¿Guerra al narco
o contra México?

Desde que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a finales de los años 80 y por indicación expresa de George Bush padre, apenas se ha ocultado que una de las metas reales de esta actividad es la de limitar a fondo las garantías individuales de los mexicanos. Esto tanto por indicaciones del gobierno de Estados Unidos como por el apego a la visión histórica totalitaria de la derecha mexicana. De esta manera, se ha permitido el control extranjero en comunicaciones y seguridad en todo el país.

La salida del Ejército a la calle ha permitido la comisión abierta de agresiones contra la población civil, la que se disfraza tenuemente de daño colateral, pero que tampoco se oculta que se trata de ensayos de una política a largo plazo que se pretende se haga habitual y generalizada en todo el territorio del país, una que no nunca acarree algún tipo de responsabilidad penal contra los agresores.

Estas dos últimas semanas han traído otras dos vueltas de la tuerca en el avance de esta política represiva. La primera está representada por esa iniciativa de ley de seguridad que envió el presidente Calderón al Congreso, en donde se consagra el derecho de la fuerza pública de llevar a cabo cateos en los domicilios particulares sin orden judicial, solamente amparados por una subjetiva presunción de casos de urgencia que desde luego no se norman ni acotan de ninguna manera. La iniciativa incluye las habituales amenazas de intervención de llamadas y espionaje de comunicaciones entre los ciudadanos. Es de desearse que el Congreso de la Unión impida este conjunto de atropellos autoritarios, que no obstante revelan la visión y el proyecto de la derecha en todo tiempo y en todo el mundo.

La otra vuelta de la tuerca que se materializó esta semana es esa versión, que no se ha tratado de desmentir, de que los cadáveres lanzados a la vía pública en Boca del Río, Veracruz, son las víctimas de una especie de escuadrón de la muerte que han integrado grupos paramilitares en esa entidad. Su denominación de matazetas plantea desde luego la pregunta sobre quién los sostiene y dota de armas, ya que se supone afirman que no se sostienen por sus actividades delictivas. El mal disfrazado regocijo del gobernador Javier Duarte ante la ejecución de los supuestos cómplices del narcotráfico y las revelaciones en el sentido de que alguno de los asesinados fue detenido recientemente por la policía, hacen temer que haya gato encerrado en este peligroso asunto.

Es tiempo de que las autoridades de todo orden hagan un compromiso de respeto al Estado de derecho y manifiesten su decisión de evitar la toma de medidas anticonstitucionales, así como el compromiso de buscar y castigar conforme a la ley a los supuestos justicieros y vigilantes que han surgido en Veracruz