La nueva invasión

HÉCTOR TENORIO

La cooperación de Estados Unidos  y México en la lucha  antidrogas no se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto por la jurisdicción de cada nación. Las autoridades mexicanas no quieren entender  esta  situación  o quizá son incapaces de cambiarla.  Desde una lógica militar, los estadounidenses aplican una táctica adecuada en  la guerra que lleva a cabo el  Estado mexicano  contra el crimen organizado porque les permite vulnerar  la soberanía de nuestra nación y avanzar en el proyecto de controlar nuestra frontera. Para  ello resulta indispensable  que el vecino  del  norte proteja a los peligrosos cárteles mexicanos de la droga facilitando el  lavado de dinero a una industria criminal que cada año genera 320 mil millones de dólares.

Miles de  muertos  en este lustro demuestran lo difícil que  es desafiar a las leyes del mercado, que dan a los estupefacientes un sobreprecio de 90 por ciento o más. Los  últimos  acontecimientos dejan en evidencia que durante años la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA)  ha trabajado con autoridades mexicanas para fomentar el lavado de dinero. Gracias  a  que los estadounidenses contaron con la complicidad  de mandos corruptos mexicanos pudieron  traficar cargamentos ilegales de dólares por la frontera, con la intención de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes. Esta versión difiere de sus propios  informes donde aseveran  que  sus elementos están infiltrados en los cárteles mexicanos con la finalidad de conocer de cerca a los capos del narcotráfico.

La realidad  es otra, la DEA  contrabandeo millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de su plan de debilitar al Estado mexicano. Todo  esto se  hizo con  el  aval  del Departamento de Justicia de EU, el  problema es  que  la estructura administrativa del  vecino  del  norte que se implementó para tal plan carece de salvaguardas operativas para prevenir la implementación de esquemas tan peligrosos.  A esto se suma el agravante que las autoridades mexicanas  tienen la responsabilidad exclusiva en materia  de procuración de justicia, no cumplieron con su deber

Queda  claro  que el gobierno de Estados Unidos no revelará los detalles operativos de las acciones de sus agentes en territorio nacional. A pesar  de  esto, en  Washington  los Republicanos y Demócratas  usan el deplorable incidente con fines políticos. Al tiempo que evitan reformar las leyes para frenar el tráfico de armas a México. Por lo pronto, los  demócratas  han dado instrucciones para que esos métodos no se vuelvan a repetir

Las investigaciones continuarán sobre la operación Rápido y Furioso, que permitió la entrada de más de dos mil armas a México, y  el operativo, Receptor Abierto, con el que se introdujeron 350 armas en 2006 y 2007. Ahora a  estas pesquisas se incluirán  las presuntas acciones de la DEA para lavar dinero de cárteles mexicanos. Las consecuencias han sido un desastre.

En la repartición de culpas le corresponde al Congresos de los Estados Unidos  establecer medidas efectivas para regular la venta ilegal de armas de asalto, así  como adoptar medidas drásticas para disminuir el flujo de dinero y el consumo de drogas.  No obstante, mientras  prevalezca  esta  situación  entre ambos  países será  casi  imposible detectar y desmantelar redes de lavado de dinero deteniendo los avances y detenciones importantes en cada país.

Por lo que concierne a la estrategia del presidente Felipe Calderón,  presentó el  año pasado, una iniciativa para combatir el lavado de dinero con  la que pretendió golpear las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casas, autos, barcos, aviones, joyas y hasta las apuestas. Luce  insuficiente ante la evidencia  que  los  Estados  Unidos  solapan a los criminales mexicanos.