Gorilas, los guardianes de la justicia

IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ

SIEMPRE QUE IMAGINAMOS un mundo ideal, la palabra justicia aparece entre las líneas dibujadas de nuestro pensamiento, se hace presente con todas sus letras o se oculta detrás de situaciones que finalmente sólo se mantienen en los sentimientos y anhelos de los seres humanos. Pasan siglos, años, meses, días, horas, el tiempo con su paso firme arrolla la vida y las palabras: sólo se puede soñar, pensar, imaginar; “la justicia” se convierte en utopía.

Hoy se habla de un sistema de impartición de justicia “justa y expedita”, pero hoy sabemos que este concepto únicamente es válido para quienes tienen poder, ya sea monetario o político. Para ejemplificar tomaremos dos casos, ejemplos de vidas de mujeres que se encuentran envueltas en un sistema favorecido por el poder, por los gorilas guardianes de la justicia.

Hace unos días, se cumplió el tercer año de cárcel de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Son acusadas de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones. El relato de estas mujeres, indígenas de la comunidad Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, es que el grupo de AFIS acudió a la plaza central de la comunidad donde, vestidos de civil y sin identificación oficial, despojaron a los comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería (delito que ha pasado desapercibido por las autoridades investigadoras.)

Ese 26 de marzo, la comunidad se inconformó, armando una trifulca que fue registrada por medios gráficos. El Ministerio Público de San Juan del Río intervino prometiendo que pagarían por los daños y dejaron “en garantía” a uno de los policías. Días más tarde la imagen de Jacinta apareció como la única persona visiblemente reconocida que participó en el evento, hecho que la llevo a ser juzgada y culpada de secuestro, tomando como prueba esa fotografía, algo que rompe con las actuales leyes mexicanas, pero que al juez le basto para dictar condena de 21 años de encierro y el pago de 91 mil pesos de multa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 47/2009, el 17 de julio de 2007, a la Procuraduría General de Justicia, en donde se señala que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la legalidad, seguridad jurídica, y procuración de justicia. Es decir, no se contó con un traductor durante el proceso, como lo marca la Comisión Nacional para  el Desarrollo de los Derechos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; los agentes implicados han actuado como investigadores, testigos y ofendidos; la sentencia se basa en una fotografía publicada en un diario local.

Aunque tardía, ya que la comisión conocía el caso desde el 2006, esta recomendación comprueba las irregularidades cometidas y la pregunta es ¿Para quién es la justicia en México? Es evidente que el poder esta del lado de los elementos policíacos y es evidente que las mujeres en Querétaro son vulneradas por ser mujeres y por ser indígenas algo que se pensaría del siglo pasado.

Pero las historias continúan: El estado de Querétaro no es el único que tiene problemas de visión de justicia. En Guerrero, un grupo de periodistas denunció la desaparición de la reportera de Comunicación Social del estado, Carmen Santiago.

En una conferencia revelaron que había sido brutalmente golpeada por su ex pareja, Rubén Mora Peralta, quien en un principio dijo que la había encontrado tirada en la calle. La trasladaron a la clínica del ISSSTE de Chilpancingo, donde le diagnosticaron severos traumas craneoencefálicos. A pesar de su delicado estado de salud, el alta médica fue otorgada por el director del nosocomio, Dorio Mora, quien es tío del asesor. Tras la denuncia, Carmen fue localizada en su hogar con severos daños cerebrales, inclusive no reconocía a su hijo, un menor de cinco años.

Ahora ella se encuentra en terapia intensiva en el hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de México donde se mantienen en coma inducido para esperar que la hinchazón del cerebro disminuya. Las heridas que le ocasionaron son irreversibles, la verdad de su estado de salud se sabrá cuando recobre conciencia. Pero, mientras tanto, el agresor, denunciado ante el Ministerio Público por las amigas de la periodista, Mora Peralta salió libre bajo caución, con una multa de 140 mil pesos, pero reducida a 80 mil pesos, ya que argumentó extrema pobreza.

En Guerrero, ser mujer es ser vulnerable a la agresión de un sujeto, a una institución de salud y a una mafia de poder encerrada en el gobierno del estado. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprobada en 2007, marca en su artículo 9 que la violencia física, psico-emocional, sexual, patrimonial y económica “son los actos u omisiones que constituyen delito y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres”, pero no se señala el castigo y como no está catalogado como delito grave cualquiera puede cometerlo, sin tener consecuencias graves.

¡Ya basta! de ser los que nos quedamos callados. La justicia se debe implementar para los ciudadanos sin importar su condición económica. Bien se sabe, al través de la historia, que las injusticias más grandes las han cometido grupos de poder: ejemplos, la Santa Inquisición, el 68, el halconazo, la matanza en Acteal. No dejemos que estos casos sean absorbidos por el tiempo, que se conviertan en leyendas de lo que la sociedad mexicana permite que ocurra con su gente. Ya la historia y la colectividad de conciencias juzgarán al final, pero ¿es suficiente?

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