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Edición 388

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El gran gendarme del mundo forma a policías y soldados del mundo; en particular brinda formación militar a soldados y policías de 150 países.

Asistencia militar de EU a

América Latina

Mauricio Laguna Berber

En la actualidad el gobierno de los Estados Unidos proporciona cada año (en particular desde 1973) formación sobre técnicas de combate, métodos, y doctrina policial como militar, a un mínimo de 100 mil policías y militares extranjeros procedentes de 150 países.

La cantidad señalada de fuerzas castrenses aumento considerablemente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, al intensificarse operaciones del gobierno norteamericano en países como Afganistán, Georgia, Colombia, Filipinas, Siria, Irak y Yemen.

CABE DESTACAR que la mayor parte de las operaciones se consideran formación “antiterrorista” de fuerzas extranjeras, pero este tipo de formación no ha sido exclusiva de las circunstancias después del 11 de septiembre.

LOS SEÑALAMIENTOS descritos corresponden a los informes elaborados por Amnistía Internacional (AI) denominados Poder Inigualable, Principios Incumplidos; Las Implicaciones de los Derechos Humanos del Entrenamiento Estadounidense para Fuerzas Militares y Policiales Extranjeras.

Se describe en el texto que “la formación militar incluye la enseñanza formal o no formal a alumnos extranjeros en EU o en otros países por parte de funcionarios o empleados estadounidenses, técnicos contratados e incluida la enseñanza en instituciones civiles, mediante cursos por correspondencia, todo tipo de publicaciones y medios educativos, informativos o técnicos, ayuda formativa, orientación, ejercicios de formación y asesoramiento militar a unidades y fuerzas militares extranjeras”.

De acuerdo al texto AI afirma como existe una activa participación de los militares estadounidenses en la vida civil en los países de Latino América y de varios países asiáticos como africanos, lo cual contraviene a uno de los principios universales de los estados modernos y democráticos sustentado en la preponderancia de los civiles como fuente de poder nacional en asuntos públicos como son la procuración de justicia, aplicación de la ley, deliberación en política y los asuntos que tienen que ver con la seguridad pública.

El control militar

EL DOCUMENTO de AI precisa como la formación de grupos armados y de miembros de seguridad ya sean militares o policiales extranjeros sigue siendo “un aspecto importante de la política exterior estadounidense sobre seguridad nacional en la que son escasas la supervisión y la coordinación sobre su orientación”.

De tal magnitud es el interés del gobierno norteamericano por mantener un control de tipo militar que el Departamento de Estado destinó para el presente año fiscal 2019, ocho mil 600 millones de dólares para la asistencia a países extranjeros abarcando una serie de programas que proporcionan formación militar y asesoría sobre seguridad.

De acuerdo con la investigación realizada por el organismo internacional pro derechos humanos se advierte como los programas de formación auspiciados por EU “son también reflejo de las misiones más amplias asignadas a los militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidense, como es la lucha antinarcóticos, antiterrorismo; o el fomento de para la creación de fuerzas locales o regionales de mantenimiento de la paz”.

Se añade que la formación de fuerzas militares extranjeras es considerada uno de los principales componentes de la Estrategia para la Defensa Nacional del gobierno norteamericano que exige a sus propias fuerzas militares se adiestren y trabajen con otros países lo que incluye la participación en experimentación y formación combinada conjunta.

Advierte AI, como uno de los pilares para el adiestramiento y la formación militar es la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés) la cual cerró sus actividades durante cinco años por sus implicaciones en el entrenamiento de terroristas y sus instalaciones fueron reabiertas en el año 2001 bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

De acuerdo con el nuevo patrón de organización el ejército norteamericano cambió los estatutos de la escuela y sistematizó algunas de las estructuras de supervisión ya existentes además de incluir por presiones del Congreso de los EUA, programas de formación sobre derechos humanos.

Asistencia militar permanente

DE ACUERDO con un documento de la Washington Office on Latin America (WOLA) titulado Ayuda Militar de Estados Unidos en Latinoamérica elaborado por Adam Isacson y Sarah Kinosian en 2017, precisan como la relación entre las fuerzas militares de Estados Unidos y Latinoamérica es particular.

A diferencia de otras partes del mundo, la región no tiene conflictos militares activos ni es un semillero del tipo de extremismo en el Medio Oriente y África al cual los Estados Unidos ha arrojado miles de millones de dólares en intentos de derrotar.

“Aún así, es una región que es geográficamente cercana e históricamente entrelazada con los Estados Unidos, y que hoy está plagada de violencia y crimen. La seguridad de Latinoamérica está íntimamente ligada a la seguridad de los Estados Unidos, y funcionarios de defensa de Estados Unidos ven amenazas emanando de la región, desde injerencia rusa hasta el crimen organizado transnacional”.

