Se criminaliza la protesta social

HÉCTOR TENORIO

Las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes en  Guerrero  son un escándalo y forman parte de la descomposición  que vive todo el país. Se  ha impuesto la  represión como  respuesta a la protesta social. Por  esa  razón la clase política lava  sus  culpas y se pregunta ¿Qué  clase  de  mandatario exponen así a la juventud?

De antemano  saben  que no hay modo  de justificar el ataque con balas a quien protesta. Las reacciones se encadenan, en Oaxaca, estudiantes pertenecientes a las once normales del estado, acompañados por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marchan en apoyo a los normalistas acribillados.

En este  contexto,  es natural el repudio por lo acontecido, y existe la coincidencia en el sentido que la tragedia  pudo evitarse si una pequeña parte de los recursos para seguridad pública en los estados se utilizara para atender demandas de la educación. Diferentes  sectores  de  la sociedad exigen al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero investigar a fondo dicho operativo para replegar una manifestación de estudiantes normalistas. Asimismo, en el ambiente flota la posible renuncia del mandatario perredista por no saber usar la fuerza pública ante demandas sociales, y caer en este tipo de excesos. A está demanda se han sumado los estudiantes  de la normal rural de Ayotzinapa quienes bloqueaban la autopista del Sol, para exigir una audiencia con el gobernador para reactivar las clases en la normal, suspendidas desde hace más de un mes.

Queda claro que la embestida policiaca, ordenada por el gobierno estatal revela  métodos  utilizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin duda el gobernador no ha podido superar  el hecho de haber pertenecido a ese instituto político. Por eso no resulta una sorpresa  que horas después del  enfrentamiento se hiciera  oficial la renuncia del procurador General de Justicia, Alberto López Rosas, del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y  del subsecretario de Seguridad Pública del estado, General Ramón Arreola.

No es posible  que policías sean  utilizados  para matar a estudiantes. El saldo  dos  estudiantes muertos y uno en estado de coma. Además de un número indeterminado de heridos, 24 personas detenidas y luego liberadas.

La demanda  de la sociedad  civil de crear una fiscalía especial para encontrar a los responsables, ha obligado  al gobernador solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) para  que atraiga el caso con la finalidad de dar certeza y transparencia a las investigaciones para sancionar a los responsables.  La PGR realizará una investigación sobre el comportamiento de las fuerzas públicas, pero también sobre la presencia de fuerzas federales en estos acontecimientos, ya que los videos muestran  como  se enseñaron contra los estudiantes.

Por lo pronto, resulta una vergüenza  que se haya descubierto  que policías ministeriales bajo las órdenes de Alberto López Rosas  obligaron a estudiantes a disparar rifles AK-47 para que dieran positivo en la prueba de rodizonato de sodio, cuando fueron detenidos. Cabe  recordar  que de acuerdo con la versión oficial, los disparos fueron iniciados por personas ajenas tanto al gobierno como a la normal de Ayotzinapa y lo habrían hecho utilizando rifles AK-47 conocidos como cuernos de Chivo. El problema  es  que los normalistas nunca se enfrentaron a los uniformados ni iban armados como lo aseguraron las primeras fuentes oficiales del gobierno del estado.

Triste manera de  cerrar el  año: Gobernantes asesinado a sus gobernados.