CON CIERTA ACTITUD esquiva -que los tecnoburócratas en turno, torpes incluso en las disciplinas que consignan en sus currícula,  no son dados al estudio de la filosofía política y ciencias derivadas en las que se inspira el humanismo de los pocos estadistas que ahora pueden ostentar ese título-, los publicistas del calderonismo apenas pudieron balbucir algún peregrino argumento en contra de la codificación del de México como Estado fallido que, como pica en Flandes, le asestaron recientemente algunos especialistas en inteligencia del aparato militar de los Estados Unidos.

   Si, en la precaria respuesta intentada a quienes en sus tareas tienen como leitmotiv la seguridad nacional de la Unión Americana, es un absurdo deleznable hablar de México como “Estado fallido”, la cuestión subyacente sería discernir si aquellos estrategas no querrían referirse entonces a gobierno fallido, a Presidente fallido, o a partido del gobierno fallido -en ese orden-, como componentes, entre un amplio cuerpo de instituciones menos depravadas, del Estado mexicano.

   A punto de iniciarse formalmente la conmemoración del Primer Centenario del inicio del movimiento armado de 1910, el siglo informa que en México han ostentado el poder presidencial sucesivamente -a la mala o a la legalona-, los jefes de las facciones beligerantes triunfantes, los militares miembros de la llamada “familia revolucionaria”, los abogados de la denominada etapa civilista iniciada en 1946, egresados todos de la universidad pública; los economistas enquistados en el sector público desde 1982, también egresados de los establecimientos oficiales de educación superior pero maleados en planteles extranjeros y, nuevamente sedicentes abogados, pero egresados éstos de la universidad privada; para el caso, de la Escuela Libre de Derecho, sancochados con algunos cursillos de verano sobre Economía o Administración.

   A partir de José López Portillo hasta Ernesto Zedillo Ponce de León, los presidentes de México, antes de serlo, carecieron de biografía propiamente política, de previo y activo ejercicio y aprendizaje legislativo, y de una hoja de vida partidista reconocible. Por designios del dedo indisputable movido desde Palacio Nacional o desde Los Pinos, les bastó el escalafón burocrático -no pocas veces meteórico y tan versátil que se ganaron el título de todólogos-   para alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo. En el caso de Vicente Fox, destripado  en su tentativa universitaria, éste nada aprendió tampoco a su paso por la Cámara de Diputados federal o por el gobierno de Guanajuato, del que alardeaba manejarlo desde su celular. Felipe Calderón Hinojosa acredita vida partidista y parlamentaria, pero hasta 2006 no había logrado victoria alguna en elección popular-constitucional, y la de ese año todavía está en tela de juicio.


Pero, si de “entre abogados te veas” se trata, como los egregios especímenes engendrados en la Escuela Libre de Derecho que ahora detentan el poder -como algunos de sus homólogos que les antecedieron en los puestos de decisión-, es de suponerse que, entre las asignaturas que atendieron, debieron de acreditar al menos nociones sobre los clásicos de la filosofía política. Para no extender la relación, citemos sólo a Platón y Aristóteles, de la escuela de Sócrates, el que postulaba  virtud-conocimiento como soporte de la buena política.

Para entonces Pericles, con Atenas como centro de gravedad -cuando para los griegos la teoría de la polis era a la vez sociología, ética y economía-, había dejado para los bronces: “Cuanto más grande os pareciere vuestra patria, más debéis pensar que hubo hombres magnánimos y osados que, conociendo y entendiendo lo bueno y sintiendo vergüenza de lo malo, por su esfuerzo y virtud la ganaron y adquirieron…”.

Con independencia de las estructuras políticas de la época, y de las instituciones precursoras propuestas, por ejemplo, por Solón, en abono a la síntesis vale recordar que algunos de los más conspicuos pensadores atenienses se inclinaban por un gobierno sustentado en la especialización de sus practicantes. Para Platón el joven, que prefería para tales efectos al Rey filósofo, el primer valor para el ejercicio gubernamental era el saber, por encima del número o de la opinión popular. Convencido de veras de que, no en el instinto ni en  la adivinación, sino en el conocimiento -depositado en el filósofo, el sabio o el hombre de ciencia- radicaba la salvación de los estados, Platón no vaciló en instituir la Academia.
  
