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Edición 398

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La noche de Iguala una nueva interpretación

Mauricio Laguna Berber

DESPUÉS de la llamada “Guerra Sucia” de los años setenta y ochenta en México, se pasa a un periodo de lucha por la democracia a través de las instituciones por medio del sufragio con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), dando paso a la consolidación de los partidos políticos y su legalización; esta situación aparenta que los descontentos, inconformidades y luchas tradicionales en contra de los poderes facticos locales, en estos conflictos siempre el ejército y la fuerza pública estuvieron de lado del poder y que la disidencia política armada desaparecía de facto.

Como consecuencia de la democracia institucional se busca sustituir la imposición de gobiernos locales y representaciones colectivas a través de elecciones, sin resolver los problemas y conflictos existentes, asumiendo que la participación democrática resuelve las diferencias económicas o incluso resolviendo las injusticias y abusos de poder históricos.

En ese contexto encontramos que en amplias regiones del país estas condiciones persisten en pleno siglo XXI, a pesar de la aplicación de políticas públicas y la presencia de partidos políticos de oposición, por el contrario, encontramos que los viejos caciques son ahora prominentes miembros de esos partidos opositores

Una de esas regiones es la montaña del estado de Guerrero, en donde desde la década de los años sesenta ha sido sometida a fuertes oleadas de violencia a través de las fuerzas del orden y del ejército nacional, ya sea para proteger los intereses de los caciques locales, o bien para permitir el despojo de tierras y bienes comunales, explotación de recursos, lo que propició el surgimiento de movimientos armados como única forma de resistencia.

La familia Figueroa

Una familia de los exgobernadores padre e hijo de nombre Rubén Figueroa, se ha beneficiado desde ese tiempo hasta ahora de la población de la montaña guerrerense, propietarios de transportes, productoras agrícolas y comercializadoras, así como proveedores del gobierno como de fertilizantes y granos para la agricultura, de hecho ha dado dos gobernadores con el mismo nombre, a los cuales se les ha vinculado con masacres como Aguas Blancas, desapariciones forzosas incluso con tener cementerios particulares, además de fuertes relaciones con el crimen organizado particularmente con la producción y tráfico de drogas, incluso el ex gobernador Ángel Aguirre forma parte de este clan.

La Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, mantiene una presencia importante en la región de la montaña, en donde ha formado organizaciones campesinas, impulsado proyectos productivos, y dando resultados de beneficio colectivo, lo que representa un inconveniente a los grupos del poder de la región.

Para realizar tales actividades se cuenta con la disposición y la organización de la propia Normal, así como la vasta experiencia en la lucha social, lo que les ha permitido cohesionarse con las comunidades haciendo una fuerza política y social importante como lo demuestran las movilizaciones realizadas durante cinco años por los 43 estudiantes desaparecidos.

Por su parte el Ejercito Nacional, siempre fue sinónimo de represión y muerte en esta zona, y siempre a las órdenes y servicio de los poderes facticos locales, así como del crimen organizado, por lo que no es de extrañar que estos mismos grupos sean los perjudicados de la presencia de las acciones de los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, y por tanto un grupo de interés para el orden local.

Según datos del libro la “Noche de Iguala”, el entonces presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, político y empresario mexicano. Actualmente, es culpable de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 además se asocia con los cargos de nueve fallecidos: cinco estudiantes normalistas, dos integrantes de un equipo de fútbol y un civil en esa trágica noche.

De acuerdo a las indagatorias Abarca se rehusó a comprar los insumos de abono y semillas a la empresa de la familia Figueroa, lo que provocó un conflicto entre el gobernante Ángel Aguirre y el empresario. Un segundo evento es el secuestro de dos camiones de la línea Estrella de Oro, en donde se dice se transportaba un cargamento con un valor de dos millones de dólares, y que el propietario de dicho cargamento, líder del cártel Guerreros Unidos, ordeno al jefe de la zona militar recuperar la mercancía y garantizar su traslado al destino final.

Se cumplió la orden, sin embargo, al ser descubiertos por los estudiantes de la Normal, es necesario garantizar la discreción y el orden para mantener la plaza tranquila para poder mantener el negocio a flote, al mismo tiempo un cacique local, propone darle un escarmiento a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, y de paso confrontarlos con el presidente municipal de Iguala, y de esta manera consolidar su poder local, así como mantener de manifiesto quien tiene el control, para ello se improvisan una serie de eventos en donde la policía local se ve como la única responsable de los acontecimientos que llevaron a la desaparición de los 43 alumnos de la Normal.

De acuerdo con esta sucesión de eventos es evidente que el Ejercito tuviera una acción directa y activa en esa noche, sobre todo en la logística de operación para la captura de los camiones, así como la recuperación de la mercancía que deja por muy abajo la conclusión del entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, con la “verdad histórica”, de cómo los estudiantes fueron incinerados en un tiradero de basura en Cocula.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para resolver el caso. Tras la investigación, el GIEI concluyó que policías municipales monitoreaban, mediante el C4, lo que hacían los 80 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre a las 18:00 horas y que los 43 normalistas no fueron incinerados, pues se demostró científicamente que el incendio no existió.

Violaciones a los derechos es constante

La ONU-DH destaca que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no son casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción que impera en el gobierno mexicano.

Guerrero ocupa el primer lugar en violaciones a los derechos humanos con 602 documentadas en lo que va de junio del 2014 al 31 de mayo de este año, reveló el informe de documentación de Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (Acuddeh), y de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

En su informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos y bajo el título de; Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada, se hace énfasis que, de junio del 2014 a mayo del presente, ha sido un periodo trágico para el movimiento social y para la defensa de la vida digna en el país.

