Militares sobre el poder

ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

La sola intención de las fuerzas armadas del país de obligar al Congreso de la Unión -representantes del pueblo- a legitimar una Ley de Seguridad Nacional para mantener y ampliar un fuero obsoleto de la realidad mexicana, y con la pretensión de legalizar un derecho supraconstitucional, despierta una alarmante inquietud por la dominante influencia material y política que les permitiría sin ambages decidir el destino del país a la vista de las elecciones presidenciales del 2012.

No se necesita ser un genio de las teorías maquiavélicas para vislumbrar claramente el acomodo de los poderosos grupos políticos, sociales, de poder fáctico y de gobierno, para percatarse de los posicionamientos que toman sus fuerzas ya, para develar la verdadera “guerra” que trascienden políticas de combate nacional contra la narcodelincuencia con todos sus horrores y errores, ni los encuentros de gigantes de las finanzas y la economía, y menos los de la lucha pertinaz por reformas legales y constitucionales, más a favor de beneficios estructurales que amplían desproporcionadamente las ya de por si abismales desigualdades del pueblo con la oligarquía, para percatarse que las vísperas o en pleno 2012, serían de una lucha a muerte, donde la ciudadanía sufriría los mayores daños, de no impedirse ahora los abusos y autoritarismos.

Bastaría como simple ejemplo, el apego y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar el derecho y la razón a favor de una tenaz y humilde ciudadana, como Tita Radilla Martínez, quien había demandado inútilmente en tribunales del país su derecho de impugnar a la justicia militar para conocer la denuncia por la “desaparición forzada” de Rosendo Radilla por elementos del ejército en agosto de 1974, y obligar al Estado mexicano a cumplir su deber en el fuero común y no dejar impune la acción miliciana, que finalmente demando ante la Corte Interamericana de Justicia, que dictó recientemente de sentencia contra el Estado mexicano, responsabilizándolo de violación a derechos de la libertad y desaparición forzada de personas por militares, para darle cumplimiento cabal al fallo anotado.

Así, el valor de una sola mujer y la estricta aplicación de la justicia como ejemplo, además de una ley electoral autentificada por la imposición del voto obligatoria así se anulara, elección por mayoría absoluta y no la cómoda mayoría relativa, segunda vuelta, plebiscito, referéndum y revocación de mandato en caso necesario, para garantizar la verdadera participación y decisión ciudadana, podrían encauzar miles de casos donde el crimen ha incubado el odio y desatado las más bajas pasiones políticas en pos del poder por el poder, amenazando con los peores vaticinios el enfrentamiento del presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, con el apoyo incondicional de las fuerzas armadas contra todos los grupos adversarios, en una lucha sin cuartel que podría tener consecuencias irreparables que mucho nos recuerdan el trágico final de Francisco I. Madero, el aplastamiento de la democracia y el apoderamiento de la presidencia del chacal Huerta por la fuerza de las armas.

Bala perdida

No es nada ocasional la abierta intromisión de los generales Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, Jaime Suárez y Guillermo Almazán Bertotto, entre otros, en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso, presidida por el senador René Arce y coordinada por el diputado también guerrerense y perredista, Armando Ríos Piter, cabildeando para no tocar el fuero castrense ni el Código de Justicia Militar en el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional para “no acotar sus labores”. ¡Les digo!