casi simultáneamente, se inició la agresión violenta contra el Sindicato Nacional de Mineros, contra el compañero Napoleón Gómez Urrutia y contra otros dirigentes, la cual es una persecución política sin precedentes en la historia de México. Pretendieron descabezar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, primero con un asalto a nuestras oficinas sindicales y después con una falsa, ilegal e inconstitucional “destitución” del compañero Gómez Urrutia y el “reconocimiento” a un descalificado individuo que ni siquiera formaba parte del Sindicato y sin que previamente hubiera una Convención, Elías (alias) “el sope” Morales, títere de Larrea y Grupo México, como supuesto dirigente nacional, donde ninguna de las dos perversas maniobras les dio resultado a los agresores.

Han sido 5 años de conflicto minero, que constituyen una vergüenza histórica para el gobierno de Vicente Fox Quesada, y también para el actual de Felipe Calderón Hinojosa que continúa esa obsesiva y demencial persecución política, en complicidad ambos hacia Germán Feliciano Larrea Mota del Grupo México, y hacia otros empresarios igual de ambiciosos.

En esta persecución perversa e irresponsable han echado todo el peso del Estado contra el Sindicato Minero y sus dirigentes, con la participación y guía de Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, y Grupo Acerero del Norte de Monclova, Coahuila, de Alonso Ancira Elizondo, así como la de muchos medios de información, a cuyos dueños los amedrentaron o corrompieron para sumarse a las agresiones. La avaricia, la ambición de esos empresarios ha ocasionado estas tragedias y esta persecución, que en el caso de Pasta de Conchos no sólo no les compensan la tragedia sufrida a las viudas, sino que las amenazan y las persiguen.

En todo el conflicto minero, han asesinado a más de 100 compañeros trabajadores, incluidos los que murieron por “asesinato corporativo” en Pasta de Conchos, así como en otros accidentes por negligencia, y en otros casos con el uso de la fuerza pública reprimiendo trabajadores directamente con todo el poder militar y policiaco, como en abril de 2006 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o en protección a grupos de golpeadores y “porros” mercenarios, como en Nacozari, Sonora, y en Fresnillo, Zacatecas. Lo cual hace evidente que los represores tienen, y tendrán para siempre, las manos y la conciencia manchadas de sangre minera.

Necia y cínicamente se han negado a atender todas las demandas legítimas de los trabajadores mineros, como las de seguridad industrial e higiene y salud en el trabajo, que son a la vez las principales exigencias de las 3 huelgas en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero, que ya contabilizan 3 años y medio sin que el Grupo México haya dado un solo paso para resolverlas, a pesar de la buena disposición del Sindicato y de los trabajadores a llegar a una solución negociada pero con respeto pleno a los intereses de los compañeros en huelga y a sus derechos sindicales.

Han detenido y mantienen presos a los compañeros Juan Linares Montúfar, Presidente de nuestro Consejo General de Vigilancia y Justicia, desde hace dos años y dos meses, sin darle derecho a juicio justo ni otorgarle amparo, por lo cual lo tienen encarcelado en calidad de preso político; y Martín Fernando Salazar Arvayo, de Cananea, Sonora. Para ellos el Sindicato Minero exige su inmediata libertad.

Han congelado las cuentas bancarias del Sindicato Nacional y sus Secciones, con el objeto de asfixiar nuestra lucha. Han realizado una multitud de acciones ilegales, como la negativa arbitraria para otorgar reconocimiento formal a la investidura del compañero Gómez Urrutia como nuestro Dirigente Nacional, así como las empecinadas órdenes de aprehensión contra el mismo, que en 7 juicios han sido dictaminadas como inconstitucionales por diferentes jueces y tribunales, después de haber sido echadas abajo por la defensa legal de nuestra Organización Sindical, lo cual abre la puerta para que nuestro Líder Nacional, Napoleón Gómez Urrutia, pueda regresar a México.

En todas estas acciones persecutorias han operado diferentes dependencias del gobierno federal y algunos gobiernos estatales, especialmente el siniestro individuo que aparece al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y en su momento el detestable sujeto que fue titular de la STPS en el tiempo de Fox, Francisco Javier Salazar (alias) el “capablanca” de la organización ultraderechista El Yunque, y uno más que ya pasó a mejor vida, Carlos María Abascal Carranza. Asimismo, el abogado de Grupo México, Fernando Gómez Mont Urueta, quien en su breve paso por la Secretaría de Gobernación, ya en el sexenio actual, dejó sentir su espíritu mafioso a favor de Grupo México, encarceló a Juan Linares Montúfar y congeló cuentas bancarias sindicales.

Han sido, pues, 5 años de vergüenza para estos gobiernos del PAN, que se han dedicado a participar en estas agresiones y los homicidios industriales, y han utilizado con sus aliados empresariales todo el aparato de poder en esta perversa persecución, degradando la política y la función de gobierno al poner a funcionarios serviles a los intereses empresariales, como el señalado Javier Lozano Alarcón, quien le besa los pies a Larrea de Grupo México y a cuanto empresario poderoso apenas se le acerca, y que en el delirio de la enfermedad mental que sufre quiere ser nada menos que candidato presidencial. La impunidad, el encubrimiento ilegal, los crímenes no resueltos, han sido la constante de estos gobiernos de derecha, en sus agresiones contra el movimiento sindical, pero no sólo contra mineros, sino contra electricistas y grupos de trabajadores que ejercen sus derechos a la libre asociación sindical.

