El comal le dijo a la olla…

Al arrancar 2010, el presidente Calderón emplazó a los gobernadores de los estados a obrar con transparencia y rendir cuentas de sus actuaciones a sus gobernadores. “El pueblo”, les dijo, “no merece simulación o regateos para transparentar el destino de los recursos (públicos) que son de todos los mexicanos”.

No puede haber causa más justa a la cual aplicar la energía del poder político. Es un objetivo por el cual los segmentos más lúcidos de la sociedad han venido bregando desde hace muchos años; una lucha, inscrita en los afanes democratizadores, que pareció ver satisfechas las expectativas sociales cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI.)

Para plantear una exigencia de ese calibre, sin embargo, es menester acreditar autoridad moral y política, bajo la premisa de que el juez por su casa empieza. No es el caso del señor Calderón.

Es del dominio público que, durante más de nueve años de mandatos presidenciales del Partido Acción Nacional (PAN), su santo y seña ha sido la deliberada opacidad en la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto gubernamental. La Auditoria Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha sido convertida por las administraciones panistas -de Vicente Fox y del propio Calderón- en el hazmerreír de propios y extraños, al negársele respuestas correctivas a sus reportes sobre las Cuentas Públicas del Poder Ejecutivo, invariablemente plagadas de irregularidades y desviaciones que configuran acciones fraudulentas. Es más: por la resistencia del PAN, los dictámenes contables no llegan ni siquiera  al pleno de la Cámara. No es casual que, en cada evaluación anual de Transparencia Internacional, México aparezca entre los primeros lugares en los índices de corrupción.

Si la ASF ha devenido carabina de Ambrosio, el IFAI parece sentenciado a la misma suerte, según la tendencia observada durante la gestión calderoniana. De acuerdo con los más recientes recuentos de solicitudes promovidas ante el IFAI, durante los últimos tres años aumentó de cuatro a seis millones 125 mil 497 el número de asuntos puestos bajo reserva; esto es, negación de información solicitada por el  público. Casi 200 mil sólo en 2009.

Comisionados de dicho instituto han denunciado que la respuesta más socorrida del gobierno federal a la información requerida es la declaración de inexistencia de documentación correspondiente. A mayor abundamiento, investigadores académicos llegaron a la conclusión de que, antes de terminar su sexenio, la presidencia de Fox ordenó “purgar” los archivos de los centros de cómputo gubernamentales.

Entre la información negada, están no sólo cuestiones de orden meramente administrativo como unas 200 auditorias practicadas por la Secretaría de la Función Pública, exoneradora por excelencia de cuanto burócrata le sea consignado;  sino expedientes de carácter político, que van desde la promoción del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, investigaciones en torno a denuncias contra la cacique sindical del magisterio Elba Esther Gordillo Morales, actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Estado mexicano, pesquisas sobre bancos y banqueros traficante y especuladores con dólares, hasta la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo -no obstante la presentación de ésta como “accidente”- o indagatorias que implican a las Fuerzas Armadas, etcétera.

¿Cómo, con ese inventario de asignaturas pendientes a cuestas, el Presidente exige cachazudamente que otros cumplan lo que él se niega obcecadamente a cumplir?

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