Crisis, generales y políticos

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ*

El auge militar en los altos círculos estatal-empresariales no es asunto nuevo en EU: desde los años 1950 fue advertido por sociólogos, economistas, presidentes y generales. El fenómeno cobra peso en la relación de EU con América Latina, como lo indica la primacía en la política hemisférica, junto al Banco Mundial, FMI y CIA, de los Comandos Norte (CN) y Sur del Departamento de Defensa (DdeD), por lo que importa revisar las secuelas domésticas y externas de la crisis económica sobre la ecuación civil/militar, pues la militarización genera posiciones encontradas dentro y fuera del DdeD.

Fue Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien, en fechas cercanas al encuentro del Grupo de Alto Nivel (GAN) de seguridad realizado en México el 23 de marzo pasado, con asistencia de la plana mayor del gabinete de guerra de Obama y sus contrapartes de México, expresó a los medios su inquietud por la militarización de la política exterior de Estados Unidos y mencionó la enorme asimetría entre el gasto militar y de seguridad (que ya rebasa el billón –trillion- de dólares) con el del Departamento de Estado, de apenas unos 55 mil millones (mmdd.)

Además de cuantitativa la cuestión es cualitativa, porque el manejo de estos recursos asignados por el Congreso entraña una simbiosis bélico-industrial con el empresariado capitaneado por una cúpula monopólico-financiera cuyos intereses se protegen por encima de la población ante una crisis que, con el mega-rescate bancario/empresarial, acota al gasto público de manera drástica y selectiva: es visible el influjo militar y del aparato bancario/financiero y de seguridad, en la proyección de poder dentro y fuera del país, trátese de Goldman Sachs, Stanley Morgan o CitiGroup y de una treintena de poderosas firmas subsidiadas por el gasto militar, en cuyos cuerpos directivos y gerenciales hay creciente presencia militar: Lockheed Martin; Boeing; Northrop/Grumman; BR; General Dynamics; General Electric etcétera.

A ellas se agregan firmas de seguridad, verdaderos ejércitos mercenarios timoneados por ex oficiales de inteligencia y de las fuerzas especiales que operan bajo el abrigo de una privatización de la política de seguridad interna y externa, parte del outsourcing de funciones logísticas, que desde Reagan-Bush se diversifican hacia operativos clandestinos y de provocación/represión. Cuentan además con un vasto cuerpo de cabilderos en el Congreso, vitales en tiempos de austeridad fiscal. Su éxito en mantener y aumentar privilegios bélico-industriales se refleja en el diseño presupuestal: mientras a los Departamentos de Agricultura, Vivienda y Desarrollo Urbano, Energía, Justicia, Salud y Servicios Humanos se asignan en su conjunto 250 mmdd, al aparato militar, de Homeland Security y a las guerras de agresión y ocupación en Afganistán e Irak se les adjudican más del billón: sólo el gasto militar de más de 700 mmdd, es mayor al del resto del mundo. El 70 por ciento va a esos contratistas. El manejo político-electoral de los contratos y de 4 mil bases desplegadas en Estados Unidos, se refleja en la militarización y para-militarización de políticas internas y externas de Texas a New York, de Colombia y México, a Irak y Afganistán, sea bajo el manto de la guerra anti-terrorista y su Ley Patriota, o de la guerra contra narcotráfico y crimen organizado y su estado de excepción.

En Estados Unidos y México la militarización se retroalimenta. El GAN desenfatizó lo policial-militar a favor de un enfoque integral en una guerra que desgarra población y territorio en México, no en Estados Unidos. Y mientras el jefe del CN dijo que el Pentágono comparte con el gobierno mexicano su experiencia en Irak y Afganistán, el secretario de Defensa de México pide facultades como las de la policía, lo que según la oposición legislativa llevaría a un estado de excepción. Esto ocurre mientras EU pone en marcha la primera oficina binacional para conducir la guerra anti-narco en territorio nacional.

* La Jornada

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