   Su apuesta, pues, era por la educación como herramienta para modelar la naturaleza humana: No hay ninguna esperanza para los estados, a menos que el poder se encuentre en manos de quienes saben -de quienes conocen, en primer lugar, cuales son las tareas que el Estado bueno requiere que se realicen y, en segundo término, qué herencia y qué educación pueden proporcionar los ciudadanos aptos para realizarlas. De la escuela platónica viene la analogía que hace del estadista alguien tan confiable como el médico, el matemático y el artesano -conocedores de su oficio- para construir una República feliz. La incompetencia y el espíritu de facción son dos males políticos fundamentales y todo plan encaminado a perfeccionar la ciudad tiene que enfrentarse con ellos. (George H. Sabine: Historia de la Teoría Política.)

Mientras que Platón termina derivando en la proposición de la forma mixta de gobierno para un sano equilibrio de poderes -“el Estado segundo en orden de bondad”- , irrumpe Aristóteles para recordar que en la institución y ejercicio del gobierno no es dable desdeñar los usos y costumbres, y postula la supremacía de la norma jurídica como marca distintiva del buen gobierno, habida cuenta su calidad impersonal que la diferenciaría del despotismo del gobernante sabio. “El gobierno con arreglo a Derecho es compatible con la dignidad del súbdito, en tanto que el gobierno personal o despótico no lo es (…) El gobierno con arreglo a Derecho, es el gobierno de interés público o general, a diferencia de un gobierno faccioso o tiránico, que actúa en interés de una sola clase. En segundo lugar, es un régimen jurídico en el sentido de que el gobierno se realiza mediante regulaciones generales y no por decretos arbitrarios, y también en el sentido más vago de que el gobierno no se burla de las costumbres y convenciones permanentes de la Constitución. En tercer lugar, el gobierno con arreglo a Derecho significa gobierno de súbditos que obedecen voluntariamente y se diferencia del despotismo, que se apoya únicamente en la fuerza”. (Sabine).

   En la concepción de Aristóteles, la riqueza no tiene un título moral absoluto que la autorice a ejercer el poder, ya que el Estado no es una sociedad de mercaderes, ni un simple contrato a modo de los sofistas. Una democracia que saquea no es más honrada que una oligarquía que explota.

   Un Estado bueno tiene que ser gobernado con arreglo a Derecho, pero esto no es lo mismo que decir que todo Estado gobernado con arreglo a Derecho sea automáticamente bueno: La oligarquía puede tener una base amplia en la población o limitar el poder a una pequeña facción: Esta facción puede constituir un grupo cerrado que confía los cargos públicos a sus miembros sin aparentar siquiera que se hace una elección, y aun en casos extremos limitarse a unas pocas familias e incluso a una sola que tenga el poder hereditario (…) Si existe una clase pequeña de gentes muy ricas, es probable que el gobierno caiga en manos de una camarilla, y cuando esto ocurra será difícil impedir los abusos del gobierno de facción. En su forma extrema, la oligarquía, como la democracia, resulta difícil distinguir en la práctica de la tiranía. A juicio de Aristóteles, la agresión de parte de los ricos es más probable que la agresión de las masas y, en consecuencia, es más difícil regular la oligarquía que la democracia.

