Ya lo dijo el clásico: “El cambio también es reversa”

La clase obrera va al

Centenario

La escoltan los impulsores  del proyecto de contrarreforma laboral calderoniana

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Sobre toda propiedad privada grava

una hipoteca social”.

Papa Juan Pablo II

en discurso pronunciado al inaugurar

la III Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano (26-31-I-1979),

en Puebla de los Ángeles, tierra de Javier

Lozano Alarcón.

En efecto, la clase trabajadora mexicana va -de regreso- a los festejos del Centenario, pero del de la Independencia, que pomposamente ordenó el sátrapa Porfirio Díaz Mori para que sus lacayos le dieran masajes a su enmedallado ego y el mundo conociera sus inmarcesibles glorias epopéyicas. Parece dar lo mismo si el proletariado transita ahora, como ayer, hacia “el paraíso” de la alienación, que con severos e hirientes trazos fílmicos nos presentara, tiempo ha, Elio Petri. (La classe operaria va in paradiso.)

Después de un aciago siglo de incesantes y no pocas veces sangrientas luchas, de modestas pero estimulantes conquistas y de ruines traiciones, de esperanzas reinvindicatorias y de crueles desencantos, de tímidos avances y catastróficos retrocesos,  los proletarios de la ciudad y del campo, los trabajadores manuales e intelectuales de México, han sido puestos en el camino de retorno a los tiempos de la dictadura regeneradora, que patrocinaba la importación de sementales europeos “para mejorar” la degradada  raza” azteca, según la veían Los científicos porfirianos. El retorno a la edad del orangután, para recordar a José Ortega y Gasset.

Los del “cristiano” humanismo político, devenido mafiosa adhesión a la construcción de la economía criminal, tomando el depredador y sedicioso neoliberalismo a titulo de fe, vuelven a las enconosas brechas de Cananea, Río Blanco y Santa Rosa por atajos del Distrito Federal y del centro del país, para aplastar, si fuera necesario a sangre y fuego, la iracunda, pero justa protesta de los insumisos.

Neoliberalismo para liberar la furiosa fuerza de la rapaz e insaciable plutocracia nativa y extranjera, proponen los capataces de Los Pinos la contrarreforma laboral. La maquillan como a una astrosa comadre supuestamente jurídica -sin tocar el constitucional artículo 123-, para lograr la generación de empleos, aunque sea con burlesco pago a destajo, mientras se desgañitan voceando a coro que los perdidos durante “el catarrito” se han recuperado hasta con rédito no gravable por las corderas voluntades del fisco-terrorismo, cebado ejemplificantemente en víctimas mediáticas, como la madre de la embatible Gloria Trevi.

Hay, en el alegato gubernamental sobre la urgencia del proyecto, una procaz argumentación de irrespirable tufo salinista: Salinas de Gortari, en la “racionalización” de sus iniciativas para, por ejemplo, reabrir espacios a la participación del clero en la política o privatizar el ejido, declaraba que era “una demanda de la sociedad” acabar con la simulación prevaleciente en relación con esos temas, habida cuenta que los ordenamientos constitucionales y legales derivados eran sistemáticamente transgredidos.

La obscena lógica del priismo salinista funcionaba de esta manera: para no destapar la caja de Pandora, que podía significar perder clientelas y votos, hay que tolerar la desviación o violación de la ley. Una vez creado estado el provocador quebrantamiento de la norma, había que -en vez de exigir su observancia por las vías que la propia ley prescribe-, derogarla o hacer una nueva a sabor de los transgresores. Es el mismo “razonamiento” (de hechos consumados) que ahora esgrimen los personeros del panismo: Si deliberadamente y de facto se ha erosionado el modelo de relaciones de producción, sustentado en una relación contractual con base en lo que establecen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, pues hay que extinguir de un plumazo lo que dispuso el poder constituyente. Y a esto le llaman Estado de derecho los de la Escuela Libre de lo mismo. (Pero, ¿qué es eso andar con la ociosa vacilada de la justicia social?  Aunque ésta esté prefigurada en El Levítico, ni el cardenal Norberto Rivera (a la) Carrera se lo cree. El Levítico es para asestárselo a los jotos, y punto.)