En un nuevo informe del 2018, WOLA encontró que 75 de 107 programas mundiales de asistencia en seguridad de los Estados Unidos pueden operar en Latinoamérica. A través de estos mecanismos, Estados Unidos capacita, equipa, comparte inteligencia y realiza operaciones con las fuerzas de seguridad de la región. El informe WOLA va acompañado de una base de datos que detalla lo que cada programa es, quien lo maneja, cuánto dinero se puede gastar en él, y cuando fue incorporado en la ley.

Indican los investigadores de WOLA que Latinoamérica ha sido un caldo de cultivo para muchos de los programas de asistencia de seguridad de EUA, que actualmente están activos en todo el mundo, en particular los programas de lucha contra las drogas.

El financiamiento del Departamento de Defensa a la región ha disminuido desde su máximo nivel en el 2007 y es sustancialmente menor que en el Medio Oriente y África: por el momento, no hay ninguna gran iniciativa militar como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida en México, los cuales impulsaron grandemente la cantidad total de ayuda entre 2000 y 2012. Aun así, la asistencia policial y militar es fundamental en cómo los Estados Unidos llevan a cabo su política exterior allí.

Los Estados Unidos trabajan actualmente con fuerzas de seguridad en todos los países en Latinoamérica excepto Cuba, Venezuela y Bolivia. Este dinero va hacia todo, desde el suministro de armas y la capacitación de nuevas habilidades militares, a la construcción de bases y la realización de ejercicios de entrenamiento conjuntos y conferencias, a trabajar con ellos en las operaciones de inteligencia, las intercepciones de drogas, y cada vez más, la seguridad fronteriza.

De acuerdo al informe de WOLA, desde el año 2000, Estados Unidos ha dirigido aproximadamente 268 mil millones de dólares hacia asistencia de seguridad en todo el mundo. De ese total, Latinoamérica ha recibido alrededor del ocho por ciento, o un poco más de 20 mil 500 millones de dólares. De eso, más de 17 mil millones vienen a través de programas establecidos para la “guerra contra las drogas”.

Los principales receptores en los últimos 17 años, en gran medida, han sido Colombia (9.5 mil millones) y México (2.9 mil millones), que recibieron grandes paquetes antidrogas en los años 2000. A partir del 2016, el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) superó colectivamente a ambos países, a medida que aumentaron los niveles de financiamiento para responder a altos niveles de delincuencia, violencia y tráfico de drogas.

WOLA comenzó a seguir los programas del Departamento de Defensa en Latinoamérica en los 1990s, cuando la guerra contra las drogas reemplazó a la guerra fría como el marco de la amenaza. Esto marcó la primera vez que el Departamento de Defensa tomó el timón de un gran programa de ayuda exterior sin una explícita gestión del Departamento de Estado.

En los años 1990s, la Escuela de las Américas del ejército de los Estados Unidos entrenó a miles de oficiales militares con notorios antecedentes de violaciones a los derechos humanos y además los manuales de entrenamiento de la era de la guerra fría adaptados a los cursos incluían técnicas de tortura.

En los años 2000, unidades del ejército colombiano asistidas por Estados Unidos estaban entre aquellas cuyos miembros estaban matando a miles de civiles para atacar falsamente los “recuentos de cuerpos” de combate.

Durante un período de ocho años, Guatemala tuvo que disolver dos unidades de lucha contra el narcotráfico respaldadas por Estados Unidos debido a la corrupción desenfrenada.

Estados Unidos aumentó considerablemente la asistencia a las fuerzas de seguridad mexicanas en el 2007. Una década más tarde, hay una gran necesidad para evaluar por qué la estrategia no ha logrado casi ninguna mejora en la violencia relacionada cona el crimen organizado del país y en los desafíos del narcotráfico.

En el 2009, a pesar de los años cultivando relaciones, los líderes militares hondureños que participaron en un golpe de Estado suspendieron su comunicación con sus contrapartes militares estadounidenses, quienes les instaron a no hacerlo.

Por ejemplo, el principal objetivo militar de los Estados Unidos en México y Colombia durante más de 20 años ha sido cortar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, con la posible excepción del cannabis, ninguna droga producida en la región —cocaína, heroína, metanfetamina—experimentó una disminución sostenida en producción durante esos años.

Esto, pone en duda si la inversión masiva de Estados Unidos en los esfuerzos de erradicación, interdicción y encarcelamiento de parte de las fuerzas de seguridad latinoamericanas—que ha superado considerablemente a las inversiones en el fortalecimiento de los estados y la lucha contra la impunidad—es el mejor camino para abordar el narcotráfico.

En toda la región, los ejércitos siguen ejerciendo gran influencia sobre la política. Sin embargo, desde el Caribe a Centroamérica hasta México, los miembros de la policía y las fuerzas armadas siguen estando implicados en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, corrupción política y otros abusos que amenazan la seguridad de quienes están encargados de proteger. Es crucial asegurarse de que Estados Unidos no esté aprobando tácitamente estas acciones al invertir en los perpetradores o enviándoles más armas.