   ¿Por qué la tentación de retomar la doctrina de los clásicos, cuando todavía hasta hace poco algunos triunfalistas hablaban ya de la postmodernidad mexicana? No es, aclarémoslo, un ejercicio de nostalgia. Pongámoslo en la hora aciaga de nuestros días cuando, después del pasado 5 de julio, no faltan aventureros que, sin compadecerse del trágico estado de la nación, se enzarzan ya en la pugna por la sucesión presidencial de 2012, no precisamente para buscar alivio a los males de la República, que ellos mismos se han encargado de agravar:

1)    Creyendo haber exterminado, de una vez y para siempre, a los abominables dinosaurios priistas -autócratas analfabetos, pésimos y corruptos administradores del patrimonio nacional, etcétera-,  la tecnoburocracia salinista se solazó en sus títulos académicos, presuntamente portadores de excelencia, adquiridos en el extranjero, con los que pretendió primar sobre la experiencia en la política y en el servicio público. Metamorfoseó el concepto de “especialización” platónico en especialismo darwuiniano que, en campaña electoral, se hizo divisa tricolor: “Él si sabe como hacerlo”. A no ser por una perversidad arrogantemente asumida, ese saber (de helada factura puramente economicista) se transformó en una arma de destrucción masiva contra el pueblo mexicano. Encarnada esa arrogancia especialmente por el Doctor Z, quienes se resistieron al pensamiento único fueron tachados de ignorantes.

2)    Presa del instinto de facción, la “nueva clase” se burló no sólo de los usos y costumbres arraigados en la cultura del mexicano del llano, sino de la doctrina y la letra de la Constitución -por mucho tiempo considerada modelo universal-, para imponer a rajatabla “reformas estructurales”, pretendiendo ignorar, o ignorándolo realmente (“la ignorancia es la ruina de los Estados”), que cambios súbitos sobre la sociedad, sin consultarla ni observar su peculiar desarrollo histórico,  la retrotraen a la era del orangután, según lo confirman los macabros hechos de nuestros días, que recuerdan la máxima de Platón en el sentido de que, “así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, de parecida manera, cuando se aleja de la ley y de la justicia, es el peor de todos”.

3)    El legado jurídico-político, sustanciado en el régimen constitucional, que propuso hacer de México un país de leyes e instituciones -en que el sistema de equilibrio de poderes fuera al menos una aspiración-, fue subvertido para restaurar el gobierno de un solo hombre, con todos los ruines atributos del déspota.

4)    Haciendo fría abstracción del humanismo que debe caracterizar al “Estado bueno” y proscribiendo el principio de justician social, se restituyeron los viles y envilecidos privilegios de la riqueza (sin “título moral”), para cuyo imperio la fuerza de la razón ha sido sustituida por la razón de la fuerza. No es casual que, en el breve lapso de dos años, mientras el territorio nacional se fertiliza con sangre de compatriotas, se generen diariamente más de siete mil 500 nuevos pobres en patrimonio y alimentación.
Y cómo no va a ser así, si sólo en el último año casi dos mil mexicanos fueron cesados diariamente en sus empleos, dejándolos sin ingresos.  Retroceso de 16 años en la política social, según los expertos. Hay programas de esas políticas públicas, dice el evaluador e jefe de las mismas, que “no siempre están dirigidos a los más pobres”.

5)    Convertido el Estado de derecho en mera simulación, la resultante es que ahora se empieza a  ensayar, en aras del principio de autoridad, el gobierno por decretos arbitrarios; simples, pero brutales, remedos de los bandos pinochetistas.

6)    Si de Aristóteles prevalece como aspiración ética la convicción de que el Estado deber ser una relación entre ciudadanos libres, “moralmente iguales”, mantenida con arreglo a la ley y basada en el consentimiento y la discusión, “más que en la fuerza”, en nuestros días y en nuestro territorio parece más deplorablemente apropiado recordar la contraplatónica Ciudad de los cerdos (pasaje de La República), inspirada en la concepción cínica de la vida.

   A propósito de La ciudad de los cerdos como alegoría  del cinismo, en el caso mexicano ilustra el estado de decadencia de un poder sin autoridad el insólito mensaje de un presunto nuevo jefe del crimen organizado en la tierra del Presidente  (difundido en televisión después del hallazgo de los cadáveres de doce policías federales en aquella entidad) en el que, después declarar su respeto al mandatario y precisar que el conflicto de su banda es con la secretaría federal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, el “líder” le propone diálogo y acuerdo para pacificar la región que abarca estados del Bajío.