Si a esas vamos en el asunto de la conveniente y convenida simulación, como los jefes de los cárteles de la droga se han erigido en campeones del desfiguramiento y la ruptura del orden legal, hay que legislar a la medida de los intereses en juego en esa perversa empresa. Y no es una broma de mal gusto. Está esa idea en la mentalidad de los neopanistas: Ya el ex presidente Vicente Fox dio el primer campanazo, proponiendo un narcochangarro en cada esquina de la República. ¿Acaso no era lo mismo que proponía Milton Friedman, el padrino áulico de los Chicago boy mexicanos?

Una nueva Edad

Media americana

La iniciativa “laboral” calderoniana, firmada por mansos legisladores del PAN y entregada al Congreso de la Unión a presión del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón (quien aboga por su aprobación con la rueda de molino de que favorecerá la creación de medianas y pequeñas empresas generadoras de ocupación, cuando los programas de apoyo a este subsector se han quedado en pura babeante palabrería), no oculta sus verdaderos fines: Postrar a la clase trabajadora y rendirla por hambre para que se pliegue a un régimen semifeudal, como el vigente hace un siglo durante la dictadura porfirista. ¡Qué manera de celebrar el Centenario de la Revolución!: con atisbos de la Nueva edad media americana (José González Torres, ex candidato presidencial del PAN, dixit.)

Para la historia del oprobio nacional, proponemos ensayar un ejercicio memorioso: El 1 de julio de 1906 (cien años antes de que Calderón fuera designado presidente), desde San Luis Misuri (USA), la Junta Coordinadora del Partido Liberal Mexicano, presidida por Ricardo Flores Magón, lanzó su programa y manifiesto a la nación de los que, de entrada, bastaría subrayar uno de sus apartados:

“Un gobierno que se preocupa por el bien efectivo de todo el pueblo, no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable; en donde quiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos…

“Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma: en todas partes no gana, de hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $ 1.00 en Mérida, como de $0.50 en San Luis Potosí, mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es doblemente cara en el primer punto como en el segundo”. Lo patético de ese planteamiento es la propuesta de solución: “(…) Es, pues, preciso prevenir tal injusticia y al formularse la ley del trabajo, deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario mínimo de $1.00, estableciendo para aquellas regiones en que la vida es más cara, y en que ahora ya se gana ese jornal, un salario mayor de $1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en igual proporción los beneficios de la ley”.

Lo dramático de esa proposición casi inocente, es que, pese a lo limitadísimo de su alcance, sin embargo se convirtió en una de las banderas esgrimida por gran parte de la población que derrocó a la tiranía, y que a la larga formaron el cuerpo del articulado constitucional emanado del Congreso de Querétaro en 1917, para el caso en el artículo 123 de la Carta fundamental, que reivindicó la dignidad del trabajo como imperativo de la doctrina revolucionaria.

Pero no basta la voluntad de panegirista para disolver la realidad: En los primeros cuatro  años de promulgada tan promisoria Constitución, los militantes de la Casa del Obrero Mundial, que habían puesto los batallones rojos al servicio del triunfo del constitucionalismo encarnado por Venustiano Carranza, fueron abatidos por la fuerza del Estado y, no obstante la orientación socialista de algunos gobernadores del Golfo y del sureste, que procuraron legislar los derechos de la clase trabajadora, el gobierno “del centro”, ya en manos de Álvaro Obregón. fue poco sensible a la agobiada y agobiante situación de obreros y empleados en la empresa privada; no así con la burocracia federal, a cuya lealtad premió con un aumento salarial hasta colocar los emolumentos entre dos y hastacuatro pesos diarios, cuando en algunas localidades del país, por concepto de renta de una pestilente accesoria, un jefe (a) de familia era obligado a pagar hasta 15 pesos diarios. Más agraviante aún, como ocurre en la actualidad: El registro de entonces de las retribuciones a los funcionarios, puede ilustrarse con los sueldos en el Poder Judicial: Los jueces se beneficiaban con hasta 750 pesos mensuales y los magistrados con más 800 pesos. A escala, los presidentes municipales no podían ser menos: Aparte de sus oscuros enjuagues, se asignaron 500 pesos mensuales. Puestos esos tabuladores a valor de pesos actuales, ya desearían miles de jubilados y pensionados recibir, después de toda una vida entregada al trabajo productivo, lo que desde hace 90 años recibía el alcalde del más miserable municipio. (¿Qué tal si revisamos ahora los del Estado de México?)

