La máxima del prusiano Carl von Clausewitz, que advierte que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, induce a plantear la pregunta sobre si México, y específicamente los responsables de su diplomacia, están conscientes y, sobre todo aptos, para incursionar entre incendiados berenjenales globales. Nucleares puede ser un término tremendista, pero real.

La desafiante y grave cuestión se configura en tres escenarios: 1) El gobierno mexicano formalizó su inscripción en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP), que implica guerra comercial; 2) prepara tropas a fin de participar en misiones de la ONU para el mantenimiento de la paz, que lo exponen a acercarse a la guerra activa y, 3) amplía la apertura a nuevos jugadores en la banca, que entraña guerra financiera.

El ATP asocia a doce gobiernos comandados por los Estados Unidos para disputar mercados al resto de las economías nacionales, algunas ya integradas en bloque regionales.

Por supuesto, las misiones de paz actúan en los teatros del conflicto bélico. Y, recibir a nuevos agentes bancarios extranjeros tiene, fatalmente, que alertar al Sistema de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, que responde a los intereses de Wall Street.

Sobre el segundo punto, conviene tener presente que hace apenas mes y medio la subsecretaria de Estado (USA) para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Rose E. Gottemoeller previno que facciones terroristas islámicas podrían usar la frontera con México para introducir armas, incluso nucleares, a territorio estadunidense.

En un documento redactado por las secretarias de Relaciones Exteriores, de Defensa y Marina, se pretenden justificar las misiones de paz mexicanas “por su valor estratégico para la relación bilateral y regional”. Se acepta el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y se previene como inminente “el riesgo militar”; una obviedad que suena a pleonasmo.

En cuanto al primer punto, es un secreto a voces que la concepción e instrumentación del ATP tiene como móvil enfrentar la explosiva competencia comercial internacional de China.

Los críticos del ATP en los Estados Unidos, argumentan que los negociadores norteamericanos del acuerdo han sido omisos en la adopción de sanciones contra los gobiernos acusados de manipular su moneda para ganar mercados externos, también en clara alusión al gobierno chino.

Lo que nos remite al tercer peliagudo punto de este examen: El pasado 15 de octubre, la secretaría de Hacienda confirmó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha expedido licencia para que el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) opere en México a partir de 2016.
El ICBC no es cualquier Oxxo: Sus activos alcanzan 3.4 billones de dólares y maneja 480 millones de cuentas empresariales al través de más de 100 sucursales en 50 países.

Ese es el portento bancario que se instalará en México con licencia oficial, lo que obliga a recordar que Washington ha reaccionado agresivamente contra la creciente presencia de la inversión china en países latinoamericanos donde proclama su “área de influencia” y esgrime la defensa de la seguridad hemisférica.

El temerario lance mexicano -con la autorización a ICBC- no deja de ser desconcertante, ya que hace apenas unos meses el gobierno canceló una licitación ferroviaria en la que se interesó el capital chino y dio reversa a una ciudad comercial en Quintana Roo de factura china, casi a punto de entrar en operación; acciones que incomodaron al gobierno de la potencia asiática que amenazó con reconsiderar sus relaciones económicas con México.

La significación de la licencia bancaria al segundo socio comercial de México, radica en que no se mueve una hoja de árbol en el universo bancario-financiero estadunidense sin el consentimiento de la Fed, única banca central privada en el mundo, autorizada a emitir acciones cuya compra impone incluso a Estados extranjeros, a los que limita su soberanía financiera.
Es del dominio público la convicción de que el Banco de México es un ente subordinado a los criterios de la Fed, en cuyas bóvedas estaría un alto porcentaje de las divisas extranjeras acumuladas por el banco central mexicano.

Para ilustrar esa especie baste un dato: La Junta de Gobierno de Banxico decidió en junta reciente mantener las tasas de interés de referencia, siguiendo la línea de la Fed en el mismo sentido.
Los especialistas mexicanos atribuyen al juego del gato y el ratón de la institución estadunidense la volatilidad que ha provocado en los últimos meses la devaluación del peso en más de 20 por ciento, castigando no sólo al sector importador, sino elevando los costos de la deuda externa tanto pública como privada.

¿Quién, en su sano juicio, puede pensar que el satánico gobierno de la Fed se quedará con los brazos cruzados ante la invasión del sistema bancario mexicano por un ente controlado por un Estado comunista?
Son pues, los riesgos consustanciales de poner tantos fierros en la lumbre al mismo tiempo, cuando la situación interna del país en lo económico, lo político y lo social avisa ahora mismo un potencial choque de trenes en una sucesión presidencial cuyos actores emprenden ya la estampida hacia 2018.

Y en el mundo suelta los demonios una segunda Guerra Fría que, como la primera, se enfila a un equilibrio catastrófico cuya operación sólo admite la autoridad y el voto de las potencias que dominan el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sólo queda hacer mortificados votos porque aquellos en quienes se ha depositado la conducción de la diplomacia mexicana estén actuando con la cabeza fría, cuando al corazón lo agobia un cúmulo de infortunios que fatalmente desembocan en la inercia o, peor aún, en la impotencia. Vale.

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