Viernes, 30 de Marzo de 2018 01:19 | 
Author: Enrique Pastor Cruz Carranza | 
| Edición 370 |
A FUEGO LENTO
Periodismo oficio de muerte
Enrique Pastor Cruz Carranza
“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”
GOETHE
ANTE LOS DATOS DUROS ACUMULADOS EN EL 2017, con respecto a los asesinatos de periodistas en el mundo, por desgracia y vergüenza nuestro país, México fue —al cierre del pasado año crecientemente mortal estando fuera de un estatus de guerra el número uno por peligroso en todo el mundo, y parece nada puede detener esta inercia dolorosa de muerte, intolerancia, impunidad, simulación e indiferencia.
LOS INFORMES de diferentes organizaciones nacionales e internacionales caen como loza sobre todos los discursos y buenas intenciones en los tres niveles de gobierno.
La saña ha llegado a puntos sin el mínimo escrúpulo de ejecutar al comunicador aun frente a sus familiares e hijos menores, siendo al cierre del año el caso del periodista Gumaro Pérez Aguilando reportero del portal de noticias La voz del Sur asesinado a balazos dentro del mismo plantel escolar donde había llevado a su hijo menor, sin que los sicarios pudieran ser detenidos o vistos por ninguna autoridad a pesar de los enormes gastos en seguridad y equipos de alta tecnología para las investigaciones.
En su reporte anual Reporteros sin fronteras destaca que en México la presencia de cárteles del narcotráfico y la corrupción de los políticos son temas que abordan periodistas y que los hacen blanco de amenazas, agresiones o asesinatos, como ocurrió con Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa el mes de mayo. Se lamenta el caso de Valdez como también de otros 10 periodistas mexicanos que pagaron con su vida su trabajo informativo, sigan impunes, debido a la corrupción.
Los datos de Reporteros sin fronteras se desgranan como lágrimas de impotencia ante la integral insensibilidad gubernamental en la materia.
“De los 65 periodistas muertos en 2017, 50 eran profesionales, siete eran ciudadanos que realizaban labores informativas y ocho eran colaboradores de los medios de comunicación. Pese a la cifra, RSF destacó que comparado a los casos de 2016 hay 18% menos de periodistas asesinados.”
Un agravio al sentido común
En un país y sus entidades de Falsos Positivos, este dato estadístico es un agravio al sentido común, pero podría ser parte para fanfarrias de esas cuentas que no sabemos hacer de lo bueno.
La organización Articulo19 da en sus registros hasta mediados del mes de mayo de 2017 que se han asesinado 105 comunicadores desde el año 2000. 48 durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y 32 en el de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esos casi 20% de esos asesinatos ocurrió en menos de seis meses.
El “Comité de Protección de Periodistas” (CPJ por sus siglas en ingles) ha señalado que México es donde mas muertes de periodistas hay en el mundo, superando naciones como Siria (en guerra por intereses globales y de control geopolítico-energético), Filipinas, Irak, Paquistán y Bangladesh.
En contraparte y ante este cúmulo de atropellos, la inoperante y restringida capacidad de ejecución de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH) no pasa de emitir innumerables recomendaciones cada vez que corre la sangre y se apaga la vida de un comunicador, sin mas resultado que algo de escozor en la piel gruesa de las instancias correspondientes y sin poder resarcir las posteriores campaña de descredito sospechosísimo, vileza, mala fe y presunción de casi ser merecedores de esas consecuencias, por estar -como decía en celebre ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa “portándose mal”.
Candorosa buena fe
Solamente para tener una idea de la candorosa buena fe de la CNDH, es bueno citar que desde el 1 de enero del 2000 al 31 de julio del 2013 la Comisión presume recibió a través de su PDE: Programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos un total de 842 expedientes de queja a violaciones a derechos humanos cometidas contra comunicadores y medios.
Posiblemente tantos expedientes justifiquen su existencia y asignación presupuestal, aunque en resultados, nada sea eficaz las cosas siguen empeorando.
Casi al final de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las presiones internacionales por tantos crímenes de comunicadores con su apéndice de lujo, la impunidad, obliga a crear y decretar al mismo tiempo la Ley para la protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas aprobada por el Senado de la República el 23 de abril del 2012, entrando en vigor el 25 de junio del mismo año.
Si bien la señal de unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados podría haber sido de frenar el incremento a estos hechos, una urgente necesidad de protección a la Libertad de Expresión, ahora transita la ruta de ser solamente una entelequia burocrática muy lejos de las expectativas.
Si bien hoy tenemos “el mecanismo” integrado por la Secretaria de Gobernación (SEGOB), La Procuraduría General de República (PGR), Secretaria de Seguridad Publica, de Relaciones Exteriores (SRE), La CNDH y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.
Según nuestro dato, a partir del 20 de noviembre del 2012 al 15 de marzo del 2014 se realiza la primera etapa para su creación con el Maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras y teniendo en la subsecretaria de Gobernación a la hoy flamante Diputada Federal ex panista, conversa en priista Lía Limón.