Para no andar con imaginarias “invenciones”, ahí está un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con apoyo documental del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): En los últimos  100 años, el PIB por habitante en México “creció” a una raquítica  tasa anual de 1.66 por ciento (pero, eso sí, la inflación cabalga a galope tendido). Con sólo haber crecido a tasa de 2.6 por ciento anual, dicen los ilusos fantasiosos, habría sido “suficiente” para que el número de pobres hoy fuera una sexta parte de los que se registran en la actualidad. Pero en ninguna sociedad realista funciona el hubiera: “Si mi abuela tuviera dos ruedas, fuera bicicleta” centenaria.

Nada qué esperar del

“revolucionario” tricolor

Vistas así las cosas, ¿a qué rostro de la Revolución mexicana le ponen brillosos afeites los que celebran su Centenario? Con la iniciativa de contrarreforma laboral panista, no hay que ir muy lejos a encontrar la respuesta. No es mucho lo que se pueda esperar de la bancada mayoritaria del PRI en el Congreso. Después de todo, el tricolor, que por décadas se vio favorecido con el “voto duro” de sus clientelas sindicalizadas cautivas, en alianza con el PAN, sacó avante todas las iniciativas de sus presidentes concebidas para el expolio de la clase obrera, a fin de construir una nueva plutocracia movida por la cleptomanía y el devorador lucro para satisfacer sus chabacanos lujos. No es por otra causa que esa plutocracia corsaria disponga de algunas pepitas de su caudal para financiar campañas presidenciales, sin discriminación de color o signo partidista.

Tómese como una simple, pero elocuente señal: el pasado 23 de marzo se cumplieron 16 años de la muerte del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien solía autodenominarse producto de “la cultura del esfuerzo”, para diferenciarse de los que nacieron arropados en paños de lana y seda, entre éstos los de la casta priista hereditaria. Después de una guardia con dispensa de trámite ante el monumento erigido en memoria del sonorense en la sede central del partido y el respectivo minuto de silencio, la dirigente nacional diputada Beatriz Paredes Rangel quiso recordar una expresión del cursimente llamado hombre de Magdalena de Quino: Veo un pueblo con hambre y sed de justicia (pudo haberle dado crédito a don Justo Sierra). A discursos como ese, se atribuye su asesinato, no satisfactoriamente esclarecido. Al “homenaje” luctuoso asistieron unos cuantos burócratas mayores de la dirección nacional priista, sin la presencia de los llamados “viudos de Colosio”.

¿Pueden, los legisladores federales del PRI, saciar esa hambre y sed de justicia populares? De cara al proyecto de contrarreforma laboral panista, ¡no pueden!. Porque el partido es el mismo que votó la privatización del ejido (cuyo más de 30 por ciento de la superficie está en manos de los cárteles de la droga, según informe del Tribunal Agrario); porque es el mismo que aprobó la privatización de la gestión financiera de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores (IMSS e Issste) para exponerlos al saqueo de los especuladores locales y extranjeros; porque es el mismo que aprueba más Impuesto sobre la Renta sobre el salario de los causantes cautivos; porque es el mismo que se hace el disimulado frente a la exigencia de que se legisle para que las mafias favoritas transparenten la administración y rindan cuentas sobre el turbio manejo de las millonarias cuotas sindicales, algunas entregadas por el gobierno de Calderón a sus aliados; porque es el mismo que se hace de la vista gorda frente a la contratación triangulada por terceros de obreros y empleados para liberar a los patrones del cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; porque es el mismo que consiente la extinción de empresas paraestatales, tope en que, en su programa de acción, se compromete a preservar, sin compadecerse de los miles de familias que son arrojadas a la incertidumbre y a la atrocidad del desempleo.  En fin, porque es el mismo que hace legisladores a los charros sindicales que han hurtado los fondos mutualistas de “sus representados”, y que están dispuestos a levantar el dedo en cuanta votación les exijan sus coordinadores.