Destaca que en el informe anterior la suma de todos los actos de violaciones a los derechos humanos (agresiones, hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada) fue de 675, mientras que en este informe alcanzan los 860, lo que indica un incremento en el uso de las estrategias de control social, represión política y contra insurgente por parte del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos donde la fuerzas militares del gobierno mexicano han tenido una participación importante.

Para la desaparición el único lugar posible es donde existan crematorios, como la zona militar del ejército para la desaparición de los cuerpos, así como contar con la libertad de acción en donde no existan vecinos o testigos que puedan poner en riesgo el secreto de la acción y con ello garantizar la impunidad, ya que al no existir cuerpos, no existe prueba alguna de responsabilizar a la autoridad sobre estos acontecimientos, al mismo tiempo dar la excusa necesaria para la fabricación de culpables, y en su caso, generar enemigos ficticios que permitan la continuidad de la represión e intimidación en la zona.

Por otra parte, las complicidades con el gobierno federal y los caciques locales permiten tener la mancuerna perfecta y con ello la creación de la “verdad histórica”, así con minúsculas. Ya que ahora nadie toma en serie esa versión, y menos al saber que la mayor parte de los implicados hoy están siendo liberados por tener coartadas perfectas, es decir son culpables inventados sin sustento y con poca credibilidad, a no ser que hayan sido torturados y obligados a confesar a la vieja usanza de la década de los setenta.

A falta de una verdadera investigación en donde se involucre a los responsables militares, así como revisar las instalaciones de la zona militar, en la búsqueda de restos, aunque a tantos años de distancia es evidente que no habrá rastro alguno, sin embargo, es necesario escuchar las declaraciones de los militares, así como la justificación de su actuación dentro del evento.

Debido a las prácticas llevadas por las fuerzas armadas durante la década de los setenta, es probable que existan resabios, o incluso unidades especializadas en la búsqueda de grupos de tensión en ciertas regiones del país, pero además debemos considerar el nudo gordiano que se ha establecido entre las fuerzas del orden, los caciques locales, el crimen organizado y los nuevos empresarios dedicados a la explotación de los recursos naturales.

Estas nuevas formas de acción enturbian mucho las investigaciones por el ostracismo que presentan, al parecer como parte de los privilegios que permanentemente han conservado, así como la complicidad institucional, haciendo imposible una visión real de los acontecimientos.

Todo indica que la mercancía en cuestión, la que está en los camiones en poder de los normalistas el día de los trágicos acontecimientos, son destinados a la industria farmacéutica, así como para el desarrollo de una serie de drogas de las consideradas de diseño, por lo que alcanza en el mercado un estimado mucho mayor, por ello es de suponerse que las investigaciones caerán siempre en un círculo concéntrico, ya que los involucrados tienen muchos intereses en riesgo.

Si existe un verdadero compromiso de investigación y la posibilidad de hacer justicia es necesario escuchar los testimonios de los militares, de los poderes facticos y que se emitan las ordenes de aprensión correspondientes, de otra manera solo habrá discursos y fotografías que no darán mucha luz en torno al paradero de los 43.

Impunidad de cada día

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierte que México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo, señalan que hacen falta al menos tres reformas para acabar con esta situación; por un lado, es necesaria una reestructuración realista y profunda del aparato de justicia; una reforma de todas las policías y del sistema penitenciario, así como una separación de la justicia al servicio de la política.

Consideran que el Estado de derecho está roto, es disfuncional e inoperante. “No hay una estrategia nacional ni un acuerdo para cambiar el rumbo; no lo hubo en el gobierno pasado, ni en el antepasado y lo más preocupante, es que no parece haberlos tampoco en el presente”, planteó la organización en el audio publicado en la plataforma Sound Cloud.

Dicha organización advierte que hay razones para sentirse pesimistas, pues la impunidad parece institucionalizada y prueba de ello es que el Índice Global de Impunidad México 2018, señaló que este país es el cuarto con mayor impunidad en el mundo y es el más impune de América.

En dicho trabajo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad incluye los testimonios de varias personas, entre ellas Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien recordó que sólo en uno de cada 10 delitos se hace justicia.

La impunidad y falta de resultados de la justicia se hace cada vez más evidente cuando a las Normales Rurales han sido toleradas e incluso se les han concedido la mayor parte de sus demandas como son presupuesto y sobre todo plazas en el sistema educativo, que más que negociación parece más concesión a cambio de aceptar la imposibilidad de encontrar a los verdaderos responsables,

Lo que se pone de manifiesto es la vocación de las fuerzas armadas de reprimir, desaparecer y ejercer la violencia en medio de la impunidad institucional, acostumbrados a no dar testimonios ni explicaciones de sus acciones, así como la intimidación permanente a las comunidades en donde se da la falta de confianza de los gobiernos, ya que estos mantienen el nudo gordiano de poder.

Para acabar con este tipo de impunidades, así como para esclarecer las desapariciones y violencia ejercida contra las comunidades es necesario crear las condiciones para regresar al ejército a los cuarteles, así como evitar que se involucren en la aplicación de justicia en las comunidades, investigar a los caciques locales en particular a los del estado de Guerrero, además de investigar los delitos de transporte de armas, drogas y la trata de personas en donde están involucrados los miembros de la familia Figueroa.

 



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