El mejor periodista:

El periodista muerto

De nuestras ya remotas mocedades, la memoria retiene una añosa pretensión de los más apasionados practicantes del oficio periodístico: “Quiero morir con el arnés puesto”, seguramente retomada de la literatura heroica dedicada a los legendarios caballeros de armas. Nos quedó grabada la oración en ocasión de la muerte de don Miguel Ordorica, maestro de maestros, dicho sin prejuicios ideológicos.

Al iniciarse agosto pasado, nuestra vieja maquinaria cardiaca nos pasó la factura de su incesante uso, llevándonos urgentemente a la mesa de cirugía y a una prolongada e indeseada e indeseable hospitalización y a una dolorosa convalecencia, de cuyo periodo de rehabilitación, hasta hoy, parece hemos pasado la prueba.

Días infinitos, intensos y oscuros, lo son de recapitulación de la trayectoria personal que, sin embargo, no lo sustraen a uno del entorno profesional en el que, como lo ha escrito no hace mucho el novelista chiapaneco Marco Aurelio Carvallo, la vocación y la suerte nos imponen Morir de periodismo, como para otros significa morir en Gracia: Cuando ingresamos a urgencias del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el dato indignante tatuado en nuestro estado de ánimo era el del secuestro y asesinato -perpetrados en Culiacán, Sinaloa- del paisano y colega Humberto Millán Salazar.

Carlos Monsiváis.

A mediados de octubre, en sesión de ergometría en el propio establecimiento hospitalario, la noticia nos paraliza: Ha muerto Miguel Ángel Granados Chapa, una pérdida para la palabra impresa, seguramente tan irremplazable como lo es para la literatura la de Tomás Segovia (… No puede ser que yo no vuelva/ Como si al mar le hiciera tanta falta/ Y yo le hubiera dado mi palabra), tres semanas después.

No son pocas las plumas segadas que en los últimos meses han dejado al oficio con cierta sensación de orfandad: Se fueron Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, Bolivar Vinicio Echeverría Andrade… ahora Granados Chapa. Es cierto que los aquí citados dieron muestras de su versatilidad intelectual, diversificando las disciplinas y modalidades en que pulieron y difundieron el verbo casi con el rigor de un sacramento.

Carlos Montemayor.

Pero el ejercicio periodístico cae en un irredimible déficit porque en ellos el dominio de la lengua estuvo determinado por el espíritu gregario que les identificó con las mejores causas de la humanidad, de la sociedad mexicana y de la república; se expresó preferentemente en la tinta y procuraron ceñirse a los imperativos de la ética, principio cada vez más escaso en los procesos de información y comunicación actuales. Acaso menos perceptibles fueron las muertes de Edmundo Jardón y la más reciente de Javier Romero, nombrados por separado porque de algún modo fueron ejemplares continuadores del periodismo político militante de corte clásico, en el que quemaron sus energías en el noche a noche del diarismo mexicano y lo transformaron en magisterio de la calle. Huelga decir que ninguno de los dos ocultó nunca su filiación doctrinaria ni al partido al que sirvieron básicamente desde las publicaciones periódicas, como suelen hacerlo -mimetizarse camaleónicamente- algunos francotiradores que escriben para cobrar.

Acaso en ese apretado sumario omitamos involuntariamente los nombres de otros colegas fallecidos. (Reparamos: Partió también Fausto Fernández Ponte.) Será porque al menos con Montemayor, Monsiváis, Granados Chapa, Jardón y Romero en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir la nocturna tertulia, presenciar y reseñar acontecimientos decisorios de la vida nacional, y coincidir o antagonizar amistosamente en la mesa de debates. Y en las mismas redacciones o en las mismas páginas, de nuestra parte, tuvimos el privilegio de abrevar en sus aleccionantes luchas en la búsqueda y defensa de la verdad. Al menos la verdad periodística que no admite ser avasallada por la coartada de la “objetividad”.

Cuando el periodismo político se convierte en espectáculo circular en los sets televisivos, donde sus practicantes -en aras de la ignorancia predispuesta por los concesionarios- sacrifican su experiencia, su conocimiento, su sabiduría y su autonomía intelectual en exposiciones y “análisis” de pastiche, figuras como las mencionadas se yerguen como prototipo de lo que el oficio era y ya no es. Sólo a modo de ilustración, basta ver ese show de media noche-madrugada representado por El tío Polito y sus sobrinos, dos de éstos reclutados en la Gaceta Re-enana, refugio también de un escribidor al que se le queman las habas por ser nombrado comisario de medios, dispuesto a educar a los editores libres en la presentación de los partes de la guerra calderónica.

Miguel Ángel Granados Chapa.

No se tratan estas notas, sin embargo, de nostalgia puramente funeral, producto de los días aciagos que en carne propia hemos experimentado. Por suerte aparecen voces (jóvenes) que, por encima de claudicaciones y frivolidades, se alzan para alertar sobre los peligros que en estos días de guerra amenazan el Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión en México. Por encima del homenaje a celebridades idas, conviene reconocer que hay quienes no se amilanan al denunciar las acciones criminales que atentan no sólo contra las garantías que atañen a nuestra actividad, sino -en conjunto- contra el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso legal, el derecho a la protección judicial, el derecho a la participación política, etcétera, que se condensan en la conceptualización e instrumentación del genérico derechos humanos.

