IMPUNIDAD ES EL VERBO

 

De cómo México fue

hundido en  la ruina 

Va mi resto: Petróleo, ¡se abre la subasta! 

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

YA PUEDE, Carlos Salinas de Gortari, andar por ahí -agazapado-, tratando de esconder la mano que mueve la cuna en la que se mecen los nuevos transformadores de México. 

EL TUFO A AZUFRE, sin embargo, es demasiado intenso y repugnante como para ignorar de qué círculo dantesco procede ahora que, pasadas por el putrefacto tamiz parlamentario las reformas financiera y hacendaria, se prepara el golpe final a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. 

El oscuro objeto del deseo neoliberal, es el obsequio que la nueva Triple Alianza partidaria en el Congreso de la Unión prepara como cuelga al salinato en su primer cuatro de siglo de galopar depredador, que se cumplirá en el ya cercano 1 de diciembre. 

En ocasión de tan emocionante aniversario, es irresistible el viaje hacia dos estaciones retrospectivas que nos explican el estado de postración en que vegeta la gran mayoría de los 117 millones de compatriotas. 

Prototipos de intocables 

En las navidades que saludaron el Tercer Milenio mexicano, en el Palacio Legislativo de San Lázaro asistimos a una memorable sesión de la LVII Legislatura federal que pudo ser parteaguas histórico, de no ser porque la corrupción es el juego del hombre que más aman y practican nuestros próceres legislativos.

Zedillo: Escapó del voto de censura

 

Entonces, se propuso una moción o voto de censura al presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, y retiro de sus puestos, juicio político y sanción administrativa y penal a los siguientes buenos mexicanos: 

Miguel Mancera Aguayo, ex director y ex gobernador del Banco de México; Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de Hacienda y gobernador en turno del Banco de México; Miguel Ángel Gurría Treviño; ex secretario de Hacienda; Martín Werner Wainfield, subsecretario de Hacienda en funciones (firmante de los pagarés Fobaproa-IPAB); Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Javier Arrigunaga Gómez del Campo, bisagra en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)-Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB.) 

Un total de 44 diputados se inscribieron para subir a la tribuna a fin de abordar la orden del día de esa sesión. Se dieron por “suficientemente discutidos” los temas con la intervención de 27 oradores. 

Guillermo Ortiz Martínez.

De haber procedido la Comisión de Régimen Interno y la subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja en el sentido propuesto por buena parte de los oradores, otro gallo nos cantara: 

Guillermo Ortiz Martínez no estuviera cobrando en Banorte; Miguel Ángel Gurría Treviño no encabezaría la nómina burocrática de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Martín Werner Wainfield no hubiera llegado a su posición de socio del Banco Mifel o de Goldman Sachs, o asesorando inversionistas en Argentina; ni Javier Arrigunaga Gómez del Campo hubiera sido contratado por el Citibank, que lo hizo ejecutivo del Grupo Financiero Banamex y nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. 

El cambio bando -pero no de piel ni de entraña- de personajes tan conspicuos, demuestra científicamente que el crimen sí paga. Los nombrados son apenas un puñado de tantos más cuantos que se enquistaron en los gabinetes económicos del prianismo sólo para operar desde la Administración pública al servicio de la plutocracia y acopiar información privilegiada para ponerla a disposición de los banqueros extranjeros. 

La Conspiración de Mayo (1990) 

La otra  sombría estación se inauguró una década antes: El 2 de mayo de 1990 en Los Pinos, con extensión el 4 de mayo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya lo había enunciado Salinas de Gortari en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: 

• Defensa de la soberanía nacional y la promoción de los intereses de México en el mundo;
• ampliación de la vida democrática;
• crecimiento económico con estabilidad de precios, y
• mejoramiento productivo del nivel de vida de la población; es decir, la promoción del bienestar social y la equidad sobre bases productivas y permanentes. (Je je je.) 

(En este apartado, nombrar el Palacio Legislativo de San Lázaro es conservar la alegoría. En realidad, a tal Palacio se le había prendido fuego el 5 de mayo de 1989. El pleno tuvo que improvisar un salón de plenos alternos en el edificio del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.) 

Miguel Mancera Aguayo.

