El (des)velo autoritario

Ante los reclamos ciudadanos de justicia que, por lo demás, pocas veces encuentran cauce y audiencia consecuente, no puede ser la respuesta al vuelo, con demasiada frecuencia irreflexiva, la constante de un mandatario.

Lamentablemente, ese ha sido el signo recurrente de las reacciones de nuestros gobernantes.

Como se sabe, el pasado 25 de noviembre más de 23 mil ciudadanos presentaron, ante la Corte Penal Internacional (CPI), una demanda (ahora son más de 27 mil adherentes) de juicio penal “en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México”.

Es entonces la CPI la que, en primera instancia, dará o no entrada a la querella y, en su caso, proceda a investigar las denunciadas violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales, en el curso de la “guerra” al narcotráfico que ha costado más de 40 mil vidas en México.

Si la sustentación es o no correcta ya se verá pero, en lugar de atenerse al procedimiento legal, en cuyo curso se presentarían alegatos y descargos, dado el caso, la presidencia de la República respondió que preparaba una demanda en contra de quienes presentaron la denuncia.

Y siguiendo el dictado, los partidarios de Calderón, como el precandidato del PAN, Ernesto Cordero y otros epígonos menores, calificaron a los demandantes de “calumniadores”.

La demanda contra Calderón, reiteran los defensores del gobierno, “está fuera de toda lógica”, pues se ha hecho lo que se tenía que hacer y se preguntan: ¿Qué pasaría si no estuviera el Ejército?

¿Quién defendería a nuestras familias?

Pero estamos peor

En la contraparte, los demandantes señalan que lo que está pasando es peor de lo que había y que las familias mexicanas no tienen defensa alguna ante los desmanes de la delincuencia, ni de la corrupción e inoperancia del aparato de “justicia”, como se ve a diario a lo largo y ancho del país.

En general, los analistas independientes coinciden en que la respuesta de Calderón y sus epígonos ha sido del todo impropia y revela una ausencia insultante de sensibilidad ante la tragedia, literalmente, que viven decenas de miles de familias mexicanas.

El comunicado de la presidencia, emitido el pasado 27 de noviembre, no deja lugar a dudas: se rechazan “categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas” que los demandantes han presentado ante la CPI.

El gobierno advirtió que analiza todas las posibilidades “para proceder legalmente en contra de quienes las realicen (las imputaciones) en distintos foros e instancias internacionales o nacionales”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), organización con la que el gobierno federal ha tenido controversias, calificó de “absurda e incomprensible” la reacción de la presidencia mexicana.

La denuncia es “perfectamente legal y legítima”, señaló Vivanco. Calderón, agregó, está siendo muy mal asesorado y con esa actitud se retrocede a épocas que se consideraban superadas.

El otro Chapo.

Que no pero sí

Ante el vendaval de críticas, la Secretaría de Gobernación se vio obligada a aclarar que “el gobierno de la República no procederá” contra quienes critican sus políticas públicas y decisiones.

Pero según el comunicado del pasado viernes 2, cuyo tono se advierte forzado, la propia vocera de la presidencia, Alejandra Sota, ha informado que será “cada funcionario público, a título personal”, quien defienda “sus derechos y garantías individuales en respuesta a las imputaciones calumniosas vertidas ante la opinión pública nacional e internacional”.

La mula no era arisca

Como la experiencia dicta otra cosa y evidencia la distancia entre el decir y el hacer gubernamental, los promotores de la demanda ante la Corte Penal Internacional han responsabilizado al gobierno federal de cualquier acción legal, o extralegal, que pueda llevarse a cabo contra ellos.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se le han solicitado medidas cautelares para proteger a quienes se han expresado públicamente a favor de la denuncia.

Se justifica, en un contexto nacional traumatizado donde prácticamente todo puede suceder.

El “arraigadazo” de Sinaloa

A otros temas ni tan lejos: el pasado martes 15 de noviembre, día de la entrega del primer informe del gobernador Mario López, se anunció con bombo y platillo el arraigo de 32 agentes de la policía municipal de Ahome, lo que ocurrió un día antes. Serían interrogados sobre su colusión en varios delitos, se informó.

Los agentes, en lo que desde un principio presentó todos los ingredientes del relumbrón y la propaganda, fueron aprehendidos en las propias instalaciones de policía de Los Mochis, desarmados y trasladados a Culiacán en aparatoso operativo.

Habían sido convocados a una reunión por el director de la policía ministerial del estado, Jesús Antonio Aguilar; el procurador de justicia, Marco Antonio Higuera y el jefe de la novena zona militar, Moisés Melo García.

Dos semanas después, seis de los agentes fueron puestos en libertad por falta de elementos y, el pasado día 6 de este mes, otros nueve fueron liberados.

¿Derechos? ¿Cuáles derechos?

Los familiares de los agentes ya desarraigados exigen que, así como el gobierno difundió (el día de la entrega del primer informe) la detención, debiera disculparse y poner en claro la inocencia de los injustamente detenidos.

Otros familiares de los que aún permanecen en arraigo, denuncian que los están presionando para que se declaren culpables de delitos que no han cometido y algunos advierten que acudirán a las más altas autoridades del país, y ante las comisiones de derechos humanos, para exigir restauración por los daños que les han causado.

Y que se den por bien servidos

Pero según el licenciado Marco Antonio Higuera, “procurador de justicia” de Sinaloa, una disculpa por el evidente abuso de autoridad que cometieron es “innecesaria”.

Según el abogado Higuera, como “había suficientes elementos de sospecha para proceder a la detención de los agentes”, con que los hayan soltado es más que suficiente.

De los perjuicios sufridos por el abuso gubernamental, nada.

Debería saber el egresado de leyes que en un país civilizado, no la faramalla que tenemos, la disculpa sería ciertamente lo de menos porque lo más probable es que él, y los demás que violaron las garantías de los falsamente inculpados, serían enjuiciados.

Genaro García Luna.

Como el “michoacanazo”

Ya antes, la Procuraduría de Justicia había enfatizado que no está obligada a reparar el daño o indemnizar a los policías de la Dirección de Seguridad Pública de Ahome que ya fueron liberados, aduciendo la ausencia de la figura legal en los códigos locales.

Desde luego, si los afectados se animan a demandar el caso se tendría que ventilar y la situación sería distinta.

Y el día 16 de este mes, si no salen con otra ocurrencia, se deberá resolver la situación jurídica de los agentes que permanecen “arraigados”.

Toda proporción guardada, en la tanda de los despropósitos, como en el “Michoacanazo”.

Tamborazos

-Cuatro millones 200 mil pesos se gastaron los inefables senadores de la República en comida de alta cocina, entre julio y septiembre de este año. Todo tipo de viandas (se dice que incluso langosta y caviar se sirve en ocasiones) para los “representantes populares”. Viva México.

-Cada vez son más notorias las deficiencias culturales, retóricas y argumentales del priísta Enrique Peña Nieto. Pero, como se ha visto, no es el único, sino casi una constante de la ”clase política” mexicana. ¿Merecido lo tenemos?

-El tiempo pasa, casi cuatro meses ya, y del cobarde asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, en el Sinaloa de la tranquilidad declarada, nada de nada, ningún “avance” en investigaciones prometidas.

-Como sea, tragedias aparte, deseamos sinceramente que pasen felices fiestas nuestros amables lectores. La vida sigue.