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Edición 372

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VOCES DEL DIRECTOR

Ni leyes de plomo o chayote nos intimidarán

Mouris Salloum George

SI ES NOTICIA, lo es sólo por un nuevo nombre: Fue asesinada a puñaladas Alicia Díaz González, corresponsal de El Financieroen Monterrey, Nuevo León. Su cadáver fue encontrado por su hijo Eduardo Andrés.

Es el quinto periodista mexicano ultimado en lo que va de 2018 bajo el signo de la impunidad.

El hermoso paisaje de la Arcadia mexicana

En términos de literatura y retórica burocrática, México es en el universo la sociedad ideal: La Arcadia.

Al concluir la etapa de los gobiernos posrevolucionarios, Los Derechos Sociales del Pueblo Mexicanoestaban consagrados por la Constitución.

Con la Gran Reforma Política 1977-1978, se amplió el arco constitucional y se empezaron a perfeccionar y ampliar los derechos de los ciudadanos y se dio forma al sistema de partidos.

Por esa reforma se instituyó particularmente el Derecho a la Información garantizado por el Estado.

Con independencia de nuestro peculiar régimen constitucional, el Estado mexicano se ha adherido a una serie de tratados, convenciones y acuerdos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre esos compromisos contraídos, merecen subrayarse los referidos a los derechos a la alimentación, a/ y del trabajo; a la educación, la ciencia y la cultura. Toda una oferta humanista.

La madre de todas las reformas: Derechos Humanos

En este siglo, la madre de todas las reformas, es al artículo primero de la Carta fundamental en el que condensaron las figuras jurídicas Derechos Humanos y Garantías.

Una observación básica e indispensable: En esa revisión, se privilegió en abstracto el concepto persona, de lo que resultó la paridad entre persona física y persona moral; en esta categoría entra la empresa.

La acotación se explica, habida cuenta que, particularmente los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la formación de nuevas leyes, han tenido como prioridad brindar garantías jurídicas al capital; más concretamente, a los inversionistas.

Autorizados constitucionalistas mexicanos han advertido recientemente que esa tendencia legislativa otorga más poder al Estado, en detrimento del ciudadano.

Derechos otorgados, ejercicio restringido

Hechas esas observaciones que consideremos pertinentes, acometemos lo que da motivación a este tema: La Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

Especialmente en el segundo punto, conviene identificar a los dos agentes que dan sentido a la comunicación social: El informador y el informado.

De ello sigue que, paralelo al reconocimiento de libertades civiles y derechos políticos, se han producido ordenamientos legislativos y administrativos restrictivos de su ejercicio.

En materia electoral, verbigracia, se han dado facultades a los árbitros de la democracia para limitar la publicidad electoral. Esas limitaciones han sido impugnadas particularmente por las empresas concesionarias de los medios electrónicos. En algunas de sus sentencias reparatorias, los ministros han invocado “la libertad de expresión”.

Recientemente, sin escuchar a los afectados, el Congreso de la Unión votó a regañadientes -pues fue apremiado por la instancia jurisdiccional- la ley para regular la publicidad gubernamental.

La ley chayote, se tipificó coloquialmente esa disposición dada la discrecionalidad y favoritismo que caracteriza la gestión del gasto público destinado a la propaganda oficial: El sistema de premios y castigos.

Todo lo comentado se reduce a la profunda contradicción entre el ser y el deber ser. Si se aplica a la aspiración democrática, la conclusión es que no existe tal Arcadia que pretende obsequiarnos en el discurso el grupo dominante.

En el umbral del Estado de opresión

Frente al supuesto de “la sociedad perfecta” a la mexicana, lo que tenemos es la incesante agresión a los derechos a la libre expresión y a la información, que ha alcanzado ya el rango de un Estado de opresión.

El asesinato de la colega Alicia Díaz González -los móviles reales o los esgrimidos por la autoridad investigadora, no siempre confiables, no se conocían al momento de escribir esta entrega-, nos coloca, otra vez, frente a la macabra estadística.

Situado ese monstruoso fenómeno en el escenario de una falaz transición democrática, es visible la aplicación, no de la “zanahoria y del garrote”, sino de la ley plata o plomo: Mucho plomo.

Si la suma de asesinatos, desapariciones forzadas, expulsión del lugar del ejercicio periodístico y otros atentados a instalaciones físicas de empresas editoriales no fuera más que una ecuación mecánica, sería un esfuerzo ocioso.

Lo que subleva a la sociedad nacional y alarma a instancias de la ONU, es que México está ya estigmatizado como uno de los tres países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la libertad de prensa.

La impunidad, es lo que nos obliga a denunciar la increíble retórica burocrática, que se sintetiza en la declaración oficial o el boletín-machote tras cada crimen.

Sólo una sociedad ética y actuante, la esperanza

Cada ritual del 7 de junio, efemérides del de Día de la Libertad d Prensa, nos dibuja en México la sideral distancia entre inanes y falsas palabras y la brutal y vergonzosa realidad.

Estamos a unos días de la gran cita colectiva para la formación de nuevos poderes públicos. ¿Es posible esperar un cambio radical en el actual espeluznante estado de cosas?

La respuesta, a la luz de los hechos de campaña y con esos árbitros electorales, es definitivamente ¡NO!

De reciente encuentro de más de 600 rectores de universidades iberoamericanas, entre ellos varios de México, celebrado en la de Salamanca, para todo efecto moral y político, nos quedamos con una expresión de confianza intelectual: El desarrollo de una sociedad crítica, ética y más capaz.

Como representación gremial de periodistas y comunicadores mexicanos, suscribimos esa convicción: Ni leyes de plomo o chayote nos intimidarán. Permanecemos en la vanguardia del combate.



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