   Aún sin confirmarse la autenticidad de aquel osado y descarado lance, la respuesta directa la asumió el número dos del gobierno de la República, responsable de la política interior, quien, violentando las formas que a su cargo obligan, con un subconsciente perturbado se colocó en la condición de un pleitista de callejón que, a la defensiva, expectoró: “¡Señores, los estamos esperando, métanse con la autoridad y no con los ciudadanos, los estamos esperando. Esta es una invitación que les hacemos!”. Erró el tiro: Si alguien aísla esa exclamación de su “contexto” -como suele ocurrir en la instantaneidad de los reportes de los medios electrónicos-, puede sentirse autorizado a colegir que, entre la proposición del “líder” mafioso y “la invitación” del secretario de Gobernación, en el intercambio retórico existe sólo diferencia semántica, que no de grado.

   ¿Qué pasa ahí? En su primera presentación como coordinador del gabinete de Seguridad Nacional, después de la aún enigmática muerte de su antecesor en el puesto, el secretario de Gobernación se acercó al Nóbel Octavio Paz para decir: “Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad”. Entereza -que es integridad o perfección-, fue el término. Lo utilizó para conminar: No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad. No permitamos sentimientos de satisfacción hasta que el marco jurídico en materia de seguridad y justicia empiece a dar resultados concretos, posibles y medibles para la sociedad.

    El compromiso: “Garantizar que cada familia mexicana se sienta protegida por sus autoridades y por un Estado democrático…”.  El exabrupto juliano del funcionario, sólo se explica porque, una semana antes de su registro, el inventario de muertes relacionadas con el narco, sólo en 2009, reportaba ya más de tres mil 600. Mil 15 hasta entonces sólo en Chihuahua. Casi 12 mil 500 en lo que va  del sexenio. La familia mexicana no se siente protegida por el Estado democrático. Tope en el oscuro inventario anterior, como la democracia sirve lo mismo para un  barrido que para un fregado, apenas 24 horas después, en otro escenario, el presidente designado se gratificó con la desesperación y el desconcierto que entre los capos del crimen organizado ha provocado el éxito de su cruzada. La fuerza que el Estado despliega en su contra, dijo, es una fuerza superior a la de los criminales, porque “es legítima, constitucional, legal, democrática…”.

   ¿Democrática? Sólo que sea porque un día antes de ese discurso, por la vía administrativa-discrecional, el mandatario publicó con su rúbrica un decreto por el cual reforma y adiciona el reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que, de acuerdo con el nuevo texto de la fracción novena del artículo 10 de ese ordenamiento, el procurador de Justicia Militar represente al Presidente de la República “en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 105 (de la Constitución) en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal…” y, de acuerdo con las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 80 del citado reglamento, el propio procurador de Justicia Militar represente al presidente de la República, “en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional representar al titular del Ejecutivo…”.

   (En su edición 154, correspondiente a la quincena 16-31 de enero de 2007, a mes y medio de iniciar su mandato, bajo los títulos Presagio terrible/ Militarización, Voces del Periodista publicó: “En la primera conferencia de prensa de su sexenio -14 de enero-, el presidente Felipe Calderón reconoció que hace 50 días el panorama de su gobierno ‘era terriblemente sombrío y desalentador’. En su balance, describió la situación del país en orden y paz, y fue categórico al agradecer el apoyo del Ejército a su mandato. ‘Honestamente, me siento muy satisfecho de que México viva con más tranquilidad y certidumbre. Vamos bien…”. El presagio terrible, sin embargo, se ha cumplido.)

