PAPELES AL VIENTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA (Exclusivo para Voces del Periodista)
El burro y la noria
BASTARÍA CON REENCONTRARNOS con la ternura de Platero y yo -de Juan Ramón Jiménez- para empezar por pedir perdón al burro que, por su dócil lealtad y productivo desempeño, debe ser puesto primero en la lista de mejores amigos del hombre; aunque el hombre no sea el mejor amigo de aquellos a los que califica como bestias y, sin embargo, no son tan brutos como para tropezar dos veces con la misma piedra.
Beltrones Rivera.
La “cabeza” de esta entrega se refiere a los legisladores, ora federales ora locales que, en materia de reforma política y expresamente de reforma electoral, ni sudan ni se abochornan dándole vueltas a la noria, invariablemente con los mismos precarios resultados que hacen de la aspiración democrática de los mexicanos una soberana burla.
Recientemente, después de recibir el reporte de 17 legislaturas estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de aprobación de cambios en la Constitución, en un paquete que el inefable y reventado senador priista Manlio Fabio Beltrones describió como herramienta para modernizar el sistema político mexicano. Los diputados estatales no introdujeron una sola enmienda a las minutas que les envió el Poder Legislativo federal. ¿Para qué?
Los miembros de dicho órgano parlamentario se dieron por bien servidos con garantizarle al jefe del Ejecutivo federal en turno derecho a (dos) iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario del Congreso; darle la opción al Presidente designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rendir su protesta constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en caso de no poder hacerlo en la sesión de Congreso General respectiva) y maquillar el proceso de sustitución del presidente de la República en caso de ausencia. El primer relevo estaría a cargo del presidente del Senado en funciones. Qué tal.
Para los empedernidos maliciosos -que “piensan mal” con la intención de seguir acertando-, la oportuna “y conveniente” declaratoria de la Comisión Permanente, no tiene más sentido que el de tratar de mojarle la pólvora a los ciudadanos que por miles están saliendo a las calles y las plazas pública a manifestarse contra los resultados de las elecciones del 1 de julio procesados, en principio, por el Instituto Federal Electoral, ya en manos de los magistrados electorales: ¡“Pero si el Congreso está satisfaciendo las demandas más sentidas del pueblo para democratizar los comicios, señores! ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejos?
“Modernizar” el sistema político mexicano -para los exégetas de la reforma “política”-, implica dejar fuera la revocación de mandato o no recortar la nómina de 628 legisladores federales, cuyas caras dietas no se corresponden con la productividad constructiva que se espera de cualquier Parlamento con visión de futuro frente a un estado de activa ingobernabilidad.
Se exaltan, en cambio, las que se denominan consulta popular o iniciativa ciudadana; enunciados que, en el primer caso, debe pasar por la recolección de un mínimo de un millón 200 mil firmas de apoyo y condicionada a que en la misma participen al menos más de 30 millones de personas inscritas en el Registro Federal de Electores; y, en la segunda, se regatea el compromiso expreso de que tal iniciativa ciudadana deba ser por lo menos dictaminada por las comisiones legislativas a las que se turnen.
Afirman algunos de esos exégetas que la citada reforma da continuidad “modernizadora” a la de 2007-2008, pero se hace mutis ante el hecho de que ésta, por ejemplo, en materia de comunicación electoral, generó desde 2009 más litigios por transgresión de los medios electrónicos que los que pretendía resolver y, sin embargo, fue un tema excluido en la Constitución nuevamente revisada.
A mayor abundamiento, la declaratoria comentada aplica a la norma constitucional, que todavía falta pasar por los putrefactos filtros del Congreso para explicitarlas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofife) y otras legislaciones concurrentes, asunto que estará al arbitrio de poderosos legisladores chapulines que dieron el salto de una Cámara a otra o de aquellos que, habiendo sido aspirantes a la presidencia de la República, terminarán refugiados en la próxima Legislatura federal. ¿No hay acaso, entre ellos, los que infringieron reformas a la Carta fundamental por ellos mismos aprobadas: Verbigracia, el plazo constitucional para nombrar a los consejeros del IFE, cuestión que hizo arrancar la sucesión presidencial de 2012 con éste órgano baldado?
Ahora, cuando algunos comentaristas anuncian el retorno de la dictadura perfecta, se pretende convencer de que los conflictos poselectorales del tipo y la magnitud de 2006 y los de 2012, sólo serán prevenidos y desarraigados con oooootra reforma electoral. ¿En el mismo lugar y con la misma gente? Como dirían nuestros ancestros: Que se los crea su abuela.
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