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El reto histórico de la Comisión de la Verdad
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Edición 427

 4276

 

El reto histórico

 

de la Comisión de la Verdad

 

 

Feliciano Hernández*

La lucha abierta y clandestina de la LC23S contribuyó a construir un régimen de mayores libertades

 

 

La burocracia judicial se ha convertido en el principal obstáculo para la reparación del daño a familiares de las víctimas de la “guerra sucia” —activistas asesinados, torturados y desaparecidos—, que autoridades del gobierno mexicano desataron en los años 70 y 80 del siglo pasado contra los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).

 

“SON INDIGNANTES los requisitos que exigen para una reparación del daño, en algunos casos el Juzgado Sexto de Distrito en materia civil”, expresó Jaime Laguna, uno de los abogados defensores y él mismo exguerrillero y militante de esa agrupación, que ha sostenido su lucha para exigir que las autoridades cumplan sus compromisos de esclarecer los hechos de aquellos años: “Estamos exigiendo la reparación del daño, inmediata para los familiares; nos parece una burla que se nos pida acreditar con papeles cuál es el daño”.

 

En conferencia de prensa, Jaime Laguna y otros seguidores de la LC23S entregaron sus archivos —más de siete mil hojas acumuladas y rescatadas durante más de 40 años— a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que este gobierno acordó establecer con las organizaciones y activistas pro derechos humanos que han seguido exigiendo justicia.

 

Además de la reparación de daños, buscan que se conserve la memoria histórica y que se conozcan las causas sociales y políticas, que motivaron su lucha en la que las víctimas padecieron violaciones graves a sus derechos humanos, en muchos casos que abarca el periodo de 1965 a 1990.

 

Algunos obstáculos

 

Los representantes solicitan al gobierno que se agilicen los trámites y esperan que los trabajos de la Comisión puedan rendir frutos pronto.

 

“Se están muriendo las víctimas sin justicia, por las omisiones de las autoridades judiciales y ejecutivas de no agilizar los trámites y facilitar los recursos para la reparación del daño”, sostuvo Juan Hernández del Campo, hijo huérfano de dos de los desaparecidos —Carmelo Cortés y Aurora de la Paz—, quien ante los comisionados exigió una “reparación inmediata”, independientemente del curso que puedan seguir los trabajos y tiempos de la Comisión.

 

De acuerdo con los planteamientos de los activistas, hay varios aspectos que a su juicio han venido obstaculizando los trabajos de acceso a la justicia en estos casos: 1) que las fuerzas armadas no han reconocido el hecho de su participación en las violaciones graves; 2) que no se han deslindado responsabilidades de los funcionarios que en su momento obstaculizaron el acceso a la justicia, desde hace 40 años, no fueron apartados de sus cargos ni se les aplicó alguna sanción; 3) tampoco se ha establecido oficialmente la justificación histórica del movimiento ni el origen de la “guerra sucia” en el contexto del choque de ideologías que era el trasfondo de la Guerra Fría de aquellos años, y que fue el detonante para que en el México de esa época, un semillero de estudiantes y maestros universitarios, quienes estaban luchando por cambiar un régimen político y social excluyente, fueran reprimidos y asesinados por su forma de pensar.

 

Todo eso causó enormes daños físicos y psicológicos a miles de activistas de aquellos años, porque fueron perseguidos y acosados —al final, asesinados y desaparecidos— por lo cual sus descendientes y familiares reclaman que también fueron víctimas colaterales y tienen derecho a la reparación del daño.

 

El origen de la guerrilla y el desenlace

 

Como antecedentes de la LC23S, cabe recordar que las inconformidades sociales y políticas de la década de los 60 y 70 estaban encabezadas por militantes de varios grupos que fueron desarticulados, pero una parte importante de ellos se reorganizaron en 1973 en la Liga Comunista 23 de Septiembre, para seguir su lucha. Entonces las autoridades desataron una persecución con métodos violatorios de los derechos humanos, que tuvo su peor manifestación en la figura del temible jefe policiaco Miguel Nassar Haro.