   De confirmarse el anuncio hecho hace poco más de una semana por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a promoción de esta organización y el Frente Cívico Sinaloense (por el caso del asesinato -en marzo de 2008- de cuatro jóvenes por efectivos del Ejército, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa)  la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberará por primera vez, el 3 de agosto, sobre la pertinencia y procedencia de que autoridades civiles juzguen a militares por violación de derechos humanos de los ciudadanos. En el meollo de ese asunto está el abuso del fuero de guerra, que la Constitución remite a casos de indisciplina militar, pero el Ejército lo invoca lo mismo si se trata de homicidios o torturas de civiles por militares, que de la violación de una mujer, etcétera, generando un alto índice de impunidad. De 110 investigaciones realizadas en 2008 por la Procuraduría de Justicia Militar, sólo en 11 hubo consignación de los imputados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) procesó en el primer semestre de 2009, dos mil 956 quejas por violaciones a esas garantías: Del total, 559 implican a la Secretaría de la Defensa Nacional, 216 a la Procuraduría General de la República y 104 a la secretaría federal de Seguridad Pública.

A ese respecto, el pasado 26 de julio el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández informó que en 17 años de trabajo de ese organismo se han procesado 112 mil 231 expedientes de queja por violación a los derechos humanos, de los cuales 22 mil son de naturaleza penal. Agregó que, sólo en 2008, de entre las diez autoridades más denunciadas  por detención arbitraria, cateos y visitas domiciliarias ilegales, tratos crueles o degradantes, etcétera, la Procuraduría General de Justicia (PGR) ocupa el tercer lugar.

   La preocupación del Ombudsman mexicano se tradujo en apremio al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acción de inconstitucionalidad, declare la invalidez de algunos contenidos de la Ley Orgánica de la PGR que, al limitar el acceso de la CNDH a la información y condicionar discrecionalmente la entrega de los datos que se le solicitan (“para no poner en riesgo las investigaciones”), restringe la obtención de pruebas y hace nugatorios los medios de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, violando el título primero y los artículos I, 14 y 102 .apartado B- de la Constitución. A criterio de Soberanes Fernández, “la cruenta lucha que hoy se libra en el país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública, no puede ganarse mediante la opacidad y menos aún violando derechos humanos al impedir con la restricción condicional que prevé el artículo 5 de la ley, el acceso a las pruebas necesarias para la determinación de si se han respetado los derechos humanos”.

   Antes de que los ministros traten el erizado tema, el exegeta del monopolio de la violencia del Estado -que no adalid del Estado de derecho-, el procurador federal Eduardo Medina Mora (le dicen el Mickey Rooney del gabinete) se adelantó al fallo y, usurpando facultades jurisdiccionales, por supuesto dijo no compartir el criterio de Soberanes Fernández, porque “nosotros tenemos claramente obligación de respetar las garantías individuales y los derechos humanos”. Sí, sobre todo teniendo en esta área al suavecito Juan de Dios Castro Lozano.

 Gobierno de catacumbias

   Si de “opacidad” se trata, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se ha elevado a cinco millones 935 mil el número de expedientes clasificados -información denegada al público- por 250 dependencias gubernamentales: 178 mil de la PGR, 177 mil 478 de la ex Policía Federal Preventiva, 221 de la Sedena, 144 mil 664 de la Secretaría de Gobernación, 156 mil 204 de la Secretaría de la Función Pública, y 342 de la mismita Presidencia de la República. Más de 650 mil expedientes del gran total.  En el discurso paceño del titular de la SG, arriba citado, pronunciado en la recapitulación del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, la Justicia y la Legalidad, ofreció poner en manos de los propios ciudadanos la evaluación sobre cada uno de los compromisos contraídos, para que sean -“los propios ciudadanos”- los que juzguen cada uno de los 74 objetivos. ¿Cómo ejercerán tan ciudadana y responsable prerrogativa, si les oculta la información requerida?

   En última lectura, resulta obvio que al calderonismo no le quita el sueño que los ciudadanos mexicanos de a pie la giren de evaluadores y de juzgadores sin toga, o que los ministros de la Suprema alucinen con “la monserga” de la Constitución (Rodríguez Prats, diputado panista dixit). Muy otra es su zozobra por aquello de los dólares para la Iniciativa Mérida: Apenas el pasado 9 de julio, desde Washington, el llamado zar antinarcóticos, el Director de la Oficina Nacional de Control de Droga de la Casa Blanca, R. Gil Kerlikowske, se declaró preocupado por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra los derechos humanos cometidas por militares mexicanos en el combate al narco. Son acusaciones muy serias, enfatizó.

