Martes, 03 de Mayo de 2016 05:56 | 
Author: Abraham García Ibarra | 
| Edición 345 |
El Poder Legislativo teje la soga con la que será ahorcado
El pasado 24 de abril, al pie de la Columna de la Independencia de la Ciudad de México, se congregaron más de 10 mil mujeres convocadas a la primera Movilización Nacional contra la Violencia Machista.
La multitudinaria marcha dominical partió a primera hora desde la explanada del palacio municipal de Ecatepec, Estado de México. Dicho municipio disputa el campeonato nacional en feminicidios.
De Ecatepec, fue alcalde el actual gobernador priista mexiquense Eruviel Ávila Villegas, quien aspira a la candidatura tricolor a la Presidencia de México en 2018. Del Estado de México fue gobernador Enrique Peña Nieto. De Toluca partió a Los Pinos.
Un día antes, en España, el escritor mexicano Fernando del Paso denunció La Ley Atenco (Atenco, Estado de México) como un instrumento bárbaro de represión contra toda manifestación de protesta social.
Mexicanos que pugnan por la plena observancia de la Constitución federal y aquéllos que abogan por la protección y defensa de los Derechos Humanos, han encendido las sirenas de alarma: ¡México está siendo encaminado hacia el Estado fascista!
Concurren a esa monstruosa hipótesis diversas iniciativas de ley enviadas al Congreso de la Unión. Las más recientes, las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que facultan a las Fuerzas Armadas a catear no sólo domicilios particulares, sino oficinas públicas e incluso los recintos mismos de las cámaras del Poder Legislativo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿pasarán ilesos por las horcas caudinas?
Articulada a esos temibles productos legislativos, aparece la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, para los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, “o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”… circunstancias en la que el Presidente de la República es autorizado a restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a tal situación.
Las raíces del mal
La odiosa y peligrosa tendencia hacia fines que conculcan y proscriben las libertades civiles y los derechos políticos de los mexicanos, ha pasado de tentativas aisladas a un proceso legislativo sistemático desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa declaró en 2006 su guerra contra el crimen organizado.
Desde el anterior sexenio se promovieron reformas constitucionales y de códigos secundarios civiles que tipifican los movimientos sociales -verbigracia, de protesta contra actos de autoridad- como delitos de terrorismo, con penalizaciones que imponen la privatización de la libertad contra las personas imputadas.
En enero de 2008 -recordado a manera de ilustración-, al participar en un debate sobre la reforma a la Justicia Penal, el ex procurador federal y en ese momento presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez denunció la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como El bebé de Rosemary, en alegoría retórica alusiva a una película de terror dirigida por Román Polanski.
El constitucionalista priista García Ramírez calificó entonces los contenidos de esa ley como “verdaderamente preocupantes y deplorables” en la medida en que otorgaron mayor benignidad al poder e impusieron mayores restricciones al individuo.
Al correr del tiempo, ya en este sexenio, en el marco de la Reforma Energética, el Congreso aprobó una reforma legal sobre delitos en materia de hidrocarburos y los elevó al rango de terrorismo, estableciendo penalizaciones de más de 40 años de cárcel a los implicados.
En 2015, incluso, abortó en el Senado una iniciativa de ley por la que se pretendía regular el uso y los contenidos de la Internet con el propósito de inhibir y castigar la libertad de expresión en las redes sociales.
Atentado contra la División de Poderes
Actualmente, como lo citamos líneas atrás, está en agenda la ley secundaria para reglamentar el artículo 29 constitucional, sobre la suspensión de garantías individuales, tema que nos remite a la reforma de 2011 de la propia Carta fundamental en materia de Derechos Humanos.
En 2011, respecto de dicha reforma que modificó el texto del artículo Primero constitucional, se previno que en la eventualidad de reglamentación del artículo 29, debería resguardarse una serie de preceptos referidos a los Derechos Humanos.
El jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte trata la cuestión del “Estado de excepción”. (Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Edición Suprema Corte de Justicia de la Nación/ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM/ Fundación Konrad Adenauer).
Lo que en México se ha conocido como “la suspensión de garantías”, dice el autor, es una figura jurídica emparentada con otras figuras clásicas como la “Dictadura romana” y, en clave moderna, como el “Estado de excepción”, la “Dictadura constitucional” o el “Estado de sitio”.
En su exploración teórica, Salazar Ugarte encuentra que en Carl Schmitt se entiende por el bien mayor a proteger en situaciones de emergencia, no los derechos de las personas, sino la supervivencia del Estado y sus instituciones.
Desde esa perspectiva, sostiene Salazar Ugarte, el Estado constituye un bien extranormativo que amerita protección incluso cuando ello suponga ignorar algunos de los límites sustantivos y formales que las normas constitucionales imponen al poder político.
