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Geopolítica y las FARC (Que pierden la guerra)
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Edición 380

 38012

Pierden las FARC, todo. Hace unos días apenas, el segundo de a bordo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luciano Marín Arango, mejor conocido por su alias de “Iván Márquez”, anunció que “el desarme de las FARC fue un error”.

Geopolítica y las

FARC

(Que pierden la guerra)

Salvador González Briceño

Dijo el exdirigente de las FARC, a través de un video que “el grupo cometió un ‘error’ al dejar las armas”. Vaya si lo fue.

“RECONOCEMOS que incurrimos en varios errores, como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros, cuando Manuel Marulanda Vélez había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”, dijo Iván Márquez el pasado sábado 12 de enero.

        HOY RECONOCE que “la paz fue traicionada por el Estado colombiano”. “En sólo dos años de vigencia, con seguimiento de misiones de Naciones Unidas y de organismos internacionales, los resultados en materia de cumplimiento (del acuerdo de paz entre Bogotá y las FARC) por parte del Estado son desalentadores”.

         Luego entonces, el pacto de la “reincorporación política, económica y social de los guerrilleros” con el gobierno de Santos no funcionó. Peor aún, el dilema para las FARC es que ya están desarticulados. Perdieron la guerra. O se dejaron ganar con un proceso de negociación amañado, y contra lo que no estuvieron a la altura.

 Injerencia de EE.UU.

Las FARC cedieron ante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y la injerencia de los Estados Unidos que siempre estuvo atrás de las negociaciones, por dos fuertes motivos, desde el punto de vista geopolítico:

1) el arrebato del control de los territorios siembra de la droga antes en manos de las FARC;

2) sacarlos de la jugada territorial también para disponer del control y de ese modo construir una posible ofensiva contra Venezuela, país al que EUA quiere imponer gobierno títere.

         En el proceso negociador, los insurgentes depusieron las armas sin garantía alguna de una pacificación real. Qué decir del cambio de las condiciones del campo, siquiera, que no se alcanzó; menos modificaciones de fondo al modelo económico. Grandes errores. ¿Y sus garantías para la participación política? Nunca quedaron garantizadas.

         Previendo, con un poco de prospectiva, nosotros en su momento advertimos sobre algunos de esos riesgos en los que incurrían confiados las FARC a la mesa de negociación con Santos. Lo que a continuación se reproduce lo expresamos —el 25/09/2015— cuando el proceso negociador estaba en pleno auge.

         Sería hasta principios de 2017 cuando se aprobará la “participación del partido de las FARC en el Congreso de Colombia”, en cumplimiento de los acuerdos de La Habana, posteriormente suscritos en Bogotá entre las partes, el 24 de noviembre de 2016.

         Ya en marzo del mismo 2017, el día 1, las FARC entregaban el primer lote de armas a la ONU. Un proceso que culminaría en junio del mismo año, con la liberación de parte del gobierno de 1200 guerrilleros amnistiados. Hasta ahí.

         Luego entonces, dos años antes, dijimos lo siguiente en un análisis con el título de: “Colombia, acuerdo digno; falta la justicia” (las negritas son para resaltar lo dicho). “…Elemental. Pero lo que sigue es importante, tanto para las partes como para lo que se busca: la justicia social. Se dirá si no.

1° COMO SE VE hasta aquí, lo “transicional” —del llamado “Acuerdo sobre Justicia Transicional”— es el acuerdo más no la justicia. Para comenzar, porque la justicia, en el amplio sentido del término, no llega por decreto. Es decir, las partes deberán establecer los mecanismos para el cumplimiento de lo que firmen, pues sin las garantías digamos institucionales, podrá no haber continuidad y hasta incumplimiento.

         Dicho sea, con conocimiento de causa. Las cosas podrán quedarse en el papel, gobierne quien gobierne, como le ocurrió en su momento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México, tras la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre los derechos de la cultura indígena que fueron suscritos en 1996 entre representantes del movimiento indígena y el gobierno, pero nunca llegaron hasta la Constitución. Luego serían desconocidos por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).