Aquellos serían los ejes de la Reforma del Estado propuestos por Salinas de Gortari. “Un Estado más propietario no equivale a un Estado más justo, ni mucho menos a uno más fuerte o a uno más soberano”. Menos Estado: más sociedad, acuñó el usurpador el 1 de diciembre de 1988. Va a hacer ya un cuarto de siglo que nos quedamos como el perro del hortelano, de Lope de Vega: Sin comer ni dejar comer. 

Entre el 2 y el 4 de mayo de 1990 fue sentenciada la privatización de la banca mexicana. La desnacionalización sería su inmediato destino manifiesto. 

“El espíritu del Constituyente” 

El 4 de mayo, en San Lázaro, el profeta del desastre sería el secretario de Hacienda, el itamita pasado por el Tecnológico de Massachusetts Pedro Aspe Armella. Con helada inverecundia argumentó que, conforme “al espíritu que animó al Constituyente”, la banca no es un área estratégica. 

Y le atribuyó a la inconsulta e indefensa sociedad la exigencia de capitalizar y modernizar la banca, “para que preste servicios de creciente calidad y eficiencia en beneficio de la población toda”. Soberanía y justicia serían los objetivos. 

José Ángel Gurría.

La coartada esgrimida para retirar al Estado la gestión del sistema de banca y crédito, fue la restitución del sistema de banca mixta. Aspe Armella, sin embargo, dejó escrita una observación asombrosa, por insólita: “Hoy, el país cuenta con un  sólido sistema de banca comercial y de fomento en virtud de su buen desempeño, del profesionalismo y dedicación de sus empleados y de las políticas seguidas para fortalecer sus estructuras de capital. Las instituciones bancarias están financieramente sanas, son rentables…”. 

Todavía más. La iniciativa sugiere que “sólo los bancos múltiples debieran ser susceptibles de desincorporación del sector público. Pero ello no quiere decir que necesariamente la mayoría o la totalidad de todos los bancos pasarían a manos de los particulares (…) la intención del Ejecutivo es muy clara: Los bancos mexicanos quedarán controlados por mexicanos”. 

“México no se vende, ni está a remate” 

Por supuesto, los chicos priistas del coro fácil repitieron línea por línea el libreto del Ejecutivo. Todavía, la diputada tricolor María del Rosario Guerra Díaz se atrevió a expectorar: “No tenemos problemas de conciencia en el análisis y la votación: México no se vende ni está a remate”. 

Arrigunaga.

Ya para el 27 junio, al debatirse la Ley de Instituciones de Crédito, el metafísico diputado priista Manuel Cavazos Lerma (hoy de nuevo por segunda vez en el Senado) salió con este cuentazo: “Dijimos que deseábamos un sistema financiero mexicano en manos de mexicanos comprometidos con México. Las iniciativas establecen límites de propiedad accionaria de los extranjeros (para que) los extranjeros con carácter de inmigrados no puedan controlar los bancos ni las sociedades controladoras de agrupamientos financieros ni las casas de bolsa; ni puedan ser directores generales de tales instituciones”. 

No deseamos, sostendría el priista Cavazos Lerma, “un sistema financiero desnacionalizado, divorciado de las necesidades y de los reclamos de los mexicanos, sino un sistema sensible a los sentimientos de la Nación y comprometido con las grandes causas nacionales”. 

Más pronto que inmediatamente, con las reformas ya planchadas, Aspe Armella se abrió de capa para anunciar que las sociedades nacionales de crédito serían transformadas en sociedades anónimas, pero, además, para asegurar que la entrega de los bancos tendría como garantía la calidad moral de sus nuevos usufructuarios, por supuesto, “mexicanos” a carta cabal. 

Aspe volvió a Hacienda con pilón en Pemex

Con el codiciado trofeo en las manos, el subsecretario de Hacienda y presidente del comité de “desincorporación” bancaria Francisco Ortiz Martínez, pudo confesar paladinamente, en octubre de 1991 (esto es, transcurrido apenas un año del proceso legislativo privatizador) que, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (negociado sigilosamente por Salinas de Gortari como “acuerdo”), México abriría, “como es lógico”, el sector financiero al extranjero. 