El Sindicato Minero es desde 2003 miembro de la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas), y el compañero Napoleón Gómez Urrutia fue elegido en 2005 vicepresidente del Comité Ejecutivo Mundial de esta Federación. Desde 2005 existe una Alianza Estratégica con los United Steel Workers de Estados Unidos y Canadá, que va en camino de una firme fusión de ambos Sindicatos. Hemos recibido la solidaridad también incondicional de la CSI (Confederación Sindical Internacional), que a su vez agrupa a más de 157 millones de trabajadores.

Con este movimiento nacional y, sobre todo, internacional, se produce una condena moral universal a  la vergüenza histórica que representan las agresiones contra mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, así como contra nuestros hermanos electricistas. Se repudian las acciones de los gobiernos reaccionarios, fascistas y corruptos de México y de las empresas antisociales que pasan por encima de los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, aplican políticas antisindicales y fomentan la corrupción de indignos individuos que se prestan a seguir estas agresiones, como los tristemente célebres:

Elías (alias) “El sope” Morales, Carlos (alias) “La marrana” Pavón, Juan Luis Zúñiga Velázquez (alias) “El naco”, Miguel Castilleja (alias) “El tengoché”, Martín Perales (alias) “El loco”, Jesús Salas Quiñones (alias) “El cucho”, Lino Juárez (alias) “El borrachín”,
David Navarro, Salvador Chaires Y los “charros” de Ancira en Monclova: Juan Antonio Vaquera, Héctor Jiménez Coronado, Roberto Hernández Terrazas. Todos los cuales se han prostituido y son usados por los empresarios antisociales para agredir a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos y a nuestro Sindicato Nacional. Todos ellos comparten la calificación de ladrones, pillos y corruptos, y en el caso de “la marrana” Pavón, el de asesino del compañero Juventino Flores Salas. A todos ellos los manejan indistinta o conjuntamente los empresarios Germán Feliciano Larrea Mota Velasco de Grupo México, Alberto Bailleres de Grupo Peñoles, y Alonso Ancira Elizondo de Grupo Acerero del Norte (Altos Hornos de México), empresarios que  tienen a su servicio al peor secretario del Trabajo que jamás haya habido en México, Javier Lozano Alarcón, que ha convertido a esa dependencia oficial en un centro de producción de “charros” y sindicatos blancos y ha hecho de la corrupción su máxima herramienta de “trabajo”. El Sindicato Nacional de Mineros ha interpuesto ante la H. Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra este sujeto por más de 24 violaciones graves al Estado de Derecho y a los Convenios Internacionales de Trabajo firmados por el gobierno de México.

Pese a todos estos personajes siniestros, el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y el Comité Ejecutivo Nacional, refrendan la gloriosa historia de 76 años de lucha de la Organización a favor de los trabajadores, con acciones diarias en defensa de la autonomía y libertad sindicales, y con el logro de aumentos salariales y prestaciones de un 14% en promedio, muy por encima de los que se logran en el resto del país y en muchas partes del mundo. Y exige que cese la violación a los derechos laborales y humanos de los trabajadores mineros y de otros gremios.

No han podido ni podrán vencernos. Cuando iniciaron la agresión en febrero de 2006 creyeron que sería cosa de dos semanas que cayera derrotado el Sindicato Nacional de Mineros, y como no han podido ni podrán contra la honestidad, la valentía y la lealtad de los trabajadores, se han ido por la senda ilegal de atacarnos con violencia, calumnias y blasfemias, nunca con ideas ni con principios, ya que no tienen otros que no sean su ambición y su avaricia.

Pues a pesar de todo ello, y de ellos, el Sindicato Nacional de Mineros ha seguido avanzando. Vamos por más triunfos y continuaremos nuestras luchas legales a favor de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México. Es más, en el último año más de 6 mil trabajadores se han afiliado a nuestra Organización Sindical.

Exigimos:
* El rescate de los 63 cuerpos en la mina de Pasta de Conchos, la indemnización justa a los familiares de los mineros muertos y el castigo a los responsables del homicidio industrial.

* El cese inmediato de la represión contra mineros y electricistas.

* El juicio político a Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS.

* El reconocimiento pleno a nuestro dirigente Napoleón Gómez Urrutia, quien en 5 ocasiones ha sido reelecto por unanimidad durante el conflicto minero en otras tantas Convenciones Nacionales.

*La libertad inmediata de los dirigentes mineros presos.

*El descongelamiento de cuentas bancarias sindicales, patrimonio de los trabajadores.

* Que el gobierno obligue a Grupo México a sentarse a negociar y resolver las 3 huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco.

¡EXIGIMOS PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA SINDICAL!

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