El frío de las faldas de la sierra nevada en Huetjotzingo, entró en ráfaga al ambiente político postelectoral de Puebla para desbaratar una polémica elección a gobernador y nombrar a un responsable interino y convocar de nuevo a elecciones en de seis meses.

Caso Puebla

Juan Carlos Bautista Rojo

• ¿Falla mecánica?
• No hay rastros de explosivos, afirma la autoridad
• Obligada a realizar una investigación exhaustiva con peritos extranjeros
• Por qué no usaron los helicópteros oficiales, la renta por qué?

BAJO LA LUPA del análisis político de prospectiva, para diseccionar los posibles escenarios de los hechos ocurridos donde perdieron la vida Martha Erika Alonso, gobernadora constitucional de Puebla y su esposo, Rafal Moreno Valle, exgobernador.

ES NECESARIO plantear hipótesis que resuelvan el caso, que indiquen las líneas duras de investigación con datos certeros y análisis científicos hasta donde sea posible, para informar con prontitud, trasparencia y pulcritud, la versión más apegada a los hechos.

Los hechos ocurridos a las14:50 horas del pasado 24 de diciembre, se convertirán en un código a descifrar para regenerar la confianza en las instituciones, para no repetir el pasado en el historial de “accidentes o decesos donde políticos mexicanos de distintos sellos políticos, han perecido”. Sin duda un reto, principalmente para la parte técnica de la aeronáutica nacional e internacional, realizar una arqueología, la reconstrucción de los hechos, situación, calculan los expertos puede tardar, desarrollarse a lo largo de un año para obtener pruebas concluyentes.

De la información, su flujo.

Después de los sucesos, la pronta respuesta de la autoridad federal, al convocar a conferencia de prensa al ocaso del día navideño en la ciudad de México, contuvo la ola de especulación y delimitó los tiempos para organizar una respuesta en lo político, como en lo técnico, en materia de investigación.

“La aeronave, se dijo, sufrió una aparente falla”, fue la frase que destacó en la primera conferencia, para después perfilar que el “aparato cayó por causas ajenas a su funcionamiento”. Y al anunciar la creación de una comisión de investigación técnica, se solicitó la ayuda de la FBI y la empresa italiana, la creadora de la firma Augusta Westland.

En este apartado de la logística y la aviación, hay varias preguntas que por lo pronto no encuentran respuesta, y las cuáles esperamos sean respondidas por las profundas y serias investigaciones, ya sean oficiales o independientes, por ejemplo:

Ya como gobernadora electa y en funciones, por qué Erika Alonso, no utilizó el helicóptero Augusta Grand de 7.5 millones de dólares, o el Bell 412 de 12 millones de dólares, los cuáles fueron adquiridos por el gobierno de Puebla desde el año 2012. Y por el contrario solicitar la renta de un Augusta Westland, que había sido adquirido recientemente. ¿Quién o quiénes sugirieron tomar la decisión de viajar ese día en esa nave de la ciudad de Puebla a la ciudad de México, a la pareja Alonso-Moreno Valle? ¿Por qué utilizar los viejos servicios de la empresa servicios aéreos del altiplano, propiedad de Rafael Torres Mendoza, empresario influyente en el anterior gobierno como proveedor?

¿Quiénes más conocían de la ruta aérea, el horario preciso de la partida de la aeronave y su vuelto en dirección a la ciudad de México?

Apenas había alzado el vuelo a diez minutos de su despegue, y llevaban en su navegación tres millas náuticas, cuando un estruendoso ruido, se escuchó por el audio de la cabina a la torre de la vigía, para desaparecer del radar. Y una parte del ocre maizal que se encuentra en la planicie cerca del cerro “Chimenea Chacuaco, en Santa María Coronago, de pronto fue iluminado por el estallido del fuselaje del Augusta 109S Grand, con sus cinco tripulantes a bordo.