 

Ese personaje desató una persecución sin igual —según los archivos disponibles al público en general— con la mera pretensión de exterminar de raíz a los militantes de aquel movimiento guerrillero, obviamente con la aceptación de sus jefes superiores que eran los secretarios de Gobernación y los presidentes de entonces, los ya muy mencionados Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo (1976-1982).

 

Para culminar su labor, Nasar Haro organizó una denominada Brigada Blanca, en 1976, con un operativo “Plan Rastreo” para eliminar por todos los medios posibles a los guerrilleros sobrevivientes, y advirtió a los militantes perseguidos y detenidos, según Jaime Laguna: “Ustedes son los últimos que van a llegar a prisión —les dijo a los detenidos—…A partir de ahora los demás van a ser desaparecidos”.

 

De entonces, hasta que culminó la persecución —de 1973 a 1986—, Jaime Laguna cuenta el saldo de víctimas: 758 muertos en operativos; 105 asesinados; 472 encarcelados —de estos 71 eran mujeres—, y 193 desaparecidos (27 mujeres). “En solo un año ocurrieron el 80 por ciento de desaparecidos”.

 

En 1976, cuando inició el Plan Rastreo —por órdenes del secretario Javier García Paniagua y a petición del presidente López Portillo, según declaración de Javier Carrillo Olea—, relata Jaime Laguna que solo 13 llegaron a prisión; el Plan siguió hasta 1979, luego de lo cual instrumentaron otro denominado “Rosa de los Vientos”, que operó hasta 1981.

 

En 1983 se disolvió la Liga y en 1986 desapareció el último de los activistas. Los demás siguieron en prisión y algunos fueron “amnistiados” años después; otros sobrevivieron en la clandestinidad.

 

A Jaime Laguna su sueño revolucionario le costó más de cinco años de cárcel. Siguió su vida sin renunciar a sus anhelos de cambio. En todos estos años se dedicó a rescatar la memoria de aquella difícil época, caracterizada por el autoritarismo, y logró conformar el archivo que entregó a la Comisión. Igualmente, con los otros seguidores logro mantener el periódico Madera, insignia de la Liga, del cual también anunció su relanzamiento como medio de análisis, en formato digital e impreso: “Estamos de nuevo en la calle, nos hemos reorganizado y no vamos a parar hasta lograr una sociedad con justicia”.

 

Hay voluntad para llegar a la verdad histórica

 

“Tenemos la voluntad de acompañarlos en este proceso de llegar a la verdad histórica”, dijo Carlos A. Pérez Ricart, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento. “Estamos del lado de las víctimas, del lado de las personas y grupos que quieren apostar al esclarecimiento”.

 

El integrante de la Comisión respondió —a pregunta de Voces del Periodista, relativa a los tiempos—, que como tarea final tienen que preparar un reporte, “para el presidente y para el pueblo de México”.

 

Se trata de un reporte muy especial: “Es una entrega política, de reconocimiento por parte del Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron”, en el periodo referido.

 

David Fernández, también comisionado, informó en la conferencia que la Comisión de la Verdad se ha reunido con 40 agrupaciones demandantes o interesadas en el tema, y que mantienen mesas de trabajo con las fuerzas militares; aseguró que están abiertos a todas las voces que busquen aportar algo.

 

En esta comisión oficial participan diversas entidades y organismos públicos y de la sociedad civil, a saber: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda; también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, y el Mecanismo de Impulso a la Justicia.

 

Los archivos hablan

 

El hecho histórico del periodo aludido es que una cantidad imprecisa de militantes de diversos agrupaciones contestatarias fueron reprimidos violentamente por fuerzas policiacas y militares que cometieron abusos contra los derechos humanos de miles de activistas —la mayoría jóvenes, incluso adolescentes—, que se involucraron en aquellos sucesos políticos que tuvieron su máxima represión con las matanzas estudiantiles de 1968 y en 1972, por sus anhelos de acabar con el régimen de corrupción y autoritarismo de aquellos tiempos.

