Con un retroceso del PIB mexicano del 5 al 6 por ciento es de alta explosividad social la ausencia de políticas anticíclicas vigorosas y generalizadas que apoyen al aparato productivo, a su sector industrial, agropecuario, de servicios y responda a la baja demanda interna y externa asociada a la crisis económica y financiera mundial.
   Es un desacierto agravado por el brote del H1N1 que, como apunta S&P, impacta al comercio minorista, turismo, financiamiento hipotecario, industria automotriz y de la construcción. Que la actual política fiscal y monetaria condena al país a “una contracción mayor”, lo saben voceros de Moody’s y Standard and Poor’s (S&P), conocidas firmas calificadoras. Alfredo Coutiño, de Moody’s notó que “el gobierno (de México) no generó la flexibilidad fiscal suficiente –gasto- para mitigar el impacto de un choque externo” y que el Banco de México no sincronizó su política monetaria “al estímulo fiscal a tiempo, a pesar de la clara evidencia de recesión”. (La Jornada, 15/5/09, p. 28). Pero nuestros hacendistas tan sujetos a la condicionalidad externa no lo ven así, como el borrachito aquel que, cuando el festín neoliberal acabó, la orquesta calló y es otro día, sigue brindando, lanzando cohetes y confeti.
   Pero no es el espectáculo chusco ofrecido por los neoliberales, sino los ruinosos efectos humanos y ecológicos de su sometimiento a Estados Unidos, por el desempleo, pobreza, insalubridad, devastación ambiental, polarización, informalidad económica y criminalidad que acicatea su diseño procíclico de políticas fiscales, monetarias y reformas estructurales, que Estados Unidos y Europa recetan a otros pero consideran un suicidio para sus sociedades y economías. A Washington esos efectos sirven como excusa para imponer regímenes de excepción neo coloniales en México, Colombia y Centroamérica.
   Agréguese a la caída económica el colapso de legitimidad del calderonismo y se tendrá un indicio del monumental error histórico y geoestratégico que, como documenta Alfredo Jalife, acarrea la conjunción de la reforma energética y la integración militar con Estados Unidos por medio del Comando Norte. Además, la militarización de la campaña contra el narco desgasta y polariza al Ejército y la función de Defensa nacional.
   El ex senador Manuel Bartlett recién advirtió que esa reforma es una privatización de facto para pseudolegalizar el contratismo desatado en Pemex. Lo que ocurre en un contexto de integración militar bajo la Iniciativa Mérida (IM), dado el despliegue terrestre y marítimo de las operaciones de la paraestatal. Semejante al Plan Colombia, la IM nos abre a la intervención/ocupación extranjera abierta o disfrazada, con efectos de gran riesgo para los derechos humanos y la soberanía.

   En ese contexto es preocupante lo que ocurre en Pemex: según la senadora Rosario Ibarra de Piedra, desde hace dos años en Nuevo León se registraron “38 desapariciones de personas pertenecientes o vinculadas al sindicato petrolero… las desapariciones de petroleros tienen que ver con policías y soldados, con órdenes de alto nivel”. (La Jornada 17/5/09, p.5). Es una criminalidad de Estado (interna y/o externa) para anular el rechazo a la entrega de la renta petrolera a firmas nacionales y extranjeras como Halliburton, cercana a R. Cheney.
   Finalmente debe considerarse el acople y posterior desfase de procesos que afectan la ecuación cívico-militar. En Estados Unidos se cancela por inoperante, la noción de guerra contra el narco, mientras al sur sigue como pantalla del intervencionismo del Pentágono y del entreguismo de Calderón.

* Tomado de La Jornada

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