Amenaza Calderón a

críticos de la guerra narca

El presidente designado Felipe Calderón Hinojosa abre su año crepuscular en el tendrá que entregar el poder, haciendo gala de su intemperancia con la amenaza de perseguir a los críticos de su guerra narca; lance en el que tendrá que promover la apertura de más juzgados penales y revisar su política penitenciaria para hacerle espacio en las prisiones a los que acusará de calumnias, según se desprende del boletín que el pasado 27 de noviembre emitió la Presidencia de la República.

La reacción visceral del bushiano jefe del Ejecutivo responde al recurso que más de 23 mil mexicanos, representados por el abogado Netzal Sandoval, interpusieron ante la Corte Penal Internacional de La Haya, solicitando valorar acusaciones contra los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Sáynez Mendoza y de Seguridad Pública, Genaro García Luna -los tres integrantes del gabinete de Seguridad Nacional y demás que resulten implicados-, por presuntos actos atentatorios contra los derechos humanos en las operaciones federales contra el crimen organizado. La Corte Penal Internacional de La Haya es un tribunal de excepción creado ex profeso para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

La postrera hazaña histórica que se propone el michoacano: El eventual proceso de quienes en foros internacionales y nacionales realicen denuncias contra delitos de integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas de orden policíaco, es de un potencial alcance planetario, pues, empezando por órganos de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA), existen un amplio directorio de asociaciones no gubernamentales internacionales y nacionales de protección y defensa de los derechos humanos y miles de familias de víctimas de la guerra (incluyendo, por supuesto las que sufren las consecuencias de los daños colaterales) que han recibido quejas, hecho investigaciones y recomendaciones; han acudido a tribunales judiciales nacionales o, simplemente, han dejado testimonio de su tragedia.

Mordaza contra

libertades políticas

Con independencia de personas e instituciones directamente relacionadas con ese conflicto, en cuyo caso siempre han sabido y saben de los riesgos derivados de sus actos de denuncia -no son pocos los mexicanos que han pagado con su vida la demanda de justicia-, la intimidación calderoniana alcanza a todo el universo político y social -e incluso judicial- y particularmente a los medios de comunicación, pues lo que está en el blanco de esa amenaza son los derechos a las libertades de opinión, asociación y de reunión y, en primera lectura, la de expresión, ya conculcadas sistemáticamente por el Estado, por más que el jefe del Ejecutivo blasone de que México vive ahora una democracia vibrante. Pues sólo que “vibre” de pánico.

Visto el asunto en su más perversa dimensión, resulta que a los ciudadanos y a los medios de comunicación se les pone entre la espada y la pared y se les deja en las más desoladora indefensión: El Estado, en este caso representado por el Poder Ejecutivo, asume la mentalidad de los jefes del crimen organizado que tienen como modus operandi para sofocar la denuncia y eliminar la competencia el amago intimidatorio y en última instancia la acción exterminadora. El propio Calderón Hinojosa hasta ahora había venido insistiendo en que es la delincuencia organizada la que atenta contra los derechos a la información y la libre expresión. Había dicho en repetidas ocasiones: “La principal amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene del crimen organizado (…) Quienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos”. Al cambiar de rieles, se pone en el mismo carril.

Creel: Menos balas;

más inteligencia

No se puede dejar de lado, por otra parte, que al menos desde la campaña para las elecciones intermedias de 2009, desde la dirección nacional del PAN se inició por sistema una ofensiva contra el PRI y los priistas, a los que se acusó de prohijar, proteger y aun practicar el narcotráfico; ofensiva que personalmente tomó por su cuenta el Presidente, sin que haya procedido en consecuencia contra los implicados.

La reciente advertencia presidencial, finalmente, no puede sustraerse del marco de las campañas electorales que están en etapa de organización y no deja de ser, el de la inseguridad en México, un tema central del discurso de los precandidatos o candidatos tácitos. El propio aspirante panista, Santiago Creel Miranda, al referirse a la cuestión apenas el domingo 27, planteó que, ante ese descomunal desafío, la estrategia debe ser de menos balas y más inteligencia y propuso regresar a las Fuerzas Armada a sus cuarteles.