En juego, el futuro de México

El segundo asesinato múltiple descubierto en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, evidencia -otra vez- la incapacidad del gobierno mexicano de contener a los grupos de la delincuencia organizada y  la insuficiencia de su estrategia en el combate a los grupos criminales.

¿Qué llevó a Felipe Calderón a ordenar el combate frontal a las organizaciones delictivas? Tal vez fue la necesidad de lograr la legitimidad que no le dio la cuestionada elección presidencial del 2006. Quizá fue, también, el deseo de quedar bien con Estados Unidos, sabedor de que los oráculos de Washington han guiado la historia del México independiente.

Pero los cálculos de Calderón resultaron fallidos. El país se encuentra sumido en una espiral de violencia incontenible, y el gobierno norteamericano de ninguna manera le garantiza la continuidad del PAN en el poder. (Basta recordar que el embajador de Washington en México, Carlos Pascual, calificó de “grises” a los aspirantes panistas a la Presidencia de la República). El mismo Calderón sugirió a la cúpula panista, no hace mucho, que tome en consideración la posibilidad de escoger a un candidato externo para los comicios del 2012.

La estrategia del actual gobierno federal lo único que ha logrado es llevar al país al punto más crítico, en el cual peligran no sólo la estabilidad social y la viabilidad de las instituciones, sino la seguridad interior y la soberanía nacional.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero, reveló, hace unos días, que el combate a la delincuencia organizada dejó más de 102 mil muertos en los primeros nueve años de administraciones panistas. Madero aclaró, sin embargo, que durante los últimos nueve años de gobiernos priistas esa cifra fue de 128 mil fallecidos. De acuerdo con este planteamiento, la violencia fue más grave durante los mandatos de Salinas y Zedillo, que en el de Fox y lo que va de Calderón. Si esos datos son ciertos, querrá decir que en sólo 18 años han muerto más de 230 mil mexicanos por culpa de la expansión de las organizaciones criminales.

Nuestra aseveración de que peligran la estabilidad social y la viabilidad de las instituciones se basa, por desgracia, en las proyecciones del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien declaró que la violencia seguirá durante siete u ocho años más, es decir, hasta el 2018 o 2019. En ese lapso, el país habrá de llevar a cabo dos elecciones presidenciales, la del 2012 y la del 2018, y habrá de renovar el Congreso de la Unión en tres ocasiones, en el 2012, el 2015 y el 2018.

El problema -como explicó a Punto Crítico el doctor en Derecho, Samuel Ruiz González- es que políticos y partidos “se han ido por la libre”, pasando por encimas de leyes e instituciones, lo cual ha encarecido en demasía los procesos electorales. ¿Cuál es el riesgo? Que si las elecciones del 2006 costaron alrededor de 400 millones de dólares, las del 2012 puedan elevarse a mil millones de dólares. ¿Y de dónde podría salir tanto dinero para financiar las campañas? De los grupos criminales. Por eso decimos que la viabilidad de las instituciones está en gravísimo riesgo.

Permitir que los grupos criminales controlen los procesos políticos y económicos de nuestro país equivale a convertir al Estado mexicano en un estado fallido, como quieren los políticos más radicales de los Estados Unidos, a quienes se les hace tarde para que las leyes norteamericanas declaren a los grupos criminales que operan en México como organizaciones terroristas. Esto equipararía al Cártel del Pacífico, al de Juárez, al del Golfo, a los Zetas, o a La Familia michoacana, por ejemplo, con Al-Qaeda, el Talibán o Hezbolá. Como se sabe, las leyes norteamericanas se aplican de manera extraterritorial cuando se trata de organizaciones terroristas, so pretexto de que son una amenaza para su seguridad nacional. Una situación así comprometería al máximo la soberanía nacional.

Así pues, la estrategia fallida de Felipe Calderón resulta peligrosa para México y debe de ser cambiada de inmediato. En el ámbito de la Inteligencia debe ubicar a los verdaderos jefes de los capos, que operan en las altas esferas de la política y de la economía, para someterlos a proceso y enviarlos a la cárcel. Por otro lado, debe destruir las redes financieras que utilizan los grupos criminales para mover sus ganancias y para “lavar” dinero.

Al mismo tiempo, el gobierno, a todos niveles, debe de aplicar una política que detone el empleo en las ciudades, que dé seguridad a los productores del campo, que facilite el ingreso de los jóvenes a las instituciones de educación media superior y superior y -algo por demás importante- que devuelva la estabilidad a la familia.

Hacer que ambos padres tengan qué salir a trabajar y dejar a los niños frente a la televisión o el Internet rompe los lazos afectivos, impide la comunicación y provoca conflictos entre ellos.

Es en el hogar donde los futuros ciudadanos aprenden los principios y valores fundamentales; o aprenden a perder el control sobre sus instintos y sus impulsos. Es ahí donde la bondad y sensibilidad de la madre intervienen para enseñar a los chicos a dominar las pasiones y donde el padre da ejemplo de responsabilidad y entereza. La educación es, pues, potestad de los padres.

En conclusión: si el gobierno federal mantiene su lucha sangrienta y engañosa, sin capturar a los capos de los capos, que están en los más altos niveles del gobierno y de la economía, y no pone las bases para revertir el deterioro social, lo único que hará es prolongar una crisis que podría derivar en la instalación de un estado mafioso, en la exacerbación de los ánimos intervencionistas norteamericanos y, sobre todo, en la pérdida de los valores nacionales.

Sin embargo, la peor tragedia sería que al mexicano le diera lo mismo serlo que no serlo; ser gobernado por delincuentes, que por gente honesta; ganarse el pan a costa de la vida ajena, o hacerlo de manera honesta y con el sudor de la frente. En síntesis: ser gente de bien…, o de mal.