 

Ante las protestas juveniles —algunas violentas y al margen de la ley—, las autoridades de entonces respondieron con una feroz persecución que culminó en detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos; todas estas violaciones tipificadas en las leyes mexicanas y perseguidas por la Corte Penal Internacional, de la que México es signatario.

 

Valga decir que en el transcurso de esa larga lucha por las libertades y derechos civiles que vivió México, y como fruto de la lucha emprendida por aquellos activistas que luego confluyeron en la LC23S; así como por otras agrupaciones de corte académico o cívico, la sociedad mexicana vio el nacimiento tardío de una nueva cultura de los derechos humanos, con nuevas leyes y convenios internacionales firmados por el Estado mexicano, sin duda convenientes pero que no se han logrado traducir en la reparación del daño expedito a los familiares de las víctimas, ni se han reflejado en una democracia auténtica.

 

Sin embargo, los estudiosos admiten que se avanzó bastante, pero quedan aspectos importantes por culminar. Uno de estos es la efectiva y expedita reparación de daños a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a sus familiares.

 

Esta es la batalla que se libra en esta coyuntura de un nuevo gobierno al menos más sensible en el discurso. Los familiares de las víctimas emprendieron las denuncias correspondientes y muchas “averiguaciones previas” se iniciaron infructuosamente desde hace más de 40 años, pero el largo camino continúa.

 

Este proceso ha visto el transcurrir de las décadas en medio de promesas de los gobiernos, pero sin que se haya podido concretar.

 

No sobra reiterar, de acuerdo con los historiadores contemporáneos, que la lucha abierta y clandestina de todos aquellos activistas, aunque no logró sus metas inmediatas ni su sueño de cambiar el régimen político —porque se enfrentaron a un sistema represor—, contribuyeron a construir el régimen de mayores libertades y reconocimiento de derechos humanos y cívicos que —aun imperfecto— hoy goza la sociedad mexicana.

 

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El reto histórico

de la Comisión de la Verdad

La lucha abierta y clandestina de la LC23S contribuyó a construir un régimen de mayores libertades

Feliciano Hernández*

La burocracia judicial se ha convertido en el principal obstáculo para la reparación del daño a familiares de las víctimas de la “guerra sucia” —activistas asesinados, torturados y desaparecidos—, que autoridades del gobierno mexicano desataron en los años 70 y 80 del siglo pasado contra los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).

“SON INDIGNANTES los requisitos que exigen para una reparación del daño, en algunos casos el Juzgado Sexto de Distrito en materia civil”, expresó Jaime Laguna, uno de los abogados defensores y él mismo exguerrillero y militante de esa agrupación, que ha sostenido su lucha para exigir que las autoridades cumplan sus compromisos de esclarecer los hechos de aquellos años: “Estamos exigiendo la reparación del daño, inmediata para los familiares; nos parece una burla que se nos pida acreditar con papeles cuál es el daño”.

En conferencia de prensa, Jaime Laguna y otros seguidores de la LC23S entregaron sus archivos —más de siete mil hojas acumuladas y rescatadas durante más de 40 años— a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que este gobierno acordó establecer con las organizaciones y activistas pro derechos humanos que han seguido exigiendo justicia.

Además de la reparación de daños, buscan que se conserve la memoria histórica y que se conozcan las causas sociales y políticas, que motivaron su lucha en la que las víctimas padecieron violaciones graves a sus derechos humanos, en muchos casos que abarca el periodo de 1965 a 1990.

Algunos obstáculos

Los representantes solicitan al gobierno que se agilicen los trámites y esperan que los trabajos de la Comisión puedan rendir frutos pronto.

