Matar al mensajero

HÉCTOR TENORIO

México sufre una guerra en la que todo indica que, para 2010, la situación de violencia y amenazas en castigo en torno al trabajo de los periodistas en nuestro país, no será diferente a lo ocurrido el año pasado cuando cayeron asesinados 14 periodistas. Vale la pena recordar que 96 periodistas han sido ajusticiados de 1983 a la fecha. Las cifras, por si solas, destacan la gravedad del fenómeno. De 1983 al 2000 fueron asesinados ultimados 34 periodistas, dos por año en promedio. Los homicidios de informadores se incrementan a partir del 2000 a la fecha, son 62 periodistas y 4 trabajadores de la prensa. Además, continúan 10 colegas desaparecidos.

Por lo pronto, periodistas de la zona norte del estado de Sinaloa, exigieron que no haya simulación en la búsqueda del reportero radiofónico José Luis Romero, levantado junto con el ex militar Eliud Lorenzo Patiño el 30 de diciembre pasado por un grupo armado en Los Mochis, Sinaloa. Hasta ahora ninguna autoridad ha emitido órdenes de búsqueda del periodista policiaco y que trabaja para el noticiario radiofónico

Conforme avanza la administración de Felipe Calderón, los comunicadores somos presas más fáciles, gracias a que las autoridades ya ni investigan los crímenes. Las violaciones más graves como asesinatos y desapariciones contra comunicadores se atribuyen en su gran mayoría al crimen organizado. Debido al narcotráfico, los reporteros que se encuentran en los estados mexicanos las entidades más afectadas por la acciones de los carteles viven como corresponsales de guerra, protegidos en su propia casa. Informar entre balazos se ha convertido en la norma y las distintas autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno (federales, estatales y municipales), se han convertido en cómplices de estos asesinatos.

En el ranking mundial, México ocupa el segundo lugar como el país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Irak, según ha documentado la Organización Reporteros Sin Fronteras.  Incluso, por el número de periodistas muertos, secuestrados, amenazados, detenidos o censurados, nuestro país ocupa el sexto lugar de agresiones en contra de quienes ejercen esa profesión, tan sólo por debajo de la labor que realizan en Filipinas, Somalia, Rusia, Pakistán e Irak.   Desde el punto de vista de la organización ARTICLE19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, sirve también para medir la calidad democrática y el respeto al Estado de derecho. Sigue sin haber aplicar la investigación y sanción a los responsables de estos crímenes, lo que continúa alimentando la impunidad que rodea a las agresiones a la libertad de expresión.

Matar al mensajero, es un recurso extremo, límite, que suele estar precedido de amenazas, agresiones físicas, chantajes y extorsiones.. Y que tiene un reflejo colateral en modalidades de censura y autocensura, corrupción, entre otros.

En este contexto   tenemos que recordar varios acontecimientos luctuosos: el 6 de enero se cumplieron cuatro años de que José Valdés, periodista radiofónico, fue asesinado a puñaladas en Sabinas, Coahuila. Valdés investigaba conexiones de las mafias con militares encargados precisamente del combate contra las drogas; el 11 de enero, habrán pasado tres años desde que se encontró el cadáver de Gerardo Guevara Domínguez, editor de la versión digital del semanario: Siglo 21, dirigida a la comunidad hispana de Estados Unidos.  Las autoridades tardaron tres meses para localizar su cuerpo; el 17 de enero se conmemoraron ocho años, de que Félix Alonso Fernández García, director de la revista Nueva Opción, de Miguel Alemán, Tamaulipas, fuera acribillado con armas AK-47. Y sigue la mafia, matando, ¿hasta cuándo?

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