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Edición 387

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CUARTA TRANSFORMACIÓN

Hambre y sed de justicia de bajacalifornianos

Abraham García Ibarra

SI el Padre de la lógica, Aristóteles, no se equivoca, a una cuarta transformación le antecedieron la tercera y la segunda. Rescatamos datos de estas últimas del consternado mes de junio, en que México ha pasado, para no variar, por insolentes agravios de Donald Trump.

El 19 de junio de 1867 fue pasado por las armas republicanas el emperador Maximiliano por mandato del imperturbable Benito Juárez. El 24 del mismo mes, en 1937 el presidente Cárdenas decretó la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales.

Por designios que dicta la Historia, pero no los explica, después del asesinato del presidente Francisco I. Madero, el 24 de junio de 1914, en defensa de la causa constitucionalista, en los combates en Michoacán tuvo mando el general Martín Castrejón, a cuyas tropas se había unido un año antes el joven Lázaro, quien tuvo acción en la batalla de Pátzcuaro.

Veinte años después, el ya general Cárdenas recibió de otro general, el sonorense Abelardo Rodríguez Luján, la banda presidencial. En 1937, el Divisionario de Jiquilpan no sólo nacionalizó los ferrocarriles: También dotó a los campesinos de Baja California 100 mil hectáreas en el Valle de Mexicali, para formar ejidos colectivos.

El latifundio fue expropiado, después del asalto de las tierras, a la estadunidense Colorado Rivers Land Company. El acto reivindicatorio es significado como rescate de la soberanía nacional. El Valle de Mexicali tuvo mejores días, en que los labriegos bajacalifornianos rindieron memoria agradecida a Cárdenas.

La esfinge de Lázaro Cárdenas del Rio aparece, con los bustos de Juárez y Madero, en la pictórica anunciación de la Cuarta Transformación. El misionero de Los sentimientos de la Nación, Morelos, también aporta su imagen a esa especie de logo.

Una explicable incursión por el Gran Desierto de Altar

Dado que estamos ubicados en las inmediaciones del Valle de Mexicali, Baja California, aprovechamos la estancia para desparramar la vista hacia la vecindad territorial, sólo para recordar antes un dato cultural y recuperar el anagrama de Mexicali: México-California, California-México. Mexicali. La ciudad espejo es Caléxico. Obvio.

El alucinante paisaje al que nos referimos, es el Gran Desierto de Altar, al norte de Sonora. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia (Unesco) declaró Patrimonio de la Humanidad la reserva de la Biosfera El Pinacate-Desierto de Altar.

La reserva ocupa un espacio de siete mil 146 kilómetros cuadrados. Tiene gran riqueza de plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 de aves y 40 de reptiles. Están amenazados de extinción el berrendo de Sonora y el borrego cimarrón.

Al norte de Sonora, el Desierto de Altar limita con el estado de Arizona (UE). Desde luego, por el poniente, con el Golfo de Calfornia.

El tema de esta entrega lo anima una duda existencial: El territorio de la península de Baja California, ¿será absorbido por el Desierto de Altar?

La presencia del Partido Liberal Mexicano

Otro dato cultural: En 1911, en el marco de la Revolución mexicana, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, exiliada en Los Ángeles, California, bajo el liderazgo de los hermanos Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa, tuvo acción en Baja California para reforzar la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Su brazo armado fue, entre otros, José María Leyva.

Baja California norte fue territorio hasta el 1 de diciembre de 1953 en que se le declaró estado 29 de la República. Hasta 1989 fue gobernado por el PRI. A partir de entonces, lo gobernó el PAN, que acaba perder las elecciones de gobernador el pasado 2 de junio.

Unidad en defensa de la dignidad nacional

¿Dijimos Revolución mexicana? En su 107 aniversario, perspectiva de la sucesión presidencial de 2018, en el Campo Marte de la ciudad de México, el supremo comandante de las Fuerzas armadas, con dedicatoria a “ya saben quien”, dijo: Proteger a las instituciones es fortalecer a México. Vulnerar las instituciones nos debilita a todos.

