2010:
Más de lo mismo

Por más que se hagan ingenuas concesiones al optimismo, los augurios que ensombrecen el inicio de 2010 no son nada halagüeños ni para la sociedad ni para el Estado mexicano. La postración material y espiritual del conglomerado social frente a un gobierno que no ata ni desata en los temas de seguridad, justicia, economía y desarrollo, es el signo más sobrecogedor de una continuidad catastrófica de la que no se compadecen los agentes políticos -lo mismo en el poder que en la oposición-, que no parecen tener mayor preocupación y prioridad que la de su propia egoísta supervivencia.

Domina la escena nacional una congelante parálisis gubernamental de cara a los brutales impactos de la crisis económica internacional. Mientras que algunos regímenes regionales, aún antes de que el desastre alcanzara su dimensión más devastadora, tomaron las providencias para al menos mitigar sus efectos, en México las autoridades asumieron una actitud francamente contemplativa, en espera de que Washington lograra resultados de sus acciones que, de acuerdo con los expertos, no se reflejarán objetivamente en el bienestar colectivo sino hasta fines de años, si bien nos va.

Lo más irritante de la situación, es que -como lo hizo desde los primeros indicios del vendaval- el gobierno se obstine no sólo en la autocomplacencia, sino que porfíe en la mentira. Todavía en las últimas semanas de 2009 -“el año en que vivimos en peligro”, dijo Felipe Calderón, como si la alerta hubiera pasado-, voceros del gabinete económico presentaron un cuadro de cuentas alegres, cuando las víctimas de la ineptitud oficial exponían la tragedia en carne propia. Hacia la segunda quincena de diciembre, la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Mediados Empresarios reveló que en 2009, tanto a causa de la crisis, como “por falta de incentivos estatales”, cerraron en México más de 500 mil establecimientos productivos, dejando sin empleo a  millón y medio de compatriotas.

El dato anterior habla por si solo. Pero existen otros indicadores que lo explican y potencian: Casi tres millones de mexicanos dejaron de pagar sus deudas bancarias contraídas vía tarjetas de crédito y la cartera vencida, únicamente en el rubro de vivienda, sólo en los primeros diez meses de 2009 se disparó de 37 a 44.6 por ciento en 23 estados de la República. En otro frente, el envío de remesas de los transterrados en los Estados Unidos, de las que dependen cientos de miles de familia en sus lugares de origen, cayó 36 por ciento. No es de sorprender que el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social (Coneval) reconozca que el número de personas que han caído en alguna categoría de pobreza se haya situado ya por arriba del 80 por ciento del total de la población.

Frente a esa lacerante realidad, alcanza rango de crimen de lesa sociedad que el gobierno se haya mostrado satisfecho con el magro aumento de 2.60 pesos al salario mínimo diario para 2010. Sería válido el argumento de que la clase empresarial no está en condiciones de mejorar esa prestación, si no fuera porque la acerdada alta burocracia conserva intocados sus privilegios, el primero de los cuales es engullirse impunemente el gasto corriente de la Federación y los estados, confirmando que, en nuestro país, sigue imperando un feudal régimen de castas, negadas a compartir con los menos favorecidos el innoble sacrificio que deja a los hijos de éstos al margen del disfrute de las más elementales garantías sociales consagradas por la Constitución: alimentación, salud, educación y recreación.

¿Cómo esperar que la sola fuerza represiva de un Estado que tolera ese perverso atentado a la justicia social sea suficiente para contener los pavorosos índices de criminalidad? No es mero accidente que, entre la opción entre los votos electorales y las balas, crecientes segmentos de la sociedad mexicana estén optando por la salida suicida. A fin de cuentas, los miserables no tienen más que perder que sus cadenas.

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