Esta funcionaria se destaca, como señala Reporte Índigo, en su edición del 18 de agosto del 2015 firmada por Julio Ramírez, demuestra cómo se gasta el presupuesto al realizar viajes donde pagó boletos de avión de hasta 215 mil pesos a Ginebra, Suiza y durante su estancia “cuidando periodistas y los derechos humanos” hizo 37 viajes con un gasto de un millón 688 mil pesos (sin incluir viáticos y acompañantes de vanidad). El reportaje no puede ignorarse cuando se dan existencia de faraones y simulan trabajar por vocación.
Se hace de algo tan importante y sensible donde van vidas y seguridad de por medio, una simple instancia burocrática para premiar el oportunismo y pragmatismo político tan de moda.
Una pobre atención
Solo bastaría rescatar el informe del “Mecanismo” elaborado por la “Unidad Para la Defensa de los Derechos Humanos” del 2012 al 2013 donde se hace el recuento de las actividades y la pobre atención a los suplicantes peticionarios.
En el 2014 después de irse a una diputación federal usando este mecanismo institucional empapado de sangre como plataforma de lanzamiento Lía Limón, es designado Coordinador del Mecanismo el no menos “maestro de la simulación” Víctor Manuel Serrato sin tener nada relevante a su gestión, salvo los constantes pretextos de carencia de recursos y poca acción al respecto.
El político de varias trincheras y eficiente en el tras mutismo pluripartidista, lealtad ajustable a las circunstancias y afortunado burócrata del sistema, Roberto Campa Cifrián en su calidad de subsecretario de Gobernación y sin ningún antecedente en materia de humanismo o justicia designa a la también maestra Sara Irene Herrerías Guerra en 2015, para verla partir en 2016 ante la crisis de haberse quedado sin presupuesto y enterarnos que la SEGOB y sus cabilderos en busca de la candidatura presidencial perdida por Miguel Ángel Osorio Chong no se ocuparon ni preocuparon al respecto.
¡De ese tamaño es la mezquindad!
Hoy el mecanismo ya tiene su cuarta directora en la maestra Patricia Colchero, mientras el afortunado e inepto subsecretario de gobernación y flamante simulador en esta pantomima de defensa a la vida de periodistas no es cesado, sino se promueve a ser titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como premio a su falta de resultados para castigar autores materiales e intelectuales en los asesinatos que atentan contra la libertad de expresión.
No se descarta su cambio con la llegada de Alfonso Navarrete Prida a la SEGOB.
Una herida abierta
Con un padrón de 509 comunicadores y defensores de derechos humanos aproximadamente en 2017, el presidente Peña Nieto ni la SEGOB pidieron asignación presupuestal, Así lo consigna el portal digital de Expansión del 19 de mayo de 2017.
Un día antes (18 de mayo del 2017) Peña Nieto a 48 horas del asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa y ante las marchas para solicitar terminar con tanta impunidad, en Los Pinos acompañado de todos los gobernadores el Ejecutivo Federal anunciaron una serie de medidas (sic) que, según el discurso en acción, “representa una herida abierta (desde el 2000) para el país”.
En solemne acto —digno de ser guardado en los anales del combate simulado contra la impunidad—, en el Salón Adolfo López Mateos el Ejecutivo, con 24 gobernadores presentes, Embajadores entre los que se encontraban la de los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano guardaron un minuto de silencio por los comunicadores finados, no sin antes recetar una serie de recomendaciones y/o acciones federales consistentes en dar presupuesto al mecanismo; establecer protocolos de operación en todos los Estados (hasta la fecha sin cumplir) y la tercera acción consistente en el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la PGR que es una instancia de conducta muy sospechosa al desaparecer expedientes de periodistas, informar a los estados donde se quejan periodistas y negar el acceso de expedientes a los propios afectados protegiendo a los inculpados, en muchos casos gobernadores en función.
Lo triste es que el responsable de asumir resultados al respecto, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ya no está en funciones, después de salir de esa secretaria en busca de un escaño senatorial de consolación, posteriormente de haber visto trunco su sueño presidencial, mientras “la herida continuara sangrando” a pesar de las promesas presidenciales emotivamente manifestadas.
Los periodistas y defensores de los derechos humanos no debemos permitir que se sostenga esta perversa actitud para degradar a infidente misión el verdadero fin del “Mecanismo Para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas”.
Es una trinchera de vida y certeza, que debemos rescatar de la negligencia burocrática, la simulación hipócrita de improvisados o parásitos de nóminas en busca de prestigio curricular, lucimiento mediático o plataformas a nuevos cargos políticos, electorales, mientras el crimen se regodea gozando de cabal exceso en la eliminación de escollos humanos a sus gulas de fortuna y vileza.
Estamos obligados a asumir nuestro rol lejos de ser una especie de “conejillos de Indias” para hacerla eficiente pues de su buen desempeño se podrá evitar y reducir más agravios, transgresiones, secuestros y uso faccioso del poder en tres niveles.
SÍ, es cierto que; con asesinar a un periodista no se mata la verdad.
Pero también lo es, que los ciudadanos no debemos permitir se mantenga este juego de mentiras oficiales y sepulcros ocupados por luchadores sociales y periodistas que aman a su patria y siguen creyendo en que todo puede cambiar si lo hacemos posible.
No queremos ni aceptaremos un hipócrita minuto de silencio más en memoria de ningún periodista o líder social de Derechos Humanos
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