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Edición 403

 40310

Urge un Gran Acuerdo, para una Nueva Política de Seguridad Pública

Por una nueva política de seguridad pública desde la 4T

Salvador González Briceño

Para la sociedad mexicana, antes —desde que se declaró la “guerra contra el narcotráfico” en el 2006 por Felipe Calderón— como ahora —que le compete al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por Andrés Manuel López Obrador—, atender el problema de la inseguridad pública es una prioridad.

ADEMÁS DE UNA, LA PRIMERA,responsabilidad de los gobiernos, sea o no haya sido, adoptada siempre como política pública de seguridad pública para brindar seguridad, tranquilidad y paz para la sociedad, atendiendo aquellos factores generadores de violencia, sea por causales internas o externas.

DESDE LUEGO que, para la aplicación de una política eficaz y conseguir buenos resultados, la responsabilidad de atender el asunto en todas sus aristas es de todos: 1) del gobierno y las políticas públicas en los tres niveles, federal, estatal y municipal;

2) del poder judicial, los cuerpos policiales y 3) de la sociedad en general.

ES CLARO que a los gobiernos anteriores no les interesó. La acción de atender un asunto de violencia al interior de la sociedad, con más violencia desde los cuerpos policiacos, pero sobre todo militares, no dio resultados. En las estadísticas se reflejó siempre el aumento de la cifra negra por los crímenes.

EL ACTUAL, gobierno de Morena y la 4T, cambió la forma, más no el fondo. Determinó aplicar la política de “abrazos, no balazos”, pero a más de un año no se tienen los resultados esperados, ni deseados por todos; como tampoco quedan claras las bases que la problemática requiere para resolver la inseguridad.

PORQUE NO se dice, pero claramente son medidas insuficientes, de forma, más no de fondo. Al menos eso queda cada vez más claro. El actual gobierno carece de una política integral de seguridad pública, es un déficit de la 4T que le puede costar la continuidad en el poder presidencial, si es que pretende un plan transexenal.

Es decir, las medidas adoptadas hasta ahora como:

1) PRESENCIA MILITAR territorial de la Guardia Nacional, así fuese en todo el país, lo cual no se consigue todavía;

2) ATENCIÓN a los jóvenes por ser la “base social” del crimen organizado, mediante becas para la educación, la capacitación para el empleo y la seguridad médica, principalmente. Sin olvidar la atención a madres solteras o personas de la tercera edad.

Esto no es una política integral. Se trata solo de algunas acciones para intentar atender el problema, no para resolverlo. Así se lo proponga.

Lo único cierto: es claro que al actual gobierno le sigue faltando un diagnóstico completo sobre la situación del país —¿o lo tiene?—, como todo lo que implican la inseguridad y la violencia, cómo ha impactado o desestabilizado a la sociedad, a los mexicanos para una redefinición de una política de seguridad pública eficaz.

Hasta ahora, se están dejando de lado aspectos como los siguientes:

n  Redefinir el papel del Poder Judicial de la Federación, desde su instancia suprema —la SCJN—, hasta los jueces de distrito. Digamos que partir de una revisión del sistema de procuración de justicia en su conjunto, incluidos los alcances del nuevo sistema penal acusatorio, para acotar la posibilidad de cometer irregularidades (corruptelas) que se contrapongan a la búsqueda de la justicia (contra la injusticia y la impunidad: crímenes sin resolver y asesinos libres, sin castigo) en el país.

n  Una revaloración amplia de los alcances de la descomposición social, como las familias desintegradas, generada durante al menos los últimos tres sexenios, que comprendieron los últimos gobiernos neoliberales, como la situación de: las madres solas, padres solos, familias enteras desplazadas, jóvenes sin padres, familias sin patrimonio; enfermos que requieren tratamiento psiquiátrico y psicológico, como aquellos padres, madres e hijos que necesitan readaptarse socialmente.

n  La penetración del negocio de las drogas en la sociedad, no se hubiese dado sin la colusión y el contubernio de autoridades locales como las policías municipales, bajo el control de bandas ex profeso de negocios de alto impacto, en recursos para los promotores y en salud para los consumidores. Las investigaciones en este tenor son de amplia exigencia.

n  La profundización de las indagatorias en el marco del sistema financiero, un trabajo que le compete tanto a la Fiscalía mediante la SEIDO, como a la SRE, por el alcance de las redes delincuenciales a escala internacional, no solo nacional. Para seguir las pistas del dinero.

n  Los acuerdos, los que existen o en su caso replantear el tema de la persecución de los delitos, con países vecinos como los propios EUA que es el mercado consumidor más grande del mundo. De la mano del control del flujo de armas desde el norte hacia el sur, por la frontera con México.

El tema de la legalización de las drogas, no solo de la marihuana, para quitar el leitmotiv a las bandas delincuenciales el multimillonario negocio.

n  Por último, sin que el tema se agote —solo por ahora—, escudriñar toda posibilidad, como la que a ojos vistas ocurría con gobiernos anteriores, que la actividad estaba perfectamente “acotada”, para evitar todo tipo de violencia a inseguridad para la sociedad (sin que eso suponga que el problema no debe atacarse de raíz, que es lo mejor).

n  Este gobierno, de la 4T, puede y tiene posibilidades de entrarle a fondo para resolver (por aquello que no tiene compromisos con nadie), así sea comenzar sentando las bases en tanto varios de los puntos señalados requieran más tiempo que un sexenio.

