2012 año electoral complejo

Imperativo: Moderar el poder

Testimonio personal

Cuando uno hace el registro diario de los resultados del baño de sangre instituido en México (casi 1.4 ejecuciones cada hora), tiende a insensibilizarse ante la omnipresencia de la muerte. Sólo se reacciona -reflejo automático del egoísmo- cuando se trata del pellejo propio.

Si se nos concede la licencia, entramos a estas notas con un testimonio en primera persona sobre cómo logramos dar el salto sobre la barrera hacia el 2012.

Del 4 de agosto al 12 de diciembre de 2011, como muchos otros pacientes -no todos, por desgracia, superaron la prueba- experimentamos la inminencia del último adiós como consecuencia de un accidente cardiovascular que nos remitió en la primera fecha al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De entrada, vale expresar el reconocimiento y agradecimiento a peritos cirujanos -tender cuatro puentes para reactivar el funcionamiento de un oxidado sistema cardiaco, no es enchílame otras-, médicos residentes en las áreas de coronarias, sala de cirugía, terapia intensiva, piso y rehabilitación, y personal de enfermería del establecimiento hospitalario, que conspiraron noblemente para lograr nuestra supervivencia después de un artero ataque al Plexo solar.

Un dato, que nos parece verosímil, impulsa doblemente nuestro sentimiento de gratitud: Según nos enteramos durante nuestra estadía en convalecencia, desde el asalto por la tecnoburocracia a la dirección general del IMSS existe una recomendación no escrita para darles avión a pacientes mayores de 70 años: Su edad incrementa el riesgo de muerte; intervención quirúrgica de alta tecnología, tiempo de hospitalización y medicamentación permanente, además de su condición de pensionados -en muchos casos ya “improductiva”-, significa un alto costo para las finanzas del instituto.

Que, contra ese helado criterio gerencial, se imponga la responsabilidad científica y, sobre todo, la vocación humanista de la mayor parte del personal médico de la institución, acredita el sentido revolucionario y solidario que inspiró a sus fundadores y, en general, a sus más eficientes administradores. Que los ha habido.

Cuando la actual tendencia de los gobiernos neoliberales del Primer Mundo y de algunos de países periféricos, como el de México -que piensan primero en el negocio por encima de la persona humana- va en la dirección de restringir o suprimir los sistemas de Seguridad Social para hacer rentables las economías estatales, resulta imperativo defender una institución que, como el IMSS, es la única opción para millones de familias que no están en  aptitud de financiar la onerosa medicina privada.

Hacerlo, implica tener presente el acelerado e indignante proceso de corrupción en que los gobiernos de la alternancia azul han hundido el régimen político mexicano. Sólo durante la administración calderoniana, según el Índice Mundial de la Corrupción, México ha caído del lugar 72 al 100 entre los países monitoreados, con una calificación de 3 en la escala de diez puntos. Dicho lo cual…

De poder a poder: El

recurso del chisme

Desde el cenáculo de su desesperante y desesperada soledad, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa suele activar su tronera visceral contra quienes no se alinean al criterio gubernamental, sin consideraciones a la jerarquía ciudadana y, lo que es peor, a la paridad entre los poderes públicos reconocidos por la Constitución.

Entre los temas más recurrentes del debate público, los de la conducción económica y la comandancia de la guerra contra el crimen organizado son objeto de crítica permanente de voces autorizadas que actúan en los recintos legislativos, en los partidos políticos, en el movimiento social, en la Academia o en los observatorios ciudadanos. En el abusivo ejercicio de la reacción inmediata, de manera irreflexiva el Presidente mismo o al través de sus colaboradores responde a la ligera a los planteamientos que no encajan en los esquemas del discurso oficial.

Rota la comunicación política y sin una eficaz estrategia de comunicación social, generalmente las respuestas de la Presidencia a todo cuestionamiento revelan un talante autoritario que se funda en el viejo y antidemocrático supuesto de que el jefe siempre tiene la razón… y más cuando no la tiene. Esta actitud intolerante ha enervado particularmente las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, blancos de ataque sistemático porque el segundo no produce las leyes que quisiera el mandatario o porque el tercero no los aplica en los términos que pretendería el ocupante de Los Pinos.

Por lo menos desde 2008, ante al fracaso de la guerra contra el narco, el Presidente ha acusado, sin mencionarlos por su nombre ni llevar el caso a instancias de competencia, a integrantes del Poder Judicial de la Federación que presuntamente se coluden o deciden sus sentencias en connivencia con los transgresores de la ley.

Inexistentes, registros de

la “información” de FCH

“He sabido -ha dicho públicamente el michoacano- de jueces que han recibido dinero, que dialogan con criminales y que liberan a criminales… pero mientras no tenga alguna prueba, o la procuradora no la tenga, ese juez es juez, y ese ciudadano es ciudadano y, además, es inocente”. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han pedido elementos de prueba para proceder en consecuencia y han tenido la callada por respuesta.  Sin embargo, el michoacano ha insistido: “Sí. Ya sé -perdónenme la expresión- la cantaleta de los jueces. Pero yo se que están en la nómina. Yo se cuanto reciben”.

