Alerta mexicanos:

Sin garantías, no hay

libertad

ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

Apresurado por los terribles hechos que ensombrecen la vida de los mexicanos e impulsan a participar en el debate nacional, no convocado desde luego por los señores en el poder, si no por las fuerzas de la razón y aún de la justa indignación, aplaudo la decidida convocatoria del poeta morelense, Javier Sicilia por la marcha nacional por la justicia y contra la impunidad que arrancó de la primaveral Cuernavaca al Palacio Nacional el 5 de mayo, reveladora seguramente de la inconformidad generalizada del pueblo contra políticas ocurrentes, sangrientas y aterrorizantes del Poder Ejecutivo y encubiertas por una clase política convenenciera e irresponsable.

Javier Sicilia es sólo uno de los dolientes del resultado injustificable de matazones demenciales de víctimas inocentes, como su hijo Juan Francisco, inmolado con cuatro amigos, un familiar y una mujer comprobadamente ajenos a la narcodelincuencia, y quien ha logrado con su decidida autoridad moral, abanderar una lucha, ésta sí real y justificada, contra la injusticia y la impunidad cometida contra cerca de 40 mil familiares que han perdido a golpe de balazos a hijos, esposos, padres, hijas, esposas y madres en “daños colaterales” o enfrentamientos de delincuentes contra militares, marinos y policías judiciales o preventivas, sin sujeción a previo juicio que determina la ley y el estado de derecho que se pregona, pero no su cumple.

Se ha bombardeado con toneladas de tinta y papel, millares de ondas hertzianas en billones de mensajes televisivos y radiales que la “guerra” por antonomasia, que el combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, es un esfuerzo al que se le da la interpretación de titánico y heroico, para proteger a los hijos de los mexicanos de la peste de las drogas que, finalmente todos lo sabemos, transitan por el país rumbo a Estados Unidos donde sus pobres adictos remiten voluminosos paquetes de dólares que circulan por carteras muy ajenas a la clase trabajadora del país, en la que indudablemente no está registrada la élite de políticos y gobernantes.

Pero muy poco se ha difundido que en esa “guerra”, o como quiera llamarla el desaprobado presidente designado Felipe Calderón Hinojosa., a los narcodelincuentes o lo que se les parezca, se les combate con la fuerza de las armas de acuerdo a los sangrientos resultados que se registran y poco o nada se sabe que se les conmine a entregarse y se les lleve a juicio como dispone nuestra Constitución, según la referencia de los cerca de 40 mil muertos.

Por si fuera poco, ya nuestra desaprobada clase política, destacada por la convenenciera LXI legislatura urde como una puñalada más contra el indefenso pueblo una Ley de Seguridad Nacional fascista y autoritaria, que faculta al ejército y marina para sofocar movimientos sociales, políticos, laborales y electorales por disposición presidencial al declarar estados de excepción y cancelar garantías a voluntad sin la intervención del Congreso a pretexto de acciones que considere ponen en peligro la seguridad nacional. Aunque en suspenso, todo está listo para complacer la aspiración del general Guillermo Galván Galván. Sólo les falta a los del PRI que pasen sin pena ni gloria las elecciones impuestas del Estado de México para asestar el mazazo. Es tiempo de hacer valer los derechos ciudadanos ya!

Bala perdida

No es nada extraño que haya sido precisamente el diputado Alfonso Navarrete Prida, ex fallido procurador de justicia mexiquense, quien avalado por el diputado, presidente de la comisión de Defensa Nacional Rogelio Cerda Pérez de triste memoria para los regiomontanos, y la diputada sureña Claudia Ruiz Massieu, todos bajo el signo de la codicia., quien haya presentado la propuesta de la Ley de Seguridad Nacional con su amenazante contenido, reveladora en primera instancia de su incondicionalidad absoluta a la ambición por el poder al costo que sea. ¡Bah!