         El cumplimiento de los acuerdos podrá diluirse con el tiempo. O bien quedarán a la espera de quienes gobiernen —no digamos el poder; que este es el auténtico peligro—, o de la disponibilidad de aquellos que asuman las directrices del Estado. Con sus bemoles. Pues a estas alturas del partido no hay Estado, sobre todo que comulgue con las políticas neoliberales dirigidas desde Washington, que tenga los recursos suficientes para corregir el rumbo, por el propio desgaste que ha padecido conduciendo a los pueblos al desastre económico, político y marcadamente social.

         2° SI LO ANTERIOR no queda claramente establecido el Estado le fallará primordialmente a la población, con Santos o cuando él no esté. Léase que hasta ahora las FARC han representado tanto para los sucesivos gobiernos colombianos como para los Estados Unidos de América, una suerte de estaca enclavada en el corazón de la zona donde se cultiva la coca.

         Es el territorio controlado por la guerrilla hasta ahora que, se presume, quedará libre. ¿O cuál será el estatus? Â¿Al deponer armas las FARC qué pasará? ¿A merced de quién quedarán los territorios? ¿El área será liberalizada, es decir privatizada? ¿O se repartirá a las comunidades a quienes se les ha arrebatado la tierra, su vida y su tranquilidad? ¿Qué con la siembra de la coca? De la respuesta a estas y otras preguntas dependerá el futuro del saldo de los diálogos de paz. Así como de la anhelada justicia.

         Pero un territorio libre de grupos armados puede complicar todavía más las cosas para el país, por lo siguiente: o el negocio de las drogas crece con la inclusión soterrada de particulares colombianos; u organismos como la DEA llegarán pronto con la promesa de acabar con el negocio de la coca. O, insisto, ¿qué pasará con el negocio de la droga? Su existencia misma es buen pretexto para la geopolítica regional de Washington.

Valga la siguiente advertencia: bajo la promesa del gobierno de Juan Manuel Santos de cumplir al máximo posible con la “justicia para las víctimas”, puede encubrirse la otra parte del acuerdo: el juzgar a quienes están dando la cara para “garantizar la no impunidad” por los crímenes cometidos, pero al mismo tiempo dejar libre el camino deteniendo, juzgando y anulando así a los principales dirigentes de la guerrilla. Precisamente para incumplir lo prometido. Para eso valen los candados ya señalados.

         Claro está que los delitos de lesa humanidad deberán castigarse, pero siempre en igualdad de circunstancias; ni a unos más que a otros. Así que, o el proceso es transparente y ganan todos —principalmente el pueblo—, o todos pierden. El futuro está al alcance de la vista.

¿Dónde quedó la estrategia?

El mismo puede verse en: https://www.alainet.org/es/articulo/172612

         Concluíamos con lo siguiente: “Su existencia misma, del cultivo y el tráfico de drogas, es buen pretexto para la geopolítica regional de Washington”.

         Aquí la geopolítica. Preguntamos ahora: ¿En dónde quedaron los estrategas de las FARC? ¿Qué les obnubiló del desarme? ¿En dónde quedó el análisis de la izquierda latinoamericana, siquiera sobre el rol de las guerrillas para cambiar el “capitalismo dependiente”? ¿En dónde los analistas geopolíticos de la región?

         Hoy a las FARC no les queda más que el recuerdo. Y lo reconocen, como lo ha declarado Luciano Marín Arango. No perdieron las batallas, perdieron la guerra. Con Santos a la cabeza. Perdieron la perspectiva de la participación de los EUA.

         No obstante, tuvieron en las mesas al enviado del Secretario de Estado de EUA, John Kerry, a Bernie Aronson. La decisión de Kerry la tomó el 20 de febrero de 2015, a petición de Santos. Dijo que la designación obedeció a la petición que el propio Juan Manuel Santos habría hecho en diciembre del 2014, para que Estados Unidos tomara “un papel más directo en el proceso de paz”.

“Desde que Juan Manuel Santos se embarcó en un esfuerzo para negociar el fin de la guerra, el apoyo de EE.UU. ha sido inquebrantable”, concluyó Kerry.

¿La presencia de EUA era para favorecer la paz?



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