   De hecho, tanto dicho funcionario como algunos congresistas estadunidenses, se hicieron eco de un reportaje publicado por el Washington Post en el que se asegura que “el Ejército mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, acto de tortura y redadas ilegales en la persecución de narcotraficantes”. Consigna incluso la violación sexual de dos niñas consumada por soldados. Como reacción a esas denuncias, funcionarios de la administración de Barack Obama advirtieron que esos excesos podrían llevar a que el Congreso congele millones de dólares en asistencia a la lucha contra el narco, extraña medida cuando, lo mismo desde la Casa Blanca que desde El Capitolio, tradicionalmente se ha actuado con amelcochada complacencia hacia los gorilas uniformados de Latinoamérica. Sin embargo, a punto de cerrar esta entrega, el propio Kerlikowske refrendó su declaración e informó que será la secretaria de Estado, Hillary Clinton la que certifique a México en materia de derechos humanos y de los fondos para el combate al narco aconsejó que vale más que Calderón los utilice “de manera inteligente”. En cuestión de donación en dólares, sobre todo ahora, ya se sabe que  “duele más el cuero que la camiseta”

   Peor aún: en la segunda semana de marzo pasado, el gobierno de Obama relevó que evalúa un plan de contingencia para enfrentar la violencia fronteriza, en principio con la Guardia Nacional, en situaciones que resulten de la inestabilidad política  y/o una migración masiva desde México. El director de la Oficina de Coordinación del Departamento de Seguridad Interna (USA), vicealmirante Roger Rufe informó a la Cámara de Representantes que el Plan de Operaciones de anti Violencia en la Frontera Suroeste (SWB-V Plan) ofrece un esquema de coordinación entre diversas agencias federales, incluidos los departamentos de Seguridad Interna. Justicia, Estado y Defensa, “para ofrecer diversos grados de respuesta federal el incremento de la violencia”. Avisos, pues, para quien duerme en la misma cama que el elefante.

   A estas alturas, una duda razonable nos acongoja: ¿Qué pasa con la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada que aprobó la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados,  para impedir que ese ordenamiento pretoriano, para “combatir el terrorismo”, se ejerza sobre líderes de movimientos sociales que cuestionen actos de autoridad por considerarlos atentatorios contra la democracia? La inquietud vale, porque la filosa Espada de Damocles de los que procuran justicia selectiva está cayendo sobre la cabeza de algunos activistas que, en las condiciones de incapacidad económica de usuarios y consumidores, protestan por las altas y discriminatorias tarifas de productos y servicios “administrados” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular de los catarritos ha caído en cuenta que la magra recaudación apenas empieza a alcanzar para financiar su régimen alimenticio, después de abonar a servicios de deuda, obsequiar tolerancia a miles de evasores y regresarles a otros los impuestos que hicieron como que los pagaban. ¿Medio billón de pesos, un billón de pesos? Qué importa la suma. Lo que importa es tener ahítos a los plutócratas, no vaya ser que se sumen a la legión de anulistas y pretendan anular a su mozo de estribos, que empieza a serles indigno de su confianza.

   Si todo ese espeluznante cuadro descrito, configura la vocación de un régimen neofascista -“el fascismo”, decía un clásico, “es la fase más enervada del capitalismo”-, difícil de revertir con la nueva-misma composición del Congreso de la Unión -el orden de los factores no altera el producto-, no quepa la menor duda de que en 2012 llegará a Los Pinos un fascista confeso, aunque no convicto en virtud de la impunidad institucionalizada. Acaso pueda ser un narcofascita, si ha de creerse al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien en febrero fue a chismear a Paris, donde dijo que sólo la valentía de Calderón impediría ese despropósito. Luego porqué crece el número de mexicanos que andan buscando asilo político en el gélido norte, así sea camuflajeándose como refugiado económico.

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Abraham García Ibarra -

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