MAL QUE BIEN, los gobernadores de Michoacán, Leonel Godoy Rangel; del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Sonora, Eduardo Bours Castelo, alcanzaron su mandato jugando con las mismas reglas -no siempre asépticas- del sistema político mexicano, que también permitieron a Felipe Calderón Hinojosa hacerse de la presidencia de México, si bien el proceso que validó a aquellos mandatarios estatales fue menos controvertido que el que llevó a Los Pinos al jefe del Ejecutivo federal.

Vale el recordatorio porque, en el enervante y enervado fragor de las campañas electorales en las que el partido del Presidente, Acción Nacional (PAN), pretende alzarse con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados federal; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere desbrozar el terreno para recuperar el poder presidencial perdido en 2000, y, en Sonora, ambas corrientes partidistas pugnan por la conservación o la conquista de la gobernación próxima a decidirse, los cuatro protagonistas en escena, apenas disimulando las formas, se han enzarzado en un conflicto ya personalizado en el que el pueblo, teóricamente titular de la democracia, aparece como convidado de piedra, si no es que como simple espectador inerme.

El centro de gravedad de esa disolvente reyerta -que carece de arbitraje institucional, dada la inoperancia de los órganos autónomos  de competencia electoral, sean federal o estatales-, radica en que, tanto el Presidente como los gobernadores, pretendiendo constituirse en fiel de la balanza de decisiones que, repetimos, teóricamente son potestad de los votantes, hacen de un derecho constitucional -el de formar gobierno- una aventura plebiscitaria que a uno le permita legitimarse en el cargo, a otro consolidar su posición en el arranque de 2012 y a un tercero asegurar una sucesión estatal que sirva para cuidarse las espaldas al cambiar la administración gubernamental.

En su aciaga gestión presidencial, Calderón Hinojosa, con dedicatoria expresa a su principal rival en los comicios de 2006 e irreductible opositor a partir de entonces, ha sostenido de manera recurrente que, quien siembra cizaña, produce enconos. Recientemente, en visita al Estado de México, le convirtieron su oración en pasiva: El gobernador Peña Nieto le dijo en su presencia que las ofensas generan enconos y diferencias: “Lo fácil es agredir; lo difícil es construir en un ambiente de pluralidad”.

Días después, el gobernador michoacano Godoy Rangel -bajo acoso federal desde el 26 de mayo pasado en que se ejecutó en el estado una razzia contra servidores públicos, casi un tercio de elección popular- puso los puntos sobre las jotas, afirmando que, en la relación entre poderes, no hay que confundir colaboración con subordinación.

El caso de Sonora es más grotesco y doblemente inmoral, dado su origen en un condenable crimen de lesa infancia. El jefe del Ejecutivo  Bours Castelo no ha escatimado dardos en contra de funcionarios federales. “Aquellos que se espantan” (por la defensa de los intereses de los sonorenses), dijo, “es porque creen que somos igual de trompudos que ellos”.

De ese degradante espectáculo, lo que hay que destacar es que los antagonistas no sólo han perdido el estilo, sino la brújula constitucional, no obstante sus insistentes invocaciones al Estado de derecho. De tener razón jurídica y ejercerla civilizadamente, los antagonistas procurarían resolver  esa crisis política por la vía que la Carta fundamental establece: La controversia constitucional, en cuyo caso tendría que ser el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que tuviera la última palabra.

De tener razón los rijosos, insistimos, la propia Constitución ofrece dos caminos: El juicio político o el procedimiento de desaparición de poderes, según las circunstancias que prefiguran una situación de ingobernabilidad. Pero ninguno de los actores en conflicto acude a esos recursos previstos por el Pacto constitucional. Por el contrario, se refugian en la intermediación mediática que hace abuso de concesiones del Estado sovietizadas. para implantar descalificaciones de facto del contrario en busca de rendimientos electoreros.

En su reciente número 212, Voces del Periodista denunció que personeros del gobierno de la República consideran que la fase culminante de la transición política en México es la imposición del respeto al principio de autoridad. En última lectura, ese parece ser el quid del conflicto entre poderes sin autoridad, la apelación al ultima ratio regum: “El último argumento de los reyes”… o de los virreyes. Esto es, el poder de los cañones por encima de la deliberación civilizatoria. Y todavía no quieren que se hable de Estado fallido. Grave asunto.



   

 

 

 

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