La Suprema Corte de

Impudicia de la Nación

En materia de “política laboral” a la usanza del PAN-Gobierno, no podemos dejar de lado la rabiosa e interminable ofensiva calderoniana contra la dirección del sindicato minero, ejercida al través de la subprocuraduría para el combate a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Tres sentencias judiciales federales tres para que se liberen cuentas bancarias incautadas a esa organización (con  fondos por unos 25 millones de pesos) han sido desacatadas por esa dependencia, recurriendo sucesivamente a la fabricación de nuevas figuras “delictivas” cuando le fallaron las argumentadas en procesos anteriores. No obstante, no existe instancia alguna del Poder Judicial de la Federación que ponga freno a ese sórdido y tortuoso maniobreo leguleyo de la PGR, que no se da por vencida en la persecución de Napoleón Gómez Urrutia, al que Lozano Alarcón le inventa, un día sí y otro también, un nuevo frente opositor para despojar al sindicato de la titularidad del contrato-ley de esa industria y del derecho de huelga en Cananea, contra el Grupo México, del “ilocalizable” para notificaciones judiciales Germán Larrea Mota-Velasco.

En esa densa y pesada atmósfera político-judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hacerse cargo de la atención al explosivo caso de Luz y Fuerza del Centro, a partir de dos vertientes: 1) la revisión del amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto presidencial de extinción de ese ente, que dejó en la calle a 45 mil trabajadores; y 2) la solicitud de la Procuraduría General de la República, en nombre del Poder Ejecutivo, para que se dictamine sobre constitucionalidad de esa medida dictada en octubre pasado por Felipe Calderón. Como la mula no era arisca -la hicieron a palos-, hay elementos de percepción para decirle cautelosamente al SME: “no te arriendo las ganancias”.

Y es que, en asunto tras asunto que les caen en sus togas, los ministros -retribuidos con cargo a los contribuyentes a costo de maharajá- dejan poca duda de su militancia clasista del lado de “los buenos mexicanos” que han convertido al país en territorio de filibusteros. Ahí está, para un debate mayor (que incumbe al Poder Legislativo, nuevamente enzarzado en otra reforma del Estado), el tema del anatocismo, institucionalizado hace una década por el pleno de la Corte Suprema de Zedillo como privilegio exclusivo de los económicamente poderosos, léase los banqueros (por algo privilegio deriva del Derecho privado como contraposición al Derecho público).

En uno de varios casos, el de Banamex -cuya propiedad accionaria comparten Citigroup y el gobierno de Barack Obama-, que fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua a liquidar un contrato de inversión con intereses a tasa fija (1987), según la acumulación reclamada por el cliente demandante (mil 400 millones de pesos), el pleno revocó la sentencia para dejar el monto del resarcimiento bajo condiciones establecidas por el insospechable  Banco de México, que parece operar como filial de la Reserva Federal de los Estados Unidos -por lo que se ve, dichas condiciones de aplicación retroactiva-, y no en los términos de la ley sobre la materia, vigente en el momento de la firma del  contrato.

Hay que escuchar al ministro Presidente de la Corte, Guilermo I. Ortiz Mayagoitia, tratando de justificar el fallo en nombre de la preservación del “interés público”: Dar la razón al quejoso, alegó, pondría en riesgo “la estabilidad de la intermediación financiera” (ay, tan compadecida, tal intermediación, de la estabilidad de la economía popular y nacional). El interés “público”… y  ¿qué hay del bien social dinamitado por los jueces cuando sentencian a los deudores a satisfacer la rapacidad de sus acreedores? Casos bastantes hay de suicidio de las victimas de la descomunal coacción. Pero esto no cuenta para la humanista doctrina jurídica de los togados unanimistas, de algunos de los cuales se sospecha redocumentaron sus deudas bancarias antes de legalizar la usura durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Nomás para poner nuestro granito de arena en los “festejos” del Centenario de la Revolución mexicana, cómo nos recuerda esa Corte a aquella que, en 1913, como lo hicieron conspicuos miembros del Partido Católico Nacional -padre en línea directa del PAN-,  saludó jubilosamente las manos ensangrentadas del usurpador Victoriano Huerta, después de que éste asesinó a Francisco I. Madero, El apóstol de la democracia, y a José María Pino Suárez, por consigna del embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, dicho como recordatorio a Barack Obama, el renegado de la memoria de Martin Luther King, aquel bienamado negro soñador.