“Se están muriendo las víctimas sin justicia, por las omisiones de las autoridades judiciales y ejecutivas de no agilizar los trámites y facilitar los recursos para la reparación del daño”, sostuvo Juan Hernández del Campo, hijo huérfano de dos de los desaparecidos —Carmelo Cortés y Aurora de la Paz—, quien ante los comisionados exigió una “reparación inmediata”, independientemente del curso que puedan seguir los trabajos y tiempos de la Comisión.

De acuerdo con los planteamientos de los activistas, hay varios aspectos que a su juicio han venido obstaculizando los trabajos de acceso a la justicia en estos casos: 1) que las fuerzas armadas no han reconocido el hecho de su participación en las violaciones graves; 2) que no se han deslindado responsabilidades de los funcionarios que en su momento obstaculizaron el acceso a la justicia, desde hace 40 años, no fueron apartados de sus cargos ni se les aplicó alguna sanción; 3) tampoco se ha establecido oficialmente la justificación histórica del movimiento ni el origen de la “guerra sucia” en el contexto del choque de ideologías que era el trasfondo de la Guerra Fría de aquellos años, y que fue el detonante para que en el México de esa época, un semillero de estudiantes y maestros universitarios, quienes estaban luchando por cambiar un régimen político y social excluyente, fueran reprimidos y asesinados por su forma de pensar.

Todo eso causó enormes daños físicos y psicológicos a miles de activistas de aquellos años, porque fueron perseguidos y acosados —al final, asesinados y desaparecidos— por lo cual sus descendientes y familiares reclaman que también fueron víctimas colaterales y tienen derecho a la reparación del daño.

El origen de la guerrilla y el desenlace

Como antecedentes de la LC23S, cabe recordar que las inconformidades sociales y políticas de la década de los 60 y 70 estaban encabezadas por militantes de varios grupos que fueron desarticulados, pero una parte importante de ellos se reorganizaron en 1973 en la Liga Comunista 23 de Septiembre, para seguir su lucha. Entonces las autoridades desataron una persecución con métodos violatorios de los derechos humanos, que tuvo su peor manifestación en la figura del temible jefe policiaco Miguel Nassar Haro.

Ese personaje desató una persecución sin igual —según los archivos disponibles al público en general— con la mera pretensión de exterminar de raíz a los militantes de aquel movimiento guerrillero, obviamente con la aceptación de sus jefes superiores que eran los secretarios de Gobernación y los presidentes de entonces, los ya muy mencionados Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo (1976-1982).

Para culminar su labor, Nasar Haro organizó una denominada Brigada Blanca, en 1976, con un operativo “Plan Rastreo” para eliminar por todos los medios posibles a los guerrilleros sobrevivientes, y advirtió a los militantes perseguidos y detenidos, según Jaime Laguna: “Ustedes son los últimos que van a llegar a prisión —les dijo a los detenidos—…A partir de ahora los demás van a ser desaparecidos”.

De entonces, hasta que culminó la persecución —de 1973 a 1986—, Jaime Laguna cuenta el saldo de víctimas: 758 muertos en operativos; 105 asesinados; 472 encarcelados —de estos 71 eran mujeres—, y 193 desaparecidos (27 mujeres). “En solo un año ocurrieron el 80 por ciento de desaparecidos”.

En 1976, cuando inició el Plan Rastreo —por órdenes del secretario Javier García Paniagua y a petición del presidente López Portillo, según declaración de Javier Carrillo Olea—, relata Jaime Laguna que solo 13 llegaron a prisión; el Plan siguió hasta 1979, luego de lo cual instrumentaron otro denominado “Rosa de los Vientos”, que operó hasta 1981.

En 1983 se disolvió la Liga y en 1986 desapareció el último de los activistas. Los demás siguieron en prisión y algunos fueron “amnistiados” años después; otros sobrevivieron en la clandestinidad.

