¿Vuelven los crímenes de Estado?

Casi dos décadas  han pasado desde la muerte del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, y más de quince años de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, y del secretario general de este partido y coordinador electo de la bancada priista en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu. En los tres últimos casos, la percepción popular -y aun la de algunos expertos en criminología y criminalística-, es que se trataron de crímenes de Estado, especie que confirma el hecho de que el desenlace “legal” de las indagatorias sobre esos homicidios ha resultado poco satisfactorio.

“Casualmente”, los cuatro macabros sucesos se registraron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a quien, después de su pacto con el PAN que puso de moda las concertacesiones postelectorales, se acusó de tratar de implantar una “democracia” selectiva, cuyo siniestro signo hicieron verosímil las denuncias del Partido de la Revolución Democrática sobre la ejecución de casi 500 de sus militantes, contando desde el asesinato de Francisco Xavier Obando y Román Gil Hernández, estrategas electorales de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la primera semana de julio de 1988, antes de las votaciones del día seis.

Es posible -en México todo es posible-, que las imputaciones directas a Salinas de Gortari en esos crímenes, hayan sido producto de las pasiones político-partidistas, pero hasta prominentes miembros del PRI -sobre todo después del asesinato de Colosio- concedieron en que el ex presidente, si bien no jaló el gatillo, fue al menos responsable, con sus prejuicios y odios contra determinada oposición y con sus discriminatorias políticas económicas que se encarnizaron contra los menos favorecidos, de enervar el clima político que auspició el envenenamiento de la atmósfera pública y la consumación de tan bestiales acciones.

En el sexenio siguiente, el presidente suplente de Luis Donaldo, Ernesto Zedillo Ponce de León dio continuidad, profundizándola, a la política neoliberal, con marcado acento excluyente de la población indígena de México, parapetándose en la persecución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió la escena política al iniciarse 1994. Con Zedillo Ponce de León -según registro abundantemente documentado-, una de las notas sobresalientes fueron los ataques contra la libertad de expresión, tendencia que se prolongó durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, si bien éste no fue implicado en la represión sanguinaria de ciertos opositores, contra los que se ensañó por otras vías, no siempre legales, según  consta en el expediente de la sucesión presidencial de 2006.

Ahora -en la  lúgubre primera mitad del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, con un continuo baño de sangre que se festina como éxito en el combate contra el crimen organizado-, vuelven a dispararse los crímenes políticos, cuya explicación oficial pretende asociarlos con el narco, aunque, como en muchos otros casos, las pruebas contundentes brillen por su ausencia. En las dos recientes semanas -dicho sea sólo para ilustrar la situación general-,  han sucumbido frente a balas asesinas el presidente del Congreso del Estado Guerrero, el perredista Armando Chavarría Barrera, potencial candidato a la sucesión del gobernador Zeferino Torreblanca, también perredista, y Teófilo Borunda Flores, de quien, si no se conoce filiación política activa, su asesinato consternó a la sociedad de Chihuahua por tratarse del hijo del extinto ex gobernador del mismo nombre, figura relevante del priismo nacional de la segunda parte del siglo pasado, y suegro del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Como en el caso de Salinas de Gortari, en esos fúnebres episodios a Calderón Hinojosa no se le puede adjudicar la acción directa, pero sí se le denuncia por haber inaugurado desde diciembre de 2006 un periodo de terrorismo de Estado y de descomposición de las instituciones de seguridad pública, y de procuración y administración de la justicia, que han generado ya más 13 mil víctimas mortales y mantienen a la sociedad mexicana entre la estupefacción y el miedo. Es un clima, pues, de ley de la selva en el que todo puede suceder, sin que, en cada nuevo hecho, se pierda la capacidad de asombro e indignación de la comunidad nacional.

Son cada vez más y más resonantes las voces que en el interior de México y en el extranjero expresan su alarma por la ruptura del tejido social y el dislocamiento del aparato institucional, pero el gobierno de la República se encuentra abstraído en una ansiosa búsqueda de legitimidad, imposible de obtener por esos atroces métodos.

Se resisten los hombres del stablishment a la hipótesis -que ya ha sentado sus reales en nuestro país-, sobre el “Estado fallido”, pero es obvio que, más allá de la mera percepción, los mexicanos dudan cada vez con más desencanto, irritación e impotencia, de la autoridad moral y política de los autócratas detentadores de los tres poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, cuyo único pretendido recurso de legitimación, a estas alturas el último, es el abuso de la acción propagandística, entre más onerosa, menos eficaz. Ante la implantación de facto del Estado policíaco -como sustituto del Estado social de derecho- no existe voluntad política para remontar esa funesta circunstancia. Por eso impera el caos y, frente a él, la obcecada e impune cerrazón.

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