El 20 de noviembre de 2018, en el mismo lugar y con la misma gente, se reclamó respeto al orden constitucional.

El pasado 8 de junio, el postulante de la Cuarta Transformación presidió acto en defensa de la dignidad nacional. Esto tuvo lugar en Tijuana, Baja California.

La dignidad de los mexicanos, humillada en Baja California

Por Baja California y por el Movimiento Regeneración Nacional, es senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. El pasado mes de noviembre, la legisladora introdujo a la Cámara alta un punto de acuerdo por el cual demandó al pleno, en nombre de los campesinos con derechos, no aprobar un acuerdo ilegal relacionado con las actas 319 y 323 por las que se modificaron sustancialmente los términos del Tratado de Límites y Aguas México-Estados Unidos de 1944.

El acta 323 tendría vigencia hasta 2026. Ambos documentos, sin embargo, se refieren a la cuota líquida a la que Baja California, y concretamente el Valle de Mexicali, tienen históricamente derecho sobre los volúmenes que corren por el Río Colorado.

Más de diez organizaciones de campesinos y grupos ambientalistas denunciaron desde mediados de 2018 y en periodo de transición presidencial, que la Comisión Nacional de Aguas trató de forzar a los usuarios a aceptar una reducción de 117 a 112 litros por segundo, para entregar de entre 200 mil y 300 mil metros cúbicos a los Estados Unidos. Se trataba de que Enrique Peña Nieto diera su firma antes de terminar su mandato.

El leonino propósito se cocinó en la Comisión de Límites y Aguas (CILA), como es habitual que lo haga, siempre en favor de los consumidores estadunidenses.

Todo ocurrió un 20 de noviembre, aniversario de la Revolución

El asunto tiene una fecha emblemática: 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. En 2012, a una semana de que Felipe Calderón entregara el poder, la CILA maquinó una operación despojo contra los habitantes del Valle de Mexicali, por la cual la cuota a México empezó a depositarse en la presa Meade, de Nevada.

La coartada fueron los terremotos de 2010 que resquebrajaron la infraestructura del sistema de riego del valle mencionado. Durante dos años, el gobierno de Calderón respondió con disimulo a la exigencia de reconstrucción.

Fue lo que dio pie al acta 319, cuya instrumentación ya quedó a cargo del primer secretario de Relaciones Exteriores de Peña Nieto, José Antonio Meade, aunque en el Senado hubo voces que denunciaron aquel instrumento. En esa maniobra, desde California surgieron acusaciones de que funcionarios mexicanos habían sido sobornados con millones de dólares. La marca de la casa.

El acta 319 tendría vigencia hasta el 20 de noviembre de 2017. Para 2016, la CILA fintaba el golpe del acta 323, con duración de diez años.

El voto de castigo favoreció a Jaime Bonilla, de Morena

Los cinco años transcurridos del acta 319 y las incesantes y multitudinarias protestas sociales en Baja California no conmovieron ni al gobierno priista de Peña Nieto, ni al del PAN bajacaliforniano de Francisco Valdez. En cambio, abrieron las puertas a una cervecera gringa, a la que se reservaría suministro prioritario de la escasa agua potable disponible.

La indignación de los bajacalifornianos continuó. Estalló el pasado 2 de junio en que el PAN fue desplazado del poder por el voto de castigo, para confiarlo en el empresario Jaime Bonilla, postulado por Morena.

En Baja California, cuentas pendientes de Trump

Ya tomará el mando Bonilla, aunque sea por dos años. Lo que queda en la memoria es que, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana fue ejecutado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien dos semanas antes había declarado que veía un México con hambre y sed de justicia. La sed de los bajacalifornianos no es metáfora. Es una tragedia real.

En Tijuana misma, el hambre de justicia hace víctimas a otras familias mexicanas. Las que confiaron sus dólares a Donald Trump quien, en la década pasada, les ofreció fascinantes moradas en dos torres residenciales alumbradas con su nombre. Es cuanto.  



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