La administración de Donald Trump quiere aumentar el presupuesto del Departamento de Defensa y reducir el presupuesto del Departamento de Estado. Los recortes del Departamento de Estado incluirían reducciones en la ayuda exterior para Latinoamérica.

Todavía no sabemos si el aumento en el Departamento de Defensa significará más dinero para los esfuerzos del Pentágono allí, probablemente en los ámbitos de la seguridad fronteriza y contra el narcotráfico, o si se significará una caída general en la asistencia de los Estados Unidos a la región.

No hay derechos humanos en AL

LA SITUACIÓN en materia de derechos humanos en América Latina atraviesa una de sus "peores regresiones" en los últimos años, sobre todo por el incremento de la violencia y la represión, señala en conferencia de prensa Érika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

"Ahora nos damos cuenta que estamos viviendo un contexto regresivo alarmante. Estamos hablando de millones que están viviendo una crisis de derechos humanos, alimentada por retrocesos legislativos y en materia de política pública", afirma la mexicana.

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI pone de manifiesto que en los países de América Latina y el Caribe aumentaron los índices de violencia, homicidios, impunidad y desigualdad.

"Es la región más violenta del mundo", insiste Guevara al poner como ejemplos El Salvador, Honduras y México, que rompió en 2018 su propio récord en número de homicidios dolosos. "Es la región donde se asesina el mayor número de defensores de derechos humanos y de periodistas, incluso en comparación con países con conflictos armados".

Los "focos rojos"

PERO LAS AMENAZAS a los derechos humanos también se ven en el gran número de feminicidios —asesinatos de mujeres por motivo de género—, la presencia del crimen organizado "en todos los rincones del continente", la crisis de refugiados y el fenómeno de la migración forzada en casos como Venezuela y los países del Triángulo del Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador.

Según Guevara, se trata de un contexto preocupante. "América Latina fue hasta hace poco una región estable, hasta hace pocos años; con un solo conflicto armado reconocido internacionalmente, que era el colombiano y estaba en proceso de paz. Ahora estamos en la peor crisis de derechos humanos", señaló.

Aunque el clima de violencia es generalizado, considera que existen "focos rojos", como México, con más de 56 mil personas desaparecidas y varios muertos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que sacó a las calles a los militares para encargarse de asuntos de seguridad.

Una visión militar

DE ACUERDO CON el general retirado y doctor en Administración Pública, Francisco Gallardo Rodríguez, quien estuvo ocho años en prisión por promover la figura de un Ombudsman en el ejército y actualmente el único militar miembro de AI, en entrevista con VOCES,en la actualidad existe un amplio universo de programas instituciones y mecanismos que el gobierno norteamericano utiliza para formar y adiestrar a fuerzas militares, policiales y de seguridad extranjeras.

Enumera que los programas hasta ahora conocidos son; Programa de Educación y Formación Militar Internacional, Programa de Intercambio de Formación Combinada Conjunta y los diversos programas de formación militar de empresas privadas vinculadas de manera directa o indirecta a fuerzas extranjeras o mercenarios implicados en violaciones a derechos humanos.

Sobre este aspecto Gallardo Rodríguez, actualmente asesor sobre temas de seguridad en la Cámara de Senadores y académico de la UNAM, afirma que el vecino país del norte no tiene o no existe, una entidad gubernamental única encargada de proporcionar o supervisar la capacitación y formación que reciben los soldados de ese país ni la de los soldados o policías extranjeros cuya formación esta a cargo de personal uniformado del Ejército estadounidense; incluso “un informe del Departamento de Defensa describía esta falta de supervisión y catalogaba la formación militar como algo hecho a la ligera”.

Como ejemplo de los apoyos económicos y materiales del gobierno de EUA al entrenamiento de militares el general brigadier retirado señala que, de acuerdo a datos oficiales, la financiación del año 2018 para el programa de Educación y Formación Militar Internacional en el caso de México fue de 918 mil dólares, más los cursos básicos para oficiales de unidades acorazadas, curso avanzado de combate para oficiales del Ejército y otro más sobre los sistemas de armamento.

El informe de AIprecisa como desde 1990 el EUA el Departamento de Contraloría pudo identificar a 125 países que habían recibido formación policial financiada por los contribuyentes estadounidenses pese a existir una prohibición legislativa.

Incluso se pone de manifiesto que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha otorgado apoyo a grupos de oposición armada en Albania, Guatemala, Laos, Polonia, Siria, Ucrania, Irak, Afganistán, Angola y Libia.

En estos casos se precisa que los receptores de “la formación y las armas de la CIA han participado en violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos”  

 



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