A Jaime Laguna su sueño revolucionario le costó más de cinco años de cárcel. Siguió su vida sin renunciar a sus anhelos de cambio. En todos estos años se dedicó a rescatar la memoria de aquella difícil época, caracterizada por el autoritarismo, y logró conformar el archivo que entregó a la Comisión. Igualmente, con los otros seguidores logro mantener el periódico Madera, insignia de la Liga, del cual también anunció su relanzamiento como medio de análisis, en formato digital e impreso: “Estamos de nuevo en la calle, nos hemos reorganizado y no vamos a parar hasta lograr una sociedad con justicia”.

Hay voluntad para llegar a la verdad histórica

“Tenemos la voluntad de acompañarlos en este proceso de llegar a la verdad histórica”, dijo Carlos A. Pérez Ricart, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento. “Estamos del lado de las víctimas, del lado de las personas y grupos que quieren apostar al esclarecimiento”.

El integrante de la Comisión respondió —a pregunta de Voces del Periodista, relativa a los tiempos—, que como tarea final tienen que preparar un reporte, “para el presidente y para el pueblo de México”.

Se trata de un reporte muy especial: “Es una entrega política, de reconocimiento por parte del Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron”, en el periodo referido.

David Fernández, también comisionado, informó en la conferencia que la Comisión de la Verdad se ha reunido con 40 agrupaciones demandantes o interesadas en el tema, y que mantienen mesas de trabajo con las fuerzas militares; aseguró que están abiertos a todas las voces que busquen aportar algo.

En esta comisión oficial participan diversas entidades y organismos públicos y de la sociedad civil, a saber: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda; también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, y el Mecanismo de Impulso a la Justicia.

Los archivos hablan

El hecho histórico del periodo aludido es que una cantidad imprecisa de militantes de diversos agrupaciones contestatarias fueron reprimidos violentamente por fuerzas policiacas y militares que cometieron abusos contra los derechos humanos de miles de activistas —la mayoría jóvenes, incluso adolescentes—, que se involucraron en aquellos sucesos políticos que tuvieron su máxima represión con las matanzas estudiantiles de 1968 y en 1972, por sus anhelos de acabar con el régimen de corrupción y autoritarismo de aquellos tiempos.

Ante las protestas juveniles —algunas violentas y al margen de la ley—, las autoridades de entonces respondieron con una feroz persecución que culminó en detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos; todas estas violaciones tipificadas en las leyes mexicanas y perseguidas por la Corte Penal Internacional, de la que México es signatario.

Valga decir que en el transcurso de esa larga lucha por las libertades y derechos civiles que vivió México, y como fruto de la lucha emprendida por aquellos activistas que luego confluyeron en la LC23S; así como por otras agrupaciones de corte académico o cívico, la sociedad mexicana vio el nacimiento tardío de una nueva cultura de los derechos humanos, con nuevas leyes y convenios internacionales firmados por el Estado mexicano, sin duda convenientes pero que no se han logrado traducir en la reparación del daño expedito a los familiares de las víctimas, ni se han reflejado en una democracia auténtica.

Sin embargo, los estudiosos admiten que se avanzó bastante, pero quedan aspectos importantes por culminar. Uno de estos es la efectiva y expedita reparación de daños a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a sus familiares.

Esta es la batalla que se libra en esta coyuntura de un nuevo gobierno al menos más sensible en el discurso. Los familiares de las víctimas emprendieron las denuncias correspondientes y muchas “averiguaciones previas” se iniciaron infructuosamente desde hace más de 40 años, pero el largo camino continúa.

Este proceso ha visto el transcurrir de las décadas en medio de promesas de los gobiernos, pero sin que se haya podido concretar.

No sobra reiterar, de acuerdo con los historiadores contemporáneos, que la lucha abierta y clandestina de todos aquellos activistas, aunque no logró sus metas inmediatas ni su sueño de cambiar el régimen político —porque se enfrentaron a un sistema represor—, contribuyeron a construir el régimen de mayores libertades y reconocimiento de derechos humanos y cívicos que —aun imperfecto— hoy goza la sociedad mexicana.

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