Un ciudadano requirió a la Presidencia de la República datos probatorios de lo dicho por el jefe del Ejecutivo. La gestión dio pie a la causa 5182/11 en la que intervino el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La respuesta de la Oficina de Presidencia fue que el mandatario accede a fuentes “de información” de las cuales no se guarda registro documental. Y, como si fuera una excusa válida, la oficina alega que las declaraciones del Presidente no forman parte de un proceso penal, pero porfía: “La inexistencia de registro, no implica que no exista sustento“ en los dichos presidenciales.

El remate del alegato de Los Pinos no tiene desperdicio: Pone de parapeto la Libertad de Expresión. Si una persona del llano -un periodista, por ejemplo-, escudándose en la Libertad de Expresión emitiera el tipo de acusaciones que lanza el Presidente, no escaparía de la acción judicial por calumnias. Pero, según lo referido, el jefe del Ejecutivo está exento de probar sus dichos. Guante blanco del ministro Silva M. Con independencia de cualquier lectura capciosa de ese penoso antecedente, podemos sostener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra una voluntad conciliatoria en nombre de la sociedad, la institucionalidad y la democracia. Haciendo abstracción de los ataques a jueces y magistrados, en su reciente informe el ministro presidente del tribunal supremo, Juan N. Silva Meza, ha respondido con guante blanco, si bien plantea el imperativo de moderar el poder. No escapa a la serena visión del ministro presidente Silva Meza la gravedad del entorno que rodea el inicio de 2012: Todos sabemos, previno, que será un año complejo que requiere de patriotismo y lealtad de las instituciones. “La sociedad debe tener plena confianza en que la parte del proceso electoral que descansa en el Poder Judicial de la Federación, se atenderá con diligencia por instituciones preparadas, apegadas a la ley y a la Constitución”.

No es ocioso invocar la plena confianza de la sociedad en trance como el de la sucesión presidencial de 2012, porque, precisamente, de confianza es el déficit de que están adoleciendo los trabajos organizativos de las elecciones generales de este año, después de la aciaga experiencia de 2006. Somos, expresó Silva Meza, juzgadores de la democracia: “Asumir nuestro trabajo desde la perspectiva republicana significa precisar que lo importante es fortalecer el Estado; que esa tarea nos supera, es más grande que cualquiera de nosotros. Las instituciones, no las personas, son las que sostienen al país. La obra mayor de un servidor público en cualquier poder, en cualquier nivel de gobierno; su verdadero legado, es la contribución que hace para fortalecer la viabilidad y la continuidad de las instituciones”. ¿Declaración de principios o un compromiso mayor? En un clima generalizado de suspicacia, de escepticismo, de pesimismo, como el que respira la comunidad nacional, no deja de ser alentador que al menos uno de los poderes de la Unión lance un mensaje que debe ser, más que una mera declaración de principios, un compromiso político de envergadura mayor. Después de todo, al Poder Judicial de la Federación pertenece el Tribunal Electoral en el que radica las facultades de analizar los resultados de las elecciones de Presidente de la República y la de calificar su validez. No satisfizo su actuación en 2006.

Si el buen juez por su casa empieza, la apuesta es porque satisfaga su actuación en 2012. Obviamente, en materia de legalidad y constitucionalidad, una cosa es el buen decir y otra cosa el deber ser. De buenas intenciones están empedrados los caminos al infierno. Aquí nos referimos en número pasado de Voces del Periodista a la contracultura jurídica que priva en México. En el informe del ministro presidente Silva Meza aparece un dato que al informante le parece preocupante y a nosotros nos parece espeluznante: De noviembre de 2010 a diciembre de 2011 ingresaron cinco mil 177 casos y egresaron cinco mil 121. De la estadística procesada, 31 por ciento de los casos corresponde a incidentes de inejecución derivados de incumplimiento de las sentencias de amparo por las autoridades responsables. En términos llanos, se está hablando de desacato. Por desacato, buceado selectivamente, se promovió en 2005 el desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de impedir su candidatura a la Presidencia de México.

Es necesario fortalecer o, en su caso, reconducir -conmina el presidente de la Corte- la cultura de cumplimiento de las autoridades, pues para exigir el respeto a la ley debe predicarse con el ejemplo: Nosotros seguiremos trabajando con rigor estricto para obtener su cumplimiento. Mil 600 pruebas de impunidad pública Si son, tan solo en un año, más de mil 600 las sentencias de amparo incumplidas, mínimo existen mil 600 autoridades responsables de ese monstruoso despropósito. Son mil 600 pruebas de que, en las estructuras gubernamentales, existen francotiradores que se resisten a contribuir al fortalecimiento de la viabilidad y la continuidad de las instituciones. Decirlo no tiene sentido, si no se asumen ¡pero ya! acciones ejemplarizantes. De otro modo, el propio Poder Judicial de la Federación continuará permitiendo que la cultura de la impunidad cree estado. Y seguiremos dándole vueltas a la noria de la hipocresía y, al final, el dura lex lo seguirá siendo sólo para los pobres.