Acota Salazar Ugarte: Dentro de esos límites se cuentan, “en primerísimo lugar, los derechos de las personas y, en paralelo, instituciones de protección como la División de Poderes”.
“Así las cosas, el ‘Estado de excepción’, emerge como un instrumento excepcional para salvar el Estado a pesar de la Constitución y lo hace en clave potencialmente autoritaria. En esa medida, como puede suponerse, tiende a entrar en conflicto con las instituciones y principios del constitucionalismo democrático”, sostiene Pedro Salazar Ugarte.
Nos parece pertinente esa base de análisis, no sólo en cuanto toca a la específica ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Cuando el autor comentado se refiere a los límites del Estado de excepción, señala “en primerísimo lugar” la protección a la División de Poderes.
Subrayamos esa tesis a la luz de las reformas a los códigos de Justicia y Procedimientos Penales militares, pues según lo dicho líneas antes, los nuevos ordenamientos autorizan a las Fuerzas Armadas el cateo de las cámara del Poder Legislativo, lo que vulnera el sistema de División de Poderes establecido por la propia Constitución.
Lo trágico, pero además profundamente significativo, es que los propios integrantes del Congreso de la Unión (a los de la Cámara de Diputados se les codifica como “representantes de la nación”), hayan afilado la Espada de Damocles que pende sobre la institución legislativa.
Cuando Hitler incendió el Palacio del Reichstag
En noviembre de 1932, el jefe de Estado alemán, Paul von Hindernburg, cedió la Cancillería a Adolfo Hitler. Como éste, que llamaba a los legisladores “sabandijas parlamentarias”, pretendía gobernar con mayoría legislativa, instó al gobierno a convocar a nuevas elecciones para marzo de 1933.
Algo no cuadraba en las cuentas de Hitler: El 27 de febrero de 1933 el Palacio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue presa del fuego. En San Lázaro de la Ciudad de México, el 5 de mayo de 1989, en el Palacio Legislativo que albergaba la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura federal se recordó aquel dramático episodio: El edificio amaneció envuelto en llamas.
Diez meses antes, después del “terremoto político” de la noche del 6 de julio de 1988 (Miguel de la Madrid dixit), al describir la operación de los Colegios Electorales de la Cámara de Diputados que dieron la presidencia de la Republica a Carlos Salinas de Gortari, el constitucionalista y diputado priista a la Cámara baja, llamó a ese procedimiento Golpe de Estado técnico. Repetimos, la descripción se escuchó en voz de un legislador priista.
Ese ejercicio memorioso nos hace volver a las líneas de entrada de este tema. Mexicanos lúcidos temen que México este siendo conducido hacia un Estado fascista.
Desde nuestra trinchera periodística, dejamos constancia de esa ominosa tendencia: Si los regímenes totalitarios son movidos por la tentación de implantar el pensamiento único, México es escenario del sistemático exterminio de voces que no agradan al gobierno. El más reciente caso (25-IV-2016) tuvo como víctima al colega Francisco Pacheco Rincón, ejecutado en Taxco, Guerrero.
Los 43 de Ayotzinapa
De Guerrero es la macabra historia inconclusa de Los 43 de Ayotzinapa. Incapaz de institucionalizar “la verdad histórica” de los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014, el Estado mexicano dio por concluida la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); misión concertada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de esclarecer qué sucedió aquel día con los jóvenes normalistas sobre cuya suerte prevalecen más dudas que certezas.
En relación con las reformas a los códigos de justicia militar, es el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de los Derechos Humanos, Julio Mata, quien sostiene que, con tales reformas legislativas, “va avanzando el fascismo en México”.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, declaró sobre el mismo tema: “Estamos expuestos a una magnificación del modelo de guerra que se nos impuso en 2006, que ha cobrado la vida de cerca de 200 mil personas”.
Voces las anteriores, como muchas otras, que el poder se niega a escuchar.
Del Paso: México hacia el Estado totalitario
Será por eso que el pasado sábado 23 de abril, desde el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España, al recibir el Premio Cervantes de Literatura, el escritor mexicano, Fernando del Paso denunció que México va camino a un Estado totalitario.
“Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar: Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos del poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”, es el retrato hablado que Del Paso presentó en España.
Escuchó al orador laureado, el secretario de Cultura del gobierno mexicano, Rafael Tovar y de Teresa. Escuchó nomás. ¿Qué más podía hacer?
El que debiera hacer algo, es el jefe de Estado y de Gobierno mexicano, Comandante Supremo, además, de las Fuerzas Armada, pero no puede ¿o no quiere? Dejamos entre corchetes el beneficio de la duda. Es cuanto.
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