Ahora el punto de la conflagración se encuentra custodiado, acordonado, por elementos de la policía de seguridad nacional y del Ejército Mexicano, y un grupo de especialistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue desplegado en el lugar de los hechos en busca de la caja negra de la aeronave como de algún indicio que arroje alguna prueba que pueda explicar lo sucedido.

¿Es posible que haya sido sabotaje?

Eso lo determinarán los peritajes que arroje los estudios y pruebas técnicas que realicen los expertos tanto nacionales como los especialistas invitados del FBI, de los canadienses o de la empresa italiana, responsable de la fabricación de estos aparatos que en principio fueron concebidos para un uso militar y con el tiempo fueron adaptados más para misiones de reconocimiento o en tareas civiles de rescate.

Una prueba determinante será el contenido que encuentren –ojalá sea en buen estado– de la caja negra, en realidad un cofre del tesoro por la información valiosa que llegan a poseer al registrar los audios e identificadores de códigos en los movimientos electrónicos y digitales realizados por los operadores.

¿Es posible un atentado terrorista o una intervención del narco en este suceso?

Aun cuando los resultados afirman que sus primeros peritajes no dan como resultado la utilización de armas y la autoridad, llama a no especular, a esperar las pruebas y contrastar la información, algo que puede tardar un tiempo laxo y mermar la versión de cualquier autoridad. Y tienen razón, por lo delicado del tema, que deriva en un asunto de Estado y de seguridad nacional.

Por la relevancia del caso, todas las líneas que conduzcan a su esclarecimiento deben ser tomadas en cuenta. Incluso aquellas que planteen situaciones extremas, que pueden ir desde una “ falla mecánica por desatención en su mantenimiento”, la “ falta de combustible”, los “ raros vientos”, hasta un posible atentado, ya sea éstos por la “ siembra de un artefacto explosivo al interior de la nave: Augusta109S Grand, matricula 22174 “ o bien, por tratarse del disparo de un proyectil con un arma de largo alcance desde los llanos o sobre un monte, con alcance de hasta dos kilómetros.

En ese sentido, no deja de llamar la atención que, en el anterior régimen, de manera constante se negó esa posibilidad, y a llamar las cosas por su nombre. Sin embargo, existen pruebas testimoniales y periodísticas como información oficial al respecto, de que lo en principio fue la caída de un helicóptero en el Estado de Michoacán, después se comprobó fue un “derribe” por un grupo de narcotraficantes a la inspección policial de en ese estado que termino con la muerte de cuatro elementos policiacos.

Fue en el mes de setiembre del 2016, cuando en conferencia de prensa, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que, en el municipio de La Huacana, en Michoacán, un “franco tirador derribó un helicóptero oficial, ello aparentemente con un fusil Barrett calibre .50.

La misma fuente, asegura que del 2007 al menos hasta el 2016, en México fueron decomisados 190 rifles con esas características.

Esta letal arma, la Barrett .50 es capaz de derribar aeronaves y penetrar blindajes avanzados, es muy superior a un fusil AK-47. Es tan precisa que puede ejecutar una acción en un blanco determinado a dos kilómetros distancia. La Barrett se puede conseguir en el mercado negro por una cantidad que oscila entre los 11 y 12 mil dólares.

Otro reporte del 27 de marzo de 2018, registró un atentado a integrantes de la marina, quienes iban en vehículos de la corporación y fueron emboscados por civiles armados con fusiles Barrett, en la ciudad de Tamaulipas. “Esas armas, traspasaron el blindaje de los vehículos de la marina”, explicó el abogado Juan Velázquez, al diario Excélsior.

Hoy, con toda seriedad, la autoridad tendría que explorar la hipótesis de un atentado por parte de grupos delictivos en esa región, toda vez que hay antecedentes de un orquestado plan para continuar con el saqueo a los ductos de Petróleos Mexicanos en esa región.

Los primeros peritajes no son concluyentes, hay que realizar más pruebas, por ello esperemos que los peritajes no tarden en llegar, y ello sea antes de entrar en la vorágine de la propaganda política para conocer quienes estarán al frente del nuevo gobierno poblano.

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