Entre otras.

Acciones como éstas son las que si bien no para lo inmediato o mediato, sí coadyubarían para modificar la inseguridad en el largo plazo.

Es por ello que urge comenzar aplicar, por ejemplo, modelos de rescate social desde las colonias, los barrios, los pueblos y las comunidades, por no decir que en todos los rincones del país. Y comenzar cuanto antes. Proponer, incluso, un Gran Acuerdo Social Incluyente para la seguridad pública.

Solo así se conseguirá sentar las bases para una Nueva Política de Seguridad Pública, a iniciarse sin demora. Ese es el llamado. No dejar las cosas para la inmediatez o el interés político.

Hay que seguir ejemplos como el de Colombia, y otros países que han tenido resultados, donde la paz se logra solo con políticas de fondo, profundas, que incluyen la participación de la sociedad organizada, de todos los sectores sociales sin distingo, bajo el compromiso de los gobiernos para conseguir rescatar la paz y la tranquilidad.

Éste, como otros problemas que la 4T dijo atender, es el principal. Duele por los vicios en materias como la corrupción o la impunidad. Es el vacío que queda cuando no se hace justicia a las familias, cuando no se castiga a los responsables de los delitos —sean autores materiales o intelectuales—, lo que genera el limbo de impunidad y la decepción de las personas.

Porque pese al actual gobierno, continúan la impotencia y la impunidad, porque la violencia no para y los delitos siguen cometiéndose.

Siguen la inseguridad y la violencia; permanece la dupla o contubernio entre autoridades y delincuentes. Continúan las pugnas entre los poderes establecidos y los poderes fácticos, entre policías y ladrones; entre aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar y los delincuentes. Razón por la cual continúa la inseguridad pública y va en picada.

No debemos olvidar que, como sociedad, tenemos el deber —todos, medios de comunicación también— de encender los focos rojos, de llamar la atención de los gobiernos y de las autoridades que procuran justicia, para que la corrupción y la impunidad no sigan.

Si no se cambia lo hecho hasta ahora, con la inseguridad en pie, el actual gobierno pagará políticamente de cara a sociedad. Porque la seguridad pública es el primer compromiso de gobierno, la principal demanda.

Ningún cambio a fondo se puede instalar —como lo ha prometido el gobierno de la 4T—, en tanto este asunto siga generando la descomposición latente. Un problema que, como la medusa de las mil cabezas, tiene muchas aristas obligadas todas de atender.

Las cosas se complican cada vez. Y no porque las estadísticas sigan registrando que los crímenes por la violencia van in crescendo —salvo el paréntesis por el coronavirus, cuando la violencia hace un paréntesis—. Es claro que el contubernio entre autoridades y delincuentes sigue en pie.

Es claro que las estructuras delictivas, ahí en donde se desarrollaron durante varias décadas, como es el caso de los estados de la República donde los gobernadores son como sultanes (los jeques de la política mexicana; caciques, mejor dicho), siguen intactas. A lo mucho se perdió influencia, porque no es lo mismo tener que no tener el poder.

Pero las estructuras están ahí, porque si bien se cortaron algunos hilos que son parte de la corrupción, y que por la impunidad se han castigado a muy pocos (los asesinatos se cuentan por miles, en tanto los criminales por decenas en las cárceles), cuando no siguen operando para desestabilizar al actual gobierno creando violencia, confrontaciones en los estados.

Pero éste no se ve, o no se quiere ver. Salvo que la inseguridad continua. Sin dejar de lado que la derecha está irrumpiendo de manera coordinada, organizada y permanente para minar la credibilidad de la 4T, mediante guerra sucia mediática.

Claro que la justicia y la seguridad es asunto de todos. Salvo que el contubernio sigue ahí. Lo mismo de los medios de comunicación comprometidos que de los periodistas. Esa es una parte del trabajo de los periodistas desplazados, los denunciantes de los actos de corrupción desde el poder, en algunos estados.

Las cosas se complican en situaciones como esta de la pandemia.

Denuncias de corrupción por periodistas comprometidos

¿Quién o quiénes están haciendo las denuncias por corrupción de la clase política en el país? ¿Qué ha hecho o está haciendo el poder judicial por atender las denuncias en la materia?

Los periodistas comprometidos con la verdad. Aquellos que denuncian deben ser atendidos y protegidos por el sistema de justicia.

¿Por qué, pese a la corrupción, hay servidores públicos que continúan impunes? ¿Qué hacer contra aquellos que desvían los recursos del pueblo, o de quienes siguen coludidos con el crimen organizado? El cambio de gobierno debe atender estos temas.

Mientras tanto, es por lo anterior que, en lo sucesivo, una parte del trabajo de los periodistas que se encuentran en situación de desplazados, fuera de sus estados de origen —del hogar, la familia y el trabajo—, como muestra de sus denuncias por las cuales están en condición de perseguidos, o amenazados.

 



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