A nuestra reactivada mesa de trabajo ha llegado copia del documento Article 19/ Campaña Global por la Libertad de Expresión remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 143 periodo de sesiones. Imposible encontrar alguna referencia en medios censurados o autocensurados. En la síntesis sobre la violencia sistemática desencadenada contra los periodistas en México desde 2000, se consignan a partir 2003 y años sucesivos hasta 2011, 76, 92, 131, 89, 186, 244, 155 y 130 agresiones hasta totalizar mil 116 en sólo diez años. Se subraya que si en algún periodo ha bajado el número de ataques, la disminución se explica porque hay editores que se han impuesto la autocensura. “El objetivo de quienes perpetran esos ataques -el de silenciar a la prensa- se ha cumplido”, señala el reporte.

De febrero de 2010 a octubre de 2011 se han registrado los asesinatos de 15 periodistas, tres desapariciones y 19 ataques con explosivos y armas de alto poder a instalaciones de medios de comunicación. Se pone énfasis en ese periodo porque casualmente en la primera fecha la Secretaría de Gobernación, bajo presión de organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos, convocó a pláticas para establecer un mecanismo de protección a periodistas y medios de comunicación que ha devenido ejercicio de simulación para taparle el ojo al macho ante aquellas instancias. Nada en concreto ha resultado mientras el baño de sangre continúa.

Más víctimas del

Estado que del

crimen organizado

En el documento consultado se reporta que el nivel de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y contra instalaciones de los mismos, se ha agravado por los problemas de inseguridad que afectan al país. El presidente Felipe Calderón, reacio a reconocer que hay violencia antimedios atribuible a las autoridades, acusa que la principal amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene del crimen organizado e insiste en que quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a los periodistas “son criminales sin escrúpulos”. No obstante, contra la posición presidencial, Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) tienen documentado que, en 2009, 49.03 por ciento de los ataques fue imputable a agentes del Estado y, en 2010, el 65 por ciento. (Sólo 26.45 por ciento de esos ataques serían atribuibles a personas con supuestos vínculos con el crimen organizado). El hecho de que en esas agresiones se identifique a elementos de los aparatos de seguridad -policía y Fuerzas Armadas- impide que los agresores sean llevados ante la justicia y con ello se genera mayor inseguridad e impunidad.

Humberto Millán Salazar.

A iniciativa de Article 19 en abril de 2008 se instituyó la Misión Internacional de Documentación de Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación. 13 organizaciones participantes demandaron desde entonces un programa de protección a periodistas. El gobierno dio la callada por respuesta. En febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado mexicano adoptar medidas más eficaces para combatir la violencia contra periodistas y personal de los medios de comunicación; proporcionales mayores garantías y velar por su seguridad en el desempeño de sus derechos profesionales, en particular de los que investigan y denuncian casos de tráfico de drogas y corrupción. El gobierno dio la callada por respuesta. Fue hasta febrero de 2010; esto es, un año después de aquella recomendación que Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU parecieron tomar nota del asunto. Aunque en marzo siguiente el Consejo tuvo que insistir en que periodistas y defensores de los derechos humanos en México corren peligro a causa de sus actividades y conmina a que se legisle sobre delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Muy poco ha hecho el gobierno federal a través de la PGR.

Periodistas

sin voz ni voto

En agosto de 2010 visitan México el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial correspondiente de la ONU para revisar la situación, pero las organizaciones que buscaban la interlocución se quedaron sin respuesta del gobierno mexicano. Sólo hasta noviembre del mismo año se habla del convenio de coordinación para implantar la acción de prevención y protección de periodistas, pero la cuestión se trata en circuito cerrado entre las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que asistirán a la integración de un comité consultivo y un subcomité de evaluación de las solicitudes de prevención y protección; órganos en los que los potenciales beneficiarios y especialistas en la materia carecen de voz y voto. Después de todo, por sistema, Gobernación ha regateado la representación a los periodistas y éstos quedan excluidos no sólo en la toma de decisiones de esos engendros burocráticos y, por supuesto, de la redacción de lineamientos de trabajo.

Edmundo Jardón Arzate.

En esas odiosas circunstancias, ¿quién puede tragarse la rueda de molino de que el gobierno de Calderón tiene voluntad política para ofrecer las más mínimas garantías al ejercicio del Derecho a la Información y la Libertad de Expresión? Todo lo contrario. A la porfiriana, la convicción del calderonato parece ser: El mejor periodista es el periodista muerto.(Stop a la libre circulación de pensamiento. No se requiere para ello el ariete de una ley patriota si lo que sobra es plomo, trámite más que expedito y sin consecuencias judiciales.)

PD: “Ningún país en el mundo que no esté en guerra declarada ha tenido el incremento en la inseguridad pública que sufrió México en los pasados tres años. La valoración anterior fue hecha por el BBVA Research, la unidad de investigación del principal grupo financiero que opera en México. El consorcio calculó en 200 mil millones de pesos el costo que la violencia ha tenido en cuanto a inhibir el gasto en consumo de las personas y las empresas, sólo en el último año”. (Roberto González Amador. La Jornada 10-XI-2011.)