“El análisis ya se inició. El pasado 8 de agosto (1991) la Cámara de Senadores celebró una audiencia sobre Servicios Bancarios y Financieros. El consenso es que la decisión de México de participar en un  nuevo contexto de las relaciones comerciales internacionales facilitará el acceso a servicios financieros modernos y competitivos. La apertura en servicios financieros puede propiciar la capitalización y el crecimiento de los intermediarios, promover la competencia; incrementar el volumen de los recursos operados y dar acceso a tecnología moderna y nuevos productos”. 

Imposible que se coman el fruto maduro 

Cinismo galopante. Exclamó Ortiz Martínez: No hay razones para ver con temor la apertura del sector. “La experiencia de otros países ha dejado claro que para los bancos extranjeros es casi imposible llegar a tener una posición dominante, pues les es muy difícil desplazar a los bancos nacionales…”. 

A propósito del Tratado de Libre Comercio, anticipado por Ortiz Martínez en octubre de 1991, conviene recordar que, con la apertura financiera, Salinas de Gortari negoció secretamente la inclusión del petróleo en el TLC. 

Registros en la Biblioteca del Capitolio estadunidense revelan que, en los debates de aquellos días, hubo congresistas norteamericanos que plantearon reservas en materia de hidrocarburos, habida cuenta el régimen constitucional de su gestión en México. Fueron disuadidos por otros congresistas con el argumento de que los Presidentes mexicanos eran duchos en sacarle la vuelta a la Constitución para satisfacer sus propios intereses y fines. 

La privatización tiene un solo nombre: Privatización 

La anterior recapitulación histórica sobre la desnacionalización de la banca nos lleva a las siguientes conclusiones: 

• Los operadores de ese proceso, Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez y picos de ganso en el Congreso de la Unión, sólo hasta después de consumados sus fines llamaron privatización a la privatización. Hablaron de modernización, de desincorporación y, desde luego, de los formidables beneficios que recibiría la sociedad mexicana.
• Apenas tres años después de privatizada la banca, México fue devastado por el error de diciembre de 1994, que obligó al gobierno a hipotecar su factura petrolera.
• La capacidad profesional y “calidad moral” de los particulares habilitados como banqueros a los que se entregaron  la sociedades nacionales de crédito, quedaron “acreditadas” con los salvatajes que tuvo que asumir el Estado con los monstruosos costos que dieron origen al Fobaproa-IPAB.  
• Todo el espectro bancario y financiero, salvo excepciones, ha quedado en manos extranjeras; incluso el sistema de pagos del Estado mexicano.
• El Estado, que supuestamente liberaría recursos para impulsar el desarrollo y fomentar el bienestar productivo, vive del incesante endeudamiento que supera ya los siete billones de pesos.
• Aun antes de que estallara la crisis económica de 2008, al menos 400 consorcios empresariales que acumulaban casi cinco billones de pesos, enteraban al fisco mexicano apenas el 1.7 por ciento por concepto del Impuesto sobre la Renta.
• Los sectores productivos han sido privados del crédito.
• Las finanzas del gobierno y la economía especulativa medran con los sistemas de ahorro para el retiro de los trabajadores. De más de dos billones de pesos captados por las Administradoras privadas, el gobierno se ha apropiado del más del 51 por ciento al través de la colocación de papeles de deuda. Con más de 410 mil millones de pesos se solventa deuda privada de empresas nacionales y extranjeras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
• Frente a la pobreza y la miseria que agobian a más de 70 millones de mexicanos, el nuevo gobierno recrea mitigantes políticas asistencialistas con su Cruzada Nacional contra el Hambre. 
• Es obvio que las reformas financiera y hacendaria de 2013, frente a la  trágica situación anterior, resultan un parto de los montes. 

La feroz resistencia de los económicamente poderosos a cualquiera tentativa de justicia fiscal, se explica por la intención de estrangular las finanzas públicas para forzar la privatización petrolera. Los exegetas de la desnacionalización del petróleo, sin originalidad ni creatividad, argumentan su propósito con el mismo discurso con el que se trató de justificar la desnacionalización del sistema de banca y crédito y de otros entes públicos. Obviamente, las consecuencias